ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE. ACTOS DE TORTURA. LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CON MOTIVO DE LA VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE LO RIGEN POR LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, DEBE ORDENARSE A PARTIR DE LA DILIGENCIA INMEDIATA ANTERIOR AL AUTO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN.
ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.
ACTOS DE TORTURA. LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CON MOTIVO DE LA VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE LO RIGEN POR LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, DEBE ORDENARSE A PARTIR DE LA DILIGENCIA INMEDIATA ANTERIOR AL AUTO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 315/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS, Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos segundo, fracción VII, tercero y sexto, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en atención a que el conflicto denunciado, se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos circuitos judiciales, respecto de un tema que no requiere la intervención del Tribunal en Pleno. Lo anterior, además, con base en la decisión adoptada por este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo;(2) toda vez que fue hecha por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, que es integrante de uno de los órganos judiciales que sustentó uno de los criterios discrepantes.
TERCERO.-Pedimento ministerial. No obra en autos constancia alguna de que el Ministerio Público de la Federación, hubiera formulado pedimento u opinión respecto de la denuncia de contradicción de criterios.
CUARTO.-Punto de contradicción. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones.
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región. El órgano constitucional de referencia, en sesión de doce de junio de dos mil catorce, resolvió el amparo directo **********, interpuesto por **********, en contra de la resolución de veintiocho de mayo de dos mil diez, dictada por el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito en el Estado de Chihuahua, en los autos del toca penal **********, de su índice, en la que se confirmó la sentencia de quince de febrero de dos mil diez, dictada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, en la causa penal **********, en la que se estimó al quejoso penalmente responsable en la comisión de los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión agravada de marihuana con fines de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacionales, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación al diverso numeral 11, inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En los conceptos de violación, el quejoso alegó, entre otras cuestiones, que existió una violación procesal que lo dejó en estado de indefensión, conforme a lo previsto por el artículo 160, fracciones VIII, XIV y XVII, de la Ley de Amparo(3) -abrogada-, relativa a la omisión del Juez de Primera Instancia y del tribunal de alzada, de investigar oficiosamente los actos de tortura de que fue objeto al momento de su detención por parte de sus aprehensores, como lo destacó al momento de rendir su declaración preparatoria.
El Tribunal Colegiado declaró infundado el argumento, al estimar lo siguiente:
"En efecto, del acta de nueve de octubre de dos mil nueve, levantada por el agente del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación previa que nos ocupa, se desprende que el ahora sentenciado ********** a preguntas del Ministerio Público de la Federación declaró en lo que interesa: ‘No. 7. Para que diga el declarante si alguien le ocasionó alguna lesión. Respuesta. No.’ (foja 39 del expediente penal).-Más adelante, en la declaración en comento, se asentó en relación con las preguntas del defensor de oficio lo que sigue: ‘A la segunda. Para que diga mi asistido cómo es el trato que ha recibido en estas instalaciones del veinteavo regimiento de caballería motorizado, por parte de los elementos del Ejército Mexicano. Respuesta. Es bueno.’ (foja 40 del expediente penal).-A su vez, en la audiencia preparatoria de término constitucional de once de octubre de dos mil nueve, celebrada ante el Juez de la causa penal de origen, respecto de lo declarado por el ahora sentenciado **********, se asentó en lo conducente: ‘Que ratifico mi declaración ministerial de nueve de octubre de dos mil nueve, y reconozco la firma que va al calce, por haber sido puesta de mi puño y letra, siendo todo lo que tengo que manifestar en este momento. Enseguida, se concede el uso de la palabra al defensor particular, quien manifiesta: Que sí es mi deseo interrogar a su defenso. A lo que resultó: A la primera. Para que diga mi defenso si está de acuerdo íntegramente con toda su declaración vertida con anterioridad o si tiene algo más que agregar. Calificada de legal respondió: Sí, fui sometido a torturas por los militares, que me opongo a la destrucción de la droga, y es todo lo que creo oportuno agregar en este momento. A la segunda. Para que