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Modo: Corpus Pro

AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPUGNABLE POR MEDIO DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 222/2016. · Registro digital (IUS): 27582
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-01-26
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Pág. 2049.

AMPARO EN REVISIÓN 222/2016. 22 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FELISA DÍAZ ORDAZ VERA. PONENTE: JESÚS MARÍA FLORES CÁRDENAS. SECRETARIA: SANDRA DEYANIRA HERRERA BENÍTEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Son fundados los agravios aducidos por el Ministerio Público recurrente.

********** promovió juicio de amparo biinstancial en el que reclamó la determinación dictada en el toca penal **********, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, que revocó el auto de no vinculación a proceso, y en su lugar decidió vincular a proceso a la citada quejosa, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Previos los trámites de ley, el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, a quien correspondió conocer del asunto, el once de agosto de dos mil dieciséis celebró la audiencia constitucional y el seis de septiembre siguiente dictó la resolución respectiva, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a la quejosa.

Para arribar a esa conclusión, el Tribunal Unitario de amparo consideró, esencialmente, que atento al contenido literal de la fracción VII del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente es impugnable en apelación el auto que decreta la vinculación del imputado a proceso, mas no la determinación opuesta, esto es, la de no vinculación a proceso.

Así, consideró el tribunal de amparo que en el precepto pre invocado no se incluyen como apelables las resoluciones que decretan el auto de no vinculación a proceso, de modo que el órgano jurisdiccional de alzada debió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, máxime si tal determinación no es susceptible de violentar derechos de la víctima u ofendido, en razón de que la comisión de los hechos conceptuados como delitos atribuidos a la quejosa, no causan daños de ninguna naturaleza a las personas; es la sociedad o colectividad en forma abstracta la que figura como ofendida, representada por el Ministerio Público.

Ahora bien, es de señalar que el recurso de revisión fue interpuesto por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Tercer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito; por tanto, los agravios expuestos serán examinados conforme al principio de estricto derecho.

Es aplicable al caso, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registrada con el número III.2o.P. J/2, visible en la página 40, Número 54, junio de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen:

"LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL RECURRENTE ES EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL.-Cuando es el Ministerio Público Federal, quien se inconforma contra la resolución de fondo que pronuncia el Juez de Distrito en un asunto penal, rige en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, habida cuenta, que de conformidad con el artículo 76 Bis fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja, es exclusivamente en beneficio del reo; lo que es justo, teniendo en consideración que el Ministerio Público es una institución eminentemente técnica."

Para controvertir el argumento base de la sentencia recurrida, la institución inconforme adujo:

- Que el tribunal de amparo realizó un estudio deficiente de las reglas, principios y directrices del modelo acusatorio, ya que el recurso de apelación es procedente contra el auto de no vinculación, atento al principio de igualdad ante la ley y entre las partes, previsto en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- El Magistrado de amparo, al estimar que la apelación sólo es procedente en favor del imputado en contra del auto que resuelve su vinculación a proceso, deja en clara desventaja a la víctima u ofendido en su derecho de promover un recurso eficaz contra el auto que resuelve la no vinculación a proceso, pues de estimar lo contrario, se rompe con el principio de igualdad entre las partes; máxime que la sociedad resulta ser ofendida en algunos tipos penales.

- Asimismo, expuso la fiscal inconforme que el Magistrado supuso que al momento de redactarse la norma procesal, éste solamente había atendido a un solo supuesto procesal, cuando no fue así, haciendo una interpretación inexacta del dispositivo 467 señalado, pues la lógica lleva a considerar que el legislador se refería a dos tipos de autos que resuelven sobre la vinculación a proceso, que puede ser el de no vinculación a proceso y vinculación a proceso, es decir, debe atenderse a la naturaleza de la resolución y no a su sentido.

- Negar el derecho al recurso de apelación al representante social, sería tanto como afectar los derechos de las víctimas u ofendidos, cuando el Ministerio Público apela la decisión del a quo en defensa de esos intereses; y, a pesar de que en el presente caso no existe víctima específica del delito, sí existe la afectación del ofendido que resulta ser la sociedad misma, la cual se encuentra representada por el Ministerio Público.

- Existe una indebida aplicación del criterio que sustenta el a quo, pues no se consideró el contenido del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla precisamente de la tutela judicial efectiva, en su punto 1, al considerar el recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo.

Los sintetizados agravios resultan esencialmente fundados, por las siguientes razones.

Para mejor explicitez del caso, es conveniente transcribir los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales invocados por la revisionista, de texto siguiente:

"Artículo 456. Reglas generales.

"Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este código.

"Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito.

(Adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016)

"El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución.

"En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda."

"Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables.

"Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:

"I. Las que nieguen el anticipo de prueba;

"II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen;

"III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión;

"IV. La negativa de orden de cateo;

"V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares;

"VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan;

"VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso;

"VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso;

"IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado;

"X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o

"XI. Las que excluyan algún medio de prueba."

De la interpretación teleológica y sistemática de los numerales en cita, se concluye que las partes intervinientes en el nuevo proceso penal oral tienen los mismos derechos, acorde al principio de igualdad. Esto significa que tanto el imputado, la víctima y el órgano de la acusación, cuenten con los mismos medios de impugnación, entre otras prerrogativas. Así, si se parte de la premisa de que el recurso de apelación es el medio ordinario previsto en la ley para que un tribunal de superior jerarquía examine la legalidad de una decisión de otro inferior, como lo adujo la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Tercer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, la intelección de la fracción VII del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales conduce, indefectiblemente, a interpretar que la voluntad del legislador plasmada en el artículo 467, fracción VII, del ordenamiento adjetivo en comentario, fue conceder el mismo derecho de impugnación a las partes involucradas en el nuevo proceso penal, de manera que el texto de dicho apartado que dice: "El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso", atiende a la naturaleza de la decisión provisional y no al sentido de la misma; en otras palabras, la previsión legislativa no debe entenderse exclusivamente en sentido positivo, como lo interpretó el Tribunal Unitario a quo pues, de ser así, se rompería el principio de igualdad, sino la exégesis correcta es en ambos sentidos, es decir, que la apelación es procedente tanto contra el auto que vincula como también el que no vincula a proceso al imputado.

En ese orden, aun cuando el artículo 319, último párrafo, del propio código señala que el auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento; sin embargo, esa facultad no hace improcedente la apelación, por constituir otro medio para que el Ministerio Público reintente la imputación con nuevos datos de prueba.

Un segundo argumento para desechar la interpretación literal del dispositivo en análisis, de que no es apelable el auto de no vinculación a proceso, implicaría no sólo la transgresión del principio de igualdad contenido en los numerales citados, sino también se haría nugatorio el derecho de la víctima u ofendido personalizado, esto es, cuando el sujeto pasivo resiente un daño físico o económico en cuanto la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado C, fracción II, establece que la víctima o el ofendido tiene derecho a interponer los recursos en los términos de que prevea la ley, y, si en el caso, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que es apelable el auto que resuelve la vinculación a proceso, en una interpretación conforme con los citados numerales, debe entenderse que tal disposición se refiere al auto de vinculación o de no vinculación.

Aún más, cabe señalar que con la adición realizada al artículo 20 constitucional, respecto al apartado relativo a los derechos de la víctima y el ofendido, la intención del legislador fue la de rescatar al ofendido o víctima del delito del olvido normativo en que se encontraba, para lo cual se reconsideró su posición constitucional con el propósito de mejorar su situación jurídica y afianzar su participación en el procedimiento penal, principalmente para obtener la reparación del daño que el hecho típico le originó.

Es decir, que la adición constitucional en cuestión provocó que la víctima y el ofendido tuvieran mayor peso en el procedimiento penal, partiendo del principio de su evidente naturaleza de sujeto procesal, en tanto que es una parte más; siendo lo anterior más evidente durante la secuela del proceso, en donde el ofendido y la víctima están, sin ninguna duda, bajo la autoridad del juzgador, por lo que pueden ver afectada su esfera jurídica por virtud de los actos de las autoridades que conducen el procedimiento ya que, en efecto, existe una multiplicidad de actos procesales que si bien no afectan en forma directa la reparación del daño, en tanto que, no importan un pronunciamiento al respecto, sí implican que, de facto, tal reparación no ocurra por afectar la pretensión reparatoria, tal sería el ejemplo del auto de no vinculación, resolución en la que evidentemente no habría pronunciamiento alguno respecto de la reparación del daño, por lo que esa determinación podría afectar los derechos de la víctima, en los casos en que ésta exista.

Sin soslayar que en el caso específico, la determinación que decretó el auto de no vinculación a proceso no es susceptible de violentar derechos de una persona en particular; sin embargo, es la sociedad quien tiene el carácter de ofendida y quien resiente el daño con motivo del hecho que la ley señala como delito.

En suma, la interpretación teleológica y sistemática del numeral 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales conduce a establecer que sí resulta procedente el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso, pues dicho numeral contempla como apelable "el auto que resuelve la vinculación a proceso del imputado", siendo ésta en uno u otro sentido.

