VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 11 DE MARZO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en sus términos el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis número P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(2) así como los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos primero y tercero, fracción VII, tercero y sexto del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en atención a que el conflicto denunciado se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos Circuitos judiciales, respecto de un tema que no requiere la intervención del Tribunal en Pleno. Lo anterior, además, con base en la decisión adoptada por este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis 259/2009.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, con relación al numeral 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo,(3) toda vez que fue hecha por el Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito.
TERCERO.—Criterios en conflicto. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones.
I) Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.
1) El veintiuno de abril de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, actuando como Juez de Control en la causa penal **********, celebró la audiencia inicial, que continuó el veinte de julio siguiente, en la que la Representación Social de la Federación formuló imputación contra **********, por los hechos delictuosos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y cohecho, previsto y sancionado en el artículo 222, fracción II, antepenúltimo párrafo, del Código Penal Federal.
Al resolver, determinó que no se colmaron los requisitos establecidos en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(4) por lo que decretó auto de no vinculación a proceso a favor del imputado.
2) En contra de esa determinación, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, del que conoció el Sexto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, donde se registró con el número **********; y, en resolución de diecinueve de septiembre posterior, revocó el auto impugnado y ordenó que se dictara una nueva resolución, en la que se valoraran los datos de prueba que propusieron las partes, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(5) y se definiera la situación jurídica del imputado.
3) Inconforme con lo resuelto, el imputado, en escrito que se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Décimo Quinto Circuito, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, promovió amparo indirecto, del que conoció el Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, donde se registró con el número **********.
4) El veinticinco de septiembre siguiente, el Juez de Control, en cumplimiento a las directrices que le marcó el tribunal de alzada, escuchó la justificación que la representación social hizo el veintiuno de abril anterior, en la audiencia inicial, respecto de los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación, y luego del debate que sostuvieron las partes, dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, por los hechos delictuosos que se le atribuyeron.
Entre otras cuestiones, se consideró que en la continuación de la audiencia inicial que se celebró el veinte de julio anterior, el defensor público aludió a diversos datos de prueba con los que contaba para desacreditar el informe policial homologado, que resultaban coincidentes con la declaración ministerial del imputado, con los que, incluso, podía considerarse demeritada la versión de los testigos de cargo; no obstante, en acatamiento a la determinación del tribunal de alzada, se dijo que no era el momento para ponderar los datos de prueba para inclinarse hacia la versión del imputado; pues como lo sostuvo el tribunal de apelación, resultaba incorrecto ponderar los datos de prueba expuestos por la defensa, en razón de que los mismos no fueron desahogados, con las formalidades debidas, ante el Juez de Control.
5) En escrito que se recibió en el Tribunal Unitario de amparo, el dos de octubre posterior, el quejoso amplió su acción constitucional y reclamó el auto de vinculación a proceso que se dictó en su contra.
6) En audiencia constitucional de nueve de noviembre siguiente se dictó sentencia de amparo, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio por estimar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación a la fracción V del artículo 107 –a contrario sensu–, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos que se atribuyeron al tribunal de alzada;(6) y, por otra, se negó al quejoso el amparo que solicitó respecto del nuevo auto de vinculación a proceso que se atribuyó al Juez de Control, al tenor de las consideraciones siguientes:
• Contrario a lo que afirmó el quejoso, los datos de prueba que se enunciaron en la audiencia inicial se valoraron debidamente por el Juez de Control y de acuerdo con la jurisprudencia a la que el propio quejoso aludió.(7)
• Se determinó que el Código Nacional de Procedimientos Penales reconocía la posibilidad de que la defensa aportara datos que sustentaran una postura excluyente de responsabilidad, y para el caso de algunos delitos, la de ofertar medios de prueba,(8) que correspondía valorar al juzgador de manera libre y lógica, justificando y explicando su valoración, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos ellos, conforme a lo dispuesto por el artículo 265 de dicho ordenamiento legal.
• De lo que derivaba que si los datos de prueba propuestos por la fiscalía se ofrecían para demostrar en grado de suposición racional, un hecho catalogado por la ley como delito y mostrar la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; entonces, los de la defensa pretendían acreditar lo irracional de esos datos de prueba, a efecto de que ni aun en un grado mínimo de suposición, fuera imposible considerarlos.