diga el declarante a qué clase de tortura dice fue sometido por los militares. Calificada de legal respondió: Me asfixiaban con una bolsa de plástico en la cara, me esposaron de las manos y de los pies, me desnudaron y me ponían una chicharra eléctrica en los pies, espalda y cabeza. A la tercera. Para que diga mi defenso qué le comunicaban los militares cuando estaba siendo sometido a esas torturas que manifiesta. Calificada de legal respondió: De la droga y de las armas, es todo lo que me decían. A la cuarta. Para que diga mi defenso, en concreto, qué es lo que le decían o preguntaban los militares. Calificada de legal respondió: Que hablara, textualmente me decían «habla pinche perro», «de dónde sacaste la droga y las armas», «vale más que nos digas la verdad, si no te vamos a matar y a enterrar aquí mismo» y también me amenazaron con ir a la casa de mi suegra por mi señora y mi hijo, también para torturarlos como a mí ...’ (fojas 138, vuelta, y 139 del expediente penal).-Dicha declaración, el ahora sentenciado la ratificó en la ampliación de su declaración, llevada a cabo el veintiséis de noviembre de dos mil nueve (foja 226 del expediente penal).-Como se ve, el sentenciado en la declaración ministerial adujo que nadie la había proferido alguna lesión al momento de detenerlo, como que el trato había sido bueno y con posterioridad en la declaración preparatoria dijo que fue objeto de tortura por parte de sus captores.-Ahora bien, como lo señaló el Juez de Primera Instancia y lo avaló, en esencia, el tribunal de alzada, la versión del enjuiciado al momento de rendir su declaración preparatoria no es creíble, dado que en la declaración ministerial manifestó de forma clara que había recibido un buen trato por parte de sus captores y que a la postre es la primigenia rendida en autos.-De ahí que se coincide con el tribunal de alzada en cuanto determinó que, como lo hizo notar el Juez de Primera Instancia, el sentenciado, ahora quejoso, en la declaración ministerial que rindió, manifestó que había recibido un buen trato por parte de los agentes aprehensores y a pesar de que ratificó dicha declaración, con posterioridad a preguntas de la defensa introdujo como dato novedoso que había sido torturado por sus captores, retractación que no se encuentra corroborada con medio de prueba alguna dentro de los autos de la causa penal de origen, con lo cual es inconcuso que carece de eficacia probatoria.-Bajo ese tenor, como lo estimó la autoridad responsable, no se encuentra comprobado hasta este momento que dichas lesiones hayan sido ocasionadas por sus captores, además de que no se desprende que las mismas se infringiera para que rindiera confesión de su parte, con la cual se pudiera estimar su culpabilidad, pues no fue ésta en la cual sustentó la sentencia condenatoria que se reclama; toda vez que ante el agente del Ministerio Público investigador negó su participación en los hechos que se le imputan al manifestar lo siguiente: ‘... sí deseo declarar y no estoy de acuerdo con el parte informativo de los militares, es que yo no traía eso y tampoco no portaba arma de fuego y que yo en ningún momento circulé por las calles que ellos dicen que me detuvieron, es más, yo ni conozco para el centro ...’ (foja 39 de la causa penal).-Lo cual fue ratificado por el imputado ante el Juez de la causa, tanto en su declaración preparatoria de fecha once de octubre de dos mil nueve (fojas 137 a 142 de la causa penal), como también en la ampliación de declaración de fecha veintiséis de noviembre de dos mil nueve (foja 226 de la causa penal), en las cuales dicho imputado ratificó, primero, su declaración ministerial, y después, su declaración preparatoria.-Finalmente, aunque hasta este momento no esté demostrado que el sentenciado fue objeto de tortura durante su detención, ni menos que con motivo de ella haya emitido una confesión o se haya obtenido alguna otra prueba, de todas formas, no debe perderse de vista que la tortura versa sobre un tema de pronunciamiento previo y oficioso, que debió tomarse en consideración desde el momento en que el ahora sentenciado refirió haber sido objeto de ella.-Aunado a que de conformidad con el Protocolo de Estambul -Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes- ‘es particularmente importante que las autoridades investiguen con prontitud e imparcialidad todo caso de tortura que se notifique’ (párrafo 74).-Además, si dicho examen no se hizo oportunamente, ello no exime a las autoridades de la obligación de realizar un examen e iniciar la investigación, pues el examen médico-psicológico, debe realizarse ‘independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el momento de la tortura’ (párrafos 104 y 106).-Así, tal como se ha destacado en los estándares nacionales e internacionales, cuando los órganos jurisdiccionales tengan conocimiento de la manifestación de que una persona afirme haber sufrido tortura o cuando tengan información que les permita inferir la posible existencia de la misma, deberán dar vista a la autoridad ministerial que deba investigar el delito.-Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido: ‘En todo caso en que existan indicios de la ocurrencia de tortura, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa, que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento ... en los casos que la persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia.’ Ahora bien, en relación con el presente caso, el quejoso dice en sus conceptos de violación que, en la actuación de los elementos del Ejército Mexicano, en la detención hubo lesiones.-Además, consta en autos que tanto el Juez de Primera Instancia como el tribunal de alzada, no dieron vista a la autoridad correspondiente a fin de que se hubiera investigado la alegada tortura, aspecto que se torna relevante y persigue destacar la obligación de investigar los hechos de la alegada tortura, conforme a los estándares internacionales, a fin de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito.-Por consecuencia, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, este Tribunal Colegiado ordena dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Órgano Auxiliado para que actúe conforme a sus atribuciones constitucionales y obligaciones convencionales, así como de conformidad con los estándares internacionales precisados, en la investigación de la tortura del sentenciado, ahora quejoso y, como se ha dicho, esclarecerlo como un delito. ... No pasa inadvertido que el impetrante de derechos fundamentales invocó como apoyo a sus argumentos la tesis XXVI.5o. (V Región) 8 P (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la página dos mil cuatrocientos treinta y cuatro del Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGAR OFICIOSAMENTE LOS QUE ALEGUEN LOS PROCESADOS. CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES VIII, XIV Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.’. Sin embargo, ese criterio no se comparte por este órgano jurisdiccional, toda vez que la estimación de que el sentenciado hubiese padecido tortura, conlleva dos cosas.-Por un lado, la ilicitud de la prueba obtenida con base en ella; y, por otro, la comisión de un delito.-De tal manera, entonces, que de resultar acreditada la existencia de la tortura, la consecuencia sería que en la sentencia de la causa penal se restara eficacia probatoria a la confesión realizada, en todo caso, por el sentenciado, o a las pruebas obtenidas ilícitamente con base en ella, pero ello no significa que la omisión del Juez de la causa de dar vista al agente del Ministerio Público para la investigación del delito respectivo, constituya una violación procesal; ya que ello se traduciría en la paralización del proceso hasta que se resolviera lo conducente en relación con el tema de la tortura.-Esto es, apreciar esa omisión de dar vista como una violación procesal, significaría que hasta que hubiese resolución definitiva por autoridad competente, que determinara la existencia o no de la tortura alegada, el procedimiento de origen se encontraría paralizado, en detrimento del derecho humano a un juicio breve, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo deja de lado que se actualice una violación procesal en tal causa, como así se indicó en el criterio aludido, por ese motivo, como ya se ha dicho, no se comparte por este Órgano Jurisdiccional el criterio invocado por el quejoso en la demanda de amparo.-Máxime que, se reitera el sentenciado **********, ahora impetrante, en su declaración ministerial, señaló en lo que nos incumbe: ‘... sí deseo declarar y no estoy de acuerdo con el parte informativo de los militares, es que yo no traía eso y tampoco portaba arma de fuego, y que yo en ningún momento circulé por las calles que ellos dicen que me detuvieron, es más yo ni conozco para el centro, a mí me detuvieron en el domicilio de mi suegra, entraron y me sacaron de ahí, el carro sí lo tenía yo, pero es de un cliente del taller de carrocería ...’ (foja 39 de la causa penal).-A su vez, dicho sentenciado en la declaración preparatoria manifestó lo siguiente: ‘... que ratificó mi declaración ministerial de nueve de octubre de dos mil nueve, y reconozco la firma que va al calce, por haber sido puesta de mi puño y letra ...’ (foja 138, vuelta, de la causa penal).-De lo transcrito se desprende que el sentenciado **********, ahora impetrante, negó los hechos sobre los cuales giró la litis de la causa penal que nos ocupa, lo que implica que no hubo una confesión de su parte en relación con la comisión de los delitos afectos a tal causa, tan es así, que en la sentencia reclamada, la configuración de dicha comisión se centró en que se dio en el caso la prueba circunstancial a partir de las pruebas allegadas a los autos y que fueron reseñadas por la autoridad responsable.-Las que conducen a generar convicción de que el sentenciado, ahora quejoso, desplegó la conducta relativa a la posesión de los narcóticos y la portación de armas de fuego, las cuales son materia de la causa penal de origen, al margen de que los elementos captores, hubiesen cometido un delito en su perjuicio, lo que debe resolver por los cauces legales y las formalidades del procedimiento."
II. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región. Por su parte, dicho órgano colegiado resolvió el juicio de amparo directo **********, en sesión de once de julio de dos mil trece, que hizo valer el quejoso **********, en contra de la resolución definitiva que dictó la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, de trece de septiembre de dos mil doce, en el toca de apelación **********, en la cual, se confirmó la sentencia de primera instancia que se dictó en la causa penal **********, instruida por el Juez Tercero de lo Penal de dicha entidad, en la que se estimó al quejoso penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
En dicho asunto, el quejoso alegó que no tuvo una defensa adecuada, además de que el Ministerio Público, a través de actos de tortura y de amenazas de muerte, lo obligó a firmar su declaración. El Tribunal Colegiado, al resolver el asunto, declaró fundados los conceptos de violación, al tenor de las siguientes consideraciones:
"Así pues, con base en los artículos 1o. y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se advierte que las personas que denuncien actos de tortura, tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata, imparcial y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal.-La obligación de velar por el cumplimiento de ese derecho, recae en todas las autoridades del Estado Mexicano dentro del ámbito de su competencia, y no sólo en aquellas que directamente deban investigar o procesar el acto de tortura denunciado.-Además, atendiendo al principio interpretativo pro homine, para efectos de la protección del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura, todo tipo de noticia o aviso sobre ese ilícito que se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones.-En este contexto, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tomen conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, deben tomar medidas a efecto de que las autoridades competentes procedan a investigar al respecto.-Acorde con lo anterior, el artículo 307 BIS, párrafo sexto, del Código Penal para el Estado de Baja California, dispone que cualquier servidor público que conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato y si no lo hiciere se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y de quince a sesenta días multa.-La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en sus artículos 12 y 13, establecen la obligación de velar porque siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.-Asimismo, debe garantizarse que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura, tenga derecho a presentar una queja y a que, su caso, sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes, debiéndose tomar medidas para asegurar que, quien presente la queja y los testigos, estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.-En la Observación General número 20, adoptada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se consideró que el derecho a presentar denuncias contra los malos tratos prohibidos por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, deberá ser reconocido en derecho interno. Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por las autoridades competentes a fin de que el recurso sea eficaz.-Particularmente, en relación con el Estado Mexicano, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al efectuar las observaciones finales, mediante el documento de veintiséis de marzo de dos mil diez, en el párrafo 13, estableció que dicho Comité observaba con preocupación la persistencia de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades policiales, el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones leves impuestas a los autores.-También se expuso la preocupación de que la definición de tortura que figura en la legislación de todos los Estados no abarca todas las formas de tortura. Aunque toma nota de la iniciativa de preparar una documentación médico-psicológica más sistemática de la tortura y los malos tratos, de conformidad con el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), al comité le preocupa que sólo algunos Estados hayan convenido en aplicar este sistema y que sólo un número reducido de víctimas de la tortura se le haya concedido una reparación tras las actuaciones judiciales.-Por tanto, además de formularse la observación de que el Estado Mexicano debe ajustar la definición de tortura en la legislación en todos los niveles con arreglo a las normas internacionales y regionales, con el fin de cubrir todas las formas de tortura; se dispuso que debía iniciarse una investigación para cada caso de presunta tortura.