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ACCESO A LA JUSTICIA. TRATÁNDOSE DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE TORTURA, EL TRIBUNAL DE ALZADA, AL CONOCER DE LA RESOLUCIÓN APELADA, NO SÓLO ESTÁ OBLIGADO A CONSTATAR LA EXISTENCIA DEL ILÍCITO POR EL QUE ORIGINALMENTE SE INICIÓ LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SINO QUE PARA GARANTIZAR DICHO DERECHO HUMANO, DEBE ANALIZAR LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN EL SUMARIO Y, DE SER EL CASO, RECLASIFICARLO POR EL QUE VERDADERAMENTE APAREZCA PROBADO. ACTOS DE TORTURA. EN EL TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ALZADA ANALIZAR PORMENORIZADAMENTE LAS PRUEBAS Y DETERMINAR, CONFORME AL HECHO DENUNCIADO, SI SON SUFICIENTES Y EFICACES PARA CONSTATAR EL DELITO DE TORTURA Y, EN SU CASO, REALIZAR LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. ACTOS DE TORTURA. FUENTE CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE DONDE DERIVA EL DERECHO HUMANO A NO SER OBJETO DE AQUÉLLOS. RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA TUTELA A ESTE DERECHO HUMANO EXIGE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE CONOZCAN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON ACTOS DE TORTURA QUE DIRIJAN EL PROCESO DE TAL MANERA QUE EVITEN LA IMPUNIDAD. SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EN PONDERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, SU ANÁLISIS A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN NO DEBE ANTEPONERSE AL DE LOS INDICIOS QUE DENOTEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DEL DELITO DE TORTURA COMETIDO CONTRA EL INCULPADO. TORTURA. SI EL QUEJOSO RECLAMA ACTOS QUE PROBABLEMENTE PUEDEN CONSTITUIR AQUÉLLA Y SE ADVIERTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE OCUPÓ DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, ELLO SE TRADUCE EN UNA DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LO QUE DEBE CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE ÉSTA ESTUDIE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Y JUSTIPRECIE EL CUADRO PROBATORIO PARA ESTABLECER SI ES SUFICIENTE O NO PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN COMO DELITO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 349/2016. · Registro digital (IUS): 27215
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-06-23
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Pág. 2823.

ACCESO A LA JUSTICIA. TRATÁNDOSE DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE TORTURA, EL TRIBUNAL DE ALZADA, AL CONOCER DE LA RESOLUCIÓN APELADA, NO SÓLO ESTÁ OBLIGADO A CONSTATAR LA EXISTENCIA DEL ILÍCITO POR EL QUE ORIGINALMENTE SE INICIÓ LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SINO QUE PARA GARANTIZAR DICHO DERECHO HUMANO, DEBE ANALIZAR LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN EL SUMARIO Y, DE SER EL CASO, RECLASIFICARLO POR EL QUE VERDADERAMENTE APAREZCA PROBADO.

ACTOS DE TORTURA. EN EL TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ALZADA ANALIZAR PORMENORIZADAMENTE LAS PRUEBAS Y DETERMINAR, CONFORME AL HECHO DENUNCIADO, SI SON SUFICIENTES Y EFICACES PARA CONSTATAR EL DELITO DE TORTURA Y, EN SU CASO, REALIZAR LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

ACTOS DE TORTURA. FUENTE CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE DONDE DERIVA EL DERECHO HUMANO A NO SER OBJETO DE AQUÉLLOS.

RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA TUTELA A ESTE DERECHO HUMANO EXIGE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE CONOZCAN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON ACTOS DE TORTURA QUE DIRIJAN EL PROCESO DE TAL MANERA QUE EVITEN LA IMPUNIDAD.

SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EN PONDERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, SU ANÁLISIS A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN NO DEBE ANTEPONERSE AL DE LOS INDICIOS QUE DENOTEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DEL DELITO DE TORTURA COMETIDO CONTRA EL INCULPADO.

