INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. LOS HECHOS POR LOS QUE DEBE SEGUIRSE EL PROCESO PENAL POR LA COMISIÓN DE ESE DELITO, DEBEN SER AQUELLOS POR LOS QUE SE EJERCE LA ACCIÓN PENAL Y QUE QUEDAN PRECISADOS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 20 DE ENERO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ Y SANTIAGO MESTA ORENDAIN.
III. Competencia
5. Esta Primera Sala es competente para resolver esta contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido por el Pleno; pues, se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, versa sobre una de las materias de especialización de esta Primera Sala (penal) y se considera innecesaria la intervención del Pleno.
IV. Legitimación
6. De conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la contradicción fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito.
V. Criterios denunciados
7. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación se realiza una síntesis de los casos analizados por los tres tribunales contendientes.
A. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito
8. El doce de noviembre de dos mil nueve, se decretó auto de formal prisión en contra de ********** por incumplir con sus obligaciones de asistencia familiar respecto de su ex concubina ********** y su hija e hijos **********, ********** y ********** desde el diez de noviembre de dos mil ocho.
9. Seguido el proceso penal, el diecisiete de mayo de dos mil diez, se dictó sentencia condenatoria contra el señor ********** por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, previsto en el numeral 217, párrafo primero, del Código Penal del Estado de México.(1) Resolución que fue confirmada en apelación, el primero de julio de dos mil diez, cuando el tribunal de alzada consideró, además, que el delito debía entenderse cometido desde la fecha en que el sentenciado dejó de cumplir con sus obligaciones alimentarias (el diez de noviembre de dos mil ocho) hasta la fecha en que se dictó sentencia definitiva en primera instancia (diecisiete de mayo de dos mil diez).
10. Contra lo anterior, el señor ********** interpuso demanda de amparo directo.
11. Tocó conocer de este caso al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró con el número 243/2011 y, el veinte de enero de dos mil once, emitió sentencia en la que concedió el amparo al quejoso para efectos de que no se tomaran en consideración actos posteriores a la consignación (de fecha cinco de octubre de dos mil nueve).
12. Criterio. Según el Tribunal Colegiado, el delito debe entenderse desde que el sujeto activo dejó de suministrar alimentos hasta la fecha en que el Ministerio Público ejerció la acción penal ante el órgano jurisdiccional, pues considerar hechos posteriores deja al quejoso en un estado de indefensión.
13. Lo anterior, señaló el Tribunal Colegiado, con apoyo en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ABANDONO DE PERSONA, DELITO DE."(2)
14. De esta resolución, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito emitió la tesis II.4o.P.11 P de ese tribunal, que a la letra dice:
"INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. EL LAPSO QUE DEBE CONSIDERARSE MATERIA DEL PROCESO POR ESTE DELITO, SERÁ DESDE QUE EL ACTIVO DEJA DE SUMINISTRAR ALIMENTOS A LA OFENDIDA HASTA LA FECHA DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Los hechos que constituyen el delito siempre deben ser anteriores a la consignación, pues resulta indebido considerar aquellos cometidos con posterioridad, porque el hecho de abordar aspectos por los que el Ministerio Público no solicitó al Juez que iniciara el proceso vulnera su materia y deja en estado de indefensión al acusado respecto a esos hechos posteriores; máxime que, dada la naturaleza de los ilícitos permanentes, se tornaría impreciso el suceso a juzgar y se vulneraría el principio de seguridad jurídica; por tanto, resulta inconcuso que el lapso que debe considerarse materia del proceso en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, será desde que el activo deja de suministrar alimentos a la ofendida hasta la fecha del ejercicio de la acción penal." (énfasis añadido)
B. Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito
15. De este tribunal, se denunció como posible criterio contradictorio el que plasmó en la jurisprudencia XXXII. J/1 (10a.), que dice:
