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Modo: Corpus Pro

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA EN CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN OTORGADA EN SU CONTRA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, CONFORME A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA PR.P.CN. J/13 P (11a.), AL NO SER DEFINITIVA. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. FORMA DE CUMPLIR UNA SENTENCIA PROTECTORA DE AMPARO CONTRA SU IMPOSICIÓN, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS TRANSITORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, EN TÉRMINOS DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA PR.P.CN. J/13 P (11a.) Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITE UNA NUEVA MEDIDA CAUTELAR. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. FORMA EN QUE DEBE INTERPRETARSE LA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL A LA LIBERTAD PERSONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, DERIVADO DE LAS CONDENAS AL ESTADO MEXICANO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CONFORME A LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 33/2023. · Registro digital (IUS): 32127
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-02-02
Promovente: *.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo V, Pág.4422.

AMPARO EN REVISIÓN 33/2023. 5 DE OCTUBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EUSTACIO ESTEBAN SALINAS WOLBERG. SECRETARIO: SAMUEL OLVERA LÓPEZ.

CONSIDERANDO

VI. SENTENCIA RECURRIDA.

El Juzgado de Distrito consideró ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, siendo éstos:

a) La resolución de vinculación a proceso dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós dentro de la causa penal **********, en la continuación de la audiencia inicial, que se sigue en contra de los quejosos por los hechos que la ley señala como delitos de: 1. Posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,(3) 2. Posesión de cartuchos para armas de fuego de esa exclusividad;(4) y, 3. Contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio, en su connotación de venta.(5) Misma que fue emitida por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control.

b) La imposición a los quejosos de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como su ejecución por parte del director del Centro Federal de Readaptación Social Número 12, en Ocampo, Guanajuato.

En relación con los actos de ejecución de la medida cautelar, el Juez de Distrito tuvo por ciertos los mismos, no obstante que dicha autoridad los había negado.

El Juzgado Federal negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos respecto de dichos actos.

VII. RAZONES DE LA DECISIÓN.

Los impetrantes de amparo no formularon agravio alguno; sin embargo, en suplencia de la queja deficiente se estima que debe concederse el amparo solicitado, únicamente en torno a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y su ejecución, por las razones que se expondrán.

A. Vinculación a proceso.

Primeramente, debe decirse que a los quejosos se les respetó su derecho fundamental de ser asistidos por licenciados en derecho, en su calidad de defensores, por lo que contaron con una defensa técnica y material.

Ahora bien, los quejosos fueron detenidos en flagrancia,(6) como así lo patentizó el órgano acusador al solicitar que se calificara de legal la detención, señalando para ello que derivó de una denuncia anónima formulada el nueve de agosto de dos mil veintidós y lo advertido en redes sociales, concretamente en Facebook, informando que varios masculinos extorsionaban a la ciudadanía de **********, identificándose como integrantes del Cártel ********** y, para ello, se exhibieron al público dos videos donde se advierte a un masculino golpeado, en cada uno de ellos, con marcas en el pecho con las letras **********, y manifestando que todos los narcomenudistas deben "alinearse".

La denuncia anónima la recibió el policía investigador adscrito a la Unidad de Investigación en **********, **********, y al realizarse investigaciones, se autorizó un cateo por el Juez **********, el once de agosto de dos mil veintidós, en tres lugares distintos, uno de ellos en el domicilio donde se ubicaron a los quejosos, con la finalidad de localizar y asegurar narcóticos, metanfetamina, cocaína, marihuana (narcóticos), bolsas plásticas, básculas, dinero en efectivo, personas, armas de fuego, elementos balísticos, entre otros.

En la orden de cateo se autorizó la intervención de diversos policías de investigación y fiscales, entre otros.

Derivado de lo anterior, el doce de agosto acudieron al domicilio, aproximadamente a las 05:50 horas, el fiscal ********** y otros autorizados, con el apoyo de los policías que proporcionaron seguridad; por lo cual, procedieron a tocar durante sesenta segundos sin resultados, pegaron los resolutivos y utilizando mecanismos de apertura ingresaron, no sin antes agotar lo previsto en el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al ingresar, ubicaron a cuatro personas que no quisieron firmar el acta de cateo, haciendo saber su deseo de permanecer en el lugar y sin señalar testigos, por lo que se designaron elementos de seguridad con ese carácter y procedieron a buscar indicios; finalizaron el cateo a las 08:40 horas y a las 08:50 pusieron a disposición a los quejosos ante el Ministerio Público del fuero común.

