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Modo: Corpus Pro

ACTOS DE TORTURA. SI EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 10/2016 (10a.) Y 1a./J. 11/2016 (10a.), SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL AL COIMPUTADO DEL QUEJOSO, QUIEN DERIVADO DE AQUÉLLOS, REALIZÓ IMPUTACIONES EN CONTRA DE ÉSTE, Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS TOMA EN CONSIDERACIÓN, LO CUAL INCIDE SOBRE LAS PRUEBAS DE CARGO OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DEL PETICIONARIO, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 100/2021. · Registro digital (IUS): 30294
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-01-07
Promovente: *.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, Pág. 2710.

AMPARO DIRECTO 100/2021. 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS RAMÍREZ BENÍTEZ. SECRETARIO: DANIEL GUZMÁN AGUADO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.—Resulta innecesario realizar el estudio de la sentencia reclamada, así como efectuar un pronunciamiento respecto a la totalidad de los conceptos de violación expresados por el quejoso ********** donde, en los que enuncia como "quinto" y "octavo" en su escrito de demanda, sustancialmente argumenta que le fueron violados sus derechos humanos y fundamentales en razón de que, aduce, la confesión que, dice, emitió al rendir su declaración ministerial, le fue arrancada mediante actos de tortura por parte de los elementos policiacos captores y remitentes, lo cual, precisa, además, puso en conocimiento del Juez de la causa al rendir su declaración preparatoria, y no fue tomado en consideración ni por él ni por la Sala responsable.

Atento lo anterior, en suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que en el caso existió la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura, tal y como tácitamente se desprende de los argumentos plasmados en los precitados apartados de disenso de la demanda de garantías, lo cual constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del aquí impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto en los arábigos 173, fracción XI, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Efectivamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 315/2014, plasmó la doctrina constitucional que en relación con el tema de la tortura ha desarrollado.

Al respecto, ha establecido que por la trascendencia de la afectación al derecho humano a la integridad personal con motivo de la comisión de actos de tortura, se requiere que dicha conducta sea investigada desde dos vertientes, como delito en estricto sentido y como violación a los derechos humanos de la persona sometida a algún procedimiento penal, a partir de pruebas que presuntamente se obtuvieron con motivo de actos de tortura, a los que fue sometido el inculpado.

Ello es así, porque conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del ius cogens internacional. De ahí que las consecuencias y los efectos de la tortura impactan, como se dijo, en dos vertientes, tanto de delito, como de violación de derechos humanos.

En consecuencia, al actualizar la tortura una categoría especial y de mayor gravedad, impone hacer un análisis cuidadoso bajo los estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de delito, como de violación de derechos humanos.(2)

Congruente con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCVI/2014 (10a.),(3) estableció que frente a la denuncia o alegada tortura, ante cualquier autoridad, surgen diversos deberes que son imperativos de cumplir por aquéllas en el ámbito de su competencia. Lo cual se determinó conforme a los enunciados siguientes:

1) Las personas que denuncien actos de tortura tienen derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que la misma sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión.

2) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso.

3) Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura, a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones.

4) Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma.

Directrices que retoman los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que de la Convención Interamericana contra la Tortura deriva el deber del Estado de investigar, cuando se presente una denuncia o cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción. Obligación que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. Ello, al margen de que la tortura no se haya denunciado ante las autoridades competentes.(4)

Debiéndose entender por razón fundada, la existencia de indicios de la ocurrencia de los actos de tortura.(5)

En consecuencia, como lo ha reconocido la propia Primera Sala, cuando alguna autoridad del Estado tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá inmediatamente y de oficio dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Investigación que tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables.(6)

Esto es así, porque corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados. De ahí que el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión.(7)

Se estima necesario puntualizar, retomando la doctrina constitucional enunciada, que existe una distinción relevante con respecto al tema de tortura, a saber:

a) Sus consecuencias jurídicas como delito; y,

b) Sus consecuencias como violación a derechos fundamentales dentro de un proceso penal.

