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AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)].

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 60/2017. · Registro digital (IUS): 28016
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-08-31
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Pág. 2355.

AMPARO EN REVISIÓN 60/2017. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL. SECRETARIA: ROSALBA SALAZAR LUJÁN.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Los agravios hechos valer, que por cuestión de método se estudian en un orden distinto al propuesto, resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

En efecto, los quejosos reclamaron del Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, la calificación de legal de su detención ocurrida el once de septiembre de dos mil dieciséis, así como el auto de vinculación dictado en su contra el trece de ese mismo mes y año, al resultar probables coautores materiales de los hechos señalados en la ley como delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el diverso 11, incisos b) y c), respectivamente, con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del artículo 83; posesión de cartuchos, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso c); y, posesión de cargadores, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción II, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lo anterior en los autos de la causa penal **********.

El Juez a quo negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en relación con la calificación de legal de la detención, fundamentalmente porque en la detención de los peticionarios de amparo, se actualizó la hipótesis de flagrancia, contenida en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues previamente a su detención, se había suscitado un enfrentamiento entre éstos con los elementos del Ejército captores, lo que dio lugar a una persecución, hasta la habitación del hotel en la que fueron detenidos, por lo que no se requería de una autorización para irrumpir en ese lugar en el que se localizaron cuatro armas de fuego, diversos cargadores y cartuchos, todos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, dado que en ese momento se encontraban cometiendo un delito, es decir, se estaba en la hipótesis de flagrancia y, por tanto, resulta apegado a derecho el actuar del Juez responsable. Se invocó como apoyo, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2007, de rubro: "INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN FLAGRANCIA."

En desacuerdo con lo resuelto, los recurrentes aducen, en síntesis, en el segundo agravio, que para que esté justificado el ingreso a un domicilio sin orden de cateo y sin autorización del habitante o propietario, de acuerdo con el artículo 290, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es necesario que se den los siguientes elementos: a) una necesidad de repeler una agresión; b) que dicha agresión sea real, actual o inminente; c) que dicha agresión sea sin derecho; y, d) que dicha agresión ponga en riesgo la vida o la integridad personal de una o más personas. Supuestos que, en la especie, no se actualizaron.

Agregan que se realizó una aplicación indebida de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2007, ya que en la ejecutoria respectiva se interpretan los artículos 61 al 70 del Código Federal de Procedimientos Penales, y que en dicha porción normativa, ni en ningún otra parte del abrogado código federal se encuentra algún artículo que señale cuáles son los casos en los que la ley autorice a ingresar a un domicilio sin orden de cateo, mientras que en el año dos mil dieciséis, el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales sí establece una hipótesis legal exactamente aplicable al caso concreto.

Es infundado el agravio en estudio, toda vez que si bien es cierto que de acuerdo con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(22) la protección constitucional del domicilio exige que con independencia de la configuración del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisión de terceros; que en el mismo sentido, la protección que dispensa el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha de extenderse no solamente al domicilio entendido como aquel lugar en el que un individuo fija su residencia indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el que el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera permanente o esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel; no menos verdad lo es que en el particular, de acuerdo con lo narrado en el parte informativo homologado, la detención de los aquí inconformes, ocurrió luego de una persecución y se les dio alcance en un hotel, de nombre **********, donde se introdujeron en una habitación y es allí donde se llevó a cabo la detención, es decir, de acuerdo con la dinámica de los hechos, no puede afirmarse, con un grado cercano a la certeza, que tuvieran alquilada esa habitación y que, por tanto, allí pernoctaran y guardaran sus pertenencias personales.

Bajo ese contexto, lo alegado por los quejosos parte de una premisa falsa y, por tanto, inconducente a sus fines.

No obstante ello, este cuerpo colegiado determina que es legal que el Juez a quo considerara constitucional el auto de control de detención de trece de septiembre de dos mil dieciséis, en virtud de que se encuentra ajustado al párrafo quinto del artículo 16 constitucional, en relación con los ordinales 146, fracción I y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sobre el particular, el artículo 16 constitucional, en la parte que interesa, establece lo que a continuación se transcribe textualmente:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"...

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

"La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

"Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención."

De la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de la norma constitucional reproducida, se obtiene que de conformidad con la Carta Magna, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad.

En ese contexto, el artículo 16 de la Constitución Federal prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad, debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el Texto Constitucional le denomina "detención".

Tiene aplicación al caso la tesis aislada 1a. XCIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2008638, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tipo de tesis: aislada, Libro 16, Tomo II, marzo de 2015, materia constitucional, página 1096 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de marzo de 2015 a las 9:00 horas», que dice:

"DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina ‘detención’. Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse de esa forma, pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía."