TORTURA. SI EL QUEJOSO RECLAMA ACTOS QUE PROBABLEMENTE PUEDEN CONSTITUIR AQUÉLLA Y SE ADVIERTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE OCUPÓ DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, ELLO SE TRADUCE EN UNA DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LO QUE DEBE CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE ÉSTA ESTUDIE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Y JUSTIPRECIE EL CUADRO PROBATORIO PARA ESTABLECER SI ES SUFICIENTE O NO PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN COMO DELITO.

AMPARO DIRECTO 349/2016. 6 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ. SECRETARIA: MA. DE LOS ÁNGELES BAÑOS ROJAS.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Estudio de fondo.

La materia del presente asunto consiste en determinar:

a) Si la resolución de sobreseimiento dictada por el Tribunal Unitario, respecto de la causa **********, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México fue correcta, al declarar extinta la acción penal; y,

b) De considerar que existe materia de análisis, realizar el estudio de fondo en relación con los argumentos relativos a las irregularidades alegadas por el quejoso, en el sentido de que, desde un principio, se dio inicio a la averiguación previa por el delito de tortura, respecto del cual, antes de consignar, el Ministerio Público reclasificó la conducta y estableció que, en la especie, lo que se integró (sic) fueron los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas; no obstante, éstos formaban, en sí mismos, parte de la tortura infligida.

En tal sentido, para dar respuesta a las anteriores interrogantes, se estima oportuno citar:

Para evaluar la determinación de sobreseimiento establecida en la sentencia recurrida, es necesario abordar las cuestiones siguientes:

1. En la sentencia que constituye el acto reclamado, se precisó correctamente el agravio reclamado a la aquí responsable;

2. Fue correcto que se actualizara la prescripción de la acción penal ejercida contra **********, ********** y **********, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas y considerar: a) extinta la acción penal; y, b) sobreseer en la causa **********, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

En relación con el punto precisado en primer término, es necesario el análisis de la demanda, así como de la sentencia que constituye el acto reclamado.

De las que se hace evidente que, la parte quejosa destacó:

• No se actualiza la prescripción de la acción penal ejercida en contra de los referidos inculpados; por ende, era improcedente declarar extinta la acción penal y, en consecuencia, decretar el sobreseimiento en la causa penal.

• Lo anterior, porque el delito originalmente denunciado fue el de tortura.

Al respecto, la sentencia reclamada estableció la litis en el recurso, (sic) se conformó con la resolución de veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal **********, por el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en relación con los agravios expresados por los inculpados.

A partir de lo cual, estableció fundado uno de los motivos de disenso, en el que se afirmó que se encontraba prescrita la acción penal por los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas; por ende, suficiente para revocar el auto apelado, en virtud de lo siguiente:

1. Los delitos por los que se ejerció acción penal son:

• Abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 215, fracción II, penúltimo párrafo; y,

• Lesiones calificadas, que prevén los preceptos 289, 298 y 316, fracción IV.

De tal manera, para el primero, la pena privativa de la libertad será de uno a ocho años; de ahí que el término medio aritmético para la prescripción es de cuatro años seis meses.

Para el segundo, la sanción restrictiva de la libertad será de ocho meses a cuatro años; por ende, el medio aritmético para la prescripción es de dos años cuatro meses.

2. Los hechos atribuidos al procesado ocurrieron el siete de mayo de dos mil nueve, toda vez que en esa data:

"...Aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, en la calle ********** de esta ciudad, los sujetos activos, entre ellos, los aquí apelantes **********, **********, ********** y otro, en cumplimiento al oficio de localización y presentación detuvieron, de manera conjunta, con un diverso coprocesado, en ejercicio de sus funciones, a diversas personas; las golpearon, esposaron y subieron a la camioneta, exponiéndolas a láminas calientes de ese vehículo, en el cual fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, ocasionando las quemaduras con motivo de la exposición a esas láminas calientes, tal como se determinó con los dictámenes periciales y de las cuales se dio fe en actuaciones..."

Por lo que el plazo para la prescripción comenzó a transcurrir a partir del siete de mayo de dos mil nueve.