"OMISIÓN DE CUIDADO E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA. EL PERIODO MATERIA DEL PROCESO POR ESTOS DELITOS, ES EL COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA EN LA QUE EL OBLIGADO DEJÓ DE SUMINISTRAR ALIMENTOS AL OFENDIDO (HIJO), Y AQUELLA EN QUE SE PRESENTÓ LA DENUNCIA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA). La denuncia de estos delitos previstos, respectivamente, en los artículos 194 y 167 Bis del Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial Local el 27 de julio de 1985, actualmente abrogado, debe indicar cuándo comenzó la omisión de cuidado o el incumplimiento de las obligaciones relativas, la cual queda delimitada por la fecha en que aquélla se presente ante el Ministerio Público investigador, excepto cuando la denunciante manifieste que ese incumplimiento cesó en fecha anterior a la presentación de la denuncia. Así, los hechos que constituyen esos delitos siempre deben ser anteriores a ésta, pues es ilegal que se tomen en consideración hechos que no fueron investigados por la representación social, como son los posteriores a la presentación de la denuncia, ya que la indagatoria se limita a investigar, precisamente, el incumplimiento en que podría haber incurrido el imputado por los hechos relatados en ella, pues establecer lo contrario, implicaría obligar al acusado a defenderse de hechos que no formaron parte de la denuncia y, por ende, de la investigación respectiva. Por esa razón, no puede quedar comprendido en el auto de formal prisión ni en la sentencia definitiva una omisión futura a la fecha de emisión de estas determinaciones judiciales, ya que admitir ese criterio, implicaría aceptar que el inculpado debe defenderse de una omisión futura y distinta a la que da base al proceso penal, y ello impactaría en la posibilidad de defensa. Por tanto, el periodo que debe considerarse materia del proceso debe ser el comprendido entre la fecha en que el obligado dejó de suministrar alimentos al ofendido, y aquella en que se presentó la denuncia respectiva, pues la pena impuesta debe ser congruente con la conducta por la cual se siguió proceso a una persona, esto significa que debe haber una adecuación entre el periodo por el cual se estableció el incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos y los hechos que dan base al ejercicio de la acción penal y, posteriormente, a la acusación, de modo que ese lapso no puede ampliarse en detrimento del acusado." (énfasis añadido)
16. Esta jurisprudencia, tal y como se señaló en la denuncia, se integró de los criterios emitidos por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito al resolver los amparos directos 243/2011, 149/2011, 636/2016, 624/2017 y 113/2018. En dichas resoluciones, el Tribunal Colegiado se pronunció respecto de dos supuestos distintos. Primer supuesto: el tribunal de alzada considera hechos posteriores a aquellos por los que se interpuso la denuncia. Segundo supuesto: el tribunal de alzada considera hechos diversos a los señalados en el auto de formal prisión.
17. Dada esta diferencia de supuestos, el Tribunal Colegiado resolvió conforme a consideraciones distintas, como se reseña a continuación:
Primer supuesto: El tribunal de alzada considera hechos posteriores a aquellos por los que se interpuso la denuncia (bajo este supuesto se resolvieron los amparos directos 149/2011, 243/2011, 636/2016 y 624/2017)
18. Amparo directo 149/2011. El once de agosto de dos mil tres, ********** denunció a **********, por la falta de suministro de alimentos para la menor **********, desde mayo de dos mil tres.
19. Seguido el proceso penal, el trece de septiembre de dos mil diez, el señor ********** fue encontrado culpable de haber cometido el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto por el artículo 194 del Código Penal para el Estado de Colima.(3) Determinación que fue confirmada en apelación, el catorce de enero de dos mil once, cuando el tribunal de alzada, además, señaló que los hechos reprochados debían considerarse desde que se dejó de cumplir con la obligación de dar alimentos (en mayo de dos mil tres) hasta la fecha en que se dictó la sentencia de primer grado (el trece de septiembre de dos mil diez).
