Corpus
Modo: Corpus Pro

AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LO CONFIRMA O REVOCA EL DE PROCESAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 25741
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-07-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCU
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Pág. 905.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEXTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL, MARCO ANTONIO RIVERA CORELLA, LUIS IGNACIO ROSAS GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ Y JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE. DISIDENTE: JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN. PONENTE: MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ. SECRETARIO: CARLOS MARTÍN HERNÁNDEZ CARLOS.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, acuerdo del Pleno del Decimoséptimo Circuito, correspondiente a la sesión del veinticinco de mayo de dos mil quince.

VISTOS para resolver en audiencia pública de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Amparo, los autos de la contradicción de tesis 1/2015; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de la contradicción. El Magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado entre dicho órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión penal 506/2014, y los diversos criterios del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, ambos con residencia en esta ciudad y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, al fallar respectivamente, el amparo directo 381/2013, amparo directo 905/2013 y el amparo directo 271/2013.

SEGUNDO.-Trámite de la contradicción de tesis. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil catorce, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó una posible contradicción de tesis número 406/2014, con el tema esencial: "NO VINCULACIÓN A PROCESO. DETERMINAR SI EN CONTRA DE ESTA RESOLUCIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO AL SURTIRSE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA."; sin embargo, dicho órgano estimó que carecía de competencia para conocer de la denuncia de contradicción de tesis en razón de que los criterios encontrados fueron emitidos por órganos del mismo circuito y especialidad o en apoyo a los mismos por órganos auxiliares.

Por oficio número MI/PL/SSGA/IX/677/2014 recibido vía electrónica por este Pleno de Circuito el ocho de diciembre de dos mil catorce, en el que se insertó el acuerdo dictado por el presidente de ese Alto Tribunal, se informó la existencia de la contradicción de tesis 406/2014, determinándose la competencia de este Pleno de Circuito para conocer de la denuncia de contradicción de tesis por lo que hacía al tema señalado en el escrito de denuncia respectivo; remitiendo copia autorizada de dicho acuerdo y del escrito de denuncia de contradicción de tesis.

En proveído de veinte de enero de dos mil quince, la secretaría del Pleno del Decimoséptimo Circuito, formó y registró en el libro electrónico correspondiente con el número 1/2015; admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis, solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes copia certificada de los criterios aludidos, pidió a los tribunales informaran si el criterio sustentado en sus índices seguía vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado. El veintitrés de enero de dos mil quince, el Magistrado presidente del Pleno de Circuito, informó sobre el cumplimiento efectuado con el requerimiento realizado con relación a la remisión de las copias certificadas de los amparos en revisión solicitados.

TERCERO.-Turno de la contradicción de tesis. En veintisiete de marzo de dos mil quince, el Magistrado presidente del Pleno de Circuito, en vista del estado que guardaban los autos y que se encontraba debidamente integrado para turno, pasó los autos a la Magistrada María del Carmen Cordero Martínez, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO.-Recepción de documentación necesaria. La Magistrada integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, tuvo por recibido el correo de veintisiete de marzo de dos mil quince, con todo lo relacionado a la contradicción de tesis en análisis, así como el oficio signado por la secretaria de Acuerdos del Pleno de Circuito, respecto al turno de la contradicción de tesis.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios emitidos propiamente o en auxilio de Tribunales Colegiados de este Décimo Séptimo Circuito, en un tema relativo a la materia penal.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a saber, el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.

TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones:

1. El Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, al resolver, por mayoría de votos, en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el amparo en revisión penal número 506/2014, determinó:

"CUARTO.-Resulta innecesario analizar la sentencia recurrida y los agravios hechos valer por la parte recurrente, en razón de que el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, resulta legalmente incompetente para conocer la demanda de amparo tramitada en vía indirecta, en razón de que la tramitación correcta es la directa.

"En efecto, para mejor comprensión del asunto, conviene reseñar los siguientes antecedentes:

"a) El diez de diciembre de dos mil trece, la Juez de Garantía Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores, del Distrito Judicial Bravos, dentro de la causa **********, vinculó a proceso al adolescente **********, por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de **********.

