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Modo: Corpus Pro

ACCESO A LA JUSTICIA. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AL REDUCIR EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA PROMOVIDA A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 CONTRA UN ACTO PRIVATIVO DE LA LIBERTAD EMITIDO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA, VULNERA DICHO DERECHO HUMANO, POR TANTO, EN EJERCICIO DEL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD, DEBE INAPLICARSE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 620/2013 (CUADERNO AUXILIAR 835/2013). · Registro digital (IUS): 24842
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-02-14
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Pág. 1791.

AMPARO DIRECTO 620/2013 (CUADERNO AUXILIAR 835/2013). 17 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EDGAR GAYTÁN GALVÁN. SECRETARIO: JESÚS IRAM AGUIRRE SANDOVAL.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. En cuanto a la oportunidad del amparo promovido en el caso a estudio, es pertinente referir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación **********, consideró que no existía algún impedimento para que los Tribunales de la Federación pudieran analizar la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo, cuando, por ejemplo, se hacía ese planteamiento a través de un recurso previsto en esa ley.

El Alto Tribunal determinó que, de acuerdo con la reforma que el diez de junio de dos mil once sufrió el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se quitó el obstáculo para que a través del recurso de revisión, se pueda analizar la constitucionalidad de las disposiciones legales que aplican los Jueces de Distrito en sus sentencias, por lo que el órgano revisor tiene facultades para dejar de aplicarlas cuando, vía control difuso, advierta que son contrarias a los derechos humanos.

Conforme al texto vigente del artículo 1o. de la Constitución Federal, y a lo dispuesto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Mexicano está obligado a proporcionar a los justiciables un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, la ley o dicha Convención.

En esa tesitura, en ejercicio del control difuso constitucional surgido con motivo de la modificación de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once y considerando que compete a todas las autoridades del orden jurisdiccional nacional, los de amparo incluidos, las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; este Tribunal Colegiado estima procedente la inaplicación al caso de estudio del artículo quinto transitorio, segundo párrafo, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año en curso, mediante el cual se expidió la Ley de Amparo en vigor, toda vez que el mismo contraría el principio de acceso a la justicia imbíbito en el numeral 17 constitucional.

Lo anterior, pues dicha disposición normativa restringe el ejercicio de la acción constitucional dentro del plazo genérico de quince días, en los asuntos cuyo acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada nacionales; no obstante que respecto de tales actos, la legislación anterior permitía ejercerla en cualquier tiempo.

De modo que si el acto reclamado se emitió bajo la vigencia de la norma anterior, es ésta la que debe imperar en el caso a estudio, pues de no hacerlo así, se restringe el derecho de acceso a la justicia adquirido a la luz de la norma abrogada, en tanto el quejoso contó con la facultad de ejercer la acción de amparo de modo inmediato a la emisión del acto reclamado y, a esa data, no contaba con límite temporal para pedir la protección de la Justicia Federal.

De ahí que si el segundo párrafo del artículo quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece establece lo contrario, dicha norma es contraria al derecho humano de acceso a la justicia y, por ende, procede su inaplicación al caso concreto, debiendo por consecuencia subsistir la norma atemporal prevista en el artículo 22, fracción II, la abrogada Ley de Amparo, el cual disponía lo siguiente:

"Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

"...

"II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada nacionales.

"En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. ..."

En esos términos, es oportuna la demanda de garantías presentada el diez de julio de dos mil trece (según consta en la certificación anexa a foja siete del juicio de amparo), pues de conformidad con el artículo 22, fracción II, de la abrogada Ley de Amparo, el acto reclamado data del veintinueve de agosto de dos mil once y, por ende, es de los que pueden impugnarse en cualquier tiempo.

Similar criterio sustentó este Tribunal Colegiado de Circuito, al fallar los cuadernos auxiliares 808/2013 derivado del amparo en revisión 295/2013 y 845/2013 derivado del juicio de amparo directo penal 581/2013; ambos correspondientes a la sesión de veintiséis de septiembre del año en curso.

TERCERO. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con las constancias que la autoridad responsable remitió con su informe justificado.

CUARTO. La sentencia reclamada se encuentra glosada en el toca penal número ********** (fojas 19 a 35), del índice del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito de Ciudad Juárez, Chihuahua; de igual manera, de la foja dos a la seis del juicio de amparo directo penal ********** del índice del Tribunal Colegiado auxiliado, consta la demanda de garantías; documentos que se reproducen en copia certificada para agregarse al presente y fueron entregadas a los Magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, para su análisis al dictar la ejecutoria correspondiente.

