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Modo: Corpus Pro

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. EL PERIODO DE COMISIÓN DEL DELITO COMPRENDE DESDE EL INICIO DEL ABANDONO DEL DEBER HASTA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, CONFORME AL ARTÍCULO 211 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 54/2025. · Registro digital (IUS): 33753
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-11-21
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.167.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 54/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 9 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN, Y DEL MAGISTRADO MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIO: DENIS REYES HUERTA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria de nueve de octubre de dos mil veinticinco.

SENTENCIA

1. Que resuelve la contradicción de criterios 54/2025, suscitada entre el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, al resolver los juicios de amparo directo 433/2024 y 9/2025, así como el diverso pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y sede, en el juicio de amparo directo 53/2024.

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en establecer si en el presente asunto existe la contradicción de criterios denunciada y de ser el caso, determinar la temporalidad que comprenden los hechos respecto al delito de incumplimiento de obligaciones (alimentarias), previsto y sancionado en el artículo 217, fracción I, del Código Penal del Estado de México.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio 12/2025-ST recibido en este Pleno Regional el dieciséis de junio de dos mil veinticinco, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre los razonamientos establecidos por ese órgano jurisdiccional al resolver los juicios de amparo directo 433/2024 y 9/2025; y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la sentencia emitida en el juicio de amparo directo 53/2024.

II. TRÁMITE

4. Por acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, se tuvo por recibido el referido comunicado, se ordenó la creación del expediente electrónico 54/2025, del índice de este Pleno Regional y se admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios formulada.

5. Asimismo, se peticionó a los tribunales contendientes pusieran a disposición la consulta de los expedientes electrónicos de sus respectivas estadísticas para vincularlos con el que se creó en este órgano colegiado; se requirió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a efecto de que informara si el criterio sustentado continúa vigente y el estado procesal que guarda el expediente; por otra parte, se presumió la vigencia del criterio sostenido por el Tribunal denunciante, por lo que únicamente se le solicitó que, en caso de que fuera abandonado o superado, lo hiciera del conocimiento de este Pleno; asimismo, se turnó electrónicamente el presente asunto a la ponencia a cargo de la entonces Magistrada Presidenta Olga Estrever Escamilla, en el entendido que una vez integrado se realizaría el turno definitivo.

6. Igualmente, se ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la radicación del asunto y se le solicitó que, en el plazo de cinco días hábiles siguientes, contado a partir de que recibiera el oficio, informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia del expediente en que se actúa.

7. Mediante acuerdo de veintitrés de junio último, se recepcionó el oficio 14/2025-ST, remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; del que se advierte que realizó la vinculación electrónica de los juicios de amparo directo 433/2024 y 9/2025 de su índice, por lo que se encuentran disponibles para su consulta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

8. En proveído de veinticinco de junio siguiente, se tuvo por recibida la versión digitalizada del diverso auto de dieciocho del referido mes y año, emitido por el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del que se advierte que realizó la vinculación electrónica del juicio de amparo directo 53/2024 de su índice; además, informó que no se ha apartado del criterio contendiente sustentado en dicho asunto, del que derivó la tesis aislada II.2o.P.74 P (11a.), con registro digital 2030743, de rubro "DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. EXCEPCIONALMENTE EL PERÍODO DE CULMINACIÓN DE LA CONDUCTA OMISIVA PUEDE SER ANTERIOR A LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN O TAMBIÉN POSTERIOR [CASOS DE EXCEPCIÓN A LA JURISPRUDENCIA 1a./J 22/2021 (10a.)]".

9. Mediante acuerdo de presidencia de uno de julio del año en curso, se comunicó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que a partir del veintiséis de junio pasado, este Pleno Regional se encuentra integrado por los Magistrados Manuel Bárcena Villanueva, Samuel Meraz Lares y Miguel Bonilla López; por lo que, con motivo de la nueva integración y, toda vez que el presente asunto se había turnado electrónicamente a la Magistrada Olga Estrever Escamilla, se ordenó realizar el returno a la ponencia a cargo del Magistrado Manuel Bárcena Villanueva.