3. En los casos en que se configura el concurso de delitos, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 108 del Código Penal; por ende, considerar el delito que refiere la mayor penalidad en el particular, era el de abuso de autoridad, por lo que la prescripción era de cuatro años seis meses, contados a partir del siete de mayo de dos mil nueve.

4. De las constancias se advierte que la averiguación previa correspondiente se inició el cuatro de junio de dos mil nueve, a partir de la cual, la autoridad ministerial inició su actuación ininterrumpida, hasta que determinó ejercer acción penal, el ocho de febrero de dos mil dieciséis.

Luego, como se realizaron actuaciones que interrumpieron la prescripción de la acción penal -investigación del delito y del delincuente-, el plazo se amplió hasta en una mitad, esto es, hasta dos años tres meses más, por lo que en total en este supuesto, el plazo para la prescripción de la acción penal quedó en seis años nueve meses.

Consecuentemente, si la prescripción comenzó a computarse a partir del siete de mayo de dos mil nueve, lo que originó un primer plazo de cuatro años seis meses, éste se interrumpió por las actuaciones de la autoridad ministerial del delito y del imputado, lo que originó un segundo plazo máximo perentorio de seis años nueve meses.

5. Así, acorde con ese último plazo, la acción penal prescribía el siete de febrero de dos mil dieciséis; de manera que al ejercerse el ocho del mes y año indicados, evidentemente se hizo cuando ya había prescrito.

B. En virtud de lo cual, declaró extinta la acción penal y, en consecuencia, decretó el sobreseimiento en la causa penal **********, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

Por lo que revocó el auto impugnado, dictado en contra del amparista; decretó la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, el sobreseimiento en la causa.

Lo anterior, sin atender al hecho de que existía una denuncia por el diverso ilícito de tortura.

A partir de lo cual, este Tribunal Colegiado considera fundado el argumento vertido por el quejoso en los conceptos de violación, relativo a que inicialmente se denunció el delito de tortura; de tal manera, al analizar la legalidad de la resolución reclamada, correspondía al tribunal de apelación, (sic) previo a sobreseer en el asunto:

En un primer aspecto, justipreciar el cuadro probatorio para establecer si efectivamente el mismo resultaba insuficiente para constatar el ilícito de tortura.

• De no acreditar éste, podía entonces manifestarse respecto del supuesto de la prescripción del ejercicio de la acción penal, por lo que hace a los diversos ilícitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas.

En este aspecto, es inconcuso que la autoridad responsable fue omisa en interpretar la demanda y analizar el material probatorio, a efecto de determinar si el delito de tortura pudo o no constatarse a partir de aquél, lo que se traduce en una deficiente administración de justicia, en contravención a lo que dispone el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así, porque la pretensión del quejoso se puede resumir en:

• La omisión del tribunal de apelación para actuar con la debida diligencia para analizar los hechos originalmente denunciados respecto del delito de tortura, en su caso, reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

• Violación a la garantía de acceso a mecanismos judiciales adecuados y efectivos, para combatir las violaciones a derechos humanos de quienes han denunciado actos de tortura.

En virtud de lo cual, este órgano colegiado considera, en un aspecto, que el acto reclamado, relativo a la omisión de administrar justicia de forma efectiva, está dirigida a controvertir la falta de acceso al derecho a que se investiguen y, en su caso, se sancionen los hechos de tortura.

A este respecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y libertades reconocidos en ella, ha establecido que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la propia Convención.(20)

De tal manera, la responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado, o de una institución de carácter público, afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por dicho instrumento internacional.

En virtud de lo cual, la Comisión Interamericana ha definido la impunidad como la falta, en su conjunto, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, en tanto, aquélla propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas.

Por ello, es que el Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado derechos humanos protegidos por la Convención; en consecuencia, si éste actúa de modo tal que la violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido con el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio de sus derechos a las personas sujetas a su jurisdicción.