Como consecuencia de lo anterior, se omite la transcripción de la sentencia reclamada por no existir dispositivo alguno que obligue a este tribunal a hacerlo, de conformidad con la tesis XVII.1o.C.T.30 K, aplicada por analogía, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que la presente integración comparte y que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 2115, con el rubro y texto siguientes:

"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."

De igual manera, se omite la transcripción de los conceptos de violación hechos valer, en virtud de que no existe obligación de ello, según se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza bajo los datos de identificación, rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (registro IUS 164618, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, tesis 2a./J. 58/2010, jurisprudencia, Materia(s): Común).

QUINTO. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso; sin embargo, de oficio, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, este tribunal advierte la existencia de una violación formal que debe ser saneada.

En principio, conviene precisar que si el impetrante plantea deficientemente los conceptos de violación, habrá que suplirse la deficiencia de la queja en términos del precepto citado con antelación, pero siempre y cuando se advierta que se dieron violaciones que la ameriten, para lo cual, se debe realizar el examen previo de la sentencia que se combate y del acto reclamado, necesario, como ya se dijo, para concluir si hubo o no irregularidad que obligue a suplir la queja deficiente, en la inteligencia de que si se concluye que no la hay, resulta innecesario que el órgano de control constitucional plasme objetivamente en su fallo el análisis pormenorizado que lo llevó a tal conclusión, bastando que se remita y hagan suyos los fundamentos y consideraciones de la sentencia reclamada, en términos de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 224 del Tomo VI, octubre de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De conformidad con lo dispuesto en los códigos de procedimientos penales de las diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión."

De la ejecutoria que surgió dicha jurisprudencia conviene transcribir la siguiente consideración:

"En este orden de ideas, establecido que la suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal, sólo opera cuando el recurrente sea el reo o su defensor y se advierta alguna irregularidad en la sentencia de origen, es de decirse que si bien es cierto que debe existir el examen previo de la sentencia apelada, necesario, como ya se dijo, para que aquel tribunal concluya que no advirtió irregularidad alguna que lo obligue a suplir la queja deficiente, lo que significa que la sentencia revisada se encuentra apegada a derecho y conduce a su confirmación (de no haber apelado el Ministerio Público o por resultar infundados los agravios por éste formulados) no lo es menos que, contrariamente a como lo sostienen los Tribunales Colegiados Primero del Quinto Circuito y Segundo en Materia Penal del Séptimo Circuito, resulta innecesario plasmar objetivamente en la sentencia correspondiente ese análisis pormenorizado que llevó al tribunal de apelación a confirmar la sentencia recurrida por sus propios fundamentos, invariablemente reiterativo de estos últimos, al no poder variarlos aun para llegar a la misma conclusión pues, de hacerlo, en alguna forma agravaría la situación del inculpado, alterando la litis y contrariando la finalidad perseguida por la queja deficiente, lo cual resulta ocioso, bastando para cumplir con esa obligación, como se dejó apuntado, que al no advertir irregularidad alguna que suplir, remita y haga suyos los razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado que consideró ajustada a derecho, siendo inexacto por otra parte, que esa reiteración, como lo sostiene el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, tenga como consecuencia que en el amparo promovido en contra de la sentencia así reiterada, haga que se tenga como reclamada la de primera instancia."

Como se aprecia, si el apelante no expresa agravios y el órgano revisor no advierte deficiencia de queja por suplir, resulta innecesario plasmar mayor estudio en el fallo, dado que es suficiente con referirse a los fundamentos y consideraciones del fallo impugnado, hipótesis que de igual forma debe sostenerse en el juicio de amparo, en tanto se da una similar situación que en el recurso de apelación, es decir, en ambos la materia del asunto es penal y el quejoso es el reo o su defensor, existe la figura jurídica de la suplencia de la queja y se revisa el fallo pronunciado por el a quo, en la apelación el de primera instancia y en el amparo la del tribunal responsable, sin que esto implique, desde luego, indefensión en el quejoso, dado que como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las nuevas consideraciones que se esgrimieran no variarían en nada aquella conclusión; sin embargo, en caso de hacerlo, pudiera llegarse al extremo de agravar la situación jurídica del reo, en franca contravención al propósito buscado por el legislador al establecer la suplencia de la queja deficiente.

Precisado lo anterior, se procede ahora a sintetizar y dar respuesta a los conceptos de violación hechos valer.

