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Modo: Corpus Pro

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES OCURRIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2020. · Registro digital (IUS): 31027
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-11-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo II, Pág.1263.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 6 DE ABRIL DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO PERO SE APARTA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES Y RESERVA SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: ADRIANA ORTEGA ORTIZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de abril de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 32/2020, suscitada entre los criterios del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

El problema jurídico para resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el Ministerio Público conserva el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto durante la etapa de investigación complementaria que integra el procedimiento penal.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de la contradicción. El 23 de enero de 2020, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el recurso de queja ********** y el del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.

2. Trámite de la denuncia. El 30 de enero de 2020, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 32/2020 y, ante la falta de legitimación del denunciante, hizo suya la denuncia de la posible contradicción de tesis y la admitió a trámite; señaló que la Primera Sala de este Alto Tribunal es competente para conocerla por tratarse de un asunto en materia penal; requirió formar cuaderno auxiliar de turno virtual, y decidió turnar los autos al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

3. Luego, solicitó a las presidencias del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito remitieran la versión digitalizada del original o copia certificada de las ejecutorias relativas al recurso de queja ********** y al amparo en revisión **********, respectivamente. Solicitó igualmente a los órganos jurisdiccionales informar si los criterios sustentados en esos asuntos se encuentran vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

4. El 21 de febrero de 2020, el presidente de esta Primera Sala determinó que la Sala se abocaba al conocimiento del asunto. Asimismo, tuvo por remitida la copia digitalizada de las ejecutorias requeridas a los Tribunales Colegiados contendientes, quienes informaron que sus criterios continúan vigentes. En consecuencia, se tuvo por integrada la presente contradicción de tesis y se remitió el asunto a esta ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, y 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.(1)

III. LEGITIMACIÓN

6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, como se desprende de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

7. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis es imprescindible hacer referencia a las consideraciones y argumentos en los que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones.

Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el recurso de queja **********

Antecedentes

8. En este asunto, el quejoso reclamó del Ministerio Público la negativa que recayó a las peticiones del imputado en las que solicitó el auxilio de esa representación para preparar diversos medios de prueba.

9. El Juez de Distrito desechó la demanda, pues consideró que el Ministerio Público señalado como responsable no tenía el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que la carpeta de investigación ya había sido judicializada. El Juez estimó que, en tanto la determinación reclamada tenía origen en un procedimiento judicial, el Ministerio Público había actuado como parte, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Estudio de fondo

10. El Tribunal Colegiado estimó incorrecta la interpretación del Juez respecto del carácter del Ministerio Público como autoridad, pero acertada la determinación de desechar. En su estudio, el Tribunal Colegiado desarrolló las etapas que componen el procedimiento penal conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales: de investigación, intermedia o de preparación al juicio y de juicio oral.

11. El tribunal hizo énfasis en el derecho del imputado –y su defensor– a solicitar a la representación social la realización de todos los actos de investigación que estimen pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Según la legislación, la autoridad ministerial tiene la obligación de resolver sobre la solicitud en un plazo máximo de tres días y ordenar las diligencias que estime necesarias.

12. Luego, se refirió a las dos fases de la etapa de investigación: la inicial –a cargo del Ministerio Público– y la complementaria o formalizada –bajo la vigilancia del Juez de Control. Explicó que la primera fase inicia con la denuncia o querella y termina cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control, es decir, cuando se judicializa la carpeta de investigación y se formula imputación en su contra. Durante la segunda fase, el Ministerio Público continúa como responsable de dirigir la investigación para sustentar la acusación contra el imputado.

13. Así, el Tribunal Colegiado estimó que el quejoso tenía razón cuando afirmaba que el Ministerio Público conserva su carácter de autoridad, aun durante la fase de investigación judicializada, pues en todo momento su función es la de ordenar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos ilícitos y, eventualmente, sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la condena a la reparación del daño, siempre en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional como órgano investigador. En efecto, en tanto rector de la investigación, corresponde al Ministerio Público determinar, en ejercicio de su potestad constitucional y conforme al principio de buena fe, decidir si realizará o no los actos de investigación solicitados por las partes.

14. Por tanto, el Tribunal Colegiado concluyó que, durante la investigación complementaria, el Ministerio Público actúa como autoridad, como se desprende de los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127, 213, 324 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, estimó que no se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o., fracción II de la Ley de Amparo, contrario a lo interpretado por el Juez de Distrito del conocimiento.