En ese orden de ideas, al ser la tortura un delito, desde luego que está sujeta a la tramitación de todo un procedimiento del orden penal debidamente establecido para su comprobación, como sucede con cualquier otro ilícito, el cual es autónomo a la controversia jurisdiccional en la que se invoque la tortura.

Además, la tortura implica una auténtica violación a derechos fundamentales, que genera diversas afectaciones no sólo en contra de la víctima de la misma, sino también al debido proceso legal.

En efecto, la declaración obtenida bajo tortura o cualquier otro medio de coacción, no podrá ser utilizada dentro del proceso y bajo ninguna circunstancia como una prueba de cargo válida en contra de la víctima de dicha agresión.

Así, como conclusión preliminar, se tiene que cuando cualquier autoridad del Estado Mexicano, sin distinción de su naturaleza, fuero o funciones, tenga conocimiento que una persona ha sufrido tortura, o bien, cuando el propio indiciado o procesado denuncie ante ellas ese hecho, se encuentran obligadas a realizar, con inmediatez, una investigación imparcial, a fin de esclarecer la verdad de los hechos.(8)

Es importante destacar que cuando una persona sujeta a un proceso penal alega tortura u otro tipo de coacción física o psicológica, no es a él al que le corresponde demostrar el grado o nivel de agresión sufrida (tortura, malos tratos, crueles o inhumanos, o cualquier otro tipo de afectación a su integridad), ni tampoco la veracidad del alegato. Por el contrario, corresponde a la autoridad iniciar, con inmediatez, una investigación que tenga por objeto esclarecer la verdad de los hechos, proporcionando al juzgador una explicación razonable de la situación en que sucedió la detención y en la cual se rindió la declaración. Además, corresponde al Ministerio Público dar una explicación razonable de lo que ha sucedido con la persona durante la detención.

Aunado a lo anterior, se genera para el juzgador de instancia una obligación adicional, ya que además de dar vista con la denuncia al Ministerio Público para efectos de la investigación de la tortura como delito deberá, por sí mismo, realizar una investigación diligente e imparcial, que tome en cuenta las diversas modalidades en que puede presentarse la tortura, a fin de resolver si en autos se encuentra o no acreditada su existencia, pero ahora en su vertiente de violación a un derecho fundamental, a fin de que en la sentencia definitiva evalúe si alguna prueba ha sido obtenida bajo ese medio.

Es importante reiterar que en el Estado Mexicano todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por ende, tanto el Ministerio Público, como las autoridades jurisdiccionales de primera y segunda instancias, así como las de amparo, se encuentran vinculadas nacional e internacionalmente, a verificar, incluso oficiosamente, si existe evidencia razonable de que una persona ha sido torturada y, asimismo, a dar vista a la autoridad competente para que inicie una investigación pronta, minuciosa e imparcial y, en su caso, a excluir todo medio de prueba ilícitamente recabado, sin soslayar el deber de protección a la dignidad e integridad de la persona que se dice víctima de tortura.

En relación con lo anterior, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura señala:

"Artículo 8.

"Los Estados Parte garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

"Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Parte garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

"Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado."

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes dispone:

"Artículo 12.

"Todo Estado Parte velará por que siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial."

"Artículo 13.

"Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado."

En ese orden de ideas, con independencia de la naturaleza o funciones de las autoridades a quienes se atribuya la realización de actos de tortura, en acatamiento de los vigentes parámetros de control de regularidad constitucional, tanto de fuente nacional como internacional, todas las autoridades, tanto ministeriales como judiciales, se encuentran vinculadas a adoptar una actitud pro activa y garantista de los derechos humanos.

Consecuentemente, entendida la tortura como delito, en cualquier caso en que existan indicios de que una persona ha sido torturada, el Estado deberá iniciar de oficio y de forma inmediata, una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de la afectación o lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento.