Precisamente por tal razón, una de las medidas positivas del Estado para salvaguardar la obligación de garantía es proporcionar recursos judiciales efectivos, de acuerdo con las reglas del debido proceso legal, así como procurar el restablecimiento del derecho conculcado, si es posible, y la reparación del daño producido.

De tal manera, el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los órganos jurisdiccionales que dirijan el proceso de modo que eviten la impunidad, en aras de garantizar una debida protección judicial de los derechos humanos; de ahí que la tolerancia de aquéllos a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación al artículo 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del precepto 1o. de la Ley Fundamental.

A partir de lo anterior, en términos del precitado ordinal 1o. y del diverso 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a cargo de toda autoridad jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona, específicamente, en asuntos relacionados con actos de tortura.

Por lo que es inconcuso que el acto reclamado en el particular, se circunscribe a la omisión de administrar justicia de forma efectiva por parte del Tribunal Unitario responsable.

Expuesto lo anterior, en relación con el segundo aspecto, relativo a si fue o no correcto que se actualizara la prescripción de la acción penal ejercida contra **********, ********** y **********, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas, en su caso, considerar extinta la acción penal y sobreseer en la causa **********, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, es oportuno establecer:

Fue incorrecto que el tribunal de alzada se hubiese abocado al análisis de la resolución apelada únicamente en el tema de la prescripción, y omitido un análisis exhaustivo, a fin de determinar si efectivamente la litis que se planteó como tema del proceso era correcta, esto es, si los elementos de prueba existentes en el sumario resultaban insuficientes para constatar el delito de tortura (por el que originalmente se inició la indagatoria), lo cual evidentemente no resultaba más favorable para los intereses del quejoso.

En virtud de lo cual, es inconcuso que el tribunal de alzada incumplió con el deber de garantizar un recurso judicial efectivo; en consecuencia, restringió al quejoso el derecho de acceso a la justicia y a un recurso judicial idóneo y efectivo.

Por lo que en relación con el acto reclamado, relativo a administrar justicia en forma efectiva y la omisión de hacerlo por parte del Tribunal Unitario responsable, abarca la violación al derecho fundamental de acceso a mecanismos judiciales adecuados y efectivos para combatir los actos de tortura.

Así, determinar si las alteraciones en la integridad física que fueron infligidas al demandante de la protección constitucional, por parte de servidores públicos (agentes policiales), pueden derivar en actos típicos de tortura, requiere de una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales del aquí impetrante, esencialmente, impartir justicia y proscribir la tortura.

En efecto, en primer lugar, es importante destacar que la tortura está estrictamente prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos; la prohibición absoluta de ésta, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional, por lo que se requiere de una visión especial para garantizar de manera efectiva su investigación, sanción y proscripción.

Marco de legalidad

Por ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, prohíben expresamente la tortura; del mismo modo, varios instrumentos regionales establecen el derecho a no ser sometido a tortura. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, contienen prohibiciones expresas de tortura.

Instrumentos que establecen ciertas obligaciones que el Estado Mexicano debe respetar, para asegurar la protección contra la tortura, entre ellas, garantizar que:

• Las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial, siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura (artículo 12 de la Convención contra la Tortura, principios 33 y 34 del Conjunto de Principios sobre la Detención, y artículo 9 de la Declaración sobre la Protección contra la Tortura).

• Toda víctima de tortura obtenga reparación e indemnización adecuadas (artículos 13 y 14 de la Convención contra la Tortura, artículo 11 de la Declaración sobre la Protección contra la Tortura, y párrafos 35 y 36 de las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos).

• El o los probables culpables sean sometidos a un procedimiento penal, a una investigación, (sic) en caso de demostrar que cometieron un acto de tortura.

• Si se considera que una denuncia de trato o pena cruel, inhumano o degradante está bien fundada, el o los probables autores serán sometidos a los procedimientos penales, disciplinarios o de otro tipo que correspondan (artículo 7 de la Convención contra la Tortura, y artículo 10 de la Declaración sobre la Protección contra la Tortura).

