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AUTO INICIAL EN EL AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL NO ES LA ACTUACIÓN OPORTUNA PARA DILUCIDAR SI LA ADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE PRUEBAS EN LA ETAPA INTERMEDIA DE JUICIO ORAL AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 69/2024. · Registro digital (IUS): 32614
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-08-09
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.511.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 69/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 2 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ (PRESIDENTE) Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de dos de mayo de dos mil veinticuatro.

SENTENCIA

1. Contradicción de criterios 69/2024, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos del Decimoséptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 190/2019 y 297/2023, respectivamente.

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios y, de ser así, emitir un criterio jurisprudencial que defina si en el auto inicial de trámite del juicio de amparo indirecto, es posible o no realizar un análisis hermenéutico en términos de las jurisprudencias 1a./J. 6/2021 y 1a./J. 23/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para identificar el caso de excepción tendiente a dilucidar si la admisión o exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia de juicio oral afecta derechos fundamentales.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio 42/2024, recibido vía interconexión en este Pleno Regional, el doce de marzo del año en curso, la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre lo sustentado por ese órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 297/2023, contra lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 190/2019.

4. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional, admitió a trámite la citada denuncia; ordenó crear y registrar el expediente electrónico con el número de contradicción de criterios 69/2024; delimitó de forma preliminar el tema de contradicción; asimismo, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice, para vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional, y al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, informara si el criterio que sustenta sigue vigente, o en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como la fecha en que aquello aconteció, también, que adjuntara copia digital certificada de la sentencia (con firma electrónica) en la que sustentó el criterio denunciado, y en caso de que se hubiera apartado, remitiera la diversa con el nuevo criterio.

5. De igual forma, presumió la vigencia del criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, en virtud de ser el denunciante, y únicamente le solicitó informara si en el trámite de la presente contradicción, su criterio había sido superado o abandonado, además de señalar las razones que apoyaran la consideración respectiva y remitiera la versión digitalizada de la ejecutoria correspondiente. Finalmente, solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente; y, turnó el asunto electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca.

6. El dos de abril del año en curso, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/302/03/2024, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal contradicción de criterios relacionada con el tema establecido de forma preliminar en el presente asunto.

7. En esa misma fecha, se tuvo por recibida la copia digital certificada del recurso de queja 190/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito y se certificó que los Tribunales Colegiados contendientes realizaron la vinculación de los expedientes electrónicos de los recursos de queja 190/2019 y 297/2023.

8. Por auto de cinco de abril de dos mil veinticuatro, el presidente de este Pleno Regional, tuvo por recibido el oficio 3315/2024, por medio del cual el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, informó que el criterio contendiente sustentado en el recurso de queja 190/2019, de su índice, continúa vigente y que no existía alguna condición que afectara su firmeza, asimismo, remitió copia digital certificada de la ejecutoria dictada en dicho asunto.

9. En ese mismo acuerdo, se tuvo por integrada la contradicción de criterios en la que se actúa y se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Emma Meza Fonseca, para la elaboración del proyecto respectivo.

II. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

10. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

11. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

III. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

13. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 2, del Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 9, 11 y 18, párrafo primero, del citado Acuerdo General 67/2022.

IV. LEGITIMACIÓN

14. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a saber, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

15. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, previo a realizar una breve relatoría del marco procesal y de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas, debe precisarse que, de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que el punto divergente entre éstos, es el relativo a determinar si en el auto inicial de trámite del juicio de amparo indirecto, es posible o no realizar un análisis hermenéutico en términos de las jurisprudencias 1a./J. 6/2021 y 1a./J. 23/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para identificar el caso de excepción tendiente a dilucidar si la admisión o exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia de juicio oral afecta derechos fundamentales.

16. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el acuerdo de presidencia de trece de marzo del año en curso, se señaló de forma preliminar diverso tema de contradicción, a saber: "si procede el juicio de amparo indirecto contra la admisión o exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia, o si se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable al no constituir actos de imposible reparación, por lo que debe desecharse de plano"; toda vez que, los autos de presidencia no causan estado,(3) por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquéllos.

a) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 190/2019.

17. Marco procesal. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, a través del juicio en línea, la parte quejosa por conducto de su Defensora Pública Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, consistente en:

• La resolución emitida en la audiencia intermedia el doce de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal **********, de su índice, en la que admitió diversos medios de prueba respecto a la individualización de sanciones, y su inclusión en el auto de apertura a juicio oral.

18. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, quien en proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, la registró con el número **********, y previo a proveer sobre su admisión o desechamiento, requirió a la promovente, para que en el plazo de cinco días, manifestara bajo protesta de decir verdad, si tenía reconocido el carácter de Defensora Pública Federal del quejoso, ante el juzgado en el que se tramitó la causa penal de origen.

19. Desechamiento de la demanda de amparo indirecto. Desahogada la prevención, por acuerdo de diez de octubre siguiente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, desechó de plano la demanda, al considerar que no era un acto de imposible reparación; es decir, que no afectaba materialmente derechos sustantivos protegidos por el Pacto Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

20. Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado de manera electrónica el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, el quejoso por conducto de su Defensora Pública Federal interpuso recurso de queja, mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, quien, por auto de presidencia de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, lo admitió y registró bajo el número 190/2019, de su índice.