Además, el Más Alto Tribunal(23) ha interpretado que la Norma Constitucional examinada establece el concepto de flagrancia como la detención del indiciado al instante de la comisión del delito, o bien, al momento de la huida u ocultamiento del sujeto que se generan inmediatamente después de la realización de los hechos delictuosos, sin establecer un tiempo determinado.

Por otro lado, los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales señalan:

"Artículo 146. Supuestos de flagrancia

"Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:

"I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o

"II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:

"a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente; o

"b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

"Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización."

"Artículo 147. Detención en caso de flagrancia.

"Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público.

"Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención.

"La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente código.

"En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a su disposición."

De la interpretación sistemática de las normas procesales reproducidas, se obtiene que para conducir al imputado al proceso penal bajo la hipótesis de detención por flagrancia, es necesario que se actualice alguno de los supuestos siguientes: a) que el imputado sea detenido en el momento mismo en el cual está cometiendo el hecho delictuoso; o bien, b) que el imputado sea detenido porque existen elementos objetivos que permiten identificarlo y corroborar que, en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el hecho delictuoso denunciado.

En el caso, el auto de control de la detención reclamado es del contenido literal siguiente:

"En relación al tema de control de detención se declara cerrado el debate para proceder a resolver en los términos siguientes: De lo descrito por el agente del Ministerio Público, señala cómo ocurrió la detención de los hoy imputados, esto según lo manifestado por elementos del Ejército Mexicano y de los elementos de Seguridad Pública Municipal de Batopilas, Chihuahua, quienes narran que el once de septiembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las siete horas, los elementos del Ejército Mexicano, circulaban por la avenida principal de Batopilas, Chihuahua, topándose con un grupo de aproximadamente siete personas que estaban próximos de cuatro vehículos, pero que se encontraba no a bordo de ellos sino abajo, estas personas al percatarse de la presencia del personal militar, comenzaron a realizar disparos en contra de los elementos castrenses, en eso cuatro de estos sujetos abordan un vehículo tipo Ram, doble cabina, de color gris, iniciándose una persecución, dándoles alcance en un hotel de nombre **********, donde se introducen en una habitación y es donde se lleva a cabo la detención, es decir, los elementos del Ejército acuden hasta ese lugar, entran a la habitación y detienen a los ahora cuatro imputados, encontrando dentro de esa habitación dos armas de fuego tipo fusil, calibre .223", una más del calibre 7.62", una pistola calibre .45", así como un total de 16 cargadores y cientos cinco cartuchos calibre .223" y cuatrocientos veinte cartuchos calibre 7.62", motivo por el cual llevan la detención material de los involucrados y aseguramiento de los objetos, virtud de ello, se comunican con los elementos de la Policía Municipal para poner a su disposición a los detenidos y objetos asegurados.—Los hechos descritos, parto del supuesto de que son ciertos, toda vez que: 1. No advierto que la versión sea materialmente imposible que haya sucedido de esa manera, es decir, que no sea creíble atendiendo a la cuestión material que haya podido acontecer de esa manera; 2. Tampoco advierto que la versión que exponen los elementos del Ejército Mexicano sea en sí misma inverosímil, que contenga algún vicio de irracionabilidad que de acuerdo al análisis de la lógica humana, no sea verosímil la versión que exponen, por el contrario, sabemos que las funciones de los elementos del Ejército, entre otras, es apoyar a las autoridades civiles en la vigilancia y combate a la delincuencia, y atento a las máximas de experiencia tenemos conocimiento de diversos enfrentamientos entre ciudadanos con elementos del Ejército Mexicano, además se trata de una zona serrana, en donde este tipo de eventos tienden a ser más frecuentes, que en las zonas urbanas.—De ahí que, estas cuestiones no me llevan a suponer que no sea inverosímil la versión que exponen los elementos del Ejército Mexicano.—3. Y otra razón por la cual considero que es de tomarse como ciertos los hechos, es que hasta este momento no son controvertidos, es decir, no existe un contradictorio, en cuanto a que los hechos hayan ocurrido de esta manera.—Superado el estándar de la lógica y de la razonabilidad, aunado a no estar sujetos al contradictorio, parto del supuesto de que efectivamente los hechos ocurrieron de la manera descrita.—En ese sentido, si los elementos castrenses se encontraron a los cuatro involucrados dentro de una habitación y dentro de la misma encuentran las cuatro armas de fuego, los diversos cargadores y cartuchos claro está que se actualiza la hipótesis de flagrancia, a que se refiere la fracción I del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala la fiscalía.—En relación a la circunstancia de que un hotel y sobre todo las habitaciones se tratan de una propiedad privada y no de un lugar abierto al público en general, sin embargo, la justificación de que los elementos del Ejército se introdujeran a la habitación sin una orden judicial, ello obedece a que se estaba en ese mismo momento cometiendo un delito y evidentemente por las características del caso en donde previamente había existido un enfrentamiento armado y no se requería de una autorización para continuar persiguiendo al delito, lo cual encuentra apoyo en la tesis con número de registro 171739, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece, entre otras cuestiones, que ‘no se requiere de una orden de cateo para introducirse a un domicilio particular, cuando se está ejecutando el delito’, como en el caso en particular, el delito de portación, es de ejecución permanente, en ese momento se encontraba ejecutando, de ahí que a mi consideración, se encuentra justificado el actuar de los elementos castrenses no sólo para introducirse a ese inmueble, sino que la detención se encuentra ajustada a derecho.—La citada tesis es la de cuyos datos de localización son 1a./J. 21/2007, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, materia penal, página 224, Novena Época, cuyos rubro y texto dicen: ‘INTROMISIÓN DEL A AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN FLAGRANCIA.’ (se transcribe) ...En esas condiciones considero que el tema del control de detención, en sí mismo se encuentra ajustado a derecho, y en relación al plazo de retención por parte de la fiscalía, aún a esta hora del día trece de septiembre del año en curso, nos encontramos dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas.