"b) El uno de abril de dos mil catorce, el Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes Infractores del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, al resolver el recurso de apelación dentro del toca **********, revocó el auto de vinculación a proceso, dejando sin efecto la medida de detención cautelar que se fijó al imputado.

"c) En contra de esa determinación, la parte quejosa, ahora recurrente, **********, en su carácter de parte ofendida y como cónyuge de la víctima, que en vida llevó el nombre de **********, promovió la demanda de amparo indirecto, radicada bajo el expediente **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad.

"d) El Juez del conocimiento ordenó la tramitación del asunto y dictó sentencia definitiva, en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

"La anterior resolución es la que constituye la materia del presente recurso de revisión.

"Ahora bien, como se anticipó, el Juez de Distrito resulta legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de parte ofendida, toda vez que el auto materia de la litis constitucional, consistente en la revocación del auto de vinculación a proceso, que motiva dejar sin efecto la medida de detención cautelar que se fijó al imputado, es un auto de libertad que debe impugnarse a través del juicio de amparo directo.

"Así es, dado que en la resolución reclamada se revocó el auto de vinculación a proceso, resulta evidente que esa determinación debe considerarse actualizada, conforme a la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, fracción I, de la Ley de Amparo, inherentes a la procedencia del juicio de amparo directo en materia penal, en contra de los autos que se refieran a la libertad del imputado, por parte de la víctima u ofendido del delito.

"Al respecto, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

"‘Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"‘...

"‘III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"‘a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

"‘La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

"‘Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

"‘Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado’

"A su vez, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

"‘Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

"‘I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

"‘Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley.

"‘Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

"‘Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

"‘Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional.’

"De la interpretación de los aludidos preceptos, se advierte que el juicio de amparo resulta procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

"Asimismo, dispone dicho precepto, que las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, para lo cual deben agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos; además, específicamente en materia penal, establece que tratándose de sentencias absolutorias y autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de la Ley de Amparo; precisando, el dispositivo en comento, que para efectos de la ley de la materia, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional.

"De lo anterior es dable establecer, en lo que interesa al presente fallo, que el juicio de amparo directo procede en los siguientes casos:

"a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

"A su vez, dichas sentencias definitivas o resoluciones se clasifican en dos grupos:

"1. Las sentencias o resoluciones que deciden el juicio en lo principal; y,

"2. Las sentencias o resoluciones, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido.

"b) En ambos supuestos deben agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos o resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

"c) En materia penal, tratándose de sentencias absolutorias y autos que se refieran a la libertad del imputado, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley.

"d) Para los efectos de la ley de la materia, el juicio se inicia, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional.

"Lo expuesto permite concluir que la resolución emitida en un recurso de apelación, por medio del cual se revoca la determinación de vincular a proceso a un adolescente, al no haberse concretado por el Ministerio Público la formulación de la imputación en su contra durante el transcurso de la audiencia de vinculación, y se determina que no ha lugar a vincularlo a proceso, dejando sin efectos la detención como medida cautelar, constituye una resolución que pone fin al juicio, en los precisos términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en contra del cual procede el juicio de amparo directo.

"En el caso concreto se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo directo, porque la resolución reclamada versa respecto de una resolución que determina no vincular a proceso a un adolescente, dictada tal resolución en la etapa del juicio, pues atendiendo a lo dispuesto por el propio artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en materia penal el juicio se inicia con el auto de vinculación a proceso, que desde luego, ha finalizado con la revocación del mismo, por parte del Tribunal de la Sala Unitaria Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes Infractores, al haberse considerado que no se satisfizo el requisito técnico procesal, por parte de la Juez de Garantía Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores del Distrito Judicial Bravos, ya que vinculó a proceso al adolescente **********, bajo supuestos jurídicos distintos a los expuestos por el Ministerio Público, al momento de formular la imputación.