21. Consideraciones que sustentan el criterio. En sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el citado Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de queja y ordenó al Juez de Distrito, proveer lo necesario para admitir la demanda de amparo, con la salvedad que, de considerar que se actualizaba una diversa causa de inerjecitabilidad, actuara conforme considerara conveniente; y al efecto expresó los siguientes razonamientos:

22. Indicó que, el procedimiento penal acusatorio está compuesto de tres etapas, en términos del artículo 211(4) del Código Nacional de Procedimientos Penales.

23. Destacó que, la etapa intermedia del procedimiento, cobra vida cuando el fiscal federal formula acusación, en cuyo caso el Juez de Control debe notificarlo a las partes y citar a la audiencia intermedia, la cual tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; para lo cual, podrán solicitar al Juez de Control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 344 a 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

24. En ese sentido, precisó que durante el desarrollo de esa audiencia, el Juez de Control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos.

25. Y una vez que el Juez de Control haya analizado la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos y escuchado los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia, dictará la resolución o auto de apertura a juicio.

26. En esa virtud, al tratarse de una fase diseñada específicamente para discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que van a hacer incorporados o desahogados en el juicio oral, señaló que una de las finalidades más importantes de la etapa intermedia, es que el imputado pueda plantear, en caso de que lo estime pertinente argumentos relacionados con vulneraciones a derechos fundamentales que hayan dado lugar a la obtención de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral.

27. Puntualizó que, una vez dictada la resolución de apertura de juicio oral, el Juez de Control la hará llegar al Juez de juicio oral o al Juez que preside el Tribunal de juicio oral competente, poniendo también a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva u otro tipo de medidas personales; hecho lo anterior, el Juez de juicio oral fijará fecha para la celebración de la audiencia correspondiente.

28. Mencionó que, durante la audiencia de juicio oral, se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal, mediante el desahogo de las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes.

29. Luego, terminado el debate, si el Juez o Tribunal de juicio oral consideran que hay elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda razonable, procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra.

30. En ese sentido, argumentó que el procedimiento penal acusatorio y oral en nuestro país, se encuentra dividido en una serie de momentos y etapas, cada una de las cuales tiene una función específica; además, las etapas van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que solo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas; debido a que el sistema penal acusatorio se apoya en uno de sus principios fundamentales, como lo es la continuidad del proceso, previsto en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

31. Afirmó que, del principio de continuidad se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad, sin comprender otras; y, una vez agotada, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior.

32. En esa virtud, consideró que las partes en cada una de las etapas del procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades, recursos y medios de defensa correspondientes; y que de no hacerse así, se entendía por regla general que se ha agotado la posibilidad de inconformarse en las etapas siguientes contra las determinaciones judiciales emitidas en etapas anteriores.

33. Luego, estableció que si el objeto de la etapa preliminar, a partir de la intervención judicial e intermedia consiste en ejercer un control sobre la investigación, previo al inicio del juicio oral, en donde se garantice la protección o ejercicio de los derechos fundamentales del imputado y se depure el material probatorio posiblemente obtenido de forma ilícita, de tal manera que los efectos de la violación a estos derechos no trasciendan al juicio oral; debía concluirse que será precisamente durante la mencionada etapa procesal, cuando el imputado tiene que expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la transgresión de alguno de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, solicitar la exclusión probatoria que derive de la misma; y en su caso, hacer valer los recursos o medios de defensa respectivos en contra de las determinaciones que emita el Juez de Control, que le agravie a sus derechos fundamentales, pues de no hacerlo en esa etapa del procedimiento, ya no podría impugnar dichas violaciones en las etapas subsecuentes.

34. Por tanto, enfatizó que era evidente que la materia del juicio de amparo directo tratándose del nuevo sistema de juicio penal, debía consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral; sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa.

35. Lo anterior, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, relativo a que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo se deberá apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable; sin que sea posible admitir o tomar en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante ella, salvo cuando no se haya tenido la oportunidad de hacerlo.

36. Pues indicó que, para que el Tribunal de amparo estuviera en condiciones de pronunciarse sobre violaciones a derechos fundamentales cometidas durante la etapa preliminar o intermedia del procedimiento, en la mayoría de los casos necesitaría tener acceso a la carpeta de investigación o a las constancias correspondientes a esas etapas; elementos a los que por regla general no tiene acceso el Juez o Tribunal de juicio oral ni el Tribunal de apelación.

