REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE ORDENE AL JUEZ REALIZARLO, A EFECTO DE QUE RECABE CONSTANCIAS RELATIVAS A LA DETENCIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTE FUE PRESENTADO A DECLARAR POR ENCONTRARSE A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CON MOTIVO DE HABER SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD POR UNA INDAGATORIA AJENA AL HECHO ILÍCITO QUE SE RESUELVE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 368/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 20 DE MAYO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.
II Competencia
5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo(4) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013;(5) en virtud de que a este Alto Tribunal le compete conocer de las contradicciones de tesis sustentadas entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito, cuya especialidad en materia penal corresponde a esta Sala.
III. Legitimación
6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en el Estado de Colima, cuyo criterio participa en este asunto. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
IV. Existencia de la contradicción
7. La primera pregunta que debe responderse en la presente ejecutoria es:
¿Existe contradicción en los criterios sustentados por los órganos contendientes?
8. La respuesta a esta interrogante es en sentido positivo, porque el presente asunto sí cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales consisten en:(6)
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
9. En tales condiciones, a continuación, se expondrán los argumentos por los cuales se considera que en el caso concreto se actualizan todos los requisitos enunciados.
10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los órganos contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Lo anterior, se advierte de las resoluciones emitidas por ambos Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.
11. El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 35/2018, analizó un asunto con las siguientes características:
12. El quince de diciembre de dos mil diecisiete, **********, promovió demanda de amparo directo contra la sentencia definitiva de veintinueve de octubre de dos mil diez, dictada dentro del toca penal **********, por la Segunda Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, que modificó la sentencia impugnada de primera instancia y lo declaró penalmente responsable en la comisión del delito de homicidio calificado.
13. La demanda fue turnada al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, quien la registró como amparo directo 35/2018; el siete de febrero de dos mil diecinueve, otorgó la protección constitucional para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia combatida y en su lugar se emitiera otra, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo.
14. Las consideraciones del Tribunal Colegiado esencialmente se hicieron consistir en lo siguiente:
– En suplencia de la deficiencia de la queja, declaró fundado el concepto de violación del quejoso relativo a la detención, por ello procedió al estudio de fondo bajo el análisis de la detención en flagrancia, dado que únicamente en ese supuesto es legal privar de la libertad sin que medie una orden judicial.(7)
– De ese modo, determinó que el quejoso ********** no fue detenido en forma flagrante, pues se encontraba a disposición del diverso agente del Ministerio Público de la Mesa Sexta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, por el delito de ultrajes a la autoridad y con motivo de tránsito de vehículos, derivado de ello, el agente del Ministerio Público titular de la Mesa Tercera de dicha Procuraduría, solicitó al diverso fiscal que lo tenía a su disposición, autorizara la toma de la declaración ministerial del quejoso en su calidad de probable responsable; de ahí que éste rindió testimonio y confesó la comisión del delito de homicidio.
– Por otro lado, el Tribunal Colegiado advirtió que, en la causa penal no obra constancia alguna que proporcionara información de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue detenido el quejoso por el diverso delito de ultrajes; aunado a ello, la indagatoria tampoco contenía algún dato que revelara la forma en que ésta ocurrió, a fin de que pudiera estar en condiciones de analizar su legalidad.
– Además, el tribunal de amparo analizó que la declaración ministerial rendida por el quejoso en relación con el delito de homicidio, constituyó una prueba de cargo ofrecida por el agente del Ministerio Público para demostrar su culpabilidad y, por ello, correspondía al fiscal acreditar la legalidad de la detención ejecutada en diversa averiguación previa del índice de la agencia del Ministerio Público Mesa Sexta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el delito de ultrajes a la autoridad y con motivo de tránsito de vehículos, a fin de evidenciar las circunstancias bajo las cuales detuvo al quejoso y corroborar que la declaración materia de valoración haya sido emitida de forma libre y espontánea.
– De ese modo, estimó que ordenar al juez de la causa requerir prueba de las circunstancias en que se efectuó la detención, que obran en diverso expediente, implicaría actuar en perjuicio del sentenciado, lo que resulta inadmisible, porque es una carga del Ministerio Público demostrar el hecho, para que el Juez califique la detención; mientras que el juzgador es el rector del proceso y sólo le corresponde vigilar la contienda entre iguales, lo que implica una prohibición de interferir de tal manera que asuma la presentación o defensa de alguna de ellas, es decir, que asuma el carácter de órgano acusador y coadyuvar en la persecución del delito.