"Sobre este punto, expuso el tribunal de alzada que la representación social, atribuyó al menor infractor su participación en el delito de homicidio calificado, como coautor material, en tanto que la Juez de Garantía lo vinculó a proceso por ese mismo delito, pero su participación la ubicó como encargado de facilitar la huida del computado adulto, lo que llevó a dicho órgano jurisdiccional de segunda instancia a revocar el auto de vinculación a proceso y dejar sin efectos la medida cautelar de prisión impuesta, ordenando su libertad.

"Consecuentemente, si con esa determinación se desvinculó al adolescente inculpado del procedimiento judicial respectivo, tocante a la acción penal ejercitada en su contra, ordenándose su libertad en forma inmediata; entonces, es claro que al haberse revocado el auto de vinculación a proceso, que dio inicio a la etapa del juicio en materia penal, para los efectos del juicio de amparo, se concluyó esa fase del procedimiento, esto es, el propio juicio y, por ende, en términos de lo establecido por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su contra procede el juicio de amparo directo; vía a través de la cual, la parte ofendida puede hacer valer cualquiera de las violaciones procesales a que alude el artículo 173 de la Ley de Amparo, que la hubieran dejado sin defensa.

"Lo anterior tiene sustento, por el principio que contiene, en la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de Trabajo (sic) del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 1710, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, Décima Época, registro 2003476, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:

"‘AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PENAL PARA ADOLESCENTES DICTADO POR NO CONCRETARSE LA IMPUTACIÓN RESPECTIVA DURANTE LA AUDIENCIA INICIAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA, AL PONER FIN AL PROCESO, PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.-De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 44, 46 y 158, primer párrafo, de su ley reglamentaria, el juicio de amparo directo procede contra las resoluciones que ponen fin al juicio, es decir, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por otro lado, la resolución que confirma la determinación de no vincular al proceso a un adolescente porque el Ministerio Público no concretó la imputación en su contra durante la audiencia inicial del procedimiento especial penal respectivo (ante la falta de un requisito técnico procesal), tiene como consecuencia su conclusión, dado que con esa decisión se desvincula al adolescente inculpado del procedimiento judicial respectivo, tocante a la acción penal ejercitada en su contra. Consecuentemente, al constituir ese acto una resolución que pone fin al juicio, a las que se refiere el citado artículo 44, en relación con el diverso 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, en su contra procede el juicio de amparo directo; máxime que la ley ordinaria no concede recurso o medio de impugnación alguno por virtud de la cual pueda ser modificada o revocada.’

"Así como la diversa tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de Trabajo (sic) del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 1904, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, Décima Época, registro 2003656, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:

"‘MENOR DE EDAD VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PENAL PARA ADOLESCENTES. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO.-Acorde con la evolución legislativa y jurisprudencial, la víctima u ofendido del delito está legitimado para accionar, con el carácter de quejoso, el juicio de amparo contra los actos de autoridad que representen un agravio personal y directo a sus garantías individuales, esto es, contra aquellos que impliquen una afectación a sus derechos subjetivos que se encuentren dirigidos a la obtención de la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, así como contra aquellos actos procesales que si bien no afectan directamente la reparación del daño en tanto que no importan un pronunciamiento al respecto, sí implican que, de facto, tal reparación no ocurra por afectar la pretensión reparatoria. Además, conforme al reconocimiento de los derechos que consagra a su favor el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -antes y después de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho-, se excluye cualquier obstáculo a la defensa de esos derechos subjetivos a través del juicio de amparo, lo que es acorde con el efectivo derecho de acceso a la justicia previsto en los artículos 17 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según los cuales, toda persona que vea afectados sus derechos o intereses legales por la autoridad en un proceso penal, tiene derecho a la existencia y accesibilidad a un medio de impugnación que permitan dirimir su planteamiento de queja o inconformidad. Asimismo, conforme al artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes se obligan a adoptar las medidas necesarias para la recuperación física, y la reintegración social de todos los niños que hayan sido víctimas de abusos. De lo anterior se concluye que el menor de edad víctima u ofendido de un ilícito, está legitimado para promover el amparo directo, cuando dentro de un procedimiento especial penal para adolescentes, la autoridad judicial dicta un auto de no vinculación que es confirmado en alzada, dado que tiene la calidad de parte (no obstante que la autoridad responsable no se la haya reconocido), y dicha determinación, al poner fin al juicio hace nugatorio su derecho fundamental a la reparación del daño.’