Así, el derecho humano a no ser objeto de tortura deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su fuente convencional, en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refieren a la obligación de las autoridades de respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

De tal manera, el ejercicio de la función pública tiene límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado; por lo que su protección parte de la afirmación de la existencia de ciertas particularidades inviolables de la persona que no pueden ser legítimamente menoscabadas por el ejercicio del poder público.

En consecuencia, es obligación de las autoridades prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por dichos instrumentos legales y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho vinculado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.(21)

Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, cobra relevancia a la luz del citado artículo 1o. constitucional, que establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados referidos, favoreciendo la protección más amplia a las personas; cuyo alcance integra un catálogo de derechos que funcionan como un parámetro de regularidad constitucional.

De ahí que el contenido de un derecho humano reconocido en los tratados internacionales de los que México es Parte, no se limita al texto expreso de la norma donde se reconoce el mismo, sino que se extiende a la interpretación que se ha hecho de él por parte de los órganos autorizados para interpretar, de manera evolutiva, cada cuerpo normativo.

Así, los estándares en relación con el derecho a no ser objeto de tortura son claros en establecer que las autoridades estatales no sólo deben condenar toda forma de ella, sino también están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo.

De tal manera, conforme a lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se está ante un acto de tortura cuando el maltrato sea: a) intencional; b) cause severos sufrimientos físicos o mentales; y, c) se cometa con cualquier fin o propósito, entre ellos, la investigación de delitos.

En relación con lo anterior, la doctrina constitucional, con relación al tema de la tortura, ha establecido que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para: a) obtener una confesión o información; b) para castigar o intimidar; y, c) para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona.(22)

Igualmente, se ha reiterado que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones, debido a su gravedad y a la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación.

Por ello, se ha establecido que por la trascendencia de afectación al derecho humano a la integridad personal, con motivo de la comisión de actos de tortura, se requiere que dicha conducta sea investigada desde dos vertientes, como delito en estricto sentido y como violación a los derechos humanos de la persona sometida a algún procedimiento penal, a partir de pruebas que, presuntamente, se obtuvieron con motivo de actos de tortura.

Lo anterior, en estricta observancia a lo previsto en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su punto 1 prevé el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral; y en el punto 2, que indica que nadie debe ser sometido a tortura; por lo que todo sujeto privado de la libertad será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

En tal sentido, la falta de una investigación dirigida contra los probables responsables de la violación a integridad personal, (sic) limita la posibilidad de concluir sobre los alegatos de la presunta tortura cometida en contra del aquí quejoso; de ahí que el Estado Mexicano es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental; por ello, se ha señalado, siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación;(23) en tanto que la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente, cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales, o de otros actos de hostigamiento.

Por lo que al ser la tortura un delito, está sujeto a la tramitación de todo un procedimiento del orden penal debidamente establecido para su comprobación, como sucede con cualquier otro ilícito, el cual es autónomo a la controversia jurisdiccional en la que se invoque la tortura.(24)

Así, como referente, en el caso Vargas Areco vs. Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó que: "el deber de investigar es un deber estatal imperativo que deriva del derecho internacional y no puede verse atenuado por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole". En Servellón García vs. Honduras, especificó que este deber surge tan pronto como las autoridades estatales tienen conocimiento de que existen denuncias o motivos para creer que ha ocurrido un acto de tortura, en cuyo caso "deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo de todos los responsables de los hechos".(25)

Luego, las consecuencias jurídicas de la tortura en su impacto como delito, consisten en que todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones, deberá ser investigado de forma expedita para determinar la verdad y, en su caso, examinarlo a través de un juicio penal, para el enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos, es decir, su efecto como delito se traduce en que a través de una investigación seria, imparcial, efectiva y orientada a la determinación de la verdad, se persiga, capture, enjuicie y castigue a todos los responsables de actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

Expuesto el marco legal sobre la obligación estatal para analizar los asuntos en los cuales se involucren hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura, así como la obligación de prevenir, investigar, sancionar y proscribir el mismo, corresponde referirse al caso concreto, para determinar si dicho marco fue aplicado o no por la autoridad responsable.