– Así, el tribunal concluyó que el quejoso en cuanto al delito de homicidio, sometido a su revisión constitucional, no fue detenido en flagrancia y al no advertirse las condiciones bajo las cuales se presentó a rendir su declaración ministerial, por no existir constancia que acreditara su legal detención, declaró la invalidez de las pruebas directa e inmediatamente obtenidas con motivo de la detención.
– Con base en lo antes expuesto, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al impetrante.
15. De lo anterior, se colige que el Tribunal Colegiado sustentó que ante la falta de constancias en el proceso penal de origen, relativas a la detención del quejoso por la comisión de un delito diverso, cuando su presentación para declarar por el delito de homicidio derivó de esta privación de la libertad, resulta innecesario conceder el amparo para que el Juez de la causa recabe las actuaciones relativas, porque es una carga probatoria que corresponde al agente del Ministerio Público investigador, de ahí que, ante tal omisión, consideró procedente declarar la invalidez de la confesión y otras pruebas obtenidas con motivo de la detención por distinta conducta delictiva, por la imposibilidad material para calificar su legalidad.
16. Las consideraciones antes sintetizadas dieron origen a la tesis aislada número XXXII.7 P. (10a.), cuyo rubro establece: “REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL. ES IMPROCEDENTE ORDENARLA EN EL AMPARO DIRECTO PARA QUE EL JUEZ DE LA CAUSA RECABE DE OFICIO LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN DEL INDICIADO QUE CONFESÓ LA COMISIÓN DEL DELITO CUANDO ESTABA DETENIDO CON MOTIVO DE DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA PUES, DE LO CONTRARIO, SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD”.(8)
17. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, resolvió los siguientes asuntos:
18. El amparo directo 335/2014, fue promovido por **********, contra la sentencia definitiva de quince de octubre de dos mil doce, dentro del toca penal **********, dictada por la Sexta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en la que confirmó la sentencia de primera instancia donde se condenó al quejoso al considerarlo penalmente responsable en la comisión del delito de robo con violencia.
19. La demanda de amparo fue resuelta en sesión de ocho de enero de dos mil quince, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, porque el Tribunal Colegiado advirtió que el Juez instructor omitió recabar las constancias que acreditaran la situación jurídica del quejoso al momento en que fue "presentado" a rendir su declaración ministerial por el delito de robo con violencia, esto en razón de que el justiciable compareció y confesó la comisión del delito, restringido de su libertad personal, debido a que previamente había sido detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial respecto de una diversa indagatoria y por la probable comisión de un ilícito distinto.
20. Finalmente, el órgano de amparo de que se trata resolvió el amparo directo penal 174/2014, de antecedentes siguientes:
21. **********, el veinticuatro de abril de dos mil catorce promovió demanda de amparo contra la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil catorce, dictada en el toca penal 171/2013, por la Undécima Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en la que modificó el fallo de primera instancia únicamente para absolver al quejoso del pago de la reparación del daño por tratamiento psicológico a favor de la víctima.
22. El Tribunal Colegiado otorgó la protección constitucional al amparista, porque estimó que el Juez instructor omitió recabar las constancias que acreditaran la situación jurídica del quejoso en el momento que fue presentado ante el Ministerio Público dentro de la indagatoria que originó la causa penal en estudio, porque de autos se advirtió que en esa misma data, había sido puesto a disposición del fiscal pero con motivo de diversa averiguación previa, de modo que el Juez natural debió recabar las constancias relacionadas con esa detención y puesta a disposición, al ser indispensables para analizar la legalidad de su presentación ante el Ministerio Público.
23. Determinación que sustentó en que, en autos únicamente obraba el oficio de presentación signado por los elementos policiacos, con motivo del cual compareció el quejoso y se recabó su declaración en relación al evento criminal denunciado, en la que el justiciable admitió su intervención en el antisocial; sin embargo, se apreció que el quejoso ya se encontraba detenido por el mismo fiscal, pero con motivo de una distinta averiguación previa, de modo que, dicha situación imponía al Juez de la causa la obligación de recabar las constancias de aquella otra averiguación previa, para verificar que no se hubieran transgredido sus derechos fundamentales previo a su confesión.
24. Con base en lo hasta ahora reseñado, se puede concluir que el Tribunal Colegiado de que se trata, al resolver los citados asuntos lo hizo esencialmente con las siguientes consideraciones:
– En suplencia de la deficiencia de los agravios formulados por la parte quejosa, advirtió que se violaron las normas que rigen el procedimiento penal, lo cual afectó la garantía de adecuada defensa del justiciable.
