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Modo: Corpus Pro

ACTOS DE TORTURA. EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR LA VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE LO RIGEN, DADA LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, DEBE ORDENARSE HASTA LA ETAPA INTERMEDIA, ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 111/2016 (CUADERNO AUXILIAR 365/2016) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIM · Registro digital (IUS): 26842
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-12-09
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Pág. 1640.

AMPARO DIRECTO 111/2016 (CUADERNO AUXILIAR 365/2016) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. 14 DE JULIO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GERARDO OCTAVIO GARCÍA RAMOS. SECRETARIO: CARLOS CÉSAR MORALES ORTIZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Análisis de los conceptos de violación.

Formalidades esenciales del procedimiento.

En el caso es factible analizar los motivos de disenso en los cuales el quejoso plantea como violaciones al procedimiento las acaecidas al momento de su detención; siendo tales, las violaciones referentes a las excepciones constitucionales que justifican la detención de una persona como probable responsable de la comisión de un delito, comprendidas en el artículo 16 de la Constitución Federal; lo anterior, en términos de lo previsto por el artículo 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo,(4) al constituir la eventual transgresión al derecho humano de debido proceso, conforme al cual es esencial el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento; además del estudio de la licitud de las pruebas y el ejercicio de defensa adecuada a que se refieren los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal.

Sirve de apoyo a lo expuesto, las tesis de jurisprudencia siguientes:

"Novena Época

"Registro digital: 164640

"Instancia: Primera Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXXI, mayo de 2010

"Materia(s): Constitucional, Penal

"Tesis: 1a./J. 121/2009

"Página: 36

"AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO.-Acorde con las reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996, además de ampliar el espectro de la garantía de defensa adecuada que debe operar en todo proceso penal, el Poder Reformador determinó que las garantías contenidas en las fracciones I, V, VII y IX de dicho precepto también se observarían durante la averiguación previa. Por tanto, para efectos de las garantías contenidas en el referido numeral, el juicio de orden penal incluye tanto la fase jurisdiccional (ante el Juez) como la previa (ante el Ministerio Público); de ahí que algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional, ahora deben observarse en la averiguación previa. En ese sentido, se concluye que es procedente que en el amparo directo se analicen como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa, cuando afecten las garantías contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, en términos del artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece como violaciones procesales los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en tales supuestos pueden ubicarse las violaciones a las garantías observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar los datos solicitados por la defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o de la prueba recabada ilegalmente, en atención a que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales; toda vez que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar en el amparo directo las violaciones a las garantías individuales."

"Décima Época

"Registro digital: 2004134

"Instancia: Primera Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013

"Materia(s): Constitucional, Común

"Tesis: 1a./J. 45/2013 (10a.)

"Página: 529

"VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO HAYAN SIDO ANALIZADAS PREVIAMENTE EN AMPARO INDIRECTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 121/2009, sostuvo que en el amparo directo procede analizar como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa cuando afecten los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no debe interpretarse limitativamente, en la medida en que la protección del derecho humano al debido proceso la conforman sistemáticamente diversos numerales constitucionales, esto es, el respeto a este derecho se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales. En ese sentido, el catálogo de derechos del detenido, previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones I, V, VII y IX, constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se extiende a todos aquellos actos o diligencias realizados desde la averiguación previa, lo que permite ubicar posibles violaciones en cualquier diligencia de esta etapa. Ahora bien, el artículo 16 de la Carta Magna establece algunas excepciones que implican la restricción a aquellos derechos, entre las cuales se encuentra la privación de la libertad personal, específicamente en las detenciones por flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permiten atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales; sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida deben satisfacerse ciertas condiciones de legalidad, lo que implica que el órgano de control constitucional tiene la obligación de verificar si la detención prolongada por la policía sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican la excepción por la flagrancia o el caso urgente, generó elementos de prueba que incumplen con los requisitos de formalidad constitucional que deban declararse ilícitos, o si las diligencias correspondientes se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada. En esas condiciones, procede analizar en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 160, fracción XVII, de la ley de la materia, las violaciones cometidas con motivo de la excepción prevista en el artículo 16 constitucional (flagrancia o caso urgente), que justifican la detención de una persona como probable responsable de la comisión de un delito, pues podrían constituir una transgresión al derecho humano al debido proceso, conforme al cual es necesario el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a la licitud de las pruebas y al ejercicio de defensa adecuada a que se refieren los artículos 14 y 20 constitucionales, lo que estará condicionado a que no hayan sido analizadas previamente en amparo indirecto."