Lo que llevaba consigo un nuevo paradigma probatorio para esa etapa temprana del juicio, que se regía por un esquema de posibilidad. En congruencia, el ejercicio de valoración de los datos y medios de prueba, tenía que respetar ese marco conceptual; es decir, la valoración a realizar debía centrarse en el estándar de prueba que se encontraba reservado para esa etapa temprana del procedimiento, pues suponer lo contrario implicaría adelantar el juicio, así como continuar con el arraigo de un sistema procesal superado.
• Luego, se atendió al acto reclamado, del que se advirtió que fueron puestos a la vista del Juez de Control diversos datos de prueba; y se determinó que si valoró los datos de prueba propuestos por las partes, concretamente los de la defensa, por lo que se calificaron de infundados los respectivos conceptos de violación y, en consecuencia, inatendibles los señalamientos que partían de esa idea, como la violación a los artículos 20, apartado A, fracción II, constitucional y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo al deber de otorgar valor probatorio a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, así como el relativo al propósito de ofrecer datos de prueba en la dilación al término constitucional.
• Considerando que esos datos consistieron en una entrevista y la inspección a un video que practicó el defensor, cuyo resultado expuso vía alegatos en la continuación de la audiencia inicial, se coincidió con la valoración expuesta por el Juez de Control, por ello, se determinó la constitucionalidad de su acto, pues al tratarse de elementos de prueba que no se desahogaron ante el tribunal reuniendo las formalidades que precisaba el Código Nacional de Procedimientos Penales, no era factible dar por válida la versión del imputado, sustentado en las inferencias que la defensa pretendió rescatar de los actos de investigación que decidió practicar.
• En suma, se dijo atinada la estimación del Juez de Control, al no otorgarle el valor probatorio pretendido por la defensa a las entrevistas que realizó bajo el esquema de preguntas que ella misma realizó y la apreciación que tuvo sobre un video, que no pudieron entrar al contradictorio horizontal en el debate.
• Así, si no se podía considerar a las entrevistas y la inspección que verificó la defensa del imputado a un video como dato de prueba, sino sólo actos de investigación, ese tipo de actuaciones no pueden ser sometidas al contradictorio de las partes, pues se trataba de actos independientes de las partes involucradas que se iban recolectando para que en dado momento, de así proceder, se introducirían como dato o, en su caso, prueba, y sería ante la presencia judicial cuando se exhibieran ante la contraparte, para que, en su caso, emitiera su postura sobre su contenido.
• Por otra parte, en cumplimiento a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de oficio se analizaron las constancias allegadas al amparo, sin que se advirtieran datos de que el imputado hubiera sido objeto de tortura o malos tratos por parte de los aprehensores.
7) Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión; y, en agravios, expresó:
a) En la resolución reclamada se aplicaron de manera inexacta las reglas relativas a la valoración de los datos de prueba, pues la responsable declaró infundados los conceptos de violación, destacando la ausencia de ese ejercicio jurisdiccional y, por vía de consecuencia, declaró inatendibles los señalamientos que partieron de esa idea, como fue la violación a los artículos 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo atinente al deber de otorgar libre y lógicamente el valor probatorio correspondiente a cada uno de los datos de prueba, así como el relativo al propósito de ofrecer datos de prueba en la dilación al término constitucional.
b) No se desconoció que con el cambio de paradigma en el nuevo sistema de justicia penal, únicamente se requería encuadrar un hecho que la ley señalaba como delito, y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, para dictar auto de vinculación; sin embargo, no se coincidió con las apreciaciones de la responsable, en las que estimó que no resultaba factible dar por válida la versión del imputado, sustentada en los datos de prueba que ofreció la defensa, que se hicieron consistir en la entrevista que se practicó al testigo ********** y la inspección de la videograbación de la testigo **********; pues con ellas se corroboró el dicho del quejoso, en el sentido de que en ningún momento portó arma de fuego alguna, ni le ofreció dinero a los captores.
c) Datos de prueba que debieron valorarse, pues cumplían las formalidades establecidas en los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se incorporaron debidamente a la carpeta de investigación con las formalidades de ley.