Así, se tuvieron como datos de prueba, para calificar la detención, la orden de cateo, la respectiva acta circunstanciada firmada por todos y el informe policial homologado **********, signado por **********.

Los quejosos, en uso de la voz, no hicieron manifestación alguna, y la Juez responsable calificó de legal la detención en flagrancia de los impetrantes de amparo,(7) al considerar satisfecho el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que, razonablemente, pudieron cometer hechos con apariencia de delitos, a saber, la posesión de armas, elementos balísticos y drogas; desahogando el cateo de las 06:25 horas a las 08:50 horas, es decir, durante dos horas y veinticinco minutos; poniendo a disposición a los quejosos en un lapso de diez minutos posteriores.

A continuación, la Juez de Control preguntó a los quejosos si conocían sus derechos fundamentales y, en respuesta, asintieron.(8)

Enseguida, el fiscal formuló imputación,(9) precisando que entre las 05:50 y las 06:25 horas del doce de agosto de dos mil veintidós, las personas que se encontraban en el inmueble ubicado en **********, municipio de **********, poseyeron conjuntamente:

Armas

En la habitación número 1, donde se encontraron a los quejosos:

a) Un arma larga tipo fusil, sin marca, color negro, según dictamen de balística calibre punto doscientos veintitrés, clasificada como de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas, en términos del artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

b) Un arma larga tipo fusil, marca Smith and Wesson, matrícula **********, según dictamen de balística calibre cinco punto cincuenta y seis veintitrés, clasificada como de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas, en términos del artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

c) Un arma larga tipo fusil, matrícula **********, modelo P-15, según dictamen de balística calibre punto doscientos veintitrés, clasificada como de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas, en términos del artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y,

d) Un arma larga tipo fusil, marca PPMS, matrícula **********, modelo A-15, según dictamen de balística calibre punto doscientos veintitrés, clasificada como de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas, en términos del artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De igual forma, una quinta arma tipo fusil, carabina que, según dictamen de balística es calibre punto cuarenta y cinco, automático, marca Apache, con matrícula 2853, en términos del artículo 11, inciso l), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (respecto de la cual no se les vinculó a proceso), refiriendo el hallazgo de otras armas que no fueron motivo de la detención, también dio cuenta de dos réplicas de armas.

Dirigiéndose a los quejosos, manifestó que poseyeron dichos artefactos bélicos sin el permiso y autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cartuchos

El Fiscal mencionó que en esa misma habitación, sobre una mesa situada en el lado nororiente, encontraron los cartuchos siguientes:

a. Tres cartuchos, según dictamen de balística calibre punto cuarenta y cinco, para abastecer armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, en términos del artículo 11, inciso f), en relación con el inciso d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

b. Cincuenta y tres cartuchos, según dictamen de balística calibre punto cuarenta, para abastecer armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, en términos del artículo 11, inciso f), en relación con el inciso d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y,

c. Doscientos cincuenta y ocho cartuchos, según dictamen de balística calibre punto doscientos veintitrés, para abastecer armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, en términos del artículo 11, inciso f), en relación con el inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Añadió que los quejosos poseyeron los elementos balísticos sin el permiso y autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional y en cantidades que no son permitidas a los particulares.

Drogas

El Fiscal señaló que en la propia habitación número uno señalada, sobre una tabla de madera empotrada en el muro oriente, se encontró lo siguiente:

a) Veintinueve bolsas con sustancia granulada traslucida cristalina, que según dictamen de química forense resultó ser metanfetamina, con un peso de catorce punto seis gramos; tres de esas bolsas tenían una impresión de **********;

b) Doce bolsas con sustancia sólida cristalina, que según dictamen de química forense resultó ser metanfetamina, con un peso de veintitrés punto cinco gramos; y,

c) Dos bolsas transparentes sintéticas con sustancia sólida cristalina, que según dictamen de química forense resultó ser metanfetamina, con un peso de sesenta y siete gramos.