Sentadas tales premisas, se procede al estudio de los conceptos de violación planteados.

Legal detención.

El quejoso, en sus motivos de queja, afirma que fue ilegal su detención en razón de que para ello no medió orden de aprehensión ni de cateo, emitidas por autoridad competente, ni haber sido sorprendido en flagrancia, como puede ser advertido de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, lo cual -dice-, no fue advertido por el tribunal responsable, y viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, así como el libre deambular en territorio nacional.

No asiste razón al quejoso.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado en diversas ejecutorias,(5) los supuestos de actualización de una detención, especialmente cuando se lleva en flagrancia, y los actos previos a tal detención que se deben considerar como un control preventivo provisional por parte de la autoridad que amerita una justificación constitucional diversa.

De tales ejecutorias destaca, como ejes rectores de interpretación sobre el tema de flagrancia en la detención, las siguientes disertaciones:

"B. Detención en flagrancia.

"56. Establecidos los lineamientos constitucionales sobre el reconocimiento y protección del derecho humano de libertad, procede el examen constitucional de su limitación válida bajo la figura jurídica de detención en flagrancia, respecto la cual, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado diversos pronunciamientos que serán retomados.(6 )

"57. a. El fundamento de la flagrancia en el sistema jurídico nacional lo constituye el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(7)

"58. b. Hasta antes de la reforma al nuevo sistema penal acusatorio conforme a la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional disponía lo siguiente:

"‘En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.’

"59. Con motivo de la reforma constitucional en materia penal se prevé la siguiente descripción:

"Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

"60.c. La razón por la que se ha reconocido a la flagrancia como un supuesto que admite la detención sin orden judicial, no ha variado. Por ello, se justifica la detención de quien está ejecutando un delito perfectamente apreciable por los sentidos.

"61. d. El escrutinio de la autoridad judicial debe ser la condición rectora y preferente en el régimen de detención por flagrancia. En principio, toda detención debería estar precedida por una autorización fundada y motivada bajo los requisitos constitucionales, mas la detención en flagrancia constituye una excepción, también bajo su delimitación constitucional.

"62. e. Un delito flagrante se configura cuando se está cometiendo actual, esto es, cuando el autor es sorprendido mientras consuma la acción. Como criterio negativo tenemos que, en forma ejemplificativa, de acuerdo con la interpretación de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una detención en flagrancia no es aquella en la que se detiene con fundamento en una simple sospecha sobre la posible comisión de un delito.

"63. f. La connotación del término flagrancia tiene un sentido restringido y acotado. Incluso, en la reforma constitucional se delimitó el concepto de flagrancia para erradicar la posibilidad de cometer abusos. Así, se consideró que la falta de especificidad en la descripción constitucional había generado un contexto que, durante el proceso de reforma, fue calificado como laxo o permisivo, por lo que se optó por su modificación.

"64. g. A partir de entonces, se determinó que el significado de la flagrancia había readquirido un sentido literal y restringido, donde lo que flagra es lo que arde o resplandece como fuego o llama.(8)

"65. h. Un delito flagrante es aquel que brilla a todas luces; es decir, resulta tan evidente e inconfundible que puede apreciarse por los sentidos la comisión de un hecho delictivo. Para reconocerlo no se necesita ser Juez, perito en derecho o bien, el estar especialmente capacitado. La obviedad inherente a la flagrancia tiene una correspondencia directa con la irrelevancia de la calidad que ostenta el sujeto aprehensor.