– Así, concluyó que el Juez instructor, durante el proceso y en la etapa de preinstrucción respectivamente, omitió recabar las constancias que acreditaran la situación jurídica de los quejosos al momento en que fueron "presentados" ante la agente del Ministerio Público, porque de las constancias de autos se infería que no comparecieron libremente a emitir su declaración, sino que lo hicieron restringidos de su libertad personal, porque previamente habían sido puestos a disposición de la representación social con motivo de otra indagatoria y por la comisión de diverso delito.
– En ese sentido, estableció que las actuaciones relacionadas con la detención eran necesarias para verificar si existió transgresión a los derechos fundamentales del quejoso y en tales condiciones, el Tribunal Colegiado otorgó la protección constitucional a efecto de que la autoridad responsable ordenara al Juez de primera instancia reponer el procedimiento de la causa penal, a fin de recabar las constancias de la diversa averiguación previa en que fue detenido y puesto a disposición el respectivo quejoso en cada uno de los asuntos.
25. Las ejecutorias descritas dieron origen a la tesis jurisprudencial número IV.1o.P. J/6 (10a.), cuyos título y subtítulo establece: “DETENCIÓN. SI EL MINISTERIO PÚBLICO OBTUVO LA CONFESIÓN DEL INDICIADO EN LA COMISIÓN DEL DELITO, DEBIDO A QUE COMPARECIÓ ANTE ÉL POR ESTAR DETENIDO CON MOTIVO DE DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA, Y EL JUEZ, PREVIO A RESOLVER SU SITUACIÓN JURÍDICA, NO RECABA LAS CONSTANCIAS QUE AVALAN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OBJETO DE VERIFICAR QUE NO SE VIOLARON SUS DERECHOS HUMANOS Y QUE SU CONFESIÓN LA RINDIÓ LIBRE Y ESPONTÁNEAMENTE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).”.(9)
26. Por tanto, a juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su potestad jurisdiccional, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
27. Se arriba a esta conclusión porque de las distintas resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados y que han quedado resumidas, se advierte que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito determinó que si en una averiguación previa, el órgano acusador obtuvo la confesión del indiciado en el delito imputado, derivado de que fue presentado ante él por estar detenido con motivo de diversa investigación y al ejercer acción penal no exhibe las constancias que acrediten la legalidad de esa detención por hechos diversos, es improcedente que en un juicio de amparo se ordene reponer el procedimiento penal, para que el Juez de la causa las recabe de oficio e indague en qué contexto fue detenido el acusado, para determinar si podría tomarse en cuenta su declaración incriminatoria o en su caso, declararse inválida esa prueba y las que de ella deriven, toda vez que dicha actividad del Juez implicaría asumir el carácter de órgano acusador, mostrar un interés coadyuvante en la persecución del delito, o bien, convertirse en asesor del Ministerio Público ante la omisión de exhibir dichas actuaciones al proceso.
28. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito determinó que si el Ministerio Público obtuvo la confesión del indiciado en la comisión del delito que se le imputa, debido a que compareció ante él por estar detenido con motivo de diversa averiguación previa, y el Juez, previo a valorar dicha prueba y resolver su situación jurídica, no recaba las constancias que avalan la legalidad de aquella detención y de la puesta a disposición correspondiente, con el objeto de verificar que no se violaron sus derechos humanos y que la confesión la rindió libre y espontáneamente, ello constituye una violación a las leyes del procedimiento penal, que amerita su reposición para que se recaben las constancias respectivas.
29. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver por las razones que a continuación se exponen:
30. El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, determinó esencialmente que si en una averiguación previa, el órgano acusador obtuvo la confesión del indiciado en el delito imputado, derivado de que fue presentado ante él por estar detenido con motivo de diversa investigación y al ejercer acción penal no exhibe las constancias que acrediten la legalidad de esa detención por hechos diversos, es improcedente que en un juicio de amparo se ordene reponer el procedimiento penal, para que el Juez de la causa las recabe de oficio e indague en qué contexto fue detenido el acusado, para determinar si podría tomarse en cuenta su declaración incriminatoria o en su caso, declarar inválida esa prueba y las que de ella deriven, toda vez que dicha actividad del Juez implicaría asumir el carácter de órgano acusador, mostrar un interés coadyuvante en la persecución del delito, o bien, convertirse en asesor del Ministerio Público ante la omisión de exhibir dichas actuaciones al proceso.
31. Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito determinó que si el Ministerio Público obtuvo la confesión del indiciado en la comisión del delito que se le imputa, derivado de que compareció ante él por estar detenido con motivo de diversa averiguación previa, y el Juez, previo a valorar dicha prueba y resolver su situación jurídica, no recaba las constancias que avalan la legalidad de su detención y de la puesta a disposición correspondiente, con el objeto de verificar que no se violaron sus derechos humanos y que su confesión la rindió libre y espontáneamente, ello constituye una violación a las leyes del procedimiento penal que amerita su reposición.