20. Contra lo anterior, el señor ********** interpuso demanda de amparo directo.
21. Tocó conocer de este caso al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, quien lo registró con el número 149/2011 y, el tres de febrero de dos mil doce, concedió la protección federal al quejoso para efectos de que no se tomaran en consideración actos posteriores a la fecha de la presentación de la denuncia (el once de agosto de dos mil tres).
22. Criterio. Según el Tribunal Colegiado, los hechos reprochados deben considerarse desde que dejó de cumplirse la obligación alimentaria hasta la fecha en que se presentó la denuncia, pues este lapso es el que fue materia del auto de formal prisión. Por tanto, no puede tomarse en cuenta el periodo que transcurrió con posterioridad a los hechos denunciados, pues se le obligaría al quejoso a defenderse de cuestiones que no fueron investigadas por la representación social y, al hacerlo de esta manera, se deja al inculpado en estado de indefensión.
23. En el mismo sentido se resolvieron los amparos directos 243/2011,(4) 636/2016(5) y 624/2017.(6)
Segundo supuesto: El tribunal de alzada considera hechos diversos a los señalados en el auto de formal prisión (bajo este supuesto se resolvió el amparo directo 113/2018)
24. Amparo directo 113/2018. El doce de noviembre de dos mil nueve, ********** denunció a **********, por omitir dar alimentos a la menor **********, desde el mes de diciembre de dos mil ocho. El veintisiete de diciembre de dos mil doce, se dictó auto de formal prisión en contra del señor ********** por no dar los alimentos correspondientes de diciembre de dos mil ocho a la primera quincena de julio de dos mil diez.
25. Seguido el proceso penal, el nueve de marzo de dos mil diecisiete, el señor ********** fue encontrado culpable de haber cometido el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto por el numeral 167 Bis del Código Penal para el Estado de Colima. Resolución que fue modificada en apelación, el diez de noviembre de dos mil diecisiete, cuando el tribunal de alzada consideró que el tipo penal aplicable era el previsto por el artículo 194 del Código Penal para el Estado de Colima, pues era el vigente al momento de los hechos. Asimismo, señaló que los hechos reprochados debían considerarse desde que se dejó de cumplir con la obligación de dar alimentos (el dos de abril de dos mil uno) hasta la fecha en que se presentó la denuncia (el doce de noviembre de dos mil nueve).
26. Contra lo anterior, el señor ********** interpuso demanda de amparo directo.
27. Tocó conocer de este caso al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, quien lo registró con el número 113/2018 y, el once de octubre de dos mil dieciocho, concedió la protección federal al quejoso, para efectos de que no se tomaran en consideración actos diversos a los señalados en el auto de formal prisión.
28. Criterio. Según el Tribunal Colegiado, los hechos reprochados deben estudiarse según fueron establecidos en el auto de formal prisión, so pena de dejar en estado de indefensión al quejoso. Esto es así, en términos del artículo 19, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción previa a la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho),(7) y los ordinales 302, 303, 304 y 305 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima,(8) de los cuales se desprende que corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos consignados y determinar por qué delitos se seguirá el proceso. Esto es, en el auto de formal prisión se especifican y valoran los hechos que han de servir de base al proceso dándoles una denominación técnica en los diferentes tipos y especies de delitos comprendidos en el Código Penal para el Estado de Colima.
29. Así, cuando el artículo 19 constitucional habla de delitos, no se hace referencia a la figura típica especializada en las disposiciones penales, sino a los hechos materiales que son el contenido de la tipicidad, los cuales no pueden variar dentro del proceso, porque se impediría una correcta defensa del procesado, que endereza sus pruebas respecto de un hecho determinado y es sentenciado por otros distintos.
30. En ese orden de ideas, señaló el Tribunal Colegiado, cuando los hechos que constituyen el delito quedan determinados en el auto de formal de prisión, no pueden variarse con posterioridad, dado que el proceso debe seguirse forzosamente por el delito o delitos señalados en dicho auto.