"66. i. La flagrancia ha sido una condición ex ante a la detención, lo que no conlleva facultades para detener ante la sola sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo o porque presuma que esté involucrado en la comisión de un delito objeto de investigación, si no cuenta con una orden de detención del órgano ministerial. Por otra parte, tampoco se puede detener para investigar.

"67. j. Tratándose de delitos permanentes, la anterior precisión resultó especialmente importante. Si la persona no fue sorprendida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de ello, no era admisible que la autoridad aprehensora detuviera al inculpado y después intentara justificarla por detención.

"68. k. La actitud sospechosa, nerviosa o cualquier otro motivo relacionado con la apariencia de una persona, no es una causa válida para impulsar una detención amparada bajo el concepto flagrancia. En contraste, cuando ya se ha iniciado una investigación que arroja datos sobre la probable responsabilidad de una persona, la detención requerirá estar precedida por el dictado de una orden de aprehensión.

"69. l. Para que la detención en flagrancia pueda ser válida tiene que darse alguno de los siguientes supuestos:

"i. La acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis, y

"ii. Se persigue al autor del delito mediante elementos objetivos que hagan posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado.

"70. m. El Juez que ratifica una detención por flagrancia debe conducirse de acuerdo con los anteriores lineamientos.

"71. n. Así, el control judicial ex post a la privación de la libertad en flagrancia debe ser especialmente cuidadoso. El Juez debe ponderar los datos en que se pretenda justificar.

"72. o. Además, quien afirma la legalidad y constitucionalidad de la detención, debe poderla sostener ante el Juez. El principio de presunción de inocencia se proyectaba desde esa etapa del procedimiento (detención). Por tanto, se consideró de suma importancia el escrutinio estricto posterior a la detención para verificar su validez. ..."

De lo anterior derivó la tesis siguiente:

"Décima Época

"Registro digital: 2010963

"Instancia: Primera Sala

"Tesis aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 27, Tomo I, febrero de 2016

"Materia(s): Constitucional, Penal

"Tesis: 1a. XXV/2016 (10a.)

"Página: 671

"DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el procedimiento que debe seguirse para efectuar una detención cuando la autoridad tiene conocimiento por medio de una denuncia informal sobre un delito cometido en flagrancia; y para que aquélla pueda ser válida (por guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía) tiene que ceñirse al concepto constitucional estricto de flagrancia, es decir, debe actualizarse alguno de los supuestos siguientes: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; o, 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito. Ahora bien, tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), al evaluar la validez constitucional, el Juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia."

Sentadas como premisa las notas distintivas precedentes, se afirma que, en el caso a estudio, el elemento de la flagrancia para legitimar la detención se encuentra colmado, en la medida en que del parte informativo se advierte que si bien no se tenía información sobre la denuncia formal por parte legitimada respecto de la privación ilegal de una persona, lo cierto es que aquí se actualiza la hipótesis de una denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), en tanto que, se dijo que, derivado de la llamada anónima(9) recibida en la línea del Gobierno del Estado el dieciséis de septiembre de dos mil nueve a las veintiún horas con treinta minutos, se reportó que en el domicilio ubicado en **********, desde días atrás, se observaban varios jóvenes desconocidos en el vecindario, que de forma sospechosa entraban y salían seguido en esa casa; que utilizaban vehículos de distintas marcas, que andaban armados; y que del interior de la vivienda se escuchaban gritos, como si estuvieran lesionando o agrediendo a una persona; inclusive, se habían escuchado "detonaciones de fuego".

Atento a lo anterior, si de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal, la persecución de los delitos es competencia del Ministerio Público y la policía bajo su mando -siendo que en el caso quien llevó a cabo la detención fueron los elementos de la policía ministerial-, entonces es congruente con el contenido del artículo 16 constitucional -texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho-, así como de los dispositivos legales 114 y 159 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua,(10) aplicable.

Los referidos numerales disponen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"...

"En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motivare proceder.

"En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley."

Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (vigente en la época de los hechos).

"Artículo 114. Facultades y obligaciones de la policía ministerial.

"La policía ministerial tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

"...

