POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO. ES ILEGAL LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI EN ÉSTA SE AFIRMA QUE SE ACTUALIZA AQUEL DELITO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 QUAT, EN RELACIÓN CON EL 11, INCISO F, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.
AMPARO DIRECTO 572/2011. 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO AUGUSTO DE LA ROSA BARAIBAR. SECRETARIO: URIEL VILLEGAS ORTIZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer por el solicitante del amparo, en síntesis son:
1. La portación de las armas de fuego se encontraba amparada por una causa de justificación.
2. Existe una indebida fundamentación y motivación al afirmar que los cartuchos eran útiles para las armas comprendidas en el inciso f) del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Pues bien, el primer motivo de disenso es infundado, en tanto que el restante es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada única y exclusivamente en cuanto a la posesión de cartuchos se refiere.
Veamos.
El Magistrado responsable confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que el ahora quejoso **********, fue la persona que sin la autorización correspondiente, aproximadamente a las veinte horas con diez minutos del ocho de octubre de dos mil diez, sobre un camino de terracería de la comunidad "**********", Municipio de **********, **********, portó dos armas de fuego, una de las comprendidas en el artículo 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en tanto que la otra contemplada en el inciso c) del propio artículo. Asimismo, que en identidad de circunstancias, poseyó cuatro cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, ubicados en la fracción f) del aludido artículo 11.
Pues bien, las consideraciones con base en las cuales estimó acreditada la portación de las dos armas de fuego y la responsabilidad del ahora quejoso, se encuentran ajustadas a derecho; empero, lo atingente a la posesión de cartuchos, vulnera la garantía de legalidad, en la medida que presenta deficiencias en cuanto a fundamentación y motivación.
En atención a lo anterior, será materia de análisis, en primer orden, los delitos 1) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y 2) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso a), también de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Para finalmente, ocuparnos del diverso posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso f), ambos de la Ley de Armas ya mencionada.
Así, tenemos que los artículos 11 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos disponen:
"Artículo 11. Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:
"a) Revólveres calibre .357" Magnum y los superiores a .38" Especial.
"b) Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Súper y Comando, y las de calibres superiores.
"c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos.
"d) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.
"e) Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), las de calibre superior al 12 (.729" ó 18.5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.
"f) Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos, de gases y los cargados con postas superiores al "00" (.84 cms. de diámetro) para escopeta.
"g) Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones.
"h) Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.
"i) Bayonetas, sables y lanzas.
"j) Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento.
"k) Aeronaves de guerra y su armamento.
"l) Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas.
"En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra.
"Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios."
"Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
"I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta ley;
"II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley, y
"III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.
"En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.
"Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III del presente artículo, la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble."
Con base en lo anterior, tenemos que los elementos del delito portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, son:
a) La existencia de un arma de fuego de las comprendidas en el inciso c) del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
b) Que alguien porte un arma de esas características, y
c) Que no cuente con el permiso correspondiente.
Por su parte, el diverso delito portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso a), también de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, requiere para su acreditación:
a) La existencia de un arma de fuego de las comprendidas en el inciso a) del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
b) Que alguien porte un arma de esas características, y
c) Que no cuente con el permiso correspondiente.
Entonces, en el caso, se aprecia que el Magistrado responsable correctamente tuvo por demostrados todos y cada uno de los elementos de los delitos antes citados, pues la existencia de las armas de fuego, es decir, la contemplada en el inciso a) y en el inciso c) del artículo 11, queda manifiesta con la fe ministerial donde se tuvo a la vista un arma de fuego tipo revólver, calibre .45", Colt Government, modelo Russian, matrícula ********** y un arma de fuego tipo fusil, calibre .223" REM, marca Sturm, Ruger & Co. Inc., modelo mini-14, matrícula **********.