En tal sentido, es inconcuso precisar que el quejoso manifestó en sus conceptos de violación, en términos generales, que se le negó el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que no se analizó que su denuncia originaria versó sobre la comisión del delito de tortura perpetrado en su agravio, por elementos policiales que intervinieron en su detención; de tal manera, no obstante el tiempo que se tomó el Ministerio Público para investigar tales sucesos, determinó el ejercicio de la acción penal por ilícitos diversos al que fue objeto de denuncia, a saber, abuso de autoridad y lesiones calificadas; lo que validó el órgano jurisdiccional, en el caso, el tribunal de alzada, quien de ningún modo se ocupó del análisis de aquélla, no obstante que, acorde al marco de legalidad expuesto, le era obligatorio.

Al respecto, este Tribunal Colegiado, en modo alguno, inadvierte que de las actuaciones que integran el sumario, se aprecia que el quejoso, ante el órgano investigador, denunció por las lesiones que presentó, las cuales, indicó, se las provocaron los policías al momento de su detención, cuando lo sacaron de su taller de transmisiones, quienes lo esposaron y acostaron arriba de láminas calientes, en virtud de que querían inculparlo por secuestro; de lo que se hace evidente que no hizo alusión exacta que el delito objeto de su denuncia fuese el de tortura; sin embargo, de su narrativa, es inconcuso que la "agresión física" de la que dijo fue objeto, tenía como finalidad obtener del mismo una declaración, en su caso, confesión respecto de intervención en diverso ilícito.

Lo que supone, válidamente, la posibilidad de que se hayan producido actos característicos de la tortura; circunstancia que fue advertida por el Ministerio Público que previno en el conocimiento de los hechos; mediante acuerdo de cuatro de junio de dos mil nueve, instruyó a fin de que se iniciara la averiguación previa correspondiente por la probable comisión del delito de tortura.

De tal manera, para la época de los hechos -siete de mayo de dos mil nueve-, las autoridades encargadas de investigar posibles hechos delictivos y procurar justicia, tenían la obligación de cumplir con las obligaciones convencionales y nacionales referidas, además de contar con un protocolo obligatorio con reglas y procedimientos claros de cómo actuar ante posibles hechos de tortura.

Precisado lo anterior, conforme lo dispone el artículo 363 del Código Federal de Procedimientos Penales, el recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente, o se aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de las pruebas, se alteraron los hechos, o no se fundó o motivó correctamente; de tal manera, el tribunal de alzada puede confirmar, modificar o revocar las resoluciones emitidas por el inferior.

Por lo que, en tratándose del auto de plazo constitucional, corresponde al tribunal de apelación, acorde a sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los hechos consignados, determinar qué delito se configura; de ahí que esté facultado para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual, se normará la instrucción, con la única condicionante de que no se varíen los hechos de la acusación; lo anterior, a fin de evitar actos de impunidad, sin que ello implique violación al principio non reformatio in peius.

Toda vez que si con las pruebas aportadas por el Ministerio Público y aun por el propio encausado, se llegara al descubrimiento de hechos y circunstancias no apreciadas o ignoradas en el momento en que se dictó el auto de formal prisión y, con base en las mismas, se pudiera concluir en una nueva clasificación legal de los hechos, distinta a aquella contenida en el auto de formal prisión, ello deberá concretarse en lo resuelto por el órgano de apelación.

De tal manera, si bien el análisis de la prescripción es de estudio preferente, no menos cierto resulta que para abordar el mismo, previamente se debió establecer si efectivamente los delitos por los que debía seguirse el proceso, eran aquellos que señaló el a quo (abuso de autoridad y lesiones calificadas) o, en su caso, aquel denunciado originalmente (tortura).

En tal sentido, no es dable soslayar que el pre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27215-9a4bb227/acceso-a-la-justicia-tratandose-de-hechos-posiblemente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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