Además, respecto de la tortura como violación de derechos humanos, en los casos en que el alegato se realice dentro de la tramitación de un proceso penal, con independencia del estado procesal en que se encuentre, como de los entes de gobierno a las que se atribuya, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de verificar de oficio, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación que se lleve a cabo con la debida diligencia, cuya carga probatoria no recae en el denunciante, sino en el Estado.

Esto es, corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los alegados actos de tortura.

En efecto, frente a la declaración del imputado que señala ante las autoridades jurisdiccionales que fue torturado, surge para éstas, además de dar vista con la misma al Ministerio Público para que inicie la averiguación previa correspondiente, la obligación de ordenar la realización de las diligencias que considere necesarias para encontrar, por lo menos, indicios sobre los actos de tortura; a guisa de ejemplo, el desahogo de la prueba pericial en psicología conforme al "Protocolo de Estambul", que es acorde con el "Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", como herramienta normativa en la que, de manera exhaustiva y eficaz, se establecen los criterios y directrices necesarios para la detección, en su caso, de los signos o evidencias de tortura física y/o psicológica.

Así, el ordenar el desahogo de cualquier probanza necesaria para el esclarecimiento de los hechos, es para que la misma tenga efecto dentro del propio proceso penal y pueda valorarse al dictarse la sentencia definitiva, a efecto de determinar si debe o no darse valor convictivo a los medios de prueba obtenidos directamente a través de la tortura.

Es importante reiterar que las dos investigaciones de una denuncia de tortura son autónomas entre sí, lo que significa que no es necesario que se tenga por acreditada como delito, para que se justifique como violación de derechos humanos dentro de la tramitación de un proceso, a fin de suprimir cualquier medio de prueba obtenido ilícitamente.

El derecho a un debido proceso constituye una parte del núcleo duro que debe observarse de manera inexcusable en todo el procedimiento jurisdiccional, y que se garantiza a través del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la del derecho fundamental de audiencia. Lo cual permite que los gobernados ejerzan el derecho a contar con una defensa adecuada previo a que mediante un acto de autoridad se modifique su esfera jurídica en forma definitiva, que puede implicar la privación de la libertad, propiedad, posesiones o derechos.

Lo anterior, conforme a la parte correspondiente de la jurisprudencia en materia constitucional 1a./J. 11/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO."(9)

Así, las formalidades esenciales del procedimiento, que constituyen el mínimo de derechos que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, cuyo cumplimiento es una obligación impuesta a las autoridades, se traduce en: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y, 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y la existencia de un medio de impugnación.

Luego, cuando se violan las formalidades esenciales del procedimiento, se impide al gobernado el ejercicio pleno de su derecho fundamental de defensa previo al correspondiente acto privativo, ubicándolo en un estado de indefensión.

Ello, conforme a la jurisprudencia en materias constitucional/común P./J. 47/95, con el epígrafe: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."(10)

Y como remedio de una eventual violación a las formalidades esenciales del procedimiento en materia penal, en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo se establece la procedencia del juicio de amparo directo.

En tanto que en el artículo 173 de la Ley de Amparo se establece un catálogo que informa diversos supuestos en los que, en los juicios del orden penal, se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de los quejosos; en su última fracción se establece que en casos análogos también existe la violación procesal que trasciende al resultado del fallo, de lo que se colige que ese catálogo no es limitativo o taxativo, sino meramente enunciativo.

Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 315/2014, sostuvo que si la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos, o bien, degradantes, tutela el derecho fundamental a la integridad personal, sea física o moral, y se acredita la afectación de ese derecho en relación con un proceso penal, por lo que ya no se requiere investigar que aconteció, entonces, claramente se actualiza la violación a las leyes del procedimiento que se establece en la fracción VIII del artículo 173 de la Ley de Amparo.

Sin embargo, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal destacó que es importante precisar que al actualizarse la violación referida, a partir del supuesto de tener por demostrada la tortura, ello hace innecesario la reposición del procedimiento penal, al quedar excluida la presunción de la comisión de dicha violación que activa la obligación de investigación, en virtud de la comprobación de la vulneración al derecho humano de la integridad personal por actos de tortura. Por tanto, en el supuesto referido, la autoridad judicial está en condiciones de realizar un escrutinio estricto de valoración probatoria para determinar la aplicación de las reglas de exclusión de aquellas que tengan el carácter de ilícitas por la relación que tienen con los actos de tortura.

