AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL JUZGADOR DEBE LIMITARSE A LOS HECHOS MATERIA DE LA CONSIGNACIÓN, SIN QUE PUEDA TOMAR EN CUENTA AQUELLOS QUE DERIVEN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SEAN DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 478/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación. El denunciante, Magistrado Óscar Javier Sánchez Martínez, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, se encuentra legitimado con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda se sustentó en un juicio de amparo del que conoció dicho Tribunal Colegiado.
TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 279/2011, en lo que interesa, son:
"QUINTO. Análisis de la violación advertida en suplencia de la queja. En suplencia de la queja deficiente, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este tribunal advierte actualizada una violación a las garantías del quejoso que amerita la concesión del amparo, para los efectos que serán precisados.
"Es así pues, analizadas que fueron las constancias que integran la causa penal **********, del índice del diverso Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, se advierte que el indagador federal ejerció acción penal en contra de ... por considerarlo probable responsable de la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de posesión de los narcóticos denominados clorhidrato de cocaína y marihuana, previsto y sancionado en el artículo 477, en relación con el 479, ambos de la Ley General de Salud, que se compone de los siguientes elementos: ...
"Por su parte, el delito contra la salud, en la diversa modalidad prevista en el artículo 476 de la Ley General de Salud, que fue el que el Juez del proceso estimó acreditado, consta de un elemento subjetivo específico consistente en que la posesión efectuada respecto de sustancias consideradas como narcóticos en la Ley General de Salud, se realice con la finalidad de comerciarlas o suministrarlas, aun gratuitamente.
"Como se ve, esta última modalidad varía un elemento que debe ser analizado y acreditado a efecto de que pueda estimarse acreditado el cuerpo del delito, de tal forma que al Juez que resuelve la situación jurídica no le es dable analizarlo, salvo que el indagador federal así lo haya solicitado al ejercer acción penal y siempre que de los hechos y argumentos que sustenten su petición pueda tenerse como probado.
"Como se anticipó, en el caso, no se actualiza la referida hipótesis, cuenta habida que el agente del Ministerio Público expuso, en el pliego de consignación, que era la diversa modalidad de posesión simple la que se actualizaba, y no sólo eso, sino que, incluso, señaló que el entonces indiciado en todo momento sostuvo que su intención era consumir las sustancias narcóticas que le fueron aseguradas y que con los medios de prueba que obraban en la averiguación previa no se acreditaba lo contrario; como consecuencia de lo anterior, no estimó actualizado el elemento subjetivo aludido en el párrafo precedente, por lo que se abstuvo de formular la consignación por el hecho conformado con la circunstancia agravante antes destacada.
"En tal contexto, es evidente que, al analizar las pruebas, y con base en ellas considerar que se acreditaba el elemento subjetivo específico de referencia, el Juez del proceso excedió su función, pues si bien es verdad que -como ya se dijo- conforme a lo establecido en el artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales, le es dable reclasificar el delito, tal facultad no tiene el alcance de suplir la deficiencia de la actuación del Ministerio Público; de tal forma que si de su actuación -pliego de consignación por medio del cual ejerce acción penal- no se advierten argumentos o hechos que lleven a determinar la acreditación de determinados elementos de diverso delito, el Juez no puede variar dicha actuación y debe constreñir su pronunciamiento a lo específicamente solicitado por el órgano técnico, a quien está reservado el monopolio del ejercicio de la acción penal.
"Lo contrario implica, a juicio de este órgano colegiado, una violación a las garantías del quejoso, como en el caso ocurre, pues si bien es cierto que el Juez puede apreciar los hechos materia de la consignación y determinar, con base en éstos, la actualización de un delito diverso al señalado por el Ministerio Público, lo cierto es que su determinación se encuentra limitada -se reitera- a que no varíe los hechos de los que emergen los elementos cuya acreditación estimó actualizada el órgano técnico, ni las argumentaciones expuestas por éste para motivar el ejercicio de la acción penal.