En el primer concepto de violación el quejoso sostiene que la sentencia reclamada es inconstitucional, porque adverso a lo resuelto en ella, los medios de convicción allegados al sumario no son suficientes para la justificación del delito y la responsabilidad penal en su comisión, pues su conducta es atípica, porque el agente del Ministerio Público de la Federación durante la fase de instrucción no allegó los medios de prueba necesarios para su justificación, no obstante ser un imperativo constitucional a su cargo.

Aduce que la responsable no valoró correctamente los medios de prueba, que si bien se demostró la existencia del estupefaciente y artefactos bélicos asegurados, no se justificó que hubiera poseído la primera y menos aún con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas por el artículo 194, fracción I, ni portado y poseído las armas y cartuchos afectos.

Sostiene lo anterior, pues refiere que el parte informativo suscrito por los elementos del Ejército Mexicano, teniente de infantería ********** y sargento de infantería **********, pertenecientes al Quincuagésimo Noveno Batallón de Infantería resulta ineficaz para tener por demostrada la pretensión punitiva del fiscal, pues sólo evidencia el hallazgo y aseguramiento de un vegetal verde y seco, armas de fuego y cartuchos, pero no que los mismos estuvieran dentro del radio de acción y ámbito de disponibilidad del quejoso, en tanto que su contenido debió ser corroborado con diversos medios de prueba, lo cual no ocurrió, pues dicho parte es el único elemento de convicción aportado por el fiscal para demostrar tal extremo.

Sostiene que las diligencias de fe ministerial practicadas sobre la droga, las armas y los cartuchos, sólo evidencian su existencia; y los dictámenes periciales, la naturaleza del estupefaciente, tipo de armas y de cartuchos.

Estima que las pruebas allegadas al proceso sólo prueban que el quejoso fue detenido, pero no que tuviera bajo su radio de acción y disponibilidad, de manera consciente y voluntaria, el estupefaciente, armas y cartuchos afectos. Cita la tesis de rubro: "PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE."

Por lo anterior argumenta que se actualiza la excluyente del delito prevista en el artículo 15, fracción II, del Código Penal Federal y cita la tesis de rubro: "CUERPO DEL DELITO CUANDO FALTA ALGUNO DE SUS ELEMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."

Son infundados los argumentos anteriores, los cuales serán estudiados de manera conjunta, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, dada su íntima vinculación.

En la sentencia reclamada, la responsable confirmó el fallo de primer grado por estimar correctamente ponderados los medios de convicción allegados al proceso y que los mismos fueron aptos para justificar la existencia de los delitos imputados al aquí quejoso, consistentes en la posesión de marihuana con fines de comercio, en su modalidad de venta, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, en relación con el 194, fracción I, ambos del Código Penal Federal; portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, previsto por el artículo 83, fracciones II y III y sancionado por el diverso numeral 11, incisos b) y d) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como el diverso de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, previsto por el artículo 83 Quat, fracción II, y sancionado por el 11, inciso f) de la última ley citada.

Ahora bien, contrario a lo expuesto por el amparista en esta instancia, los medios de convicción allegados al sumario sí son aptos para justificar la existencia de los delitos que le fueron imputados y no puede admitirse que su conducta haya sido atípica, como lo pretende en esta instancia.

En efecto, adverso a lo que señala, el parte informativo rendido por los elementos del Ejército Mexicano, teniente de infantería ********** y sargento de infantería **********, pertenecientes al quincuagésimo noveno batallón de infantería, no constituye un medio de convicción asilado que sustente la sentencia condenatoria dictada en su contra, pues si bien es verdad que son sólo los aprehensores quienes formulan la imputación directa en su contra como la persona a quien detuvieron en posesión del estupefaciente, armas y cartuchos asegurados, el dicho de éstos está corroborado con los diversos indicios que constan agregados al proceso.

Esto es así, pues también contrario a lo que sostiene el quejoso, las diligencias de fe ministerial practicada por el fiscal sobre el estupefaciente, armas y cartuchos afectos, así como las pruebas periciales en materias de química y balística, no sólo justifican la existencia material de tales objetos, su naturaleza organoléptica y en el caso de las armas, su tipo, calibre y clasificación; sino que por disposición expresa del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, constituyen indicios que complementan el contenido del citado parte informativo, en cuanto hacen verosímil lo expuesto por los aprehensores en el sentido de que dichos objetos (droga, armas y cartuchos) fueron asegurados al hoy quejoso, porque son coincidentes en cuanto a la descripción que de ellos realizaron y la presentación en que el vegetal se encontraba, aspectos descritos por los aprehensores en dicha pieza informativa; y si bien, por sí mismos, no pueden hacer prueba de la posesión y portación, respectivamente, ejercida por éste sobre tales objetos afectos, sí corroboran el aseguramiento aludido por los aprehensores.

