JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ, QUIEN FORMULA VOTO CONCURRENTE, MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO, JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA, MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. DISIDENTE: REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO, QUIEN FORMULA VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
6. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia.
SEGUNDO.—Legitimación.
7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por la parte recurrente en los recursos de queja que conforman los criterios discrepantes.
TERCERO.—Criterios contendientes.
8. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El indicado Tribunal Colegiado de Circuito en sesión de doce de julio de dos mil diecinueve, resolvió el recurso de queja penal 72/2019, cuyos antecedentes se resumen a continuación:
1. El quejoso reclamó en el amparo indirecto los acuerdos dictados en la audiencia intermedia, consistentes en la no exclusión de los medios de prueba relativos a la testimonial a cargo de un Policía Federal Ministerial, la cual versaría respecto de los datos de prueba recabados durante la investigación, específicamente en relación a la entrevista de individualización realizada al quejoso; así como la incorporación de las diversas documentales que, a su criterio, constituían un acto de imposible reparación.
2. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua desechó la demanda de amparo al considerar que los actos reclamados en el juicio de amparo no afectaban de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la Carta Magna, pues de ninguna forma son constitutivos de derechos ni de condena, sino que exclusivamente son actuaciones que forman parte del procedimiento derivado de la causa.
El Tribunal Colegiado, por mayoría de votos, consideró fundados los agravios planteados y resolvió revocar el auto recurrido, para el efecto de que el Juez de Distrito, de no existir un motivo de improcedencia diverso, admitiera la demanda de amparo solicitado. Sus consideraciones, en lo que interesa, fueron las siguientes:
•El acto reclamado destacado que se atribuye a la autoridad responsable, deriva de la fase intermedia del proceso penal acusatorio.
• Conforme al amparo directo en revisión 669/2015, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las violaciones cometidas en etapas previas a la de juicio oral ya no pueden ser abordados en amparo directo, por lo que a su juicio en el caso no es notoria y manifiesta la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito al desechar la demanda de amparo, porque dichas violaciones deben ser materia de estudio en amparo indirecto (pues de no considerarlo de ese modo, se dejaría al solicitante de amparo en estado de indefensión).
• El objeto de esa etapa procesal (intermedia) es el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, siendo en ella donde el imputado puede plantear argumentos relacionados con la vulneración a derechos fundamentales y como además, las partes se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente y, de no hacerlo, se entiende por regla general que se ha agotado tal posibilidad.
• Una vez expresados por las partes los argumentos de que se trate, durante la etapa intermedia, el Juez de Control debe emitir el pronunciamiento correspondiente; y, en caso de inconformidad, el imputado deberá acudir a los medios de defensa a su alcance, sin posibilidad de que este debate pueda ser retomado o reabierto posteriormente en etapa de juicio; por ende, es necesario que las cuestiones relativas a la admisión, inadmisión o exclusión probatoria derivadas de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral.
• Sólo podrá ser objeto de revisión constitucional en sede de juicio de amparo directo la violación al derecho en cuestión, cuando la misma se materialice durante la tramitación de la etapa de juicio oral; en consecuencia, las cuestiones inherentes a admisión, inadmisión y exclusión probatoria deberán ser debatidas e impugnadas durante las etapas correspondientes del procedimiento.
• Acorde a las directrices de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) se destacó que la eventual afectación a sus derechos sustantivos, no podrá ser alegada en la etapa de juicio oral –que es la fase donde se abordarán los temas que atañen a su libertad personal– por lo que en consecuencia se dejaría en estado de indefensión al impetrante ante actos que en juicio pudieran ser de imposible reparación y, de ese modo, realmente se estén afectando derechos sustantivos del solicitante de protección constitucional.
• Concluyó que por regla general el amparo indirecto es procedente contra violaciones acaecidas en etapa intermedia en razón de la exclusión de pruebas y acontecimientos propios de dicha etapa, porque al respecto, se afectan en forma preponderante y superior derechos fundamentales sustantivos de acceso efectivo a la justicia y defensa adecuada, contenidos en los artículos 17 y 20 constitucionales.