"En esos términos se pronunció la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal, al resolver el amparo directo 9/2008 -en el que ejerció la facultad de atracción- y en lo que ahora importa sostuvo: (se transcribe)."
II. Las consideraciones del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, son las siguientes:
1. Amparo en revisión penal 472/2000 (por mayoría de votos):
"QUINTO. Los agravios que expresan los recurrentes ********** y **********, en relación con el auto de formal prisión, son infundados.
"En efecto, el Magistrado responsable estuvo en lo correcto al resolver en la forma en que lo hizo, respecto a la legalidad del auto de formal prisión dictado en contra de ********** y ... **********, por el delito contra la salud en la modalidad de comercio de heroína, en la hipótesis de venta, y posesión de marihuana, previsto y sancionado por los artículos 194, fracción I y 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, pues para ello tomó en consideración todos los elementos probatorios que señala la autoridad de amparo y de los que se desprende que el día de los hechos fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial Federal y que, al hacerles una revisión corporal, localizaron que ********** llevaba consigo 134.67 gramos de marihuana (131.64 en greña y 3.03 distribuidos en dos paquetes de los llamados palomas), así como dos trozos de plástico transparente, conteniendo en su interior cocaína (00.32 gramos) y, respecto a **********, traía 67.11 gramos de marihuana, con lo que se demuestra que la droga la tenían bajo su radio de acción y disponibilidad y que detentaron con la finalidad de perpetrar alguna de las conductas delictivas previstas en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, precisamente porque tales circunstancias se desprenden del material probatorio que obra en autos y que fue destacado por el órgano de control constitucional en la sentencia sujeta a revisión.
"Así es, aun cuando es verdad que las cantidades aseguradas no exceden a las previstas en la Tabla 1 del Apéndice 1 del artículo 195 Bis del Código Penal Federal, debe tenerse en cuenta que el Juez de Distrito, al dictar el auto de formal prisión, estuvo en lo correcto al considerar que del certificado médico se advertía que ********** es adicto al consumo de cocaína inhalada, que tiene hábito o necesidad de consumir cocaína y que la cantidad de 134.67 gramos de marihuana que se le aseguró no excede para su estricto consumo personal; sin embargo, el perito médico nada refirió en cuanto a si ********** es adicto o no al consumo de marihuana ... por su parte, el Magistrado responsable estimó que aun cuando ********** y ********** son adictos al consumo de cocaína, las circunstancias que mediaron en la posesión, así como el hecho de que poseyeran droga diversa (marihuana) a la que son adictos, acreditan que la finalidad de la posesión era diversa a la de consumo.
"Luego entonces, no puede sostenerse válidamente que por el hecho de que las cantidades aseguradas a los quejosos ********** y ********** no excedan de las previstas en la Tabla 1 del Apéndice 1 del artículo 195 Bis del Código Penal Federal, se deban ubicar en la hipótesis atenuada, precisamente porque de los dictámenes médicos también se advierten circunstancias que permiten deducir hasta este momento procesal que la farmacodependencia sólo se presenta respecto a la cocaína (no así a la marihuana, que es el estupefaciente asegurado a los quejosos), como lo son el hecho de que en el caso de **********, el perito médico expresara: ... concluyendo el perito que ambos son adictos al consumo de cocaína inhalada. Lo cual indica que, en todo caso, la farmacodependencia de los mencionados quejosos es sobre la cocaína y no la marihuana; ante todo, porque es sabido que la marihuana comúnmente se presenta en cigarrillos para fumarla y no inhalarla como la cocaína, y si a los quejosos se les determinó ulceración de mucosa de tabique nasal y congestión, es obvio que ello es consecuencia de la inhalación de cocaína, por tanto, bajo estas perspectivas, la marihuana asegurada a los quejosos no forma parte de su adicción y, en consecuencia, tampoco pueden considerarse como necesarias para su estricto consumo personal.