10. Por auto de siete de julio de dos mil veinticinco, se recibió el oficio DGCCST/X/425/07/2025, firmado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que durante los últimos seis meses no se encontró radicada en ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios en la que el tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

11. Mediante acuerdo de seis de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el comunicado SEADS/2787/2025, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que en sesión ordinaria de catorce de julio último, se acordó comisionar temporalmente a la Magistrada María Dolores Núñez Solorio a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en esta ciudad, en sustitución del Magistrado Miguel Bonilla López, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil veinticinco, lo que se ordenó comunicar a las partes.

12. Por auto de dieciocho de agosto siguiente, se admitió el oficio SEADS/2947/2025, igualmente enviado por el precitado Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, por el que hizo del conocimiento que en sesión ordinaria de seis de agosto último, se comisionó al Magistrado Óscar Espinosa Durán a este Pleno Regional, en sustitución del Magistrado Miguel Bonilla López, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veinticinco. En ese sentido, se ordenó comunicar a las partes que a partir de esa fecha, este órgano colegiado quedó integrado por los Magistrados Manuel Bárcena Villanueva, Samuel Meraz Lares y Óscar Espinosa Durán.

13. En esa misma data, se precisó que el expediente se encontraba debidamente integrado y se efectuó el turno definitivo a la ponencia del Magistrado Manuel Bárcena Villanueva.

14. En proveído de diecinueve de septiembre siguiente, se precisó que el catorce de septiembre de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras, a través del cual se adscribió a este órgano jurisdiccional a la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval, al Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro y a la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán, con efectos a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco; por lo que a partir de esa fecha esa es la nueva integración de este Pleno Regional.

15. Asimismo, se indicó que el presente asunto se confirmó el turno electrónico al Magistrado Manuel Bárcena Villanueva; sin embargo, con motivo de la nueva integración, se returnó a la ponencia de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

III. PRESUPUESTOS PROCESALES

PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

16. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

17. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

IV. COMPETENCIA

18. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes al territorio donde este órgano colegiado ejerce su jurisdicción.

19. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, así como 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales; así como el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, así como lo establecido en el Acuerdo General 2/2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales.

V. LEGITIMACIÓN

20. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en Toluca, Estado de México, esto es, uno de los tribunales que motivaron los criterios contendientes. Lo anterior, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

VI. CRITERIOS DENUNCIADOS

21. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.

a) Del amparo directo 433/2024, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, se advierte lo siguiente:

22. Proceso penal. Conoció de la causa de juicio oral **********, seguida contra **********, por el hecho con apariencia de delito de incumplimiento de obligaciones (alimentarias) previsto y sancionado en el artículo 217, fracción I, en relación con los numerales 6, 7 y 8, fracciones I y IV, del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la víctima infante de identidad reservada con iniciales **********, el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, quien en continuación de la audiencia de juicio oral de cuatro de junio de dos mil veinticuatro, emitió fallo condenatorio en la que resolvió lo siguiente:

"PRIMERO: Se dicta SENTENCIA CONDENATORIA a **********, al ser penalmente responsable en la comisión del hecho delictuoso que la ley tipifica como delito de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, previsto y sancionado por el artículo 217 fracción I en relación con los artículos 6, 7, 8 fracciones I y IV, y 11 fracción I, apartado de los autores, inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio del NIÑO DE IDENTIDAD RESGUARDADA DE INICIALES **********, representado por su progenitora **********.

SEGUNDO. Se condena al sentenciado **********, a las siguientes penas:

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD de DOS AÑOS NUEVE MESES, que deberá cumplir en el lugar que designe la Jueza o Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; informando que el sentenciado se encuentra libertad (sic) en virtud de la medida cautelar impuesta relativa a la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares los días 1 y 15 de cada mes, en caso de ser inhábil al día siguiente hábil, la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) y el sometimiento al cuidado; supervisión y vigilancia del acusado por parte del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

(...)