"Ahora bien, lo anterior no se contrapone a los criterios existentes con relación al auto de libertad con las reservas de ley, en los casos de revocación del auto de formal prisión, conforme a los cuales el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, al no ser una resolución que pone fin al juicio, no surte la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para la procedencia del amparo directo, pues así se advierte de la siguiente tesis aislada:

"Tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 1593, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, Décima Época, registro 2007079, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente:

"‘AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY. AL NO SER UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, NO SE SURTE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO.-De una interpretación sistemática de los artículos 107, fracciones III, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se advierte que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de derechos cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones. Esta regla no admite excepciones, pues para que operara alguna, tendría que señalarse específicamente en la ley, y si bien en la ley mencionada se señala, en el párrafo segundo de la fracción I de su artículo 170, que la víctima u ofendido del delito está legitimado para promover el juicio contra «sentencias absolutorias» y «autos que se refieran a la libertad del imputado», debe entenderse que se trata de aquellos fallos absolutorios de carácter definitivo, así como de autos de libertad que además de definitivos, ponen fin al juicio, porque interpretada dicha norma en congruencia con las demás que rigen el sistema, puede establecerse que no prevé una excepción a la regla genérica mencionada. Luego, interpretar que dicha disposición establece la procedencia del amparo directo respecto de autos de libertad que no pongan fin al juicio o que no sean definitivos para sustentar la pretendida competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, implicaría establecer no sólo una regla de excepción no expresa en la ley, sino atender a una interpretación letrística y gramatical, ajena al contexto normativo que integra el sistema. Por tanto, al no contemplar la ley vigente alguna excepción para que dicho auto pueda considerarse como una resolución que pone fin al juicio, en atención a la jurisprudencia 852, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Común, Primera Parte, séptima sección, página 945, de rubro: «AUTO DE LIBERTAD BAJO RESERVA DE LEY POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. NO ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL, POR LO QUE NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA.», debe estimarse que el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley no es competencia de los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito vía amparo directo.’

"Ello es así, pues aun cuando el auto de no vinculación a proceso y el auto de libertad con las reservas de ley, participan de la misma naturaleza, en cuanto a no seguir el proceso al presunto implicado y continuar de ser posible con las investigaciones pertinentes, pues así se desprende de lo dispuesto por el artículo 281, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria al procedimiento penal para adolescentes, en términos del ordinal 122 de la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado, que establece que el auto de no vinculación del imputado a proceso, no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y, posteriormente, formule de nueva cuenta la imputación.

"Sin embargo, al menos en la legislación del Estado de Chihuahua, no existe disposición alguna que determine que la continuación de la investigación y posterior formulación de la imputación, deba realizarse en el mismo proceso donde se dejó de actuar; luego, eso permite establecer que una vez realizada la investigación en la carpeta de investigación, el Ministerio Público acuda ante otro Juez distinto de aquel que conoció previamente el asunto; entonces, bajo esa perspectiva, es claro que el auto de no vinculación a proceso, no puede tener el mismo efecto procesal que el auto de libertad con las reservas de ley, en donde de acuerdo con el sistema tradicional, se deja abierta y en suspenso la misma causa penal, hasta en tanto prescriba la acción penal.

"Por tanto, en el caso concreto, si el párrafo segundo de la fracción I de su artículo 170 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo directo, procede contra ‘sentencias absolutorias’ y ‘autos que se refieran a la libertad del imputado’, en el caso de autos de no vinculación a proceso, por referirse a la libertad del imputado y atendiendo a lo expuesto en párrafos precedentes, sí cabe la posibilidad que tengan el carácter de definitivos, porque a través de ellos, se pone fin al juicio, máxime que, como se indicó con antelación, el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25741-2b02d9dc/auto-de-no-vinculacion-a-proceso-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.