31. De ahí que la prohibición que dispone el quinto párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal se refiere exclusivamente a la alteración o modificación arbitraria de la sustancia de los hechos calificados en dicha determinación jurisdiccional, pero no a su apreciación técnica o su calificación jurídica, pues con dicha prohibición se trata de evitar que el procesado pudiera quedar sin elementos necesarios de defensa, si en el curso de la causa se cambiara intempestivamente la acusación que la originó.
32. De los citados preceptos legales también se advierte que entre los requisitos que debe colmar el auto de formal prisión se encuentran el de expresar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del ilícito por el que se dicte, lo cual se refiere a la forma y condiciones en que se realiza la conducta delictiva de que se trate. Ello tiene por finalidad que la persona inculpada conozca con toda amplitud los motivos por los que se ordena su procesamiento, esto es, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta la autoridad judicial para emitir el auto "cabeza de proceso", estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa.
33. Finalmente, el Tribunal Colegiado señaló que no puede estimarse que la deficiencia destacada se haya subsanado con las conclusiones acusatorias que ante el Juez de la causa formuló la representación social en el sentido de que, el entonces procesado incumplió con sus obligaciones alimentarias desde abril de dos mil uno, pues si bien es cierto el Ministerio Público puede modificar la acusación al formular sus conclusiones, esto solamente puede ser en beneficio del acusado.(9)
C. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito
34. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, **********, interpuso querella en contra de **********, a quien acusó de incumplir el deber de asistencia a que está obligado respecto de su hija. Asimismo, señaló que su denuncia:
"Únicamente lo es en cuanto a la omisión dolosa del C. ********** por incumplimiento de sus obligaciones de asistencia familiar para con la menor, **********, a partir del 21 de enero del año en curso ... Sin que con lo anterior, se entienda, implique o acepte que por el mismo concepto, se admita que el denunciado haya cumplido con esta obligación desde la concepción de la menor hasta el día 20 de enero de la anualidad que transcurre."
35. Seguido el proceso penal, el doce de abril de dos mil diecinueve, ********** fue encontrado culpable de haber cometido el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto por el numeral 181 del Código Penal del Estado de Michoacán.(10) Resolución que fue confirmada en apelación, el doce de julio de dos mil diecinueve, fecha en la que el tribunal de alzada condenó al señor ********** a la reparación del daño ocasionado desde la fecha en que se decretó que estaba obligado al pago de alimentos (el trece de julio de dos mil once).
36. Contra lo anterior, el señor ********** interpuso demanda de amparo directo.
37. Tocó conocer de este caso al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, quien lo registró con el número 275/2019 y, el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, emitió sentencia en la que concedió la protección federal al quejoso, para efectos de que la autoridad responsable considerara el hecho delictivo a partir de la fecha en la que la querellante manifestó su voluntad de ejercer acción penal (a partir del veintiuno de enero de dos mil catorce).
38. Criterio. Lo anterior fue así, según el Tribunal Colegiado, pues el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria es de naturaleza continua y se persigue a petición de la parte ofendida. Por tanto, el encuadramiento de la conducta que realiza el sujeto activo en la descripción típica prevista en el numeral 181 del código sustantivo del Estado es susceptible de considerarse desde la data en que la parte legitimada expresa su voluntad para instar la acción punitiva del Estado, pues el Ministerio Público está impedido para iniciar de oficio averiguación previa respecto de hechos; y hasta la emisión de la sentencia que pone fin al proceso penal, pues, al ser un delito continuo, éste sigue cometiéndose hasta tanto el omiso cumpla con sus deberes. Por ende, es factible que la autoridad judicial considere hechos posteriores al auto de formal prisión o de sujeción a proceso, al ser previsible su prolongación por derivar de una situación actual, con la cual, sigue lesionándose el bien jurídico protegido por la norma.