23. Recurso de apelación. Inconforme con dicha determinación, el defensor particular del sentenciado interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, quien lo registró con el numeral ********** de su estadística y el veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, modificó la sentencia recurrida, para quedar como sigue:

"PRIMERO. Al resultar INFUNDADOS los agravios expuestos por la Defensa del Sentenciado ********** y mayormente que fueron suplidos en su favor; con fundamento en el Artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se MODIFICA la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha seis de junio de dos mil veinticuatro dictada en contra de ********** por el Hecho Delictivo de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES y en agravio del Niño de Identidad Resguardada identificado con las iniciales **********, Representado por su Madre **********; en el Considerando respectivo y en su Punto Resolutivo Sexto para quedar de la siguiente manera:

'...

SEXTO. Se le Concede al Sentenciado el Beneficio de la Sustitución de la Pena de Prisión por CIENTO DOCE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE CESÓ LA CONDUCTA DELICTIVA; que a razón de $103.74, equivalen a la cantidad de $11,618.88 (ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 88/100 M.N.) y previo total y cabal cumplimiento con los requisitos y condiciones establecidos en el Considerando respectivo de esta Resolución (Previo Pago de la Reparación del Daño y Multa Impuestas).

Para accesar al mismo deberá cumplirse lo anterior, en la temporalidad que el Juez de Ejecución le conceda para tales efectos.

...'.

SEGUNDO. Quedan firmes e incólumes, los Puntos y Resolutivos no modificados en la presente.

TERCERO. Notifíquese el contenido de esta Resolución a las Partes, en la forma o en el domicilio establecido para tales efectos.

CUARTO. (...)".

24. Trámite de la demanda de amparo directo. El veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, **********, por propio derecho, promovió demanda de amparo directo contra el acto y autoridad siguiente:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES: CC MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL PRIMER TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

IV. ACTO RECLAMADO: La Resolución de fecha Veintinueve de agosto del año dos mil veinticuatro dictada en el Toca de Apelación número ********** en el PRIMER TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, en el cual declara infundados los agravios planteados por mi defensa privada."

25. Asunto del que correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, quien por acuerdo de once de diciembre de dos mil veinticuatro, lo admitió a trámite y registró como **********.

26. Seguida la secuela procesal correspondiente, en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco, el órgano colegiado concedió la protección federal al quejoso, para que la autoridad responsable establezca que el periodo que comprende el incumplimiento de la obligación por parte del acusado, era del uno de septiembre de dos mil veintiuno (data en la que comenzó la omisión de cumplir con los alimentos), hasta el momento en que la representación social ejerció acción penal de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual hizo valer en las siguientes razones:

• Calificó como esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos, suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, toda vez que advirtió una imprecisión en cuanto a la fijación del periodo que comprende el incumplimiento de la obligación por parte del acusado.

• Refirió que del hecho que sostiene la acusación se aprecia que el periodo que comprende la negligencia cometida por el nombrado quejoso, es del uno de septiembre de dos mil veintiuno al veintiuno de junio de dos mil veintitrés.

• Señaló que el Tribunal de Alzada responsable soslayó el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 22/2021(10a.) con registro digital 2023433, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se estableció que tratándose del sistema tradicional mixto, los hechos por los que debe seguirse el proceso penal por la probable comisión del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, debe comprender desde el momento en que comenzó la omisión del deber de suministrar alimentos hasta que el Ministerio Público ejerce acción penal y quedan establecidos en el auto de formal prisión.

• En ese sentido, destacó que la Primera Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de criterios 18/2020, señaló que tratándose del sistema mixto o tradicional, de conformidad con el artículo 19 Constitucional, los hechos materia de todo proceso penal deberán ser anteriores al momento en que se ejerce la acción penal, porque el auto de formal prisión es el mandamiento de autoridad judicial que fija la litis del proceso, al expresar el delito que se imputa al activo y los medios de prueba que arroja la averiguación previa, los que hasta ese momento deben ser suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona en su comisión.

• Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que para definir el lapso por el cual puede seguirse un proceso penal por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, omisión de cuidado o incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, debe atenderse a la fecha en que se ejerce la acción penal, pues solamente pueden ser materia del proceso aquellos hechos por los que se haya dictado el auto de formal prisión, no así respecto a sucesos posteriores; esto con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica del procesado.