32. De lo anterior, se sigue la existencia de un punto de toque entre los criterios de los órganos colegiados, en tanto que el primero de los tribunales consideró esencialmente que resulta innecesario conceder el amparo para el efecto de que se ordene al Juez de la causa penal recabar las constancias relativas a la detención del quejoso, realizada por la comisión de diverso delito del que es materia de la imputación, a fin de analizar su legalidad, de manera que ante la ausencia de dichas constancias lo procedente es invalidar la declaración y todos los actos derivados de la detención, de no actuar así, el Juez asumiría una posición coadyuvante del Ministerio Público.
33. En cambio, el diverso tribunal contendiente determinó que debe concederse el amparo para el efecto de que se reponga el procedimiento penal a fin de que el Juez de la causa requiera las constancias relacionadas con la detención del impetrante, puesto que éste al declarar ya se encontraba a disposición de la representación social pero por la comisión de diverso delito, lo anterior para estar en aptitud de revisar la legalidad de esa privación de libertad y resolver sobre el valor de la confesión.
34. En ese orden de ideas, resulta claro que, ante una misma cuestión fáctica, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a una conclusión diferente.
35. Por otra parte, en relación con las diversas ejecutorias no descritas en este apartado en las que los tribunales contendientes reiteraron el criterio que cada uno sostiene, no formaran parte de la contradicción por las razones siguientes:
36. En cuanto al amparo directo 189/2016, resuelto por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, no encuadra en la contradicción de criterios, puesto que la resolución emitida tiene un origen fáctico diverso al que prevalece en los asuntos que serán parte del análisis de fondo de esta contradicción, porque en aquél, el quejoso no se encontraba a disposición de diverso agente del Ministerio Público, sino que su declaración se obtuvo por su comparecencia bajo una orden de detención.
37. Tampoco será parte de la contradicción de tesis, por partir de bases fácticas distintas, el amparo en revisión 59/2014, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, toda vez que en ese caso no existió una confesión por parte del indiciado, sino una imputación en su contra emitida por un coacusado y es esta última declaración la que fue materia de análisis.
38. En ese mismo contexto, se excluye el amparo directo 404/2014, resuelto por el mismo órgano Colegiado, toda vez que el indiciado se reservó su derecho a declarar ante el Ministerio Público y por tanto, no existe confesión.
39. Asimismo, respecto del amparo en revisión 133/2013, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, tampoco será materia de esta contradicción. El acto que ahí se reclamó no fue una sentencia definitiva, sino un auto de formal prisión, en ese sentido, se trata de una etapa del procedimiento penal distinta, y aunque el órgano de amparo aplicó en esencia el mismo criterio para conceder el amparo al quejoso, lo cierto es que respecto de esa etapa no se pronunció el diverso tribunal contendiente. Así, ante la disparidad de la etapa procesal analizada en el referido expediente y para cumplir con la finalidad de la contradicción de tesis, que es generar certeza jurídica, tal asunto no formará parte de esta contradicción.
40. Así las cosas, si bien los Tribunales Colegiados contendientes en las ejecutorias de los asuntos antes reseñados aplicaron el criterio que es materia de esta controversia, al provenir de hipótesis fácticas distintas, ello impide que este Alto Tribunal haga un pronunciamiento general, en el que se abarquen todos los supuestos y por ello no formarán parte de esta contradicción.
41. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Con base en lo hasta ahora expuesto, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, dan lugar a la formulación de la pregunta siguiente:
42. ¿Es procedente conceder el amparo para que se reponga el procedimiento penal a efecto de que el Juez del proceso recabe las constancias relativas a la detención del quejoso, si éste fue presentado a declarar en la averiguación previa que dio de(sic) origen al asunto que se resuelve, cuando ya estaba privado de su libertad con motivo de una detención efectuada en una indagatoria distinta y por la comisión de diverso delito?
V. Consideraciones y fundamentos
43. Esta Primera Sala determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria y que se sustenta en las siguientes consideraciones:
44. En principio, es importante destacar que, derivado de que los criterios contendientes emanan de procedimientos penales tramitados conforme a las reglas del sistema de justicia penal tradicional inquisitivo o mixto, esta contradicción se resuelve atendiendo a dicho aspecto y por tanto, lo que se resuelve sólo atañe al referido sistema penal.