"(Reformada, P.O. 13 de octubre de 2007)

"IX. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución Federal. En estos casos, los agentes de la policía ministerial estarán facultados para realizar inspecciones personales sobre el detenido y recoger los objetos que tenga en su poder. Levantará un inventario de las mismas, que será firmado por él, si así lo considera conveniente, y las pondrá a disposición del agente del Ministerio Público. ..."

"Artículo 159. Procedencia de la detención. Ninguna persona podrá ser detenida sino por orden de Juez competente, a menos que fuere sorprendida en delito flagrante o se tratare de caso urgente."

Lo anterior es así, pues de las pruebas presentadas por el representante social, los elementos policiales declararon que fueron informados que se recibió una llamada telefónica anónima reportando detonaciones de arma de fuego, así como gritos de una persona que, al parecer, estaba siendo lesionada o agredida, en el domicilio ubicado en **********; por lo que, en el ámbito de sus atribuciones, procedieron a constituirse en el mismo, motivo por el cual al constituirse en el citado lugar, advirtieron que una persona salía del referido sitio, mientras que otra se encontraba en el interior de la vivienda, específicamente en el balcón, portando un arma de fuego con la que les apuntaba.

De ahí que al contarse con una denuncia informal anónima (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), la que reportó la probable comisión de un hecho que revista caracteres de delito; asimismo, se proporcionó la ubicación precisa del domicilio y se proporcionaron los datos de identificación del mismo, encontrando a una persona que salía del citado lugar y a otra, en el interior del mismo, específicamente en el balcón, portando un arma de fuego con la que les apuntaba, por lo cual procedieron a su detención. Todo lo cual, conlleva a determinar que, por esa circunstancia -denuncia anónima-, la detención se torne legal.

En ese tenor, contrario a lo propuesto por el disconforme, no es verdad que ante la ausencia de orden de aprehensión o de cateo -obsequiada por autoridad competente previamente a su detención-, con la detención realizada por los agentes aprehensores se vulnere en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, sino que tal afirmación derivó de los datos objetivos que se allegaron los agentes para proceder a su detención, en flagrancia de delito, en términos de lo dispuesto en los referidos artículos 114, fracción IX y 159 del Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos.

Declaración obtenida a través de actos de tortura.

En otro contexto, el quejoso señala que la sentencia reclamada es violatoria de sus derechos humanos de debido proceso, previstos en los artículos 1o., 14, 16, 2o. y 22 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en la medida en que tanto su declaración como la de su coinculpado fueron obtenidas a través de la violencia.

Es fundado lo anterior.

En efecto, de las actuaciones que integran la causa penal número 1055/2009, se advierten indicios de tortura en contra del indiciado, mismos que ameritan ser investigados.

En relación con el tema de la tortura, existen las jurisprudencias temáticas 1a./J. 10/2016 (10a.) y 1a./J. 11/2016 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la ejecutoria que les dio origen, señaló la Sala que ante la trascendencia de afectación al derecho humano a la integridad personal, con motivo de la comisión de actos de tortura, las personas que dentro de un proceso penal denuncien haber sido víctimas de esos hechos, tienen el derecho a que dicha conducta sea investigada desde dos vertientes:

a) Como delito en estricto sentido; y,

b) Como violación a los derechos humanos de la persona sometida a algún procedimiento penal, a partir de pruebas que presuntamente se obtuvieron con motivo de actos de tortura a los que fue sometido el inculpado.

Al respecto, destaca la Sala, que cuando una persona sujeta a un proceso penal alega tortura u otro tipo de coacción física o psicológica, no es a él al que le corresponde demostrar el grado o nivel de agresión sufrida (tortura, malos tratos, crueles o inhumanos, o cualquier otro tipo de afectación a su integridad), ni tampoco la veracidad del alegato. Por el contrario, corresponde a la autoridad iniciar, con inmediatez, una investigación que tenga por objeto esclarecer la verdad de los hechos, proporcionando al juzgador una explicación razonable de la situación en que sucedió la detención y en la cual se rindió la declaración. Además, corresponde al Ministerio Público dar una explicación razonable de lo que ha sucedido con la persona durante la detención.