Pero un supuesto diferente se presenta cuando la autoridad judicial omite investigar una denuncia de tortura realizada en el correspondiente proceso penal, pues en este caso no está demostrada la existencia de la violación al derecho fundamental a la integridad personal y, por tanto, no rige directamente la hipótesis aludida.

No obstante, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Federal, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Supuesto que es aplicable a la violación a derechos humanos por actos de tortura, como lo establecen los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que señalan:

"Artículo 1. Los Estados Parte se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención."

"Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Parte tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

"Los Estados Parte se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

"Igualmente, los Estados Parte tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción."

"Artículo 8. Los Estados Parte garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

"Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Parte garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

"Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado."

"Artículo 10. Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración."

Por tanto, si los gobernados, constitucional y convencionalmente tienen el derecho fundamental a que el Estado investigue las violaciones a los derechos humanos, en específico, el derecho a no ser objeto de tortura; y si la tortura afecta gravemente el derecho fundamental a un debido proceso legal. Entonces, ante una denuncia de ese tipo, la autoridad judicial, como parte integral del Estado Mexicano, tiene la obligación de investigarla; lo que se constituye, en consecuencia, en una formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas posibilidades de defensa de los gobernados previo al correspondiente acto de autoridad privativo de sus derechos.

Ello es así, porque al ser la tortura una violación a derechos humanos de la que es posible que se puedan obtener datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la persona identificada como presunta víctima de la tortura, resulta evidente que existe una clara relación entre la violación a derechos humanos con el debido proceso. Lo cual implica que, luego de realizarse la investigación que es necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas.

Por tanto, soslayar una denuncia de tortura sin que se realice la investigación correspondiente, ubica necesariamente en estado de indefensión a quien la alega, ya que al no verificar su dicho, se deja de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará sentencia.

En esa tesitura, la omisión de la autoridad judicial de investigar oficiosamente la denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, con trascendencia a la defensa de los quejosos, en términos de la fracción XI del artículo 173 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional y 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Afirmación que, además, resulta congruente con la tesis aislada 1a. CCVII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, de epígrafe: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA."(11)

Sin embargo, ello no aplica con la denuncia de tortura en su vertiente de delito, pues ante la omisión del Juez de primera instancia, la autoridad que conozca del asunto, sea de alzada o de amparo, al enterarse del correspondiente alegato soslayado, o percatarse oficiosamente de la posible existencia de tortura, asume inmediatamente la obligación de hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Por tanto, no sólo no existe razón legal alguna que justifique la reposición del procedimiento para ese solo fin sino, además, se incidiría sobre una pronta y expedita impartición de justicia.

A partir del estudio precedente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación delimitó la identificación del supuesto en que se actualiza la violación a las formalidades esenciales del procedimiento que trasciende a la defensa del quejoso, conforme a lo dispuesto en el artículo 173, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La premisa que debe tenerse en cuenta, parte de la base de que una autoridad judicial durante el trámite de un proceso penal tiene conocimiento de la denuncia o alegato de tortura, o bien advierte la existencia de indicios o datos de su ocurrencia; sin embargo, omite investigar dicha violación al derecho humano de dignidad de las personas por actos de tortura.

El cumplimiento a los parámetros imperativos impuestos desde el marco jurídico internacional o nacional, ante la denuncia o la advertencia de indicios coincidentes con la comisión de tortura, obligan a la autoridad judicial que conoce del proceso penal, luego de dar vista al Ministerio Público para que se investigue el hecho bajo la vertiente de delito, a realizar un análisis oficioso de los elementos materiales con los que se tienen hasta la etapa procesal en que se actúa, con el objetivo de determinar si cuenta o no con elementos que le permitan concluir que existió la tortura.