B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo.
En sesión de diez de mayo de dos mil diecinueve, el indicado Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el recurso de queja número 60/2019. Los antecedentes del caso son los siguientes:
1. El quejoso reclamó en amparo indirecto el auto por el cual el Juez de Control admitió en la etapa intermedia la declaración de un testigo y el peritaje en materia de avalúo y capitalización de renta sobre el bien inmueble materia del delito de despojo.
2. El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, porque a su juicio no son de aquellos que violen derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal, que haga procedente el juicio de amparo indirecto.
El Tribunal Colegiado desestimó los agravios planteados y resolvió declarar infundado el recurso de queja. Sus consideraciones, en lo que interesa, fueron las siguientes:
• El acto reclamado –auto del Juez de Control por el cual admite en la etapa intermedia las pruebas mencionadas– no es de aquellos que violen derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Federal, pues pretende demostrar el monto que se deba resarcir para reparar los daños causados en la esfera patrimonial de la víctima y no constituyen pruebas ilícitas; además, de ser valoradas en el juicio oral de manera desfavorable al acusado, estará en posibilidad de impugnar ese aspecto en el amparo directo y controvertir la sentencia definitiva en todo aquello que le perjudique.
• No es aplicable la tesis 1a. LII/2018 (10a.)(2) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que será en la etapa intermedia en donde el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales que haya causado un impacto en la obtención de medios de prueba y solicitar la exclusión del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral, en la medida en que deben ser excluidos los medios de convicción obtenidos con vulneración a derechos fundamentales.
• Como la exclusión de los medios de prueba que pretende el recurrente no derivan de violación a derechos fundamentales, pues no se trata de pruebas obtenidas en forma ilícita, sino que se cuestionan la cualidades del perito y la pertinencia del dictamen pericial en materia de valuación, sin duda no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del recurrente; de ahí que la admisión de esas probanzas no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo biistancial, pues podrá cuestionar en amparo directo la valoración que se efectúe, en su caso, en la sentencia definitiva de no resultarle favorable.
C. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo.
El indicado Tribunal Colegiado de Circuito, en sesión de siete de junio de dos mil diecinueve resolvió el recurso de queja penal 107/2019. Los antecedentes del asunto son los siguientes:
1. La Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, en la que reclamaron del Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, en funciones de Juez de Control, en una causa penal, la admisión de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en la audiencia celebrada con fecha primero de marzo de dos mil diecinueve, así como la emisión del auto de apertura a juicio oral y de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de tribunal de enjuiciamiento, en la citada causa penal, la pretensión de llevar a cabo la audiencia de juicio oral como tribunal de enjuiciamiento con base en pruebas obtenidas de manera ilícita y con violación a sus derechos fundamentales.
2. Consideró la juzgadora de amparo que el primero de los actos reclamados no es de imposible reparación para efectos del juicio constitucional, pues define las cuestiones de carácter procesal, a que se refiere el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; y el segundo, porque no es un acto de ejecución irreparable, lo anterior tomando en consideración que el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando se hubiera violado el derecho de defensa adecuada o de contradicción, siempre y cuando trascienda en la valoración del tribunal de enjuiciamiento y que cause perjuicio, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo la parte quejosa tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia anterior, si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo.
El Tribunal Colegiado desestimó los agravios planteados y resolvió confirmar el acuerdo recurrido. Las consideraciones, en lo que interesa, son las siguientes:
• Como líneas argumentativas previas a su decisión, atendió al contenido de la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.),(3) así como a lo resuelto en el amparo directo en revisión 2058/2017, que fue uno de los precedentes con los que se conformó la indicada jurisprudencia.
• Además, bajo el sustento de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)(4) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que la determinación de admitir medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, no afecta derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sino que se está frente a una violación procesal susceptible de ser reparada incluso durante el desarrollo del juicio oral, en donde la defensa puede controvertir el desahogo y valoración de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violación a derechos fundamentales, lo que el Juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de emitir la sentencia, considerando, en su caso, lo dispuesto en la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional, que establece que carecen de valor las pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales.