15. No obstante, estimó que, en el caso, el juicio de amparo resultaba improcedente. En sus peticiones, el imputado solicitó auxilio de la representación social para preparar medios de prueba: enviar oficios a diversos organismos públicos con la finalidad de recabar entrevistas y tener acceso a archivos institucionales para elaborar informes periciales. El Tribunal Colegiado estimó que se trataba de actos que no generaban afectaciones a derechos sustantivos, sino que sólo perjudicaban al quejoso en sus derechos procesales, por lo que confirmó el desechamiento de la demanda.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver el amparo en revisión **********

Antecedentes

16. El quejoso se inconformó con la actuación del Ministerio Público durante la fase de investigación complementaria; en particular, reclamó en el juicio de amparo omisiones y la dilación en que incurrió la autoridad ministerial.

17. El Juez de Distrito que conoció del asunto sobreseyó en el juicio, pues consideró que el quejoso señaló como actos reclamados violaciones procesales que no afectaban sus derechos sustantivos, por lo que el juicio de amparo resultaba improcedente.

Estudio de fondo

18. El Tribunal Colegiado estimó correcta la determinación del Juez de Distrito en el sentido de sobreseer en el juicio. Sin embargo, consideró actualizada una causa de improcedencia diversa a la señalada por él: la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.

19. En efecto, el tribunal explicó que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclaman actos que no provienen de una autoridad. En el caso, advirtió que el Ministerio Público señalado como responsable había actuado como parte, pues la investigación ya había sido formalizada; por tanto, la dirección del Juez de Control limitaba tal autoridad.

20. En su estudio, se refirió a las etapas del proceso penal: de investigación –inicial y complementaria–, intermedia o de preparación al juicio y de juicio. Así, entendió que el proceso penal –tal como está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales– separa claramente las funciones de acusar y de juzgar. Advirtió que la legislación procesal penal atribuye al Ministerio Público diversas facultades y obligaciones durante las diferentes etapas del proceso penal. Con base en ello, distinguió entre la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía que actúa bajo su mando y la investigación que ocurre bajo supervisión de un Juez de Control, una vez se judicializa la carpeta de investigación.

21. En la primera etapa de investigación inicial –sostuvo el tribunal– se busca obtener los datos de prueba suficientes para instaurar un proceso penal en contra de una persona indiciada. Para ello, el Ministerio Público y la policía de investigación deben realizar todas las diligencias que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos ilícitos, los que deben quedar registrados en una carpeta de investigación. Una vez se han reunido suficientes datos de prueba, o bien cuando es necesaria la aplicación de medidas cautelares para continuar con la investigación, el Ministerio Público debe formalizar la investigación, esto es, presentar su investigación a un Juez de Control.

22. Dictado un auto de vinculación a proceso, el Juez de Control debe fijar fecha para la audiencia de cierre de investigación, que deberá celebrarse dentro de un plazo máximo de dos meses –si para el delito que se imputa se prevé una penalidad menor a dos años de prisión– o seis meses –si la penalidad excede de dos años de prisión. En esta audiencia, finalmente, el Ministerio Público decide si acusará al imputado o si solicitará el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso.

23. El Tribunal Colegiado entendió que el Ministerio Público actúa con carácter de autoridad hasta que formula la imputación, pero lo pierde una vez que comienza la investigación complementaria. A partir de que se formaliza la investigación, el imputado se encuentra a disposición del Juez de Control, por lo que la autoridad ministerial deja de tener atribuciones para actuar como autoridad, salvo respecto de los actos materiales de investigación que la legislación procesal le permite realizar sin autorización judicial (artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

24. En opinión del tribunal, asignar el carácter de autoridad a la representación social durante la investigación complementaria, implicaría permitir que dos procedimientos se sigan en contra del imputado: uno ante el Ministerio Público y el otro ante el Juez de Control.

25. Así, el Tribunal Colegiado concluyó que, durante la fase de investigación, el Ministerio Público actúa en un plano de igualdad con relación al imputado, pues es el Juez de Control quien debe determinar el plazo de la investigación, la posibilidad de otorgar alguna prórroga y ordenar el cierre de investigación. En consecuencia, no pueden reclamarse a esa autoridad omisiones o dilaciones en las que pueda incurrir en el desarrollo de esa investigación.