Sustenta lo anterior, el criterio que se comparte contenido en la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:

"PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. LA FE MINISTERIAL DE LA DROGA Y EL DICTAMEN QUÍMICO CONSTITUYEN INDICIOS QUE, ADMINICULADOS CON OTROS, SON IDÓNEOS PARA ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD. Es cierto que la fe de la existencia de la droga y el dictamen de la misma son elementos probatorios que por su naturaleza se hallan encaminados a demostrar la corporeidad del delito, pero ello no soslaya el hecho de que esos propios elementos puedan constituir un indicio de la plena responsabilidad de los sentenciados e integrar la prueba indiciaria. Para considerarlo así, basta tener en cuenta que al dar fe de la existencia de la droga el agente del Ministerio Público Federal y al dictaminarse parcialmente su peso y cantidad se corrobora indiciariamente cuál fue aquella que les fue recogida a los detenidos. Ese indicio, derivado de esas pruebas, lo avala el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, al establecer que con independencia de la confesión y de los documentos públicos, todos los demás elementos de prueba constituyen ‘indicios’. De ahí que si la propia ley le confiere el valor de un indicio a esas pruebas, no puede estimarse que ese indicio sea solamente para integrar el cuerpo del delito y no la responsabilidad; máxime si dichas pruebas se encuentran adminiculadas con el parte informativo." (Novena Época, Registro IUS: 185931, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002, Materia(s): Penal, tesis IV.3o.T.31 P, página 1422).

En efecto, como bien lo sustentó la responsable, en el citado parte informativo los elementos aprehensores expusieron que aproximadamente a las nueve horas del veinticuatro de enero del dos mil diez, al encontrarse en el puesto de control "**********", en el poblado de **********, Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, se recibió una denuncia de una persona del sexo femenino quien no quiso proporcionar su nombre, en el sentido de que en el poblado **********, Municipio de Ciudad Juárez, se encontraba un vehículo de la marca **********, **********, ********** color **********, en el cual se transportaban dos personas del sexo masculino que se encontraban armadas.

Que por ese motivo, el teniente de infantería **********, al mando de un pelotón de fusileros, salió a efectuar un patrullaje al lugar mencionado y al arribar al cruce de las **********, observó que circulaba un vehículo con las características que informó la denunciante; que se procedió a marcarles el alto, que descendieron los militares del vehículo en que se transportaban y adoptaron las medidas de seguridad para no ser sorprendidos, percatándose que efectivamente en el vehículo señalado, se transportaban dos personas del sexo masculino, por lo que el teniente de infantería **********, les indicó a dichas personas que se encontraban en aplicación (sic) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lucha permanente contra el narcotráfico en la Operación Coordinada Chihuahua, que descendieran del vehículo, porque se les pasaría una revisión de rutina en sus personas y vehículo.

Que él revisó a la persona que conducía el citado automóvil, quien manifestó llamarse **********, mismo que vestía un pantalón de mezclilla azul, una sudadera gris y zapatos cafés y portaba en la cintura, una pistola calibre 9 milímetros, marca Pietro Beretta, modelo 92SB, matrícula **********, con un cargador abastecido con trece cartuchos útiles, calibre 9 milímetros. También se le encontró un fusil con un cargador metálico con veintidós cartuchos útiles calibre 7.62X39 milímetros y en el piso (debajo de su asiento), se encontró otro cargador metálico abastecido con veintidós cartuchos útiles del mismo calibre.

Por su parte, el sargento segundo de infantería **********, revisó a la persona que viajaba en el asiento delantero (acompañante), quien dijo llamarse **********, que vestía un pantalón de mezclilla azul, con una sudadera gris y zapatos tenis grises, quien traía entre sus piernas, un fusil calibre 7.62X39 milímetros, de la marca Nodak Spud LLC, modelo NDS-3, matrícula ********** abastecido con un cargador metálico con veintitrés cartuchos útiles, calibre 7.62X39 milímetros, asimismo, se encontró en el piso del automóvil otro cargador metálico abastecido con veintitrés cartuchos útiles calibre 7.62X39 milímetros.