45. Así, la primera interrogante que habremos de resolver es la relativa a si es factible que en amparo directo pueda analizarse la detención del inculpado con base en una hipótesis distinta de la orden de aprehensión, esto es, cuando ha sido privado de su libertad en flagrancia o caso urgente.
46. La respuesta a esta interrogante es en sentido positivo, puesto que esta Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 997/2012,(10) determinó que en la jurisprudencia 121/2009,(11) se estableció que en amparo directo es procedente el análisis de las violaciones al procedimiento cometidas en averiguación previa, cuando afecten las garantías contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal; sin embargo, este enunciado no debe interpretarse de manera limitativa, porque la protección del derecho humano del debido proceso está conformado sistemáticamente por diversos numerales constitucionales. Lo que significa, que la exigencia del respeto a este derecho está vinculada a la observancia de los restantes parámetros que la Constitución establece que deben seguirse en todas las etapas procedimentales.
47. El punto de análisis al que ha llegado esta Primera Sala en el desarrollo de la naturaleza y alcance de protección del derecho humano del debido proceso se refleja en el criterio jurisprudencial señalado, en el que se advierte la importancia del respeto a las formalidades esenciales del procedimiento que tutela el artículo 14 constitucional, cuya trascendencia hace posible su estudio en el amparo directo. En esa ocasión se señaló que al artículo 20 de la Constitución Federal, con las reformas de tres de septiembre de 1993 y tres de julio de 1996, se había incorporado un catálogo específico de derechos que deben observarse en la etapa de averiguación previa.
48. Ahora bien, ¿cuáles son estos derechos y qué importancia tienen? En el sistema tradicional de persecución de delitos, previo a la reforma constitucional que adopta el sistema procesal penal de carácter acusatorio oral, la averiguación previa es la primera etapa procedimental en la que el órgano del Estado encargado de la persecución de los delitos, le informa al inculpado las circunstancias y naturaleza de la imputación, para que pueda hacer efectivo su derecho a la defensa adecuada. De ahí que constituya una violación en esa etapa la obtención de pruebas ilícitas, la negativa de facilitar los datos solicitados por la defensa y que consten en la indagatoria, así como, la transgresión al derecho de defensa adecuada.
49. En ese contexto, se precisó que la trascendencia de estas violaciones no tienen otro efecto de reparación constitucional que el declarar la invalidez de las pruebas que se obtengan en estas condiciones.
50. Se reiteró que el catálogo de derechos establecido por el artículo 20, Apartado A, fracciones I, V, VII y IX, de la Constitución Federal, en el texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, tiene el alcance de extenderse a todos aquellos actos o diligencias que se realicen desde la averiguación previa, para efecto de no generar condiciones de indefensión al detenido. Y la mención genérica de las mismas permite ubicar en estas violaciones cualquier diligencia que se lleva en esta etapa; por tanto, se dijo que no es válido realizar interpretaciones restrictivas sin entender la conformación sistemática que la Constitución prevé para la protección del derecho del debido proceso.
51. En el artículo 16 constitucional se establecen diversos derechos y excepciones que implican restricción a los mismos. La libertad personal constituye un derecho humano que no puede ser restringido, salvo en las condiciones que la propia Constitución establece, como acontece con las detenciones en flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permitan atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales.
52 Por tanto, esta Primera Sala consideró, que las excepciones a la afectación del derecho humano de libertad personal, constitucionalmente validadas, mediante las figuras de flagrancia y caso urgente, deben satisfacer ciertas condiciones para afirmar su legalidad. Lo que implica que el órgano de control constitucional está en condiciones de verificar, por ejemplo, si la prolongación injustificada de la detención policiaca sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin que se cumplan los requisitos constitucionales que justifican el caso urgente, generó la producción e introducción a la indagatoria de elementos de prueba que no cumplen con los requisitos de formalidad constitucional y, por tanto deban declararse ilícitos, o que las diligencias pertinentes se hayan realizado en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer el derecho de defensa adecuada.
53. En esas condiciones, se concluyó que las violaciones referentes a las excepciones constitucionales que justifican la detención de una persona como probable responsable de la comisión de un delito, comprendidas en el artículo 16 de la Constitución Federal, es procedente analizarlas en el amparo directo, al constituir –también– transgresión al derecho humano de debido proceso, conforme al cual es esencial el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, la licitud de las pruebas y el ejercicio de defensa adecuada a que se refieren los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal, con la única limitante de que no hubieran sido materia de análisis en un amparo indirecto.
54. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 45/2013 (10a.), de rubro siguiente: “VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). ES FACTIBLE SU
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29445-e2bf522d/reposicion-del-procedimiento-penal-es-improcedente-conceder-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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