VIOLACIONES COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO INDIRECTO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2009).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 446/2012. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, RESPECTO DEL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JAIME SANTANA TURRAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012,(1) del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO, CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito."
Así como por lo prescrito en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, tercero y quinto, del Acuerdo General Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación. El Juez Cuarto de Distrito de la Novena Región Auxiliar se encuentra legitimado para denunciar la presente contradicción de tesis, dado que aun cuando los párrafos primero y tercero de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refieren a las denuncias que se presentarán ante los Plenos de Circuito respecto de criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito y ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se susciten contradicciones de tesis entre las Sala de la Suprema Corte, lo cierto es que en dicho precepto constitucional se omitió regular el supuesto de las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, por lo que atendiendo al principio de seguridad jurídica que se pretende regular, debe concluirse que la legitimación de los Jueces de Distrito para denunciar contradicciones de tesis les asiste incluso respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, conforme a lo sustentado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 259/2009.
TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir y, en su caso, reseñar la parte considerativa que fundamentó la decisión de los tribunales contendientes:
A. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, el seis de septiembre de dos mil doce resolvió por mayoría de votos el amparo en revisión 185/2012 (fojas 51 a 105).
El citado recurso fue interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en un juicio de amparo en el cual se les negó a los quejosos el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitaron en contra del auto de formal prisión decretado en su contra, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Partido Judicial del Estado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso con las agravantes de premeditación, ventaja y alevosía.
La parte recurrente expuso en sus agravios, que fue incorrecta la apreciación del Juez de Distrito de estimar que el estudio, análisis y sanción del efecto de las violaciones cometidas en la averiguación previa, sólo puedan ser analizados en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, en virtud de que ello entraña la interpretación directa de preceptos constitucionales.
Lo anterior, refirió la parte recurrente, porque no existe impedimento constitucional para que dicha nulidad sea decretada por el Juez de Distrito, quien de acuerdo con el objeto y naturaleza de la propia Ley de Amparo, conforme a los artículos 1o., fracción I y 114, fracción IV, cuenta con facultades para resarcir al quejoso en el goce de los derechos violados dentro de un procedimiento de esa naturaleza, al decretar nulas las "pruebas", que en contravención al procedimiento (legislación penal vigente) y a nuestra Carta Magna, recabó el Ministerio Público investigador dentro de la causa original.
Al respecto, los Magistrados de la mayoría del Tribunal Colegiado de Circuito referido consideraron lo siguiente:
"Ahora bien, respecto del agravio que hacen valer los inconformes relativo a que debió atenderse lo argumentado ante el Juez de Distrito sobre las violaciones al procedimiento en la averiguación previa para nulificar las probanzas que son contrarias a la norma aplicable. Éste es infundado.
"Ya que correctamente el Juez a quo calificó de inoperantes las violaciones procesales cometidas durante la etapa de averiguación previa, relativas a transgresiones a los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales, por razón de ser atendibles en el amparo directo que se promueva, en su caso, contra el fallo definitivo en el proceso penal, en el cual serán reclamables en términos del artículo 160 de Ley de Amparo.
"Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios, en los que estimó que las infracciones cometidas en la averiguación previa como, por ejemplo, la transgresión a la garantía de defensa adecuada para la obtención de la prueba ilícita, pueden ser examinadas en el amparo directo, porque tales violaciones no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o de la prueba recabada ilegalmente.
"Las jurisprudencias mencionadas, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son del tenor literal siguiente:
"‘Novena Época
"‘Registro: 164640
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘XXXI, mayo de 2010
"‘Materias: constitucional y penal
"‘Tesis: 1a./J. 121/2009
"‘Página: 36
"‘AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO. Acorde con las reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996, además de ampliar el espectro de la garantía de defensa adecuada que debe operar en todo proceso penal, el Poder Reformador determinó que las garantías contenidas en las fracciones I, V, VII y IX de dicho precepto también se observarían durante la averiguación previa. Por tanto, para efectos de las garantías contenidas en el referido numeral, el juicio de orden penal incluye tanto la fase jurisdiccional (ante el Juez) como la previa (ante el Ministerio Público); de ahí que algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional, ahora deben observarse en la averiguación previa. En ese sentido, se concluye que es procedente que en el amparo directo se analicen como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa, cuando afecten las garantías contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, en términos del artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece como violaciones procesales los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en tales supuestos pueden ubicarse las violaciones a las garantías observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar los datos solicitados por la defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o de la prueba recabada ilegalmente, en atención a que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales; toda vez que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar en el amparo directo las violaciones a las garantías individuales.’
"También sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente:
"‘Décima Época
"‘Registro: 160612
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011
"‘Materia: común
"‘Tesis: 1a./J. 138/2011 (9a.)
"‘Página: 2056
"‘AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. Para determinar si la categoría de «violaciones procesales» contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa. Ello es así, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el Juez) como la previa (ante el Ministerio Público). Por lo anterior, algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito, supuesto en el que pueden ubicarse las violaciones a las garantías individuales observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o la de la prueba recabada ilegalmente, en tanto que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales.’