Finalmente, se localizó al interior, en la dirección poniente del mismo inmueble, aproximadamente a cinco metros, un vehículo marca **********, tipo **********, color **********, con placas de circulación **********, para el Estado de **********, en cuyo asiento trasero se encontraron:

a) Ciento ochenta y seis bolsas de plástico con hierba verde, que según dictamen de química forense resultó ser marihuana, con un peso de dos mil novecientos cincuenta y ocho gramos;

b) Veinticinco bolsas sintéticas de color negro con cierre hermético, en cuyo interior se localizó vegetal verde seco, que según dictamen de química forense resultó ser marihuana, con un peso de seiscientos setenta y cinco gramos;

c) Una bolsa de plástico sintético transparente con polvo verde, que según dictamen de química forense resultó ser marihuana, con un peso de mil cuatrocientos sesenta gramos; y,

d) Una bolsa de plástico con vegetal verde seco, que según dictamen de química forense resultó ser marihuana, con un peso total de doscientos diecisiete gramos con trescientos miligramos.

Después, indicó que en total poseyeron cinco mil trescientos diez gramos (5,310) de marihuana y ciento cinco gramos con cien miligramos (105.1) de metanfetamina, con el fin de comercializar los narcóticos, en su variante de venta, sin contar con la autorización de la Secretaría de Salud.

Para esto, añadió que en la parte trasera del vehículo **********, de color **********, también se localizaron cinco cajas de cartón que contenían diversas bolsas plásticas transparentes con cierre hermético, localizándose también dos libretas; además, diversas calcomanías con la imagen de la máscara de un luchador, un búho y las insignias **********; tres básculas grameras en color gris de la marca Global; una bolsa con otras bolsas plásticas de cierre hermético con una estampa de la imagen de un búho y la máscara de un luchador, con la leyenda **********, así como diversas bolsas plásticas en color negro con cierre hermético.

Estimó que los quejosos poseyeron lo anterior al formar parte de una asociación delictuosa; asimismo, por lo que hace a los objetos bélicos y narcóticos, refirió que la acción fue realizada en pandilla, en virtud de que fueron más de tres personas las que llevaron a cabo esas acciones.

Añadió que con todo ello se acredita que los impetrantes de amparo forman parte de una asociación o banda con el propósito de delinquir, esto es, para portar armas y vender drogas, formando parte del grupo delictivo con siglas **********, siendo un hecho notorio que se trata del **********.

Propuso la clasificación jurídica de cada uno de los hechos con apariencia de delito, destacando la forma de participación de los imputados.(10)

Por su parte, la Juez de Control preguntó a los quejosos si comprendieron el alcance de los hechos que el fiscal les atribuyó;(11) en respuesta, los quejosos manifestaron que sí.

Enseguida, la juzgadora les hizo saber su derecho a declarar, y preguntándoles si lo deseaban, ninguno externó su deseo de hacerlo. Luego, la Juez de Control les informó que se realizaría la solicitud de su vinculación a proceso.

Así, el fiscal procedió a formularla,(12) en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales; momento en que la Juez de Control solicitó concreción al fiscal, ante la existencia de otras imputaciones a diversas personas de los quejosos; explicando para ello que al imputar se narraron los hechos y se especificó la clasificación jurídica, sugiriendo al fiscal dar cuenta con los datos de prueba que pudieran ser comunes y formular una motivación sucinta, en tanto que de las etapas previas, de la propia audiencia adquirió conocimiento de ello.

Luego, atendiendo a lo referido por la Juez de Control, el fiscal dio cuenta con el dato de prueba común, a saber:(13) La denuncia anónima que motivó el inicio de la investigación realizada por el elemento de Investigación **********, el once de agosto de dos mil veintidós; informando que dicha denuncia se recibió a través de una llamada telefónica, la cual versó sobre la venta de droga en diversos domicilios (dos), en los que se advierte que los moradores utilizan una camioneta ********** y otra tipo **********, color **********, con placas del Estado de **********; observando el denunciante que en esta última los moradores del segundo de los domicilios (**********) guardan diversas armas.

Asimismo, que en esos domicilios se encuentran personas armadas, escuchando que dicen pertenecer al **********.

De igual forma, visualiza en redes sociales (ya antes señalado), lo relativo a personas integrantes del cártel ********** y los videos de personas golpeadas.

Derivado de esa información, el policía investigador montó vigilancia el nueve de agosto en el segundo de los domicilios (**********), donde se percató de la presencia de personas del sexo masculino que portaban armas de fuego cortas y actividades propias de la venta de droga, donde localizó el referido vehículo tipo **********, utilizado por los moradores de ese domicilio.