Además, con el dictamen de balística forense practicado por perito oficial de la Procuraduría General de la República, donde se concluyó que el arma de fuego tipo revólver que le fue remitida para su análisis, es de aquellas que se encuentran comprendidas en el inciso a) del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; en tanto que el arma de fuego tipo fusil, se ubica en el inciso c) del propio precepto. En virtud de lo anterior, ambos artefactos son considerados como de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
Los anteriores medios de prueba fueron correctamente catalogados con valor probatorio, lo cual es apegado a derecho, puesto que la inspección ministerial cumple con los requisitos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, de ahí que alcance plena eficacia convictiva, acorde con lo preceptuado en el artículo 284 del propio compendio legal.
Por su parte, el peritaje fue desahogado conforme a las formalidades del caso, como bien lo sostuvo el Juez de la causa y respaldó el tribunal responsable. Por ende, la valoración emitida sí es acorde con la libertad conferida al juzgador por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Así, es inconcuso que ambos medios de convicción son aptos para acreditar la existencia de las armas de fuego afectas, por lo que en este tópico ningún agravio se genera al solicitante del amparo.
Por otra parte, también se estima adecuado la forma en cómo se determinó lo atingente a que alguien portó esas armas.
Es así, puesto que para ello tomó en consideración el parte informativo de ocho de octubre de dos mil diez, suscrito por el Juez de barandilla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de **********, **********, y ratificado por los elementos de policía de aquella localidad ********** y **********, quienes en lo conducente manifestaron que aproximadamente a las veinte horas con diez minutos de esa fecha, al realizar recorrido de vigilancia en la comunidad **********, particularmente sobre el camino de terracería, observaron un vehículo a bordo del cual viajaban dos personas que mostraron actitud sospechosa, atento a lo cual decidieron practicarles revisión, localizando sobre uno de los asientos dos armas de fuego cubiertas con papel periódico.
El parte informativo, al haber sido debidamente ratificado por sus suscriptores, cumple con los requisitos exigidos por el numeral 289 del ordenamiento legal citado, pues se estima que los emitentes tienen criterio suficiente para juzgar el acto, además por su probidad e independencia de posición se considera tienen completa imparcialidad, máxime que conocieron esos hechos con motivo de sus funciones, aunado a que son susceptibles de conocerse por los sentidos, sus declaraciones son claras, precisas y congruentes, sin dudas ni reticencias, tanto en la sustancia como en las circunstancias esenciales del hecho, y de autos no se advierte que hayan emitido sus testimonios obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno.
Otro elemento de prueba que se tomó en consideración al convalidar la actuación del Juez de instancia, fue la declaración ministerial del propio inculpado **********, ratificada en preparatoria, donde en lo conducente manifestó que el día de los hechos, se encontró a ********** y le pidió "rait" al rancho "**********", a lo que aquél accedió. En virtud de ello, el declarante abordó el vehículo del antes mencionado y subió las armas de fuego aseguradas, las cuales traía en un costal cubiertas de periódico. Agrega que posteriormente fueron abordados por elementos de la policía municipal, quienes al revisar el automotor, encontraron las armas que el declarante había subido, las cuales llevaba porque pretendía entregarlas en un puesto de control militar ubicado en **********, debido a que escuchó que a cambio entregaban mil pesos y una despensa.
Declaración que legalmente se dijo, reunía los requisitos del artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales y, por ende, adquiere valor de indicio conforme al 285 del propio compendio legal, atento a que fue emitida por persona mayor de dieciocho años de edad, con pleno conocimiento y enterado de las imputaciones existentes en su contra, asistido del defensor que al efecto designó; no se ejerció violencia física o moral, ni coacción en su contra, para que se condujera en los términos en que lo hizo, narrando hechos propios.
Ahora, sobre el particular, es importante destacar que el tribunal de apelación no realizó distingo entre si se trataba de una confesión lisa y llana o calificada divisible; empero, no por esa deficiencia es factible otorgar la protección constitucional pues a ningún fin práctico nos llevaría, en la medida que con o sin la precisión que en el caso ameritaba, la calidad de indicio respecto de la aceptación de haber portado las armas, quedaría incólume, de tal suerte que nada cambiaría el sentido de este fallo.
De esta manera, es claro que la portación de las armas de fuego afectas sí se encuentra demostrada.