37. Al efecto, citó la jurisprudencia con registro digital: 2018868, Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 275, de rubro y texto siguientes:

"VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide –investigación, intermedia y juicio– cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." 38. Asimismo, mencionó que compartía la tesis XVII. 1o. P.A. 92 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Decimoséptimo Circuito, registro digital: 2020753, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LOS ACTOS RELACIONADOS CON SU ADMISIÓN, INADMISIÓN, EXCLUSIÓN O NO EXCLUSIÓN, EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN O INTERMEDIA, POR VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCEDE POR EXCEPCIÓN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE PREVIAMENTE SE HAYAN SOMETIDO A DEBATE LOS ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRUEBA ILÍCITA Y AGOTADO, DE SER NECESARIO, EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: ‘VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL.’ estableció, como regla general, que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, consiste exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa; por tal razón, habrá casos en los que por excepción sea procedente el juicio de amparo indirecto, en contra de los actos relacionados con la admisión, inadmisión, exclusión o no exclusión de pruebas por violación a derechos fundamentales, en las etapas de investigación o intermedia, condicionados a que previamente se hayan sometido a debate los argumentos relacionados con la prueba ilícita (principio contradictorio) y agotados los medios de defensa al alcance de la parte inconforme (principio de definitividad), en los supuestos que sea necesario."

39. En consecuencia, concluyó que no advertía un motivo de improcedencia manifiesto e indudable de la demanda de amparo indirecto, dado que si bien, en el nuevo sistema penal acusatorio, procede excepcionalmente el juicio de amparo indirecto contra la admisión, inadmisión, exclusión o no exclusión de pruebas ofertadas en las etapas de investigación o intermedia, cuando éstas afectan un derecho fundamental o sustantivo de alguna de las partes, lo cierto es que, para que el juzgador de amparo esté en posibilidad de determinar si las pruebas admitidas o excluidas por el Juez de Control transgreden o no derechos fundamentales, es necesario que admita a trámite la demanda de amparo y requiera a la responsable su informe justificado, así como la resolución en la que emitió tal determinación y las constancias en que se apoyó para tales efectos; pues sólo de esa manera, supliendo la deficiencia de la queja del impetrante del amparo, podrá estar en posibilidad de determinar si las pruebas ofertadas por el Ministerio Público, que fueron admitidas por la responsable en la audiencia preliminar, transgreden o no en perjuicio de la parte quejosa, algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal.

40. Bajo ese parámetro, precisó que no era manifiesta e indudable la improcedencia invocada por el A quo, al considerar que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, ya que para arribar a dicha conclusión, era necesario que el A quo analizara el origen y procedencia de los medios de prueba admitidos por la responsable, así como las manifestaciones vertidas en su contra por el imputado en la audiencia respectiva, las razones legales que tuvo la responsable para decretar su admisión, los hechos y constancias que en su caso se encontraran relacionados con dichas pruebas, ya que de esa forma el juez de amparo estaría en posibilidad de determinar si la admisión de las pruebas combatidas trastocan o no en perjuicio del quejoso un derecho fundamental, y en su caso, resolver lo que en derecho proceda en la sentencia que dicte en audiencia constitucional.

41. Ahora bien, por las razones que la informan y la analogía que guarda con el tema, citó la Tesis XIII.P.A. 19 P, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 2064, del Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 164543, de rubro y texto siguientes:

"PRUEBAS. LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE NO ADMITE Y DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA APELACIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE GARANTÍA POR LA QUE NEGÓ LA ADMISIÓN DE AQUÉLLAS, EN LA FASE PRELIMINAR O DE INVESTIGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ACUSATORIO ADVERSARIAL, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). La resolución dictada por los Magistrados de una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el sentido de no admitir y declarar improcedente el recurso de apelación contra la determinación tomada por el Juez de Garantía, en la que negó la admisión de pruebas en la fase preliminar o de investigación del procedimiento acusatorio adversarial para el Estado de Oaxaca, vigente en la región de la Mixteca, no constituye causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, por no ser un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que cada una de las etapas que conforman ese procedimiento: preliminar, intermedia y de juicio, es independiente entre sí y tienen consecuencias jurídicamente distintas; por tanto, para determinar si se está ante dicho supuesto de improcedencia se requiere contar con mayores elementos de los que la demanda de garantías y sus anexos pueden aportar, como podrían ser las constancias que remita la autoridad responsable y las pruebas que en un caso llegara a aportar el inconforme, para que con el análisis integral de éstos y del nuevo Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, vigente en la región de la Mixteca, válidamente pueda determinarse si esa circunstancia perjudica o no directamente un derecho sustantivo del impetrante de garantías y le ocasiona un perjuicio irreparable."

42. En esa virtud, al no actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, hecha valer por el Juez de Distrito, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, determinó que lo procedente era levantar el desechamiento de plano de la demanda de amparo promovida por la Defensora Pública Federal del quejoso, debiendo el Juez de Distrito, proveer sobre su admisión, siempre y cuando no advirtiera una distinta causa de improcedencia.

b) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 297/2023.

43. Marco procesal. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado al Magistrado de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, consistente en:

• La resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el toca de apelación **********, de su índice, a través de la cual fue revocado el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, pronunciado en la causa penal **********, de la estadística del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos, con lo que excluyó medios de prueba de la representación social y ordenó la admisión de diversos medios de prueba a desahogar en el juicio oral correspondiente.

44.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32614-0b5a7f5a/auto-inicial-en-el-amparo-indirecto-por-regla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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