Al realizar el seguimiento en distintas arterias del municipio de **********, se percata que los moradores de ambos domicilios se trasladan en las citadas unidades automotoras al domicilio donde ubicaron a los quejosos, esto es, en **********, municipio de **********.

El policía implementó vigilancia en ese domicilio los días ocho, nueve y diez de agosto, donde advirtió actos de compraventa de drogas, precisando la Fiscalía los movimientos que realizan quienes arriban al domicilio y los moradores, así como la actitud de nerviosismo que éstos muestran al realizar el intercambio; asimismo, vio el ingreso de la camioneta ********** a ese domicilio y a dos sujetos armados que montaban vigilancia y, posteriormente, apreció que subían paquetes a dicho vehículo.

Para la demostración de los hechos atribuidos a los quejosos, tuvo como datos de prueba:(14) El acta circunstanciada del cateo desahogado en el domicilio, informando sobre el hallazgo de cinco armas largas, cartuchos, así como la marihuana y metanfetamina, obviando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por haberse precisado anteriormente, lo que estimó corroborado con el informe homologado IPH de **********, quien también firmó el acta de cateo respectiva.

Agregó el dictamen balístico de armas de fuego realizado el trece de agosto de dos mil veintidós, por el perito **********, para acreditar la existencia de cinco armas, cuatro de ellas largas, previstas en el artículo 11, incisos c) y l), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como de los cartuchos comprendidos en el inciso f) del mismo dispositivo (aclarando que ya lo había precisado al formular imputación).

Posteriormente, la fiscalía aclaró que doscientos cincuenta y ocho cartuchos son para utilizarse en las armas que prevé el artículo 11, fracción c), y cincuenta y seis en la diversa fracción b) de ese dispositivo.(15)

También dio cuenta con la existencia del dato de prueba consistente en el dictamen pericial de química, elaborado el trece de agosto de dos mil veintidós por **********, para acreditar la existencia de las drogas, sus cantidades y la forma en que se encontraban distribuidas, así como la clasificación, en el caso de la marihuana, en plantita y en polvo.

Dicho lo anterior, agregó que con los datos de prueba, a saber, la denuncia anónima, la investigación previa al cateo, el acta circunstanciada de cateo que revela lo encontrado, corroborado por el informe IPH, y los dictámenes de química y balística, se obtiene la existencia de los cartuchos y las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y añade que las poseían todos de manera conjunta en la habitación 1 del inmueble, sin permiso de la SEDENA, solicitando que se estableciera esto en sentido negativo, e indicó que no exhibieron el correspondiente permiso de la Secretaría de Salud para poseer los narcóticos, por lo que también pidió que se tuviera justificado ello en sentido negativo.

Precisó que con el cúmulo de datos de prueba se revela que los imputados poseyeron la droga con la finalidad de comercio en su variante de venta, por tratarse de dos tipos de narcóticos, la forma de su presentación, la cantidad de bolsas y por como estaban elaboradas.(16)

La Fiscalía estimó que la participación conjunta de los quejosos se tiene por acreditada con los mismos datos de prueba (teniéndolos por reproducidos).

Finalmente, solicitó que se vinculara a proceso a los quejosos por los hechos delictivos materia de la imputación.

Hecho lo anterior, ante el planteamiento de la Juez de Control, los quejosos solicitaron la duplicidad del plazo constitucional(17) para que se resolviera su situación jurídica y, ante esa circunstancia, la Juez responsable determinó imponer la prisión preventiva oficiosa.

En continuación de la audiencia, la defensa no ofreció medios de prueba; la Juez responsable, en lo que aquí atañe, preguntó a los quejosos si deseaban declarar, haciéndolo únicamente **********,(18) y vinculó a proceso a los impetrantes por los mismos hechos materia de la imputación, esto es, por su probable participación en la comisión de tres hechos que la ley señala como delitos, a saber: a) Posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, armada y Fuerza Aérea Nacionales; b) Posesión de cartuchos para armas de fuego de esa exclusividad; y, c) Contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio en su connotación de venta.

Decidió no vincular respecto de la agravante atribuida por el fiscal al formular imputación, referente a que los delitos se cometan "en pandilla"; tampoco los vinculó respecto de la posesión de un arma de fuego tipo fusil, carabina, calibre .45 auto, marca Apache Arms, matrícula 1853, clasificada por el perito en el inciso l).