-De igual forma, se estimó que debía reforzar las medidas para poner fin a la tortura y los malos tratos, para vigilar, investigar y, cuando proceda, enjuiciar y castigar a los autores de actos de malos tratos e indemnizar a las víctimas.-Una diversa obligación fue la de sistematizar la grabación audiovisual de los interrogatorios en todas las comisarías y centros de detención y asegurarse de que los exámenes médico-psicológicos de los presuntos casos de malos tratos se lleven a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul.-Por su parte, el Comité contra la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al formular la Observación general No. 2, en el 39vo. periodo de sesiones, enfatizó que cuando las autoridades del Estado u otras personas que actúan a título oficial o al amparo de la ley tienen conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados o agentes no estatales, perpetran actos de tortura o malos tratos y no ejercen la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar a dichos sujetos privados o agentes no estatales, de conformidad con la Convención, el Estado es responsable y sus funcionarios deben ser considerados autores, cómplices o responsables por otro concepto en virtud de la Convención por consentir o tolerar esos actos inaceptables.-La negligencia del Estado a la hora de intervenir para poner fin a esos actos, sancionar a los autores y ofrecer reparación a las víctimas de la tortura, facilita y hace posible que los agentes no estatales cometan impunemente actos prohibidos por la Convención, por lo que la indiferencia o inacción del Estado, constituye una forma de incitación y/o de autorización de hecho.-El Comité contra la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, examinó el cuarto informe periódico correspondiente al Estado Mexicano en sus sesiones celebradas el ocho y nueve de noviembre de dos mil seis, y aprobó las observaciones finales, de las que se destaca el párrafo 16, en el que se estableció como obligaciones a cumplir: a) Investigar todas las alegaciones de tortura como tales, de manera pronta, efectiva e imparcial, y garantizar que se realice en todos los casos un examen por un médico independiente de conformidad con el Protocolo de Estambul; b) Tomar las medidas necesarias para garantizar la formación profesional y la independencia del personal médico, encargado de atender a la presunta víctima y verificar su condición y extender la implementación del Protocolo de Estambul a todas las entidades federativas del país; c) Asegurar que si actos de tortura resultan documentados del examen médico independiente realizado de acuerdo con el Protocolo de Estambul, este examen sea considerado como prueba plena en el juicio; y, d) Juzgar y sancionar los actos de tortura en consonancia con la gravedad de los hechos cometidos.-Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad, según los factores endógenos y exógenos (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros), que deberán ser demostrados en cada situación concreta. Asimismo, el tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida, constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana.-En el caso Cabrera y Montiel contra el Estado Mexicano, la falta de una investigación dirigida contra los presuntos responsables de la violación a la integridad personal, limitó la posibilidad de concluir sobre los alegatos de la presunta tortura cometida en contra de los señores Cabrera y Montiel.-Sin perjuicio de ello, la Corte señaló que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. En apoyo a la jurisprudencia de la propia Corte, señaló que siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados. Por lo tanto, la Corte resaltó que de la prueba aportada en el caso, es posible concluir que se verificaron tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de los señores Cabrera y Montiel.-A la luz de lo anterior, se estableció que en todo caso en que existan indicios de la ocurrencia de tortura, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento. Es indispensable que el Estado actúe con diligencia para evitar alegados actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, tomando en cuenta, por otra parte, que la víctima suele abstenerse, por temor, de denunciar los hechos. Asimismo, a las autoridades judiciales, corresponde el deber de garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar alegados actos de tortura. El Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos de manera que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión.-Por otra parte, la Corte resaltó que en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26256-a17879c3/actos-de-tortura-la-omision-del-juez-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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