Por ende, se procede revocar la resolución recurrida y entrar al análisis del acto reclamado y de los conceptos de violación esgrimidos, cuyo estudio omitió el Tribunal Unitario que conoció del juicio de amparo.

SEXTO.-La resolución que constituye el acto reclamado, es del tenor siguiente:

"QUINTO.-Son fundados los agravios hechos valer por el fiscal apelante, y suficientes para modificar la resolución controvertida, atento a las siguientes consideraciones.

"En principio, cabe precisar que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, actuando como Juez de control, para dictar auto de no vinculación a proceso a **********, ********** y **********, por un hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el diverso 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con las agravantes que les atribuyó el fiscal federal, a que se refieren los párrafos penúltimo y último, del numeral 83 en cita; y por el diverso de posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, que pune y sanciona el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el numeral 11, incisos c) y f), de la citada ley especial, con la agravante prevista en el artículo 164 bis, del Código Penal Federal, sostuvo sustancialmente, que conforme a lo establecido en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no existían datos de prueba suficientes que razonablemente conduzcan a establecer la probable intervención de los imputados de mérito en la autoría de los citados antisociales; lo anterior, al considerar que en el caso preciso únicamente se acreditó como dato objetivo, que los imputados de trato iban como tripulantes de un vehículo de la marca **********, tipo **********, de color verde, con placas de circulación **********; con la salvedad de que concluyó que no hubo indicios razonables o datos de prueba que revelaran que dichas personas supieran a simple vista de la existencia de las armas de fuego tipo carabina que se encontraban en la parte de atrás de ese automotor, una de ellas en el interior de una bolsa negra y la otra dentro de una maleta de igual color; además de que en cuanto a la portación de la diversa arma de fuego tipo pistola calibre .9" milímetros, se acreditó que el diverso imputado **********, es quien la portaba de manera individual.

"De igual manera, el Juez de control precisó que por lo que hace a los proyectiles por los que se formuló imputación a **********, ********** y **********, que resultaron de uso reservado para el sector castrense, tampoco se advirtieron indicios razonables para acreditar que los nombrados supieran a simple vista o con tan sólo una mirada advertir la existencia de esas balas, que fueron localizadas en la parte posterior del bien motriz antes citado, unos dentro de una bolsa negra y otros en el interior de una maleta de similar color.

"Acerca de lo anterior, el Juez de control precisó que el solo hecho de que los tripulantes del automotor citado con antelación, se hayan bajado corriendo, no era un indicio razonable que acreditara que éstos sabían de la existencia del armamento bélico afecto, pues no se reveló dato alguno de prueba que advirtiera al menos, que hayan tenido una comunicación entre sí para decir que dichos artefactos de guerra se encontraban en ese lugar y en ese momento; agregando, que el imputado **********, al ser el conductor del bien motriz de antecedentes, revela que sí tenía conocimiento de la existencia de las armas de fuego, sobre todo por el hecho de que éste portaba una pistola calibre .9" milímetros que se le cayó al momento de correr, lo que a su juicio robustece la citada conclusión; esto es, que sabía de la existencia de las dos armas de fuego tipo carabina que fueron localizadas en una bolsa de color negra y la otra en una mochila de igual color.

"Asimismo, el a quo destacó que el hecho de haber huido de la presencia policiaca, le es imputable básicamente al conductor del automotor en cuestión, para tomar o no la decisión de acelerar, lo cual se reveló en el caso particular por ser quien conducía el citado bien mueble; por lo que tal juzgador concluyó que hasta este momento procesal no se le puede atribuir a los demás imputados tal eventualidad; añadiendo que el hecho de acelerar no significa que alguno de los demás tuviera conocimiento de la existencia de las armas como para incitarlo a que acelerara la marcha del vehículo para emprender la huida; motivo por el que determinó no vincular a proceso a **********, ********** y **********; determinando por consecuencia que en el caso concreto no se actualizó la agravante prevista en el último párrafo del numeral 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que igualmente el fiscal atribuyó al imputado **********.