26. Finalmente, el tribunal destacó que su pronunciamiento no se ocupaba de la determinación de si al Ministerio Público le asiste la calidad de autoridad cuando realiza alguno de los actos de investigación a los que se refiere el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales –sin necesidad de obtener una autorización judicial– ni los que –a pesar de requerirla– realiza sin ella.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

27. Después de analizar las conclusiones y la línea argumentativa de los tribunales contendientes, esta Primera Sala concluye que la contradicción denunciada es existente. En efecto, para que exista una verdadera oposición de criterios, es necesario que se cumplan tres requisitos:(2)

i. que los tribunales hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que, apoyados de arbitrio judicial, efectuaran un ejercicio interpretativo adoptando cualquier canon o método;

ii. que entre los ejercicios interpretativos efectuados por los órganos jurisdiccionales haya, al menos, un razonamiento que verse sobre un mismo problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

iii. que lo anterior permita formular una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

28. Esta Sala ha dicho que esta disparidad está condicionada sólo a que se sostengan tesis jurídicas discrepantes, es decir, decisiones sobre un mismo punto de derecho, derivadas de argumentaciones lógico-jurídicas tendientes a justificar cada una de estas respuestas; es, por tanto, innecesario que las cuestiones fácticas que originan esas soluciones sean idénticas(3) –siempre que éstas sean de carácter secundario o accidental y, por ende, no incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

29. Respecto del primer requisito, esta Primera Sala observa que ambos tribunales se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración y recurrieron a su arbitrio judicial para determinar si al reclamar un acto u omisión de la autoridad ministerial cometido durante la fase de investigación complementaria iniciada una vez se judicializó la carpeta de investigación, el juicio de amparo es improcedente por no reclamarse un acto emitido por una autoridad. Así, se cumple el primero de los requisitos antes mencionados.

30. Ahora bien, en cuanto al segundo requisito –que entre los ejercicios interpretativos se encuentre al menos un razonamiento en que la interpretación jurídica gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico– queda colmado respecto de los criterios emitidos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Ambos tribunales enfrentaron una misma institución jurídica: la calidad de la autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto. Los tribunales arribaron a soluciones distintas a partir de su entendimiento de las facultades que le corresponden a la representación social en las distintas etapas del procedimiento penal.

31. Al respecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito aseguró que el Ministerio Público conserva su carácter de autoridad, aun cuando actúa bajo la supervisión de una Jueza de Control, pues es, en todo momento, responsable de dirigir la investigación y practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos ilícitos, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 constitucional.

32. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito consideró que la calidad de la representación social cambia de autoridad a parte en el proceso en cuanto se formaliza la investigación. A su parecer, en cuanto se judicializa la carpeta de investigación, la autoridad judicial es quien se encarga de determinar todo lo relativo a la situación jurídica del imputado, quien se encuentra a su disposición. En ese sentido, consideró que, durante la investigación complementaria, la fiscalía se encuentra en un plano de igualdad con respecto al imputado, por lo que no se pueden reclamar de ésta las dilaciones u omisiones en las que incurra en el desarrollo de esa etapa procesal.

33. Como puede observarse, el tercer requisito también se satisface. De las posturas divergentes de los Tribunales Colegiados contendientes surge la siguiente interrogante: durante la fase de investigación complementaria que se desarrolla bajo la vigilancia de una Jueza de Control, ¿tiene el Ministerio Público el carácter de autoridad y se puede, por tanto, combatir su actuación con el juicio de amparo indirecto?

VI. ESTUDIO DE FONDO

34. Corresponde a esta Primera Sala determinar la respuesta a este problema jurídico para que prevalezca con carácter de jurisprudencia.

35. De diversos ordenamientos nacionales e internacionales se desprende la obligación del Estado de iniciar, sin dilación y con la debida diligencia, una investigación seria, imparcial y efectiva ante hechos posiblemente ilícitos. Esta investigación debe estar encaminada a esclarecer la verdad de lo ocurrido y a perseguir y sancionar a los responsables. De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta función corresponde, de manera exclusiva, al Ministerio Público. Este órgano estatal se concibe como representante social en el proceso penal y es, por tanto, el único que cuenta con estas facultades.(4) Por la misma razón, la Constitución dispone que su actuación debe regirse por los principios de imparcialidad y objetividad.(5)

36. Históricamente, fueron los Jueces quienes investigaban los hechos ilícitos y se encargaban de la aplicación de las sanciones. Sin embargo, la figura de la fiscalía evolucionó y se hizo más clara la separación de estas funciones. En efecto, los fiscales que participaban en los juicios, en un principio, formaban parte del Poder Judicial, pero luego se incorporó al Poder Ejecutivo la institución del Ministerio Público.