Finalmente, el tercer elemento de ambas conductas típicas relativo a la ausencia de autorización, se sustenta atendiendo al hecho fáctico de que no existe en autos prueba alguna para demostrar la autorización que tenía el agente del delito para portar los instrumentos lesivos.
Con base en lo hasta aquí narrado, resulta apegada a derecho la determinación del tribunal responsable al tener por acreditado los delitos 1) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y 2) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso a), también de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Es así, atento a que como se vio, efectivamente el material probatorio existente en autos demuestra que alguien, sin la autorización correspondiente, aproximadamente a las veinte horas con diez minutos del ocho de octubre de dos mil diez, sobre un camino de terracería de la comunidad "**********", Municipio de **********, **********, portó dos armas de fuego, una de las comprendidas en el artículo 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en tanto que la otra contemplada en el inciso c) del propio artículo.
En ese orden de consideraciones, se concluye que la sentencia reclamada, en cuanto a los delitos analizados, está sustentada en pruebas precisas y determinadas, cuya valoración se ajustó a las reglas contenidas en el Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que de manera correcta se concluyó que fueron suficientes para acreditar tanto las conductas típicas, como la responsabilidad penal que le resultó al ahora solicitante del amparo.
Cierto, en el expediente se cuenta con pruebas contundentes que acreditan la plena responsabilidad penal de **********, pues como se pudo constatar al verificar la acreditación de los delitos, los elementos aprehensores son firmes y categóricos en señalarlo como uno de los sujetos que viajaban abordo del automotor donde se localizaron las armas.
Aspecto que se vinculó con la aceptación de los hechos por parte del propio inculpado, quien señaló haber sido él quien subió las armas de fuego al vehículo afecto envueltas en periódico.
En otro aspecto, este órgano colegiado comulga con el tribunal de apelación al confirmar la determinación del Juez de instancia, ubicando la intervención del inculpado en la comisión de las conductas antisociales, en términos del artículo 13, fracción II, del código punitivo federal, en atención a que las ejecutó por sí, pues se insiste, el hallazgo de las armas está corroborado con la manifestación del inculpado en el sentido de haber sido él quien las subió al automotor afecto.
Similarmente, es correcta la determinación de la autoridad responsable al sostener que no existe en favor del inculpado alguna excluyente del delito, o que le asista alguna causa de justificación como son la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho, por lo que la referida conducta es antijurídica, al no existir constancia de que el activo se encontraba amparado en alguna de las mencionadas causas de justificación.
De igual manera, no se advierte que al consumarse aquel comportamiento, el implicado no tuviera la capacidad de comprender el carácter ilícito de ese hecho, ni de conducirse de acuerdo a esa comprensión, menos aún se justificó la existencia de algún error de prohibición que le hiciera creer que su conducta era lícita; máxime que actuó dentro de un amplio margen de libertad, al no mediar coacción física o moral en su contra.
Sobre el particular, alega el quejoso que la portación de las armas de fuego, se encontraba amparada por una causa de justificación, puesto que las llevaba consigo porque pretendía entregarlas en **********, en un módulo del programa nacional de canjes y registros de armas (concepto de violación 1).
Es infundado tal argumento.
Lo anterior se considera, en función de que las excluyentes debe probarlas quien las invoca y, en el caso, el inculpado y su defensa no aportaron medios de prueba para satisfacer su alegato.
Por el contrario, el único elemento probatorio ofrecido para tal fin, consistente en el informe del jefe de la XVI Zona Militar en **********, no hizo sino poner de manifiesto que el implicado pretendió evadir la responsabilidad que le resultaba, con base en una versión falsa, en el caso, que pretendía llevarlas a un puesto de control militar.
A esa conclusión se arriba, al ponderar que en el informe solicitado, el comandante de la aludida zona militar, informó que hasta el veintiuno de noviembre de dos mil diez, no se había llevado campaña alguna de canje y donación de armas de fuego. De tal suerte que ese informe, lejos de robustecer la supuesta intención del encausado, la desvirtúa.
Entonces, si en autos se carece de pruebas para demostrar la aludida excluyente, es inconcuso que tanto el Juez de la causa como el tribunal de apelación, estuvieron en lo correcto al no tenerla por acreditada.