39. Lo anterior, continúa el Tribunal Colegiado, pues ello no conculca la posibilidad de defensa del acusado, ya que estará en oportunidad de aportar medios de convicción tendientes a demostrar que previo a la emisión del fallo, cesó en su conducta omisiva, pues en términos de lo dispuesto por los artículos 344 y 466 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán,(11) está en posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas tanto al celebrarse la audiencia final como en segunda instancia, con la finalidad de desvirtuar la imputación efectuada en su contra y, de esa manera, ejercer su derecho de defensa.
VI. Existencia de la contradicción
40. Para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales de los citados órganos colegiados.
41. Antes bien, por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales que mediante sus argumentaciones lógico-jurídicas justifiquen sus decisiones en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.(12)
42. En ese sentido, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación (no en los resultados) adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(13)
i) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa apoyados de arbitrio judicial y efectúen un ejercicio interpretativo;
ii) Entre los diversos ejercicios interpretativos haya, al menos, un razonamiento que verse sobre un mismo problema jurídico, sobre el cual los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes; y,
iii) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de un planteamiento sobre la manera de responder la cuestión jurídica en comento que sea preferente a cualquier otra que también sea legalmente posible.
43. Tomando en cuenta lo anterior, esta Primera Sala considera que sí se satisfacen los requisitos para que exista contradicción entre los criterios denunciados.
44. En cuanto al primer requisito, se advierte que los tres órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial.
45. En efecto, los tres tribunales analizaron el lapso en el que debe entenderse cometido el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, para efectos de cómo se fija la litis del proceso penal, y de la eventual sentencia que se emita.
46. Respecto al segundo requisito, relativo a la existencia de un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, también se surte, en tanto que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (amparo directo 243/2010) señaló que considerar hechos posteriores a la fecha en la que se ejerció la acción penal deja al quejoso en un estado de indefensión, por lo que el delito debía entenderse desde que se dejó de suministrar alimentos hasta la fecha en que se consignó la investigación.
47. Por su parte, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito (amparos directos 243/2011, 149/2011, 636/2016, 624/2017 y 113/2018) sostuvo que el delito debía entenderse desde que dejó de cumplir la obligación alimentaria hasta la fecha en que se presentó la denuncia, sin excederse de los límites que se fijaron en el auto de formal prisión, pues lo contrario implicaría obligar al inculpado a defenderse de una omisión futura.
48. Finalmente, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito (amparo directo 275/2019) afirmó que, como el delito es de naturaleza continua y es de querella, debe entenderse cometido desde la data en que la denunciante expresó su voluntad para instar la acción punitiva del Estado hasta la emisión de la sentencia que pone fin al proceso penal.
49. En esas condiciones, el tercer requisito se cumple, pues el análisis de la contradicción denunciada permitirá a esta Primera Sala definir si, en un proceso seguido conforme al sistema penal tradicional, el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias debe considerarse i) hasta que se interpone la denuncia, ii) hasta que se ejerce la acción penal, iii) hasta que se dicta la sentencia que pone fin al proceso o, iv) si los límites son aquellos definidos en el auto de formal prisión.
50. Para una mejor apreciación, véase el siguiente cuadro:
Ver cuadro
51. Lo anterior, en el entendido de que el estudio de la presente contradicción se centrará en la forma en la que deben delimitarse los hechos para efectos de fijar la litis del proceso penal que se siga por el delito citado, y no en su forma de comisión. Es decir, el punto no será determinar cuándo inicia y cuándo concluye la conducta delictiva, sino cuáles son aquellos hechos por los cuales se puede emitir la sentencia que pone fin al proceso.
VII. Estudio
52. Precisada la existencia de la presente contradicción, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que a continuación se desarrolla, que en lo medular coincide con aquel del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Es decir, los hechos materia del proceso penal deben entenderse hasta el momento en el que se ejerce la acción penal, pues solamente aquellos hechos pueden ser materia del auto de formal prisión.