También se genera para el juzgador de instancia una obligación adicional, ya que aparte de dar vista con la denuncia al Ministerio Público para efectos de la investigación de la tortura como delito, deberá, por sí mismo, realizar una investigación diligente e imparcial, que tome en cuenta las diversas modalidades en que puede presentarse la tortura, a fin de resolver si en autos se encuentra o no acreditada su existencia, pero ahora en su vertiente de violación a un derecho fundamental, a fin de que en la sentencia definitiva evalúe si alguna prueba ha sido obtenida bajo ese medio.

Reitera que, en el Estado Mexicano, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por ende, tanto el Ministerio Público como las autoridades jurisdiccionales de primera y segunda instancias, así como las de amparo, se encuentran vinculadas nacional e internacionalmente, a verificar, incluso oficiosamente, si existe evidencia razonable de que una persona ha sido torturada; y, asimismo, a dar vista a la autoridad competente para que inicie una investigación pronta, minuciosa e imparcial y, en su caso, a excluir todo medio de prueba ilícitamente recabado; sin soslayar el deber de protección a la dignidad e integridad de la persona que se dice víctima de tortura.

Entonces, las dos vertientes a las que se refiere la Sala son de orden:

1. Extraprocesal, relativa a una investigación de la denuncia presentada por la persona que se dijo haber sido víctima de actos de tortura, pero independiente del juicio natural, con todas las formalidades de una nueva investigación de la tortura como delito autónomo.

2. Intraprocesal, que requiere una investigación dentro del proceso o juicio natural, tendente a acreditar la afectación a derechos fundamentales de la persona que se dijo torturada, para que en caso de que sea demostrada, se pueda hacer un ejercicio de exclusión de las pruebas que pudieran estar afectadas de ilicitud.

En la primera vertiente, señala la Primera Sala, que cuando alguna autoridad del Estado tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Investigación que tiene como finalidad determinar el origen y la naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables.

En la segunda vertiente, afirma que frente a la declaración del imputado que aduce ante las autoridades jurisdiccionales que fue torturado, o cuando tenga datos de la misma, surge para éstas la obligación de ordenar la realización de las diligencias que considere necesarias para encontrar, por lo menos, indicios sobre los actos de tortura; como ejemplo señala, el desahogo de la prueba pericial en psicología conforme al "Protocolo de Estambul", que es acorde con el "Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", como herramienta normativa en la que, de manera exhaustiva y eficaz, se establecen los criterios y directrices necesarios para la detección, en su caso, de los signos o evidencias de tortura física y/o psicológica.

En esta vertiente -dice-, corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados. De ahí que el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión.

Así, el ordenar el desahogo de cualquier probanza necesaria para el esclarecimiento de los hechos, es para que la misma tenga efecto dentro del propio proceso penal y pueda valorarse al dictarse la sentencia definitiva, a efecto de determinar si debe o no darse valor convictivo a los medios de prueba obtenidos directamente a través de la tortura.

La Sala precisa que las dos investigaciones de una denuncia de tortura son autónomas entre sí, lo que significa que no es necesario que se tenga por acreditada como delito, para que se justifique como violación de derechos humanos dentro de la tramitación de un proceso, a fin de suprimir cualquier medio de prueba obtenido ilícitamente.(11)

Dicha vulneración -expone la Sala- a derechos humanos, en caso de acreditarse intraprocesalmente, genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en materia penal, de conformidad con la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo,(12) que señala la procedencia del juicio de amparo directo, en relación con el numeral 173 de la misma ley, que establece que en los juicios del orden penal, se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de los quejosos, entre otros casos, cuando:

"VIII. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;"

Así que, razonó la Sala, si las violaciones fueron cometidas en los procedimientos y quedaron demostradas, traerá como consecuencia, por regla general, la reposición del mismo, en la etapa procesal corres

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26842-4f8968cc/actos-de-tortura-en-el-sistema-procesal-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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