"Más recientemente, la Primera Sala emitió la siguiente tesis aislada relativa a las violaciones de las garantías del artículo 16 constitucional, criterio que se encuentra pendiente de publicación:
"‘Tesis aislada CLV/2012 (10a.):
"‘VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). PROCEDE ANALIZARLAS EN AMPARO DIRECTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 121/2009, de rubro: «AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO.», sostuvo que es procedente que en el amparo directo se analicen como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa cuando afecten las garantías contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no debe interpretarse de manera limitativa, en la medida en que la protección del derecho humano al debido proceso está conformada sistemáticamente por diversos numerales constitucionales, esto es, el respeto a este derecho está vinculado con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales. Así, el catálogo de derechos del detenido previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones I, V, VII y IX constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se extiende a todos aquellos actos o diligencias que se realicen desde la averiguación previa, lo que permite ubicar posibles violaciones en cualquier diligencia de esta etapa. Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución General de la República establece algunas excepciones que implican la restricción a aquellos derechos, entre los cuales se encuentra la privación de la libertad personal, específicamente en las detenciones por flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permiten atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales; sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida, debe satisfacer ciertas condiciones de legalidad, de ahí que el órgano de control constitucional esté en condiciones de verificar si la prolongación injustificada de la detención policiaca sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican el caso urgente, generó la producción e introducción a la indagatoria de elementos de prueba que incumplen con los requisitos de formalidad constitucional que deban declararse ilícitos, o si las diligencias correspondientes se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada. En esas condiciones, procede analizar en amparo directo, en términos del artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo, las violaciones cometidas con motivo de la excepción prevista en el artículo 16 constitucional (flagrancia o caso urgente), que justifican la detención de una persona como probable responsable de la comisión de un delito, pues podrían constituir una transgresión al derecho humano al debido proceso, conforme al cual es necesario el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a la licitud de las pruebas y al ejercicio de defensa adecuada a que se refieren los artículos 14 y 20 constitucionales.
"‘Amparo directo en revisión 997/2012. 6 de junio de 2012. Mayoría de tres votos. Ausente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalba Rodríguez Mireles y Julio Veredín Sena Velázquez.
"‘Licenciado Heriberto Pérez Reyes, secretario de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certifica: que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de ocho de agosto de dos mil doce. México, Distrito Federal, nueve de agosto de dos mil doce. Doy fe.’
"Ahora bien, aun cuando estas tesis transcritas no hagan referencia a una prohibición expresa de analizar tales violaciones procesales en el amparo indirecto promovido contra el auto de formal prisión, al establecer categóricamente que deben alegarse en el amparo directo, es decir, que en ellas se establece que las violaciones procesales cometidas en la averiguación previa deben ser examinadas en el juicio uniinstancial, con ello se implica la inoperancia de su expresión en el amparo indirecto, máxime si se señala que el remedio a dichas transgresiones es de tipo formal y no procesal; esto es, se trata de violaciones procesales con efectos formales, pues impactan hasta la sentencia y se subsanan a través de consideraciones y valoración de pruebas en la misma.
"Es por ello que, sobre ese particular, este Tribunal Colegiado actuante, en acatamiento a dichas jurisprudencias, considera que se debe abandonar el criterio sostenido en amparos en revisión anteriores, en los que se consideraron atendibles dichas violaciones procesales.
"Sobre todo porque lo perseguido en los conceptos de violación (y ahora en agravios), es que se dejen sin efectos las pruebas contrarias al procedimiento, que adminiculadas con otras, sirvieron de base para el dictado del auto de formal prisión reclamado, lo cual es un remedio formal que, en todo caso, corresponde aplicar en sentencia.
"Consecuentemente, no se coincide con los recurrentes respecto de que el Juez no debió desestimar los conceptos de violación que se referían a las infracciones procesales cometidas en la fase de la averiguación previa, bajo el argumento de que constituyen violaciones procesales en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo, reclamables en la vía directa.
"La aplicación al caso de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.’, se advierte en tanto dicho criterio señala que tienen la categoría de ‘violaciones procesales’ contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo, las consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, situaciones que coinciden plenamente con las alegaciones en los conceptos de violación sobre tales tópicos ..."
B. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, el diecisiete de mayo de dos mil doce, resolvió el amparo en revisión 60/2012 (fojas 165 a 242).
El citado recurso fue interpuesto por el Ministerio Público de la Federación, en contra de la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Nuevo León, en un juicio de amparo en el cual se le otorgó al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del auto de formal prisión decretado en su contra, por el Juez Primero de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho y delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos. El órgano de control constitucional estimó que el acto reclamado era violatorio del principio de exacta aplicación de la ley penal, porque la autoridad responsable debió dilucidar si en el caso operaba un concurso aparente de tipos penales.
En sus agravios, la parte recurrente expuso que fue incorrecta la apreciación del Juez de Distrito, lo cual calificó como fundado el Tribunal Colegiado de Circuito, al estimar que no existió violación al principio de exacta aplicación de la ley penal, pues no existe semejanza alguna entre los tipos penales atribuidos, dado que sancionan conductas completamente distintas, las cuales no guardan ninguna relación entre sí.