• El auto de apertura a juicio, emitido en la audiencia intermedia, dentro de la causa penal, no es de imposible reparación para efectos del amparo, ya que únicamente define cuestiones de carácter procesal, que no afectan derechos sustantivos de los imputados. Es decir se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, cuya consecuencia se limita únicamente a decretar el cierre de la etapa intermedia o de preparación de juicio oral, precisando las pruebas a desahogar y los hechos de la acusación, y con ello dar inicio a la etapa de juicio.
• La regla general de que los actos relacionados con la admisión o exclusión de pruebas, constituyen violaciones procesales que deben ser reclamadas en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, admite excepciones, condicionadas éstas a que las partes deben llevar o someter a debate cualquier cuestión relacionada con la prueba ilícita, en cada etapa, pero con diferentes efectos; debiendo agotarse, en su caso, el principio de definitividad, en el entendido de que sólo se excluye la prueba hasta la etapa intermedia, mientras que en el juicio oral, el debate sobre la probable prueba ilícita sólo puede influir en la valoración, ya no en la exclusión, previo debate. Es decir, habrá casos en los que por excepción sea procedente el amparo indirecto, en contra de los actos relacionados con la admisión o exclusión de pruebas en la etapa intermedia.
Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió la queja penal 49/2019. Los antecedentes del asunto son los siguientes:
1. Que la quejosa reclamó en amparo indirecto, del Juez de Control, la resolución dictada en la audiencia celebrada en la causa penal, que fuera convocada para el desahogo de la audiencia intermedia, y en la cual, en virtud del incidente interpuesto por el defensor particular del imputado, se ordenó la reapertura de la investigación complementaria por un mes, a efecto de que el Ministerio Público le notificara de forma personal el acuerdo dictado por esa representación el once de agosto de dos mil dieciocho, en el que se negó al imputado el desahogo de una pericial en materia de psicología forense que se practicaría en el menor víctima, así como la ampliación de su declaración.
2. El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo al considerar que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza, sólo tiene efectos intraprocesales y no produce efectos de imposible reparación, entendidos estos como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos.
El Tribunal Colegiado desestimó los agravios planteados y resolvió confirmar el acuerdo recurrido. Las consideraciones, en lo que interesa, se sustentan en los argumentos siguientes:
• Bajo el sustento de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)(5) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esencia se resolvió que la orden de reabrir la investigación complementaria en términos del artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene una ejecución de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de internacionales de los que México es Parte, sino que produce efectos meramente procesales.
• No constituyó obstáculo lo resuelto en la ejecutoria del amparo directo en revisión 669/2015, debido a que la irreparabilidad de la ejecución de los actos en juicio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, depende de la afectación material de derechos sustantivos de tales actos, no de la imposibilidad de analizar en amparo directo violaciones cometidas en etapas previas a la de juicio oral, pues obviamente las consideraciones que sustentan la jurisprudencia resultante no son actos en juicio, aunado a que del propio criterio emana la obligación de las partes en el procedimiento de hacer valer sus planteamientos en la etapa correspondiente y el juicio de amparo es ajeno a ese procedimiento.
• Tampoco significó que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), determinó que las violaciones cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral; también era verdad que la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio tiene como presupuesto que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, lo que ocurre cuando afectan materialmente derechos sustantivos; extremo que no se actualizó por el hecho de que el criterio jurisprudencial en cita acote el análisis de violaciones a derechos fundamentales en amparo directo a las acaecidas en el juicio oral, habida cuenta que las eventuales transgresiones en otra etapa del procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral siguen siendo adjetivas no sustantivas.