"En otro apartado, el Juez de control expuso que acorde a los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no existen datos de prueba para vincular a proceso a los imputados **********, ********** y **********; por lo que hace al hecho que la ley señala como delito de posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, que prevé y castiga el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con los incisos c) y f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

"Lo anterior, al estimar que no se advirtieron indicios razonables para acreditar que dichas personas supieran a simple vista o con tan sólo una mirada de la existencia de los cartuchos que se localizaron en la parte posterior del automotor de antecedentes, unos en el interior de una bolsa negra y otros dentro de una maleta de similar color; por lo que en esa tesitura, tal juzgador concluyó que al no haber datos objetivos de la posición en la que se encontraban los tripulantes a bordo del mencionado automotor, no se advierte la posibilidad de que éstos tuvieran acceso a las municiones antes citadas; motivo por el que determinó no vincular a proceso a **********, ********** y **********, por tal forma de comisión; por ende, el a quo concluyó que tampoco se tuvo por demostrada la agravante de pandilla que el fiscal atribuyó a estos últimos, lo que ahora constituye el motivo de la litis.

"Por su parte, el fiscal apelante, al combatir las consideraciones del Juez de control para sostener el auto de no vinculación a proceso, enunciadas precedentemente, señaló básicamente que en el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto a vinculación a proceso se requiere únicamente como requisitos, datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, los cuales de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, demandan un estándar probatorio mínimo y, por ello, el Juez debe resolver sólo con datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de tal hecho.

"Asimismo, el inconforme precisó que el objeto del medio de impugnación controvertido, atento a lo dispuesto al título XII, capítulo I, artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por lo que respecta a los elementos de los ilícitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II y III (sic) (con las agravantes señaladas en los párrafos último y penúltimo), en relación con el 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional (sic), previsto y sancionado en el artículo 83 Quater (sic), fracción II, en relación con el 11, incisos c) y f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante de pandilla previsto en el artículo 164 bis del Código Penal Federal, sostuvo que los agravios que le ocasiona la resolución recurrida lo constituye el razonamiento sostenido por el a quo en el considerando único, en el sentido de que después de haber escuchado los argumentos jurídicos y datos de prueba aportados por la fiscalía de la Federación, no se desprende que los imputados **********, ********** y **********, hayan tenido conocimiento del material bélico que fue localizado en la parte trasera del vehículo de antecedentes, consistente en dos armas de fuego calibre .223" desarmadas, ocho cartuchos calibre .40", ocho calibre .357", y cincuenta y seis cartuchos calibre .223", que fueron localizados en el interior de una bolsa de plástico de color negra y de una maleta de tela de viaje color negra; agregando que la determinación combatida no se encuentra ajustada a derecho, debido a que el a quo realizó una inexacta aplicación de la ley y se extralimita al estimar que la razón por la que no vincula a proceso a los imputados de referencia, al establecer que no existen datos de prueba que hagan suponer su participación en el hecho con apariencia delictiva, considerando que (sic) los datos de prueba no se desprende que existiera una comunicación entre ellos que permitiera suponer que sabían sobre la existencia de las armas de fuego y cartuchos afectos; agregando esa fiscalía de la Federación que contrario a lo expuesto por el Juez de control en el fallo recurrido, dentro de la carpeta de investigación **********, existen datos de prueba recabados en la etapa inicial y expresados en la audiencia inicial celebrada el treinta de mayo del presente año, que resultan ser lícitos, idóneos, pertinentes y bastantes, para acreditar hasta este momento procesal el hecho con apariencia delictiva que la ley señala como delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II y III (sic) (con las agravantes señaladas en los párrafos último y penúltimo), en relación con el 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional (sic), previsto y sancionado en el artículo 83 Quater, fracción II, en relación con el 11, incisos c) y f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante de pandilla previsto en el artículo 164 bis del Código Penal Federal; así como la probabilidad de que los imputados **********, ********** y **********, los cometieron o participaron en su comisión, colmándose los extremos que exige un auto de vinculación a proceso que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el diverso numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; agregando que es inverosímil lo expuesto por el a quo en el sentido de que (sic) los datos de prueba no se desprende que existiera una comunicación entre los imputados de referencia, que les permitiera suponer que sabían de la existencia del armamento bélico de antecedentes, al tratarse de un mismo hecho en el que todos los imputados participaron, así como que antes de su detención, éstos viajaban a bordo del mismo vehículo afecto, lo que añade evidencia que se conocían y, por ende, existía una comunicación entre éstos, y atendían un plan en común que era el de llevar a cabo conductas delictivas; pues en el momento en que detienen la marcha del multicitado vehículo, todos intentaron huir, aparentemente para evadir la revisión por parte de los agentes de la policía.