53. Como señaló el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo directo 243/2010, este Alto Tribunal se pronunció sobre el lapso en el que pueden considerarse los hechos que constituyen el delito de abandono de personas, al resolver el amparo en revisión 3143/65, cuando sostuvo que nunca deben considerarse hechos posteriores a la consignación. Criterio que quedó plasmado en la siguiente tesis:
"ABANDONO DE PERSONA, DELITO DE. Los hechos que constituyen el delito, siempre deben ser anteriores a la consignación del Ministerio Público; es indebido considerar hechos delictuosos cometidos en fecha posterior a dicha consignación; por consiguiente, sólo puede considerarse la duración de la comisión del delito de abandono de persona desde que se deja de suministrar los alimentos a la ofendida, hasta la fecha de la consignación, que es el único lapso en el que el acusado pudo haber incumplido sus obligaciones familiares de acuerdo con el proceso respectivo."(14)
54. Si bien este criterio es de la Sexta Época, el mismo es relevante para el presente asunto pues, en todos los casos, los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron amparos directos derivados de procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución.
55. Tal y como señaló este Alto Tribunal en el precedente transcrito, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma citada,(15) estipulaba que los hechos materia de todo proceso penal debían ser anteriores al momento en que se ejerce la acción penal, pues en aquel entonces el artículo 19 estipulaba lo siguiente:
"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.
"...
"Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. ..."
56. Lo anterior es así, pues, como señaló esta Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 1580/2013,(16) el auto de formal prisión es el mandamiento de autoridad judicial que fija la litis del proceso penal, ya que en él se expresa el delito que se le imputa al acusado y los datos que arroja la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.
57. La importancia de este auto radica en que, a partir de su dictado, el proceso penal se seguirá forzosamente por el delito señalado en él.
58. Con respecto al concepto "delito", utilizado en el artículo 19 constitucional, esta Primera Sala ha sostenido que preponderantemente se refiere al conjunto de hechos materia de la consignación, más que a la clasificación legal de los mismos, es decir, al nombre con el que se denomina técnicamente al hecho delictuoso.
59. Es por esta razón que si se dicta un auto de formal prisión por un delito, entendido como la mera clasificación legal de los hechos al tenor de la figura típica prevista en el Código Penal respectivo, cabe la posibilidad de que durante el proceso penal se reclasifique por el que técnicamente corresponda, siempre y cuando no se varíen los hechos y se respeten los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica del procesado, pues es menester que el gobernado se defienda en torno al juicio de tipicidad que se lleve a cabo durante el proceso.
60. Resultan aplicables la jurisprudencia 1a./J. 12/2002 y la tesis aislada 1a. XXVI/2003, de rubros: "RECLASIFICACIÓN DEL DELITO. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA AUTORIZA EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL INCULPADO O SU DEFENSOR, EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EL DE SUJECIÓN A PROCESO."(17) y "RECLASIFICACIÓN DEL DELITO. CUANDO EL JUEZ DE LA CAUSA DICTA SENTENCIA POR UNO DIVERSO AL CONTENIDO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, TENIENDO COMO BASE LOS MISMOS HECHOS, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."(18)
61. Con base en lo anterior, se tiene que, en términos del artículo 19 constitucional, en un proceso penal tradicional, los hechos materia del proceso deben ser considerados dentro de los límites fijados en el auto de formal prisión. Por lo mismo, éstos no pueden entenderse cometidos con posterioridad a la fecha en que se ejerció la acción penal, pues el auto de formal prisión no puede decretarse más que por los hechos materia de la consignación.
62. No incide en estas primeras conclusiones el hecho de que el delito que se analiza sea de naturaleza continua o permanente(19) pues, como se ha señalado, la razón por la cual el artículo 19 constitucional establece que el auto de formal prisión fija la litis del proceso penal no es porque el delito, o sus consecuencias, necesariamente habrían de culminar para ese entonces, sino para garantizar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica del procesado.
63. Por ende, si el abandono persiste o se reanuda con posterioridad al dictado del auto de formal prisión
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30018-65de55aa/incumplimiento-de-obligaciones-alimentarias-los-hechos-por-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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