• Finalmente, se precisó que la regla general de que los actos relacionados con la admisión o exclusión de pruebas, constituyen violaciones procesales que deben ser reclamadas en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, admite excepciones, condicionadas éstas a que las partes deben llevar o someter a debate cualquier cuestión relacionada con la prueba ilícita, en cada etapa, pero con diferentes efectos; debiendo agotarse, en su caso, el principio de definitividad, en el entendido de que sólo se excluye la prueba hasta la etapa intermedia, mientras que en el juicio oral, el debate sobre la probable prueba ilícita sólo puede influir en la valoración, ya no en la exclusión, previo debate. Es decir, habrá casos en los que por excepción sea procedente el amparo indirecto, en contra de los actos relacionados con la admisión o exclusión de pruebas en la etapa intermedia.
Por último, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió la queja penal 59/2019, precisando como antecedentes relevantes del asunto que:
1. En el amparo indirecto se reclamaron la determinación adoptada por la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en la audiencia intermedia, de admitir los medios de prueba ofrecidos por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dentro de una causa penal, y el auto de apertura a juicio, emitido por la Juez de Control dentro de la misma causa penal.
2. La Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, porque a su juicio la determinación de la Juez de Control relacionada con los medios de prueba acaecida en la etapa intermedia, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, pues no actualiza algún caso de excepción para la procedencia en la vía indirecta; asimismo consideró que el auto de apertura a juicio oral tampoco es un acto de imposible reparación para efectos del amparo, pues define las cuestiones de carácter procesal, a que se refiere el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
El Tribunal Colegiado consideró infundados los agravios planteados y resolvió confirmar el acuerdo recurrido. Las consideraciones que tuvo, en lo medular, son las siguientes:
• Bajo el sustento de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)(6) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que el acto reclamado consistente en la determinación de admitir medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, no afecta derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sino que se está frente a una violación procesal susceptible de ser reparada incluso durante el desarrollo del juicio oral, en donde la defensa puede controvertir el desahogo y valoración de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violación a derechos fundamentales, lo que el Juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de emitir la sentencia, considerando, en su caso, lo dispuesto en la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional, que establece que las pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales son nulas.
• El auto de apertura a juicio, emitido por la Juez Control del Distrito Judicial Morelos, en la audiencia intermedia, dentro de la causa penal, no es un acto de imposible reparación para efectos del amparo, ya que únicamente define cuestiones de carácter procesal, que no afectan derechos sustantivos del quejoso, ahora recurrente.
• Lo resuelto en el amparo directo en revisión 669/2015, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es obstáculo a la conclusión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, relativa a que las etapas del procedimiento penal acusatorio se suceden irreversiblemente una tras otra, y solamente superada una etapa se puede comenzar con la siguiente, sin la posibilidad de renovarlas o reabrirlas; puesto que la irreparabilidad de la ejecución de los actos en juicio, para efectos de procedencia del amparo indirecto, depende de la afectación material de derechos sustantivos de tales actos, no de la imposibilidad de analizar en amparo directo violaciones cometidas en etapas previas a la de juicio oral, además de que en esa ejecutoria se establece la obligación de las partes en el procedimiento de hacer valer sus planteamientos en la etapa correspondiente, y el juicio de amparo es ajeno a ese procedimiento.
• Conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 2058/2017, con el propósito de lograr que el juicio de amparo funcione acorde con la estructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es necesario interpretar el apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo en armonía con el artículo 20 constitucional, en el sentido de que el estudio de violaciones procesales en amparo directo debe limitarse exclusivamente a las ocurridas en la audiencia de juicio; sin que se vede la posibilidad de que si existen violaciones procesales cometidas en las diversas etapas del juicio, con trascendencia a derechos fundamentales, puedan controvertirse por las partes en el procedimiento mediante los recursos correspondientes.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
9. Señalados los criterios objeto de la denuncia, debe establecerse si en el caso se actualiza la contradicción de tesis.
En principio, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 72/2010 (9a.) del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro digital: 164120, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, visible en la página 7 de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
En complemento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que como la finalidad de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos a fin de generar seguridad jurídica; y para que exista una contradicción de tesis, debe verificarse:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en donde se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Lo expuesto deriva de la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el número de registro digital: 165077, Tomo XXXI, correspondiente al mes de marzo de 2010, visible en la página 122, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29596-42b905d6/juicio-de-amparo-indirecto-por-regla-general-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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