• Precisó que la Primera Sala no soslayó que el delito analizado sea de naturaleza continua o permanente, habida cuenta que conforme al propio texto del artículo 19 Constitucional, el cual establece que el auto de formal prisión fija la litis del proceso penal, no es porque el delito, o sus consecuencias, necesariamente habrían de culminar para ese entonces, sino para garantizar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica del procesado. • Por ende, si el abandono persiste o se reanuda con posterioridad al dictado del auto de formal prisión, deberá ser objeto de diversa averiguación previa, sin perjuicio que después pueda decretarse una acumulación de autos.

• En ese orden de ideas, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que respecto al actual sistema penal acusatorio adversarial y realizando una homologación de las directrices establecidas por la precitada Sala, los hechos por los cuales debe seguirse el proceso penal por la comisión del delito incumplimiento de obligaciones, por regla general, es el lapso comprendido desde el momento en que inició el abandono al deber de proveer los alimentos, hasta que la representación social ejerció la acción penal con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia.

• Explicó que, la acción penal es un deber jurídico que tiene el Ministerio Público como órgano del Estado constitucionalmente facultado para actuar cuando existe un delito y un probable imputado a quien someter al debido proceso punitivo y ésta constituye el impulso que da inicio a dicho procedimiento.

• Así, afirmó que de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ejercicio de la acción penal inicia con i) la solicitud de citatorio a audiencia inicial, o ii) con la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia; por ende, debe considerarse que el ejercicio de la acción penal se materializa una vez que el justiciable es conducido a audiencia inicial.

• En ese orden de ideas, determinó que el delito de incumplimiento de obligaciones puede considerarse de naturaleza omisiva y de carácter permanente o continuo, en la medida que su consumación se prolonga en el tiempo; sin embargo, debe limitarse el periodo que será materia de investigación, dado que precisamente el Ministerio Público debe desarrollar su labor investigadora sobre un hecho y temporalidad determinados, que posteriormente serán materia de la vinculación a proceso, de acuerdo con el numeral 316, párrafo segundo del código adjetivo.

• Precisó que sería ilegal tomar en consideración hechos que no fueron investigados por el Ministerio Público, por tanto, no sería posible considerar como fecha límite el auto de vinculación a proceso, la acusación, el auto de apertura a juicio oral o incluso la sentencia definitiva, en virtud que implicaría obligar al imputado a que se defienda de hechos futuros que no formaron parte de la investigación ministerial, lo que produciría una afectación a su derecho de defensa.

b) Ahora, de la diversa sentencia emitida por el referido Tribunal Colegiado, en el amparo directo 9/2025, se desprende:

27. Proceso penal. Conoció de la causa de juicio oral **********, seguida contra **********, por el ilícito de incumplimiento de obligaciones, previsto y sancionado por los numerales 217, fracción I, en relación con el 6, 7, 8, fracciones I y IV, 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México, en agravio del niño de identidad resguardada de iniciales ********** y la adolescente de identidad resguardada con iniciales **********, el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla en el Estado de México, quien en continuación de la audiencia de juicio oral de veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, emitió fallo condenatorio en virtud de haberse acreditado el hecho delictuoso.

28. Recurso de apelación. Inconformes con la sentencia condenatoria, la defensa pública del sentenciado y este último, interpusieron el medio de impugnación, del cual correspondió el conocimiento al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, quien lo registró con el numeral ********** de su estadística y el diecisiete de julio de dos mil veinticuatro, dictó la resolución correspondiente, en la que modificó el fallo emitido en primera instancia, por lo que hace a los considerandos relativos a la individualización judicial de la pena, las penas de prisión y multa, así como la reparación del daño y sustitutivo de la pena de prisión impuesta.

29. Trámite de la demanda de amparo directo. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veinticuatro, ante el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, **********, por propio derecho, promovió demanda de amparo directo contra la sentencia de diecisiete de julio de dos mil veinticuatro, emitida en el toca de apelación **********.