37. A partir de 1917, la Constitución asignó como facultad de investigación de manera exclusiva al Ministerio Público, pues se tenía la intención de limitar la actuación de las autoridades judiciales para evitar abusos y arbitrariedades. Desde ese momento, el Ministerio Público es la única autoridad con competencia para investigar y perseguir los delitos, sin que se hiciera necesaria la autorización o participación de alguna otra autoridad. Esto no significa que las actuaciones del Ministerio Publico no sean supervisadas por la autoridad judicial,(6) ni que para que alguna de ellas ocurra no se requiera autorización judicial,(7) tal como lo mandata la Constitución.(8) Sin embargo, en ese momento se aclaró la división de competencias: la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, mientras que la investigación y persecución corresponde al Ministerio Público y sus auxiliares: peritos y policía de investigación. 38. Del artículo 21 constitucional se desprende que el Ministerio Público es la autoridad con el monopolio de la investigación de los hechos ilícitos y la responsabilidad penal de quienes los cometen. Luego de valorar los resultados de su investigación, debe determinar si corresponde ejercer acción penal ante las autoridades judiciales competentes e instar la actuación jurisdiccional, facultad que también resulta exclusiva de la representación social. Si bien en 2008 se añadió la posibilidad de los particulares de ejercer acción penal, en determinados supuestos, incluso en estos casos, es el Ministerio Público quien conserva la competencia para llevar a cabo la investigación de los hechos.

39. En efecto, en términos del artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la fiscalía la persecución de los delitos ante los tribunales, es decir, que corresponde al Ministerio Público buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de un hecho ilícito y la participación de la persona imputada en su comisión.

40. Esto significa que constitucionalmente corresponde al Ministerio Público garantizar que las víctimas de los delitos serán reparadas y los responsables de haberlos cometido sancionados, por lo que tiene dos funciones fundamentales: dirigir, de manera exclusiva, la investigación de los hechos constitutivos de delitos y ejercer, en su caso, la acción penal.

41. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal ocurre en tres etapas: la de investigación, la intermedia o de preparación del juicio –que comprende desde la formulación de la imputación hasta el auto de apertura a juicio– y la de juicio oral –que culmina con el dictado de la sentencia definitiva.

42. Conforme a esa legislación, la naturaleza e intervención del Ministerio Público en el procedimiento penal es distinta según el momento procesal. En un primer momento, esa representación social se dedica, como autoridad investigadora, a la práctica de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos presumiblemente constitutivos de delitos para después, como parte acusadora, ejercer acción penal ante una autoridad judicial, pues son los tribunales los responsables de determinar, con imparcialidad, la culpabilidad o inocencia de la persona acusada.

43. El proceso penal inicia con la etapa de investigación, la cual se divide en dos fases: la investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación inicial comienza cuando existe una denuncia o querella sobre hechos posiblemente constitutivos de delitos. Durante esta fase, el Ministerio Público, regido por los principios de legalidad, objetividad y eficiencia, debe llevar a cabo todas las diligencias y actos de investigación tendientes a reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como los datos de prueba necesarios para ejercer acción penal y posteriormente sustentar la acusación formulada contra el imputado y garantizar la reparación del daño, sin que –en principio– intervenga alguna autoridad judicial, salvo que sean alegados por el presunto imputado o la víctima violaciones de derechos humanos ocurridas en esta etapa. La autoridad ministerial debe dejar registro de lo que resulte de su actuación en una carpeta de investigación.

44. En este punto, es pertinente distinguir que, en ejercicio de su facultad constitucional de investigación, el Ministerio Público puede realizar actos de investigación por su cuenta o con la autorización de una autoridad judicial. En principio, el Ministerio Público lleva a cabo la investigación de hechos ilícitos sin intervención de otras autoridades; sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales requiere una autorización emitida por Jueces de Control para la realización de ciertas diligencias.

45. Es importante destacar que la intervención de una autoridad de carácter jurisdiccional no implica la sustitución en la función investigadora del Ministerio Público; sino sólo la indicación de que ciertos actos investigativos serán –de acuerdo con el código de procedimientos– sujetos a control judicial previo, dada su injerencia en los derechos fundamentales de las personas sujetas a una investigación penal, como sucede en la intervención de comunicaciones privadas y la toma de muestras biológicas; entre otras.