"En ese contexto, al encontrarse satisfechos los requisitos de la fracción I del artículo 146, así como del 308, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se califica de legal la detención de los imputados de nombre **********, **********, ********** y ********** y se ratifica de manera provisional la clasificación jurídica efectuada por la Ministerio Público."

De la transcripción anterior se advierte que el auto de control de la detención examinado en la sentencia recurrida se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que el Juez responsable citó con precisión los artículos 16 constitucional, 146, fracción I y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen su competencia legal para resolver sobre el control de detención y para calificar la legalidad de la misma, así como para examinar el cumplimiento del plazo constitucional de retención, razonando que la Norma Constitucional define la flagrancia y que las normas secundarias establecen las hipótesis de flagrancia, explicando adecuadamente que conforme a lo argumentado por el agente del Ministerio Público en el caso se actualiza la figura de flagrancia por persecución.

Situación que permite concluir que en el caso existe adecuación entre las normas aplicadas (artículos 16 constitucional y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales) y los motivos de hecho señalados en el párrafo que antecede, que evidencian que los quejosos–recurrentes fueron detenidos en flagrancia delictual.

Por otra parte, contrario a lo afirmado por los recurrentes, en el caso sí es aplicable, aunque por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2007, titulada: "INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN FLAGRANCIA.", en virtud de que los elementos de la controversia se ajustan al criterio que informa la tesis, esto es, en el caso concreto, a criterio del Juez responsable, se dio una excepción al derecho de inviolabilidad del domicilio, al actualizarse la hipótesis de flagrancia, por lo que su aplicación es inobjetable.

Robustece lo considerado, la tesis de jurisprudencia VIII.2o. J/26, con número de registro digital: 193841, Novena Época, Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, tipo de tesis: jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia administrativa, página 837, que dice:

"ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.—Es infundado que las tesis o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sus Salas, no puedan ser aplicadas por analogía o equiparación, ya que el artículo 14 constitucional, únicamente lo prohíbe en relación a juicios del orden criminal, pero cuando el juzgador para la solución de un conflicto aplica por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en una tesis o jurisprudencia, es procedente si el punto jurídico es exactamente igual en el caso a resolver que en la tesis, máxime que las características de la jurisprudencia son su generalidad, abstracción e impersonalidad del criterio jurídico que contiene."

En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emanó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2007, resolvió la contradicción de tesis 75/2004-PS, en la que la controversia consistió en determinar si las actuaciones y probanzas realizadas con motivo de la intromisión de la autoridad al domicilio de un gobernado sin orden judicial, tienen o no valor probatorio, y en ella realizó las siguientes precisiones de interés para la resolución del presente asunto:

• Si bien la orden de cateo presupone la comisión de un delito, la existencia de una investigación y la probabilidad de que en el mismo recinto se encuentra el activo o los objetos relacionados con el delito, lo cierto es que no en todos los casos hay una investigación ministerial de un delito previamente cometido, en la que existan datos del presunto responsable u objetos relacionados con el delito que se encuentren en el domicilio particular.

• Existen casos de flagrancia, esto es, cuando se está en presencia de actos delictivos que se están ejecutando o se acaban de ejecutar, por ejemplo, cuando la autoridad policial recibe información en el sentido de que en determinado domicilio tienen secuestrado a un sujeto (delito permanente), o que se está cometiendo una violación (delito instantáneo), que se posee droga o armas (delito permanente), tráfico de personas (delito instantáneo), pederastia (delito instantáneo), casos en los que no se necesitará, necesariamente, orden judicial de cateo que autorice la intromisión o allanamiento del domicilio particular, ya que existiendo flagrancia, el propio artículo 16 constitucional, expresamente permite a cualquier particular y, con mayor razón, a la autoridad, a detener al indiciado y, lógicamente, hacer cesar la agresión delictiva.