En relación con al tema, este tribunal estima aplicable la jurisprudencia VI.1o. J/71, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos rubro y texto son:
"EXCLUYENTES. DEBE PROBARLAS QUIEN LAS INVOCA. La comprobación de las excluyentes corresponde al que las invoca y no al Ministerio Público. Esto es así, porque cuando la ley establece una excluyente de responsabilidad a favor del acusado, respecto de un hecho punible que se le imputa, corresponde la prueba de ello a éste, de acuerdo con el principio general de derecho de que quien afirma está obligado a probar."(1)
En relación con la documental que se adjuntó a la demanda de amparo, consistente en una nota periodística relativa al programa anual de canje y registro de armas de fuego en el palacio municipal de Córdoba, Veracruz, no es factible tomarla en consideración.
Ello es así, en virtud que de los artículos 78 y 166 a 169 de la Ley de Amparo, se desprende que dada la tramitación del juicio de garantías en la vía directa, las pruebas que se rinden en éste sólo pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, de las que aparezca el acto reclamado; constancias de las cuales el quejoso puede pedir copia certificada para presentarla con su demanda, pero no pueden admitirse pruebas que no se hayan aportado al expediente, porque ello implicaría necesariamente variación de las situaciones jurídicas planteadas ante la autoridad responsable, pues las sentencias que se dicten en el juicio de amparo, han de tomar en consideración el acto reclamado tal como lo fue del conocimiento de la autoridad responsable.
Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el siguiente tenor literal:
"PRUEBAS APORTADAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PENAL, NO EXAMINADAS EN EL PROCESO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está impedida para proceder como tercera instancia, no pudiendo sustituir al Juez del proceso para analizar pruebas que éste no tuvo a la vista, pues sólo se ocupa de analizar desde el punto de vista constitucional sobre lo hecho, actuado y resuelto por los tribunales de instancia."(2)
"PRUEBAS APORTADAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PENAL NO EXAMINADAS EN EL PROCESO.-El artículo 78 de la Ley de Amparo no hace distingo alguno en relación a la materia del juicio constitucional, y esta Sala, como órgano de control constitucional, no tiene plenitud de jurisdicción ni actúa como tribunal de casación, sino se limita a examinar desde el punto de vista constitucional, si las autoridades judiciales ajustaron sus actos a las disposiciones legales. En tal virtud, aun cuando se puede suplir el agravio en el juicio de amparo penal, y analizar si el sentenciador de instancia comprobó los elementos medulares de la sentencia definitiva, ello no puede significar que esta Sala pueda sustituir al juzgador natural para analizar pruebas que éste no tuvo a la vista, si en el proceso estuvo el imputado libre de ofrecerlas, pues con ello se desnaturalizaría al Tribunal Constitucional, transformándosele en uno más de instancia."(3)
En mérito de lo hasta aquí expuesto, este Tribunal Colegiado considera que la determinación del Magistrado responsable, al tener por acreditado los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, así como la probable responsabilidad, se encuentra ajustada a derecho.
Sin embargo, como se señaló, en el caso del diverso delito posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso f), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se considera fundado el concepto de violación donde se reclama que existe una indebida fundamentación y motivación (concepto de violación 2).
Cierto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente fundado y motivado.
Jurídicamente, puede afirmarse que fundar un acto de autoridad supone apoyar su procedencia en razones legales establecidas en un cuerpo normativo, y ese acto sólo estará motivado cuando la autoridad que lo emite, explique o dé razón de los motivos que la condujeron a emitirlo.
Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la autoridad cumple con la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, si en ellas se cita el precepto legal que le sirvió de apoyo y se expresan los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto de que se trata, se adecua a los presupuestos de la norma que invoca.
Lo anterior encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia.
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."(4)
Así, la motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente, y b) material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido.
En la especie, se actualiza la segunda de las hipótesis, pues aun cuando el tribunal de apelación da noticia de las razones por las cuales ubicó la conducta delictiva en la fracción II del artículo 83 Quat, éstas son indebidas.