De igual forma, determinó no vincular a proceso a los quejosos por el delito de asociación delictuosa.

Pues bien, como acertadamente se estableció en la sentencia recurrida, los defensores particulares de los quejosos acreditaron su calidad de licenciados en derecho, mencionando sus respectivos números de cédula profesional,(19) lo cual verificó la Juez responsable al remitirle las imágenes respectivas.(20)

Así, se considera que la Juez de la causa cumplió con su obligación de verificar las cédulas profesionales de los defensores, lo que en sí es una regla, haciendo patente la existencia de elementos objetivos y ciertos de que los justiciables estuvieron asistidos por profesionales del derecho, como regla procesal necesaria, a fin de salvaguardar su derecho fundamental de defensa adecuada.

Además, conforme al relato ya formulado, de las actuaciones verificadas se obtiene que el procedimiento del que deriva la determinación reclamada se sustanció de conformidad con las formalidades exigidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, respetándose en todo momento los derechos humanos de la parte quejosa; máxime que de los discos de audio y video se advierte que se respetaron los principios de publicidad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación. Por lo que de manera concluyente, se considera que previamente al dictado de la resolución reclamada se observaron las reglas del procedimiento penal acusatorio, ya que se garantizaron los principios que reglamentan su desarrollo, esto es, no se transgredieron las reglas del debido proceso, en términos del artículo 14 constitucional.

En diverso orden de ideas, resulta apegada a derecho la decisión del Juez de amparo de considerar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso, ya que la autoridad responsable invocó las disposiciones normativas que consideró aplicables y expuso las razones que la condujeron a estimar idóneos los datos de prueba aportados, así como las causas y motivos que tomó en cuenta para determinar que se encuentran demostrados los hechos delictuosos que se atribuyen a la parte accionante del amparo, así como la probable intervención de los quejosos en su comisión, advirtiendo este órgano revisor que existe adecuación entre los fundamentos de derecho establecidos y los motivos expuestos.

Igualmente, como se verá en los aspectos de fondo, las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de los hechos delictuosos quedaron debidamente justificadas en función de los datos de prueba aportados, obrando de forma oral y escrita la resolución de vinculación a proceso.

Por tanto, se concluye que no existe violación a la prerrogativa contenida en el párrafo primero del ordinal 16 de la Constitución Federal y que el acto reclamado no genera agravio alguno a los recurrentes.

En cuanto al fondo, también se considera constitucional el auto de vinculación a proceso reclamado, en la medida en que la Juez responsable apreció, con apego a derecho, la existencia de datos de prueba que establecen que posiblemente se han cometido los hechos que la ley señala como delitos y la probabilidad de que los quejosos los cometieron o participaron en ellos.

Pues para su dictado, únicamente debe atenderse al hecho o hechos ilícitos materia de la imputación y la probabilidad de que los quejosos los cometieron o participaron.

Sobre el particular, la Juez de Control responsable tuvo a bien vincular a proceso a los quejosos, al considerar que de los antecedentes de la investigación expuestos por la Fiscalía se desprenden datos de prueba que, valorados de manera libre y lógica, permiten establecer que eventualmente se cometieron tres ilícitos; debiéndose enfatizar que su respectiva clasificación jurídica es consistente con la precisada por la Fiscalía, al formular la imputación.

Con acierto, determinó que existe la probabilidad de que los cuatro quejosos cometieron o participaron en los citados hechos ilícitos.

En ese sentido, se aprecian consistentes los hechos precisados por la Juez de Control, bajo las circunstancias de tiempo, lugar y modo indicados por la fiscalía, a saber:

Entre las 05:50 y 06:25 horas del doce de agosto de dos mil veintidós, en el inmueble ubicado en **********, cuando se verificaba un cateo autorizado por orden judicial, los quejosos se encontraban en la habitación número 1 y, probablemente, poseyeron los narcóticos y objetos bélicos, objeto de los ilícitos en cuestión.