d) Contrario a lo que estimó la responsable, el testigo ********** no fue de oídas, sino presencial de los hechos y aparecía en la inspección a un lado del quejoso revisando mecánicamente su vehículo, por lo que se percató de la forma en que lo aseguraron y sin que portara arma de fuego alguna.
e) La Fiscal de la Federación, en la continuación de la audiencia inicial, omitió formular argumento alguno para desacreditar a dicho testigo.
f) La contraparte omitió expresar argumento alguno para establecer que lo expuesto por la defensa fue manipulado.
g) Por lo que hacía al deber de lealtad que exigía el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ambas partes tenían la obligación de conducirse con rectitud, no sólo la Fiscalía, sino también el órgano de la defensa.
h) Los argumentos de la responsable no eran suficientes para restar credibilidad al dicho del testigo **********, ya que, contrario a lo argüido por el juzgador, se incorporó cumpliendo las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y reunía los requisitos de dato de prueba; pues la práctica de leer actas de entrevista, no era contraria a las reglas para desahogar datos de prueba.
8) Conoció del asunto el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, donde se registró con el número **********; y, en sesión de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, confirmó el fallo recurrido, en los términos siguientes:
I) Se calificaron de fundados pero insuficientes los agravios identificados en los incisos a), b), c) y g), bajo el argumento de que, como lo adujo su defensa, se aplicaron de manera inexacta las reglas relativas a la valoración de los datos de prueba establecidas en los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(9)
II) Luego de reproducir el contenido de los artículos 259, 260, 261, 334, 337, 340, 341, 342, 344, 346 y 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de señalar lo que de ellos se desprendía, se dijo que la Primera Sala de la Suprema Corte había sostenido en diversos criterios que la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho introdujo un cambio en la materia penal, instaurando un nuevo sistema penal acusatorio y oral, que se regía por una serie de principios que le servían de guía y determinaban sus características, entre los que destacaba el principio de contradicción, consagrado en el artículo 6o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, que implicaba que las partes podían conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte.
Principio que permitía el equilibrio entre las partes y conducía a un pleno análisis de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal estaban sujetos al control del otro, teniendo en ese aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente; esto es, facultaba tanto al imputado y a su defensa como al Ministerio Público o a la víctima u ofendido del delito, a refutar cualquier prueba o manifestación de su contraparte, exponiendo al Juez o tribunal que conociera del proceso, sus consideraciones sobre la pertinencia, el desahogo o el alcance de lo propuesto.
De ahí que, sin desconocer la importancia de los demás principios, se estimó que el de contradicción sustentaba al nuevo proceso penal acusatorio, ya que todo proceso era una figura básicamente dialéctica (tesis y antítesis para arribar a una síntesis), y el sentido de la contradicción se refería precisamente a la posición antagónica que asumían las partes en general, respecto de la fijación de la litis, planteando sus respectivos argumentos y contraargumentos, por lo que era de suma importancia que ninguna de las partes gozara de mayores prerrogativas, pues era un tercero ajeno a los hechos, investido de la facultad jurisdiccional del Estado, quien debía escucharlos y, en su momento, dictar la sentencia que dirimiera la controversia.
III) Se destacó que si bien el tribunal responsable estimó que los datos de prueba consistentes en la entrevista al testigo ********** y la inspección a la videograbación que exhibió la testigo **********, no eran aptos para dar por válida la versión del imputado, en el sentido de que no portó el arma de fuego, ni ofreció dinero a sus captores; lo hizo sin tomar en cuenta que, de conformidad con el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(10) no era necesario que se desahogaran ante el órgano jurisdiccional, para que fueran valorados de manera libre y lógica, conforme con los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se trataba de decidir sobre la solicitud de un auto de vinculación a proceso y no de una audiencia de juicio para resolver en definitiva.
No obstante, como acertadamente lo consideró el tribunal responsable, con los datos de convicción en que el Juez de Control basó su determinación, y que fueron ofrecidos por la fiscalía, se infería razonablemente que se cometió un hecho que la ley señalaba como delito y existía la probabilidad de que el imputado participó en su comisión.