Así se concluye, toda vez que el referido artículo 83 Quat, penaliza la posesión de cartuchos que "son para las armas" comprendidas en distintos numerales; de ahí que la fracción I del citado numeral, remite a las armas comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de la ley en cita, mientras que la fracción II, remite a las armas que están comprendidas en los restantes incisos del referido artículo 11.
De esa forma, no debemos perder de vista que el citado artículo 83 Quat, refiere "si son para las armas que están comprendidas en"; por tanto, se refiere a que los citados cartuchos sean útiles a las armas comprendidas en los distintos numerales que menciona.
Por su parte, el numeral 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece un catálogo de armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, a saber:
a) Revólveres calibre .357" Mágnum y los superiores a .38" Especial.
b) Pistolas calibre 9 milímetros Parabellum, Luger y similares, las .38" Súper y Comando, y las de calibres superiores.
c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 milímetros, 7.62 milímetros y carabinas calibre .30" en todos sus modelos.
d) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.
e) Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 milímetros (25"), las de calibre superior al 12 (.729" ó 18.5 milímetros) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.
f) Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos, de gases y los cargados con postas superiores al "00" (.84 centímetros de diámetro) para escopeta.
g) Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones.
h) Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.
i) Bayonetas, sables y lanzas.
j) Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento.
k) Aeronaves de guerra y su armamento.
l) Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas.
En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra.
Como puede apreciarse, el citado numeral 11, además de especificar diversas clases de armas de fuego, también contempla municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, siendo que, en lo que aquí interesa, el inciso f) únicamente hace referencia a municiones para las armas mencionadas en los incisos anteriores y cartuchos con artificios especiales.
De ese modo, para ubicar los cartuchos en los artículos e incisos correspondientes, en términos del numeral 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, resulta incorrecto afirmar que los cartuchos asegurados son para las armas comprendidas en el inciso f), pues éste únicamente se refiere a municiones y cartuchos con artificios especiales, sin mencionar algún tipo de arma.
Cabe precisar, que si bien es cierto la fracción II del numeral 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, penaliza los cartuchos que son para las armas comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de la citada ley, esto es, los que no se ubiquen en los incisos a) y b), por estar comprendidos en la fracción I, también lo es que la referida fracción II, establece textualmente "si son para las armas que están comprendidas"; por lo que, dicha fracción remite únicamente a los incisos del artículo 11, distintos al a) y b), siempre y cuando prevean armas de fuego; de ahí que se excluye el inciso f), por no contemplar armas.
Sin que pase desapercibido lo expresado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria correspondiente a la jurisprudencia 1a./J. 39/2008 de rubro: "CARTUCHOS PARA ARMAS DE FUEGO CON CALIBRE PERMITIDO. SI CUENTAN CON ARTIFICIOS ESPECIALES, SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 83 QUAT DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD.", en el sentido de que "el inciso f) del artículo 11, debe considerarse comprendido dentro de la fracción II, del artículo 83 Quat, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se refiere a todos los incisos diferentes al a) y al b) del artículo 11, por lo que la penalidad al delito de posesión de cartuchos de calibre permitido, pero con artificios especiales, deberá imponerse con base en dicha fracción", puesto que en tal asunto el tema central fue diverso al que ahora se estudia, a saber, el relacionado con la punibilidad de la posesión de cartuchos para armas de fuego con calibre permitido pero con artificios especiales, independientemente de la cantidad, en tanto que en el presente asunto se analiza la posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Por tales motivos, respecto al delito posesión de cartuchos, se evidencia una indebida fundamentación y motivación al afirmarse que los cartuchos encuadraban en la fracción II del artículo 83 Quat, con base en la remisión al inciso f) del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dado que dicho inciso no contempla armas de fuego, como lo requiere el citado numeral 83 Quat, cuando remite al referido artículo 11.
Al respecto, es aplicable la tesis XVI.P.18 P sustentada por este tribunal, cuyo tenor es:
"-El artículo 83 Quat, fracción II, de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23483-fce97046/posesion-de-cartuchos-para-armas-de-uso-exclusivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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