En el entendido de que la Juez de Control, respecto de los cartuchos, hizo la precisión de que se trataba de cincuenta y seis cartuchos (calibres 40 y 45) para abastecer armas de las previstas en el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Ahora bien, se considera que la Juez responsable estableció con acierto que los quejosos no contaban con autorización de las autoridades castrenses y sanitarias, y que poseyeron los narcóticos con el fin de comercializarlos, en su modalidad de venta, haciendo patente los indicios localizados en el inmueble cateado, en lo que interesa: cinco cajas de cartón, con bolsas plásticas transparentes vacías, con cierre hermético, básculas grameras y una bolsa más que contenía otras vacías, con la leyenda **********.

En esa línea, correctamente consideró que esos hechos se subsumen en las referidas hipótesis delictivas y que hay datos suficientes para hacer probable la participación de los quejosos en su comisión.

Es oportuno mencionar que la Juez actuó con acierto, al precisar que la versión exculpatoria externada por el quejoso ********** no se encuentra corroborada; ello, en tanto que en la continuación de la audiencia no se ofreció algún dato o medio de prueba que la corroborara.

Además, para resolver la situación jurídica de la parte imputada, no es necesario que se acredite de manera plena su intervención en la comisión de las conductas imputadas, sino sólo de manera probable.

Entonces, de conformidad con el artículo 19 constitucional, el auto de vinculación a proceso sólo sujeta a una investigación formalizada o judicializada a los imputados por determinados hechos considerados como delitos; así, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delitos, y que exista la probabilidad de que los imputados los cometieron o participaron en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo.

Sin requerirse un cúmulo probatorio amplio, pues el fiscal no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad de los indiciados, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión.

Lo anterior es relevante, pues es consistente con lo previsto en el primer párrafo del antes citado artículo 19 constitucional,(21) para justificar el auto de vinculación a proceso, además de contener los otros requisitos ahí previstos; únicamente deben existir datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión.

Lo oportuno de esa mención reside en que no se requieren pruebas, sino únicamente datos de prueba, que se entienden como la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la responsabilidad en grado de probabilidad del imputado.(22)

Bajo ese enfoque, son correctas las consideraciones de la Juez responsable, pues los datos de prueba relacionados permiten establecer, en grado de suposición, que se han cometido los hechos que la ley prevé como delitos de posesión de armas de fuego y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como el diverso delito contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio, en su connotación de venta, aunado a que existe la posibilidad de que los imputados los cometieron o participaron en su comisión.

Ello permite establecer que el juzgado de amparo actuó conforme a derecho, al estimar correctamente acreditados los hechos imputados y la probabilidad de que los quejosos participaron en su comisión.

También resulta acertada la decisión de declarar ineficaz el concepto de violación planteado por los recurrentes, en el que argumentaron que desconocían que en el automotor (asiento trasero) se encontraba la marihuana asegurada.

Pues se hizo patente que el vehículo se encontraba dentro de su radio de acción, en tanto se estableció que el mismo se encontraba en dirección poniente, a cinco metros del inmueble.(23)

De tal forma que, si con motivo de la ejecución de la orden de cateo se aseguró la marihuana (en las cantidades previstas por la Fiscalía) y los quejosos fueron encontrados en ese mismo domicilio, se sigue razonablemente que el vehículo y lo que contenía en su interior sí estaba eventualmente dentro del radio de acción y disponibilidad de los quejosos.

En el entendido que, como se desprende del contenido de la audiencia, los impetrantes de amparo en ningún momento manifestaron que fuesen farmacodependientes, como aducen en su escrito de demanda de amparo; consecuentemente, tampoco exhibieron algún dato o medio de prueba en el plazo constitucional o su ampliación, idóneo o pertinente para demostrar ese extremo.

También es correcta la consideración del Juez de Distrito recurrido de aclarar que los cartuchos se localizaron independientes a las armas encontradas, y que por ello no podía llevarse la subsunción pretendida por la parte quejosa, en relación con el delito de posesión de armas.

En consecuencia, al no advertirse queja que suplir sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado, por este acto debe negarse el amparo a los aquí quejosos.

B. Imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En acatamiento a las condenas impuestas al Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y conforme a la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina que es incorrecto que el juez de distrito negara el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa, en relación con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva que se reclama al Juez responsable, por lo que se impone modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo respectivo.

Para ello, es necesario hacer un ejercicio de interpretación respecto de la restricción a la libertad personal derivada del artículo 19, en relación con el 20, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de las condenas al Estado Mexicano impuestas por la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32127-0dc9da36/prision-preventiva-oficiosa-es-improcedente-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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