30. Por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien mediante acuerdo de seis de enero de dos mil veinticinco, la admitió y ordenó su registro con el número 9/2025; y, seguido el trámite correspondiente, en sesión de quince de mayo del año que transcurre, determinó conceder la protección federal al quejoso, en virtud que:

• Si bien fue correcto el actuar de la responsable, al determinar que los medios probatorios de cargo eran suficientes y aptos para acreditar el delito de incumplimiento de obligaciones, previsto y sancionado en el artículo 217, fracción I del Código Penal del Estado de México, y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión. No obstante, la acción penal no puede ir más allá del momento en que se ejerce, por lo que se debe limitar su alcance hasta que se solicitó el citatorio para la audiencia inicial, conforme al precepto 211, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Aplicó por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 22/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023433, de rubro: "INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. LOS HECHOS POR LOS QUE DEBE SEGUIRSE EL PROCESO PENAL POR LA COMISIÓN DE ESE DELITO, DEBEN SER AQUELLOS POR LOS QUE SE EJERCE LA ACCIÓN PENAL Y QUE QUEDAN PRECISADOS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.".

• En consecuencia, estableció que, al calcular el monto de la reparación del daño, la responsable lo hizo de manera incorrecta, pues excedió el periodo de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, dado que tomó en cuenta cantidades tanto de deuda, como pagos por concepto de pensión alimenticia por parte del quejoso, de fechas posteriores al ejercicio de la acción penal.

• Indicó que el tribunal de alzada debía ajustar el monto del pago de la reparación del daño, para establecerlo desde el cuatro de junio de dos mil dieciocho al día en el que el Ministerio Público solicitó la citación al acusado para la celebración de la audiencia inicial, pues es esa fecha en la que inicia el ejercicio de la acción penal y hasta donde debe actualizarse el hecho al imputado.

• Siguiendo las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 18/2020, que aplicó por identidad jurídica, refirió que en los asuntos tramitados conforme al sistema penal acusatorio adversarial, se obtiene que en términos de los artículos 211, 309, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los hechos por los cuales debe seguirse el proceso penal por la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, es el comprendido desde el momento fijado como de inicio del abandono al deber de proveer los alimentos hasta la fecha de ejercicio de la acción penal, pues es en ese momento en que se debe realizar la citación del imputado para que acuda de manera preparada a la audiencia inicial.

• Sin que sea válido el que se modifique o actualice en ese instante el hecho, pues el plazo que debe mediar entre la citación y la audiencia tiene como propósito el que las partes se preparen para su desarrollo, lo que no acontecería si en cada ocasión se alteran las circunstancias de hecho.

• Esto es así, en virtud que es en ese momento cuando el representante social inicia su función de parte en el proceso, al incitar al juzgador a pronunciarse sobre su pretensión, por lo que a partir de ahí se realiza la fijación de la litis, misma que se concreta en la imputación y auto de plazo constitucional, conforme a los numerales 19 de la Constitución y 318 del código adjetivo nacional.

• Y si bien el delito analizado es de naturaleza continua o permanente, en virtud que la lesión al bien jurídico tutelado se actualiza desde el primer momento en que el sujeto obligado, sin motivo justificado, abandona a sus acreedores alimentarios y persiste de modo ininterrumpido hasta en tanto no cese el abandono del sujeto obligado para con sus acreedores, no obstante, la circunstancia de que los hechos por los cuales debe seguirse el proceso penal, es el comprendido desde el momento fijado como de inicio del abandono al deber de proveer los alimentos hasta la fecha de ejercicio de la acción penal; esto, a fin de garantizar los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica del procesado.

• Por ende, si el incumplimiento de obligaciones alimentarias persiste o se reanuda con posterioridad al dictado del auto de vinculación a proceso, habrá de ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio que después pueda decretarse su acumulación.

• Consecuentemente, concedió el amparo solicitado para que la autoridad responsable estableciera que la conducta inició a partir del cuatro de junio de dos mil dieciocho, hasta el momento en que se da el ejercicio de la acción penal, pues no se puede ir actualizando de momento a momento durante el desarrollo del juicio.

c) Del juicio de amparo directo 53/2024, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, se observa:

31. Proceso penal. Conoció de la causa de juicio oral ********** el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33753-162d4c59/incumplimiento-de-obligaciones-alimentarias-el-periodo-de-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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