Enseguida, se transcribió, en su parte conducente, el auto de vinculación a proceso reclamado; y luego, se determinó que, para dictar esa resolución, únicamente se requería expresar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establecieran que se había cometido un hecho que la ley señalaba como delito, y que existiera la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; así, era evidente que los datos de investigación que ofreció la fiscalía, crearon convicción en el juzgador para tener por satisfechos esos elementos.
En apoyo, aplicó la jurisprudencia «1a./J. 35/2017 (10a.)» de la Primera Sala de la Suprema Corte, de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)."(11)
IV) De esta manera, se dijo que si bien resultaron fundados los motivos de disenso, eran insuficientes para revocar el fallo recurrido, pues a ningún fin práctico conducía otorgar la protección constitucional al quejoso, para que la autoridad responsable valorara en forma adecuada los datos de prueba que aportó su defensa, porque no arrojaban valor convictivo suficiente para desvirtuar el producido por el cúmulo de datos de prueba que allegó la fiscalía; por tanto, una vez reparada la violación destacada, la autoridad responsable tenía que resolver en sentido desfavorable a los intereses del quejoso.
Ello, porque de la entrevista que hizo la defensa al testigo ********** se advirtió que no se precisó el día en que ocurrieron los hechos delictuosos que supuestamente le constaban.
Y de la inspección a la videograbación que exhibió la testigo **********, no se advertía la descripción de los rasgos fisionómicos de las personas que intervinieron en el video, a efecto de identificarlos, ni se especificó la fecha de su elaboración, sólo la relativa al segundo video que se exhibió.
Por tanto, se consideró que de la adecuada valoración que se hiciera de los datos de prueba que omitió la responsable, no resultarían aptos para demeritar la propuesta ministerial, a fin de que se siguieran investigando los hechos que la ley señalaba como delitos y la probabilidad del imputado en su comisión; por tanto, los motivos de disenso analizados eran insuficientes para conceder al quejoso la protección constitucional, pues luego de subsanada la violación destacada, la autoridad responsable, de cualquier manera, tendría que resolver en sentido adverso a los intereses del quejoso.
V) En relación con los motivos de agravio, relativos a que el testigo **********, no era de oídas, sino presencial de los hechos, y que se incorporó cumpliendo las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; además de que reunió los requisitos legales atinentes, pues la práctica de leer actas de entrevista no era contraria a las reglas para desahogar datos de prueba, al grado que la fiscalía igualmente leyó las entrevistas que practicó a los primeros respondientes y se valoraron como indicio al momento de resolver la vinculación a proceso.
Se dijo que si bien la práctica de leer actas de entrevista no era contraria a las reglas para desahogar datos de pruebas; ese dato no se ofreció como una prueba testimonial, sino como una entrevista a dicho testigo; además, no resultaba suficiente para demeritar la propuesta ministerial para que se siguiera investigando el hecho que la ley señalaba como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la fiscalía ofreció diversos datos de prueba que resultaban suficientes para dictar en contra del quejoso auto de vinculación por los hechos delictuosos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y cohecho.
VI) Se calificó de infundado el agravio relativo a que el Ministerio Público fue omiso en hacer manifestación alguna respecto del testigo **********; pues si bien del audio y video de la audiencia inicial de veintiuno de abril de dos mil dieciocho, y su continuación el veinte de julio siguiente, efectivamente se advertía que en el debate la representación social no formuló manifestación alguna para rebatir la legalidad y el valor probatorio de ese testimonio, bajo el argumento de que fue de oídas y que no estaba identificado, además de que se incorporó en contravención a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales y que pudo haber sido manipulado.
Sin embargo, ello no era suficiente para tener por válida la versión del imputado, pues dicho dato de prueba, frente a los que ofreció la Fiscalía y que tomó en cuenta el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso en contra del recurrente, permitían constatar que la propuesta ministerial tenía un grado de suposición razonable, pues de esos datos se advertía que probablemente sucedieron los hechos que planteó dicha institución.
II) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, relacionado con los amparos en revisión ********** y **********.
1) El nueve de abril de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Altiplano, en el plazo constitucional ampliado que se solicitó en la causa penal **********, dictó auto de vinculación a proceso en contra de **********, **********, ********** y **********, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señalaba como delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud.
2) En contra de esa determinación, los imputados ********** y **********, en escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el veintisiete de abril posterior, promovieron amparo indirecto.