En consecuencia, el órgano de amparo de segundo grado procedió al estudio de los conceptos de violación, y en suplencia de los mismos, indicó que advertía la existencia de diversas transgresiones a los derechos fundamentales del quejoso cometidas en la averiguación previa que no fueron advertidas por la autoridad responsable al dictar el auto de formal prisión reclamado y que trascendieron en perjuicio de su esfera jurídica, tales como la declaración ministerial del quejoso y sus coinculpados, en tanto que: a) su detención no se realizó en flagrancia ni por urgencia, ya que los hechos que las motivaron datan de épocas anteriores, no existía denuncia ni averiguación previa aperturada, ni tampoco registro de su detención ni de certificación ministerial; b) sufrió una detención prolongada antes de rendir su declaración ministerial; c) fue privado del derecho de recibir asistencia legal a través de un defensor público desde el momento de su arresto; y, d) las investigaciones de la participación del quejoso y sus coacusados en los hechos delictivos fueron llevadas a cabo por elementos militares, lo cual les está vedado, todo lo cual, a juicio del Tribunal Colegiado de Circuito, afectó la libre voluntad y espontaneidad en las declaraciones de los inculpados.
En consecuencia, consideró el órgano revisor, que las declaraciones ministeriales del quejoso y sus coindiciados se encontraban viciadas, al haber sido arrancadas con coacción y derivadas de una detención ilegal, por lo que carecían de valor probatorio, de ahí que procedía conceder la protección federal solicitada para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado y, en su lugar, dictara auto de libertad, sin perjuicio de que, posteriormente, se pudiera aportar otras pruebas que resultaran aptas para justificar el dictado de otro auto de formal procesamiento.
El mismo criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión 59/2012, 71/2012, 72/2012, 73/2012 y 154/2012, cuyo auto de formal prisión reclamado deriva del mismo proceso penal (fojas 276 a 750).
Finalmente, en el amparo en revisión 100/2012, en el cual el acto reclamado consistió en un auto de formal prisión, el tribunal revisor analizó la constitucionalidad de la detención efectuada por los elementos captores, estimando que fue irregular la intromisión de los elementos militares al domicilio donde fue detenido el quejoso, por lo que no se le debió haber dado valor convictivo al parte informativo que derivó de dicha actuación (fojas 243 a 275).
C. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, el uno de diciembre de dos mil once, resolvió el amparo en revisión 159/2011 (fojas 112 a 159).
El citado recurso fue interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, en un juicio de amparo del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, en el cual se le negó a los quejosos el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del auto de formal prisión decretado en su contra, por el Juez Sexto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa calificada y robo de vehículo equiparado.
En sus agravios, la parte recurrente expuso que las confesiones o declaraciones ministeriales fueron obtenidas a base de golpes y torturas, lo que se constataba con los certificados médicos de lesiones y las fotografías que al efecto se allegaron a la causa.
Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la autoridad responsable omitió expresar las consideraciones o constancias en que se apoyó para desestimar los certificados médicos de lesiones, así como ponderar la forma en que los inculpados, al rendir sus declaraciones preparatorias narraron que fueron coaccionados físicamente, lo que dio lugar a otorgar la protección de la Justicia Federal.
D. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, el nueve de noviembre de dos mil once, resolvió el amparo en revisión 279/2011 (fojas 790 a 862).
El citado recurso fue interpuesto por el quejoso en contra de la sentencia dictada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en un juicio de amparo en el cual se le negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la resolución dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien determinó modificar el auto de formal prisión decretado en su contra, por el Juez de lo Criminal en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado.
El Tribunal Colegiado de Circuito, al emitir la sentencia de segundo grado, indicó que algunas de las pruebas que sustentan la resolución reclamada fueron obtenidas de forma ilegal, y por tal motivo carecen de valor probatorio, en tanto que el Ministerio Público no giró orden de localización y presentación por escrito para que la Policía Investigadora del Estado de Jalisco llevara a cabo la búsqueda y captura del quejoso y lo llevara ante su presencia para que declarara en relación con los hechos y no se estaba en presencia de alguna hipótesis de flagrancia. Asimismo, sin que mediara orden de cateo, el Ministerio Público se trasladó en compañía del quejoso, quien estaba detenido, a un lugar en el que se introdujo ilegalmente.
Así, a partir de lo antes referido, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó la ilegalidad de la detención y estableció la presunción de coacción por parte de los elementos que participaron en su localización, presentación e interrogatorio ilegal, así como del fiscal investigador que lo consintió y sin hacerle saber la naturaleza y causa de la acusación que pesaba en su contra, recabó una declaración ministerial inverosímil que carece de eficacia demostrativa, al igual que el acta circunstanciada del pretendido cateo, así como de los objetos encontrados en el domicilio inconstitucionalmente registrado.
El mismo criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 31/2007 y 70/2011, en los cuales el acto reclamado consistió en un auto de formal prisión y el tribuna
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24969-79cf4ab9/violaciones-cometidas-en-la-averiguacion-previa-es-factible · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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