• Lo anterior, con independencia de que el delito en flagrancia se ejecute en el domicilio particular, toda vez que la Constitución no establece acotamiento alguno al respecto.

• Sólo en los casos en que se trate de un delito cometido en flagrancia, previsto en el precepto constitucional citado, puede la autoridad introducirse a un domicilio sin contar con una orden de cateo, fundado en que la demora podría hacer ilusoria la investigación de los delitos y la aplicación de las penas correspondientes.

• Lo anterior significa que la autoridad policial puede irrumpir en el domicilio de un gobernado sin contar con orden de cateo cuando se esté cometiendo el delito dentro del domicilio, igualmente cuando después de ejecutado un delito en flagrancia el inculpado es perseguido hasta el domicilio particular.

• Ahora, si como quedó establecido, en los supuestos de flagrancia no se requiere, necesariamente, orden de cateo, lógicamente las pruebas que se encuentren vinculadas directa o indirectamente con dichas detenciones, no se rigen por los supuestos que contemplan los numerales 61 y 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues tendrán eficacia probatoria y corresponderá al juzgador valorarlas conforme a las reglas relativas.

• La diligencia de cateo prevista en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional, como ya se apuntó, presupone una investigación ministerial de un hecho delictivo previamente cometido y la necesidad de buscar o detener al presunto implicado en el mismo o, en su caso, de buscar las pruebas que acrediten la existencia misma del delito o la probable responsabilidad del inculpado, lo cual no sucede en los casos de flagrancia.

• La razón anterior obedece también al hecho de que la autoridad policial tiene el deber de velar por la seguridad y la protección de la ciudadanía, por lo que se convierte en garante de los bienes de la sociedad y, por contrapartida, tiene el derecho de hacer que cese dicha afectación, sin esperar que se lo autorice expresamente la autoridad judicial.

• En efecto, en la Constitución se establecen los requisitos de la orden de cateo, sin los cuales, la misma será ilegal, pero también se establece la facultad punitiva del Estado como garante de la existencia de la sociedad; de ahí que también prevea el delito flagrante.

• Lo anterior permite apreciar que entre ambos mandatos constitucionales, el de la orden de cateo y el de la facultad punitiva del Estado, debe existir un equilibrio, ya que no puede concebirse una orden de cateo que no cumpla con los requisitos correspondientes, en atención a los bienes tutelados que afecta, como tampoco, que ante conductas constitutivas de delitos, el Estado no actúe.

• Así, la regla para realizar un cateo la constituyen todos los requisitos que establece el artículo 16 constitucional, descritos con anterioridad, y la excepción, cuando se verifique el cateo en caso de flagrante delito.

• De acuerdo con lo antes señalado, es de concluirse que las pruebas que se obtengan a partir de un cateo que no cumpla con los requisitos establecidos en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional, carecerán de eficacia probatoria, ello con independencia de la responsabilidad en que las autoridades que irrumpan en el domicilio pudieran incurrir; en cambio, las probanzas que se obtengan como consecuencia de la intromisión de la autoridad policial a un domicilio en caso de flagrancia, tendrán eficacia probatoria.

• Cabe señalar que corresponderá al órgano jurisdiccional realizar el juicio de proporcionalidad sobre la medida del cateo llevada a cabo, a fin de establecer si se cumplieron los requisitos respectivos, o bien, no obstante que no se cumplieron, se estaba en presencia de flagrante delito.

• También debe precisarse que en caso de flagrancia, la autoridad debe contar con datos ciertos o válidos que motiven la intromisión al domicilio, datos que deberán aportarse en el proceso, en caso de llegarse a consignar la averiguación correspondiente, a efecto de que el Juez pueda tener elementos de valuación para determinar si en el caso, efectivamente, se trató de flagrancia.

• En caso de que no se acredite que la intromisión al domicilio fue motivada por un delito flagrante, tal intromisión, así como lo que de ello derive, resultará ilegal.

Bajo las premisas anotadas y de las actuaciones previamente reseñadas, se obtiene que en el caso existió flagrancia, toda vez que de acuerdo con lo descrito en audiencia por el agente del Ministerio Público, la detención de los aquí recurrentes, según lo manifestado por los elementos del Ejército Mexicano y de los elementos de Seguridad Pública Municipal de Batopilas, Chihuahua, ocurrió el once de septiembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las siete horas,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28016-9cb5bcc8/auto-de-vinculacion-a-proceso-test-de-racionalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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