"Cabe señalar que del análisis a las constancias de autos se llega al conocimiento de que en la resolución de la averiguación previa **********, instruida en contra de ********** y otros, por la comisión del delito contra la salud en la modalidad de comercio de marihuana, así como de cocaína, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, el agente del Ministerio Público de la Federación, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 134, 136 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establecen, esencialmente, los requisitos para la consignación ante los tribunales (como lo son que en cuanto aparezca de la averiguación previa que se han acreditado los elementos del tipo penal del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 168, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales, que en ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público promover la incoación del proceso penal, rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los inculpados, y que el Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpado, como base del ejercicio de la acción y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos). Precisó en el resultando del pliego de consignación, las diligencias que contienen el parte informativo y la ratificación de los policías aprehensores, relatando los hechos que acontecieron el veintinueve de abril del dos mil, cuando detuvieron a los hermanos **********, expresando las circunstancias de modo, tiempo y lugar; el decreto de la retención de los indiciados; la intervención del médico habilitado para certificar la integridad física de los detenidos y sobre su grado de adicción, respecto de **********, que sí es adicto al consumo de cocaína inhalada, ser sordomudo y estar mentalmente sano; la fe ministerial de las bolsas de plástico y recipientes que contienen la marihuana en greña, cocaína y heroína incautadas; el acuerdo de aseguramiento de estupefacientes; el dictamen químico que determinó su naturaleza; la comparecencia de la perito intérprete de **********, por tratarse de un sordomudo, y las declaraciones ministeriales de **********, ********** y **********.
"Asimismo, en el considerando de la resolución de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público de la Federación expresó que de los elementos anteriores valorados en los términos de lo dispuesto por el artículo 279 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, son aptos y suficientes para demostrar los elementos del cuerpo del delito contra la salud en la modalidad de comercio, en la hipótesis de venta de marihuana y cocaína, prevista en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, señalando también cuáles son los elementos que la integran, y que se demuestran con el parte informativo de los agentes aprehensores; y sobre la probable responsabilidad de **********, la representación social precisó que se demuestra con los anteriores elementos de convicción, pues el día de los hechos se encontraba dentro de su radio de acción y disponibilidad entre sus manos una bolsa de plástico color verde en la cual, al revisarla, encontraron dentro de ésta otra de plástico con la leyenda **********, que contenía pequeños envoltorios de papel uno de periódico y otro de libreta de los conocidos como palomas, que a su vez contenía una hierba verde y seca, al parecer marihuana, encontrándose también en el interior de la misma una bolsa con hierba seca con las características de la marihuana en greña, así como un pequeño recipiente de plástico color blanco y de forma cilíndrica con dos pequeños trozos de plástico transparente que contenía un polvo blanco, al parecer, cocaína ...
"En consecuencia, debe decirse que, en lo relativo al auto de formal prisión decretado en contra de **********, no existe violación a las garantías individuales, tomando en cuenta la consignación de hechos que fue realizada por el Ministerio Público y acorde a lo dispuesto en los artículos 161 y 163 del Código Federal de Procedimientos Penales."
Como producto de esta sentencia de mayoría, el Tribunal Colegiado de mérito emitió la tesis aislada VIII.3o.3 P, que a continuación se transcribe:
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS CUANDO AL RECLASIFICAR EL DELITO O SUS MODALIDADES EL JUZGADOR CONSIDERA LO ACTUADO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). El artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales faculta a la autoridad judicial a dictar el auto de formal prisión por el delito que realmente aparezca comprobado, siempre que tome en cuenta sólo los hechos materia de la consignación, lo que permite al juzgador variar el delito o la clasificación realizada por el Ministerio Público en el pliego de consignación correspondiente. Esa facultad del juzgador le permite tomar en consideración las actuaciones de la averiguación previa y los hechos que de ellas se deriven, aun cuando no los hubiera precisado el Ministerio Público en pliego de consignación, o se trate de hechos distintos, pues el órgano investigador cumple con su obligación de ejercer acción penal y consignar una averiguación en la que aparecen datos de hechos constitutivos de delito, en tanto que la autoridad judicial válidamente puede considerar aquellos hechos que se desprendan de las actuaciones de la averiguación, sin que por ello incurra en violación de garantías."