En el caso de que esté en posibilidad de afirmarse existencia de la tortura, ello hace innecesario aperturar una investigación adicional en el propio proceso penal, por lo que al decidir la situación jurídica del procesado tendrá que analizar si dicha violación a derechos humanos tuvo un impacto en la generación, introducción o desahogo de pruebas incorporadas a la causa penal, porque de ser así tendrá que aplicar las directrices de exclusión de la prueba ilícita.

De lo contrario, ante la insuficiencia de indicios que le permitan a la autoridad judicial determinar si aconteció o no la comisión de actos de tortura contra el procesado, entonces deberá realizarse la investigación en el propio proceso penal, de manera que permita obtener una respuesta a esa interrogante. Es en este punto de análisis en que se ubica la violación a las formalidades esenciales del procedimiento que deja sin defensa al procesado, cuando se omite realizar la investigación referida. De ahí que al detectarse la falta de investigación después de concluir la etapa de instrucción del proceso penal, ello necesariamente obliga a reponer el procedimiento para que sea subsanada la omisión y la situación jurídica del procesado pueda resolverse a partir de tener en cuenta dicha circunstancia.

Expuesto lo anterior, y a fin de justificar la afirmación en cuanto a la omisión en que, en el caso de que se trata, incurrieron tanto el Juez de la causa como la autoridad de alzada responsable, es dable señalar que dentro de las constancias que conforman la causa de origen y el toca de apelación, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., obran las declaraciones del procesado ********** y sus cosentenciados ********** y **********, quienes ante la autoridad ministerial, como fue justipreciado por la Sala responsable, aceptaron la comisión de los hechos ilícitos materia de la causa de origen, en tanto que ante la autoridad jurisdiccional, en vía de preparatoria, no ratificaron la ministerial aduciendo actos de tortura realizados en su contra durante su detención a fin de que aceptaran los hechos imputados, y en ampliación de declaración, ratificaron su respectiva declaración preparatoria, y mientras el segundo de dichos enjuiciados se reservó su derecho a declarar, el aquí quejoso y el tercero ampliaron sus declaraciones mediante sendos escritos. Mismas deposiciones que fueron emitidas en los siguientes términos:

Por lo que hace al ahora quejoso ********** consta que, en su declaración ministerial realizada el veintidós de enero de dos mil nueve, asistido por su defensor de oficio ********** (foja 147, tomo I), en lo que interesa, manifestó estar enterado de la denuncia presentada en su contra y de la persona que la hacía; al respecto, aceptaba los hechos denunciados en su contra, ya que hacía aproximadamente tres o cuatro meses acudió a una fiesta de bautizo en la colonia **********, la cual organizaron sus compadres ********** y **********, de quienes no recordó sus apellidos, en esa fiesta conoció a un sujeto de nombre **********, sin saber sus apellidos, pero sabía que lo apodaban "**********", quien iba acompañado de otro sujeto a quien apodaban "el **********", "la **********" y "un **********" que era novio de "la **********", "el **********" le preguntó si en su pueblo había gente de dinero, pues según el dicho de **********, aquél le pegaba al secuestro y al robo a transporte, le contestó que el más pesado, hablando de dinero, era su expatrón de nombre **********, quien se dedicaba a las carnicerías, que trabajó con él durante un año, aproximadamente, en dos mil dieciocho y ********** "el **********" le pidió que se lo señalara porque lo iba a secuestrar; le pidió que lo sacara de su casa, le contestó que no, que mejor después se lo enseñaría, dándole el teléfono particular de su domicilio; siguieron tomando en dicha fiesta y al día siguiente, en que le mostró a **********, quien iba llegando a la carnicería que se encuentra a un lado de la iglesia de ********** en el centro del pueblo; cuando les enseñó a su patrón estaban presentes ********** alias "el **********", una mujer a la que sólo conocía como "la **********", y un gordo pelón a quien apodaban "el *****

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30294-15444d95/actos-de-tortura-si-en-un-diverso-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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