"Adicionalmente, el fiscal apelante añade que (sic) los datos de prueba como lo son el informe policial homologado y las entrevistas de los elementos aprehensores, se desprende que los imputados de referencia, descendieron del vehículo corriendo. Conducta que afirma se torna evasiva y hace suponer que éstos sabían de la existencia del material bélico que se encontraba en la parte posterior del vehículo, es decir, en el interior de una bolsa de plástico de color negro y de una maleta de tela de viaje; por lo que afirma que hasta ese momento todos los imputados que viajaban en ese bien motriz, tenían disponibilidad del material bélico afecto, el cual se encontraba dentro de su radio de acción y disponibilidad, así como que éste no está limitado al ámbito meramente personal o físico del sujeto activo y tampoco a una distancia determinada, sino a la posibilidad de que pudieran disponer en cualquier forma, directamente o a través de un tercero; es decir, el recurrente aduce que los imputados tenían un completo dominio funcional de los aludidos artefactos de fuego al margen de que éstos se encontraban o no a la vista.

"En otro apartado, el recurrente afirma que el hecho de que al diverso imputado **********, como conductor del vehículo de referencia, al momento de intentar huir se le cayera al suelo un arma de fuego tipo pistola calibre .9" milímetros que traía consigo, no es un dato objetivo que revele que éste era el único de los imputados que podía haber tenido conocimiento de la existencia del resto del material bélico localizado en la unidad motriz de antecedentes, como lo aseveró el a quo en el fallo cuestionado; con base en que expresa que de las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión que imperaron en la detención de los imputados, se advierte claramente que éstos llevaron a cabo la conducta de acción, que es precisamente la de portar armas de fuego y poseer cartuchos, ambos catalogados pericialmente como del uso reservado para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sin tener el carácter de miembros activos de alguna de las corporaciones castrenses del país, o bien, contaran con autorización de la autoridad competente, en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, invocando para apoyar esos argumentos las tesis de los rubros siguientes: ‘SALUD, DELITO CONTRA LA, QUE SE ENTIENDE POR RADIO DE ACCIÓN DE DISPONIBILIDAD.’, ‘PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA, BASTA QUE SE DEMUESTRE QUE EN UN LUGAR Y EN UN MOMENTO DETERMINADO EL ACTIVO LLEVÓ CONSIGO UN ARTEFACTO BÉLICO DE ESA NATURALEZA, PARA QUE SE ACREDITE EL DELITO DE.’, ‘PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. SE INTEGRA ESE DELITO CUANDO ÉSTA SE LLEVA CONSIGO, EN CUALQUIER PARTE DEL VEHÍCULO Y CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE MOVIMIENTOS QUE EL SUJETO ACTIVO DEBA REALIZAR PARA ALLEGÁRSELA.’ y ‘ARMAS DE FUEGO PARA USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONALES. DELITO DE PORTACIÓN.’

"Por último, la institución recurrente afirma que el a quo en ningún momento tomó en cuenta la conducta que desplegaron los imputados de referencia, toda vez que del informe policial homologado del veintisiete de mayo del año en curso, se desprende que al momento en que sucedieron los hechos, éstos trataron de sustraerse de la acción de la justicia, descendiendo del vehículo, tratando de correr, y de esta manera sustraerse de la acción de la justicia, conducta que afirma debió valorar al momento de emitir el auto de vinculación a proceso y no solamente determinar que los imputados de trato, no sabían de la existencia del armamento bélico afecto; por lo que en ese sentido, señala que con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que fueron expuestos al a quo en la audiencia inicial de control de detención, formulación de imputación, vinculación y solicitud de medida cautelar, es que debe tenerse por comprobado el hecho que señala la ley como delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II y III (sic) (con las agravantes señaladas en los párrafos último y penúltimo), en relación con el 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional (sic), previsto y sancionado en el artículo 83 Quater, fracción II, en relación con el 11, incisos c) y f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante de pandilla previsto en el artículo 164 bis del Código Penal Federal; así como la probabilidad de que los imputados **********, ********** y **********, participaron en su comisión; solicitando por consecuencia se revoque la resolución emitida el treinta de mayo de dos mil dieciséis, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, y en su lugar dicte auto de vinculación a proceso en su contra.

"Ahora bien, como lo aduce el representante social federal apelante en sus agravios, en la especie, son erróneos los razonamientos expresados por el Juez de Distrito para dictar el auto de no vinculación a proceso en favor de **********, ********** y **********, por un hecho que señala la ley como delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II y III (sic) (con las agravantes señaladas en los párrafos penúltimo y último), en relación con el 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional (sic), previsto y sancionado en el artículo 83 Quater, fracción II, en relación con el 11, incisos c) y f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27582-ad782566/auto-de-no-vinculacion-a-proceso-es-impugnable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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