Para mejor comprensión del contenido de la tesis aislada antes transcrita y, en su momento, de la existencia de la contradicción, conviene transcribir, en lo conducente, el voto particular emitido por el Magistrado Sergio Alvarado Puente, al resolver el presente asunto:
"El Juez Segundo de Distrito en La Laguna, al resolver la situación jurídica de los quejosos, mediante resolución de plazo constitucional de cuatro de mayo del dos mil, en términos del artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales, estableció en alusión al quejoso ********** que ‘... no se encuentran acreditados los elementos del delito y modalidad mencionados de marihuana y cocaína ...’; sin embargo, el propio resolutor de primer grado estableció que ‘... de autos aparecen demostrados los elementos del ilícito y modalidad mencionados de heroína ...’
"En base a esa apreciación del Juez de primer grado, en cuanto a la reclasificación de la modalidad del delito por la clase y naturaleza del estupefaciente, se emitió el auto de formal prisión en contra de **********, como probable responsable de la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de comercio de heroína, en la hipótesis de venta.
"En relación con esa modalidad específica del delito contra la salud, tanto el Juez Federal de primera instancia, al resolver la situación jurídica del quejoso, como el Magistrado del tribunal de apelación responsable, al confirmar el auto de formal prisión, como hechos constitutivos de dicha conducta no consideraron los precisados por el Ministerio Público en la consignación respectiva, sino hechos diversos que no fueron materia de la referida consignación, lo cual es violatorio de las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
"Así es, para tener por comprobados los elementos integradores del cuerpo del delito contra la salud, en la modalidad de comercio de heroína (venta), el Magistrado responsable en el fallo que confirmó el auto de formal prisión consideró ...
"Como se aprecia de lo anteriormente destacado, el Ministerio Público de la Federación, al ejercitar acción penal en contra de los quejosos, como hechos constitutivos materia de la consignación consideró únicamente ...
"En cambio, la autoridad responsable, para confirmar el auto de formal prisión y reiterar que sí se encontraba acreditada la modalidad de comercio de heroína, en la hipótesis de venta, consideró hechos ajenos a la consignación, como lo constituye lo acontecido en el interior del domicilio señalado, unas horas antes, en que a decir de la autoridad, el quejoso ********** ‘probablemente vendió a su hermano **********, una dosis de heroína, en la cantidad de **********’.
"Al respecto, conviene citar el contenido del artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales, que expresamente dice: (se transcribe).
"El citado precepto, al aludir al auto de formal prisión y al auto de sujeción a proceso, previstos por los numerales 161 y 162 del propio ordenamiento legal, faculta a la autoridad judicial a reclasificar la conducta que advierta realmente como comprobada con los hechos materia de la consignación. Es decir, la autoridad judicial puede válidamente, de acuerdo con los hechos de la consignación acreditados en la averiguación previa, variar el delito por el que se ejercita acción penal y establecer la acreditación de uno diverso, en su caso, variar o modificar las modalidades del propio delito.
"Empero, la anterior facultad tiene como limitante el que se tome en cuenta exclusivamente los hechos materia de la consignación; circunstancia que, en el caso, no fue advertida por las autoridades responsables, pues de acuerdo con lo ya destacado, al considerar acreditado el delito contra la salud, en la modalidad de comercio de heroína, en la hipótesis de venta, se consideraron hechos diversos a los que fueron precisados en la consignación del Ministerio Público.