Conoció del asunto el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, donde se registró con el número **********.
3) En escrito que se presentó el treinta de abril de dos mil dieciocho, ante la citada oficina de correspondencia, el imputado ********** promovió amparo indirecto en contra del auto que lo vinculó a proceso.
Conoció igualmente del asunto el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, donde se registró con el número **********.
4) El imputado **********, en escrito que se presentó ante la citada oficina de correspondencia, el dos de mayo subsecuente, promovió igualmente amparo indirecto, del que también conoció el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, donde se registró con el número **********.
5) En auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, se decretó oficiosamente la acumulación de los amparos ********** y **********, al expediente **********; y en audiencia constitucional de veinte de junio siguiente, se dictó sentencia que se engrosó el veintinueve posterior, en la que se negó a los quejosos el amparo que solicitaron. Ello, en los términos siguientes:
• En los artículos 19 constitucional y 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen los requisitos de forma y fondo que debían cumplirse para calificar de legal un auto de vinculación a proceso.
• Del contenido de las videograbaciones que conformaban la carpeta administrativa de origen, y que remitió la autoridad responsable, se advirtió que en el dictado del auto de vinculación a proceso se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, contrario a lo que sostuvieron los quejosos, pues se cumplieron los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales(12) y, por tanto, no se vulneraron los derechos reconocidos en el artículo 14 constitucional.
• De la reproducción a la videograbación del acto reclamado se advirtió que los imputados estuvieron asesorados en todo momento por sus defensores particulares, a quienes designaron en presencia del Juez de Control; por tanto, tampoco se trastocó el derecho a una defensa adecuada, estatuido en el artículo 20 constitucional.
• El acto reclamado estaba debidamente fundado y motivado, lo que era conforme a los derechos de seguridad y legalidad jurídicas, impuestos en el artículo 16 constitucional.
• Se relacionaron los datos de prueba que tomó en cuenta el Juez de Control, para establecer el requisito de fondo previsto en la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se estimó que se valoraron de manera libre y lógica, para concluir que existieron indicios razonables y suficientes para acreditar que se cometió un hecho que probablemente encuadraba en el delito de delincuencia organizada.
• Se destacó que, a partir de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, para dictar un auto de vinculación no se exigía una valoración compleja y exhaustiva de los datos de prueba, pues en ese estadío procesal no debía acreditarse de manera fehaciente el delito que se investigaba ni la plena responsabilidad del imputado; sino únicamente justificar la existencia de un hecho que la ley señalaba como delito y la probabilidad de la participación del imputado, porque el auto de plazo constitucional se constreñía a determinar el inicio de una investigación complementaria o formalizada y a fijar la litis del eventual juicio.
• No era factible someter un dato de prueba a un estándar elevado de ponderación, porque ello sería en detrimento de la propia defensa y se vulneraría el principio de presunción de inocencia, aunado a que se desnaturalizaría el nuevo sistema de justicia penal, pues de ser así, en esa etapa procedimental, prácticamente se estaría anticipando una sentencia de condena. Así, la resolución sobre la vinculación o no del imputado, debía basarse exclusivamente en el estudio laxo, pero suficiente de los datos en que se sustentó la imputación, así como en la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social, que debían resultar suficientes para justificar que el imputado fuera presentado ante el Juez de Control.
• Por tanto, el Juez responsable sólo debía verificar que se cumplieran los requisitos previstos en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se invocó al respecto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte, de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)."
• Así, se compartió el criterio del Juez responsable, al considerar que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia inicial, eran idóneos y pertinentes para establecer la existencia del hecho que la ley tipificaba como el delito de delincuencia organizada; ello, porque la existencia de una organización de hecho, se tuvo por acreditada de manera fundada y motivada con diversos datos de prueba que se reseñaron.
• Sin que fuera necesario que el Juez penal acreditara plenamente los eventos permanentes o reiterados de la empresa criminal, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, como incorrectamente lo sostuvieron los quejosos, pues para la emisión del auto de vinculación, no era necesaria la demostración plena de los elementos del delito; bastaba con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29506-28ec2a1c/vinculacion-a-proceso-los-jueces-de-amparo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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