Al continuar con la revisión del vehículo **********, línea **********, **********, ********** modelo **********, con placas de circulación **********, del Estado de **********, serie **********, el sargento segundo de infantería ********** localizó en la cajuela tres paquetes en forma rectangular de diferentes tamaños, confeccionados con cinta canela, conteniendo una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, los cuales posteriormente fueron pesados arrojando un peso bruto aproximado de seis kilos con seiscientos gramos, asimismo, tres paquetes de forma cilíndrica aparentemente del mismo tamaño, confeccionados con cinta canela, conteniendo una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, que al ser posteriormente pesada, dio un peso bruto aproximado de un kilo con cuatrocientos gramos. Asimismo, siete dosis cada una dentro de una bolsita de plástico transparente, que contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, la cual posteriormente fue pesada dando un peso bruto aproximado de veinticuatro gramos (fojas 4 a 6 y 18 a 22).

Por su parte, en las diligencias de inspección ministerial, el fiscal encargado de la indagatoria asentó tener a la vista una pistola calibre 9 mm, marca Pietro Beretta, modelo 92 SB, matrícula **********, con un cargador con trece cartuchos útiles calibre 9 mm; un fusil calibre 7.62X39 milímetros, de la marca Norinco, modelo MAK-90 Sporter, matrícula **********, abastecido con un cargador metálico con veintidós cartuchos calibre 7.62X39 milímetros y un cargador metálico abastecido con veintidós cartuchos útiles al mismo calibre; un fusil calibre 7.62X39 milímetros, de la marca Nodak Spud LLC, modelo NDS-3, matrícula **********, abastecido con un cargador metálico con veintidós cartuchos útiles calibre 7.62X39 milímetros y un cargador metálico abastecido con veintitrés cartuchos útiles calibre 7.62X39 milímetros.

Asimismo, dio fe de tres paquetes de forma rectangular y tres en forma cilíndrica de diferentes tamaños, confeccionados con cinta canela, con una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, las cuales arrojaron un peso bruto de ocho kilos aproximadamente; y, una bolsa de plástico transparente conteniendo siete dosis confeccionadas en plástico transparente con una hierba verde y seca con las características de la marihuana, con un peso bruto aproximado de veinticuatro gramos cien miligramos (fojas 24 y 25).

En adición a ello, en la averiguación previa consta glosado el dictamen de representación gráfica de los objetos referidos con antelación, los cuales complementan también el informe de los aprehensores y la fe ministerial practicada por el fiscal, en cuanto evidencian mediante reproducciones fotográficas la descripción de los objetos realizada tanto por los elementos castrenses como por el fiscal en los citados medios de convicción.

De igual manera, en el dictamen de balística practicado por el perito oficial de la Procuraduría General de la República Óscar Daniel Velasco Cárdenas, concluyó que la pistola calibre 9 milímetros Luger (9X19 milímetros), marca Pietro Beretta, modelo 92 SB Compact, matrícula **********, se encuentra contemplada en el artículo 11, inciso b), como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; asimismo, concluyó que el arma de fuego tipo fusil calibre 7.62X39 milímetros, marca Nodak, modelo 56S-1, matrícula **********, por sus características se encuentra contemplada en el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; en el mismo sentido, determinó que el arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62X39, marca Norinco, modelo MAK-90 Sporter, matrícula **********, por sus características se encuentra contemplada en el artículo 11, inciso d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; de igual manera, concluyó que los trece cartuchos calibre 9 milímetros Luger y los ochenta y nueve cartuchos calibre 7.62X39 milímetros, se encuentran contemplados en el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, considerados como del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional (fojas 50 a 53).

Por su parte, la química farmacobióloga Míriam Jiménez Badillo, perito oficial en materia de química forense, concluyó que el vegetal verde y seco, contenido en trece bolsas (muestras) de material sintético transparente corresponden a Cannabis Sativa L., conocida comunmente como marihuana, sustancia considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud (fojas 47 y 48).

Medios de convicción que, como bien lo resolvió la responsable al confirmar lo resuelto por el Juez de primer grado, valorados conforme a los artículos 284, 285, 286, 287, 288, 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, demuestran que el veinticuatro de enero de dos mil diez, aproximadamente a las nueve horas, en el cruce de las calles ********** y **********, en el poblado de ********** Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el activo traía fajada en su cintura, una pistola calibre 9 milímetros, marca Pietro Beretta, modelo 92 SB, matrícula ********** con un cargador con trece cartuchos útiles calibre 9 milímetros y portó ********** además en las mismas circunstancias,********** un fusil calibre 7.62X39 milímetros, de la marca Norinco, modelo MAK-90 Sporter, matrícula **********, abastecido con un cargador metálico con vein

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24842-caabb0c1/acceso-a-la-justicia-el-articulo-quinto-transitorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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