"Esto es, el Ministerio Público de la Federación, institución a quien corresponde y está reservado el monopolio del ejercicio de la acción penal, en los términos del artículo 21 de la Constitución General de la República, en el caso concreto sólo consideró como hechos constitutivos de delito y como materia de su consignación lo que fue aportado por los elementos de la Policía Judicial Federal que realizaron la detención de los quejosos, ...
"En base a esos hechos, dado que constituyen la materia de la consignación, es permitido al juzgador considerar en el auto de formal prisión un diverso delito o modalidad a la estimada por el Ministerio Público en la propia consignación, en los términos del citado numeral 163 del Código Federal de Procedimientos Penales, mas no considerar hechos diversos, pues el propio precepto alude a que se tomen en cuenta ‘sólo los hechos materia de la consignación’.
"De ese modo, a pesar de que se advierta de alguna constancia o dato prueba recabada en la indagatoria, otros hechos probablemente constitutivos de delito o configuradores de una modalidad diversa, la circunstancia de que el órgano de acusación no los considere como delictivos en el pliego de consignación, impide legalmente al juzgador tomarlos en consideración, pues de hacerlo contraviene lo dispuesto en la propia norma procesal, con la consiguiente violación a las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, tuteladas por los preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal; que es precisamente lo que aconteció en el presente caso, al tomar en consideración el Juez de origen y el Magistrado responsable hechos ajenos a los consignados por el Ministerio Público, ..."
2. Amparo en revisión penal 183/2005
"SÉPTIMO. Puntualizado lo anterior, debe señalarse que devienen sustancialmente fundados los agravios que hace valer la recurrente, por las consideraciones que a continuación se expondrán:
"El órgano técnico recurrente, en sus motivos de inconformidad, esencialmente, se agravia de que la resolución recurrida no se encuentra dictada conforme a derecho, porque contrario a lo razonado por el tribunal recurrido, sí es factible que el Primer Tribunal Unitario de este Octavo Circuito, con sede en esta ciudad de Torreón, Coahuila (tribunal de apelación), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 163 y 385, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, pueda hacer la reclasificación correspondiente del delito por el cual se sigue proceso a los indiciados, sin que ello implique en modo alguno que se rebase la pretensión del Ministerio Público Federal por parte del citado órgano de apelación.
"En relación con lo anterior, abunda diciendo que, en la especie, el tribunal de alzada ‘... no adicionó una figura delictiva, ni aumentó un delito, al resolver el recurso de apelación que le fuera planteado, sino que dentro de la figura delictiva ya existente en autos, hace la distinción de dos momentos diferentes de ejecución del delito contra la salud, esto es, en el momento en que los indiciados tuvieron el narcótico afecto dentro de su radio de acción y disponibilidad y el momento en que iniciaron la ejecución de la modalidad de transportación del enervante, ...’
"Asiste razón al agente del Ministerio Público de la Federación, porque el tribunal recurrido desatiende que, respecto a este tema, ya se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 44/2001, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 12/2002, cuyo rubro dice: ‘RECLASIFICACIÓN DEL DELITO. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA AUTORIZA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL INCULPADO O SU DEFENSOR, EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EL DE SUJECIÓN A PROCESO.’; así como el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, al sustentar la tesis aislada LXXXV/99, cuyo rubro dice: ‘DELITO. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE AUTORIZA SU RECLASIFICACIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EL DE SUJECIÓN A PROCESO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL.’
"En efecto, de la lectura de la ejecutoria que resolvió la indicada contradicción de tesis 44/2001 y que, como se dijo, dio origen a la tesis de jurisprudencia 12/2002, se desprende que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que medularmente determinó en aquélla, fue lo siguiente: (se transcribe).