46. Esta fase indagatoria termina cuando el Ministerio Público presenta la carpeta de investigación a una Jueza de Control y solicita orden de aprehensión o comparecencia –o cuando pone a disposición al detenido ante la autoridad judicial, dentro del plazo de 48 horas– para formular imputación, momento en que el imputado queda a disposición de la autoridad judicial. Sin embargo, el Ministerio Púbico puede considerar innecesaria la formulación de la imputación y determinar el archivo definitivo o provisional de la carpeta de investigación, proponer algún medio alternativo de solución del conflicto –conciliación o mediación– o aplicar un criterio de oportunidad. En efecto, luego de la investigación inicial, el Ministerio Público se enfrenta a una decisión respecto de si deberá instar la actuación jurisdiccional con base en los resultados de su indagatoria.

47. Si decide judicializar la carpeta de investigación, el Ministerio Público se erige como parte acusadora y provoca la celebración de la audiencia inicial, en la que se realiza, en su caso, el control de la detención y se informa al imputado sobre la conducta que se le imputa y los datos de prueba que –hasta ese momento– indican que participó en su comisión. En esa audiencia, la Jueza de Control resuelve sobre la solicitud de vinculación a proceso y las medidas cautelares. Cuando dicta, dentro del plazo constitucional de 72 horas –o en el duplicado de 144 horas–, auto de vinculación a proceso, debe igualmente fijar el tiempo que deberá durar la investigación complementaria con base en la petición del Ministerio Público sobre el tiempo que considera necesario para perfeccionar la investigación y concluirla, así como la réplica de la defensa.

48. Durante ese plazo, que no puede ser mayor a dos meses –si se trata de un delito para el cual se prevé una penalidad de menos de dos años de prisión– o seis meses –si la penalidad excede los dos años de prisión–, con posibilidad de una prórroga, a solicitud fundada y motivada del Ministerio Público, el Ministerio Público, con el auxilio de la policía de investigación y peritos, se dedica a reunir los datos de prueba que estime suficientes para presentarlos al formular la acusación durante la etapa intermedia.

49. En efecto, aunque la vinculación a proceso inicia la investigación complementaria o formalizada, la cual implica un reconocimiento de la existencia de indicios sobre la participación de la persona imputada en la comisión de un delito, puede ocurrir que los datos de prueba hasta entonces recabados sean insuficientes para sustentar una acusación durante el juicio oral y garantizar una condena. La investigación complementaria permite, entonces, al Ministerio Público continuar con su investigación –con conocimiento del imputado y su defensor, quienes tendrán oportunidad igualmente de preparar la defensa– hasta obtener los elementos necesarios para formular acusación.

50. Durante esta fase, el fiscal encargado de la indagatoria continúa con los actos de investigación que estime pertinentes, en pleno uso de la discrecionalidad que el artículo 21 constitucional le otorga. Así, debe entenderse la investigación como un continuo, en el que, en todo momento, el Ministerio Público es el responsable de lo que en esa etapa ocurra, con independencia de que esta fase de la investigación esté supervisada por la autoridad jurisdiccional. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que la investigación no se suspende, incluso, mientras dure la audiencia inicial,(9) momento en que se fija el plazo máximo para la investigación complementaria.

51. Al igual que al final de la investigación inicial, cuando el Ministerio Público debe decidir el curso que seguirá el proceso penal, al término del plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria, corresponde nuevamente al fiscal determinar, con base en los nuevos datos reunidos, si formulará la acusación porque cuenta con suficientes elementos para sustentarla en el juicio oral por el delito imputado en la audiencia inicial o por otro diverso. Si esto no fuera así, el Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso. En este momento, también, existe la posibilidad de que el Ministerio Público solicite la apertura del procedimiento abreviado, otra de las formas de terminación anticipada del proceso penal.(10) Para su apertura, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, la representación social deberá presentar su solicitud que contenga la pena que pretende se imponga a la persona imputada.(11)

52. A partir de la vinculación a proceso, la investigación deja de ser reservada. Es decir, se debe garantizar el derecho de la persona imputada a acceder a los registros para preparar su defensa. Así, aunque durante la investigación complementaria el asunto se encuentre sometido al conocimiento de una autoridad jurisdiccional, la Jueza de Control carece de facultades para intervenir directame

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31027-b23eb2a8/autoridad-para-efectos-del-juicio-de-amparo-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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