"Mientras que en la tesis aislada LXXXV/99, lo que consideró esencialmente el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, fue que la facultad que le es conferida al juzgador de apelación en el párrafo segundo del artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales, para reclasificar un delito con motivo de la interposición del recurso de apelación interpuesto en contra de un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, no es contraria a lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, siempre y cuando dicha reclasificación se lleve a cabo con base en los mismos hechos denunciados y acreditados que motivaron la determinación de que se demostraron los elementos de aquél (ilícito) y la presunta responsabilidad del recurrente (indiciado); pues, en opinión del Máximo Órgano de Control Constitucional, la citada norma sustantiva tiene por finalidad el cumplir con exigencias de orden público y de interés social, que consisten en buscar que el proceso se siga por el delito o delitos exactamente determinados por los hechos denunciados; amén de que al indiciado no se le deja en estado de indefensión alguno, porque a partir de ese momento y durante toda la etapa procesal en la que se desarrolle el juicio, a partir de la instrucción, podrá ofrecer pruebas y tendrá la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, a fin de acreditar su inocencia, o bien, que el tipo penal por el que es acusado el recurrente, de acuerdo con los hechos acreditados por su defensa, corresponde a otro de menor gravedad.
"Puntualizado lo anterior, cabe decir que de la interpretación armónica del contenido de ambos criterios sustentados por el Máximo Tribunal de la Nación se obtiene que, por disposición expresa del legislador, en el párrafo segundo del artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales, se le otorgó al tribunal de alzada la facultad de reclasificar los hechos delictuosos, siempre y cuando se trate de la apelación interpuesta por el inculpado y su defensor en contra del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y de que se realice con base en los hechos específicos sobre los que se realizó la consignación, situación esta última que no origina violación al artículo 19 constitucional, ya que no se reduce el derecho de defensa del indiciado, porque esa prerrogativa podría ejercerla plenamente durante todo el procedimiento (por sí mismo y/o por su defensa), expresando argumentos y aportando pruebas que tengan por finalidad demostrar su inocencia, o bien, que el injusto que se le imputa, de acuerdo a los hechos acreditados en el sumario, corresponde a otro de menor gravedad.
"Luego, si en la especie, el tribunal de alzada modificó el multirreferido auto de formal prisión de fecha **********, que emitió el Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en contra de ********** y **********, dentro de la causa penal **********, con base en el razonamiento de que en el delito contra la salud por el cual fueron consignados los entonces indiciados coexistían las modalidades de posesión agravada y tentativa de transporte de marihuana, previsto y sancionado por los artículos 195, primer párrafo y 194, fracción I, en relación con el 12, párrafo primero, del Código Penal Federal, por haberse llevado a cabo cada una de ellas en momentos diferentes por parte de los activos, y aun cuando es verdad que las referidas modalidades se integran con elementos típicos que le son propios; lo cierto es que la modificación del auto de formal prisión llevada a cabo por el ad quem debe considerarse correcta, pues de la lectura de la sentencia reclamada se advierte que la misma se realizó con fundamento en el artículo 385, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, y teniendo como sustento los mismos hechos denunciados por el representante social y elementos de convicción existentes en la indagatoria.
"De ahí, es evidente que, al haber actuado el Primer Tribunal Unitario de este Octavo Circuito, con sede en esta ciudad de Torreón, Coahuila, en los términos antes indicados, lo hizo conforme a derecho y apoyándose en los lineamientos de la ejecutoria que resolvió la invocada contradicción de tesis 44/2001, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que dio origen a la tesis de jurisprudencia 12/2002, cuya aplicación le resulta obligatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo.
"Más aún, debe reiterarse que el segundo párrafo del artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales faculta al tribunal de alzada para reclasificar el delito por el que el representante social ejercitó acción penal, siempre y cuando la apelación en contra del auto de formal prisión sea interpuesta por el inculpado o su defensa y tenga sustento en los mismos hechos denunciados por el órgano técnico de acusación; requisitos que, en la especie, se encuentran colmados, no obstante de que el agente del Ministerio Público Federal haya omitido interponer el recurso de apelación en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23732-4f11aaa5/auto-de-formal-prision-el-juzgador-debe-limitarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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