RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA, LUEGO DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DEL EJERCICIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE CONTROL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y CORREGIRLA, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, BLANCA EVELIA PARRA MEZA, ALFREDO MANUEL BAUTISTA ENCINA, DAVID GUERRERO ESPRIÚ, FAUSTINO CERVANTES LEÓN, JOSÉ ENCARNACIÓN AGUILAR MOYA, JORGE SALAZAR CADENA Y MARIO ALEJANDRO MORENO HERNÁNDEZ. PONENTE: RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: FAUSTO ARMANDO LÓPEZ DELGADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, con sede en esta ciudad, lugar donde este Pleno ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se formuló por el Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad.
TERCERO.—Criterios contendientes. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, resulta necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes, debiéndose precisar que la denuncia de contradicción se presentó en relación con el tema siguiente:
"Determinar si en el sistema penal acusatorio un tribunal de alzada puede reasumir jurisdicción y resolver el fondo de la apelación sin transgredir el principio de inmediación."
No obstante lo anterior, la probable divergencia de criterios precisada en la denuncia relativa no vincula a este Pleno a constreñirse a los términos en que es planteada, ni al punto jurídico sobre el que fue propuesto, sino que tales precisiones del denunciante constituyen un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, además, por disposición expresa del artículo 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, en los asuntos de esta naturaleza es facultad del órgano correspondiente acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o bien, declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis, con la única limitante de que la decisión sea tomada por la mayoría de los Magistrados integrantes de este Pleno.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO.—La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."(1)
Bajo tal marco de referencia, se procede a reseñar las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
1. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito: El amparo en revisión 452/2018, se originó con motivo del recurso interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 8/2018, del índice del citado Cuarto Tribunal Unitario –promovido contra una determinación de segunda instancia que revocó un auto de no vinculación a proceso y en su lugar dictó auto de vinculación a proceso–, en la cual otorgó la protección federal a la parte ahí quejosa, para los siguientes efectos:
"... Consecuentemente, por las razones ya expuestas, deberá concederse el amparo y protección de la Justicia Federal a (1) **********, para el efecto de que la autoridad responsable, Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto, con sede en esta ciudad.
"1) Deje insubsistente la sentencia de quince de junio de dos mil dieciocho, dictada en le (sic) toca penal **********, que constituye el acto reclamado en este juicio.
"2) Dicte otra en la cual:
"a) En atención de los argumentos expuestos en esta sentencia, reitere fundado el agravio hecho valer por la agente del Ministerio Público de la Federación, en el recurso de apelación contra la no vinculación a proceso, dictado en la continuación de la audiencia inicial, llevada a cabo el veintisiete de abril último, en la causa penal **********, consistente en que el Juez de Control se apartó de las directrices de los artículos 19 constitucional y 316, 317, 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al partir de la premisa en el sentido de que los datos de prueba aportados por la defensa en la etapa de investigación inicial, resultaban suficientes para determinar el valor probatorio del informe policial homologado y demás antecedentes precisados por la fiscalía en la carpeta de investigación y expuestos en la audiencia, para demostrar de (sic) manera de suposición los elementos del hechos (sic) considerado como delito contra la salud; en tanto, que en esa etapa, el análisis respectivo únicamente debe constreñirse a valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, al considerar ambas hipótesis o teorías del caso, aun en el supuesto de haber desahogado medios de convicción por parte del imputado o su defensa.
"b) Reponga el procedimiento para que el Juez de Control, con plenitud de jurisdicción, resuelva sin perder de vista las reglas que rigen la ponderación de los datos de prueba, analice nuevamente los datos expuestos por las partes en la audiencia inicial y determine si son idóneos y pertinentes para establecer razonadamente la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probable participación del aquí quejoso (1) ********** y en ese sentido siga el procedimiento relativo que corresponda."
El sustento toral de esa sentencia dictada en el amparo indirecto 8/2018, se hizo consistir en que la responsable (Magistrado del Tercer Tribunal Unitario) había transgredido el principio de inmediación, pues si bien estimó fundados los agravios vertidos por la representación social (vía recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso), lo cierto era que reasumió jurisdicción y emitió auto de vinculación a proceso, no obstante que la autoridad que debía dictar la determinación que procediera, lo era el Juez de Control.
En relación con esa determinación, en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 452/2018, el Segundo Tribunal Colegiado sostuvo que de acuerdo con las directrices que derivan de la ejecutoria de la contradicción de tesis 47/2016, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), de rubro (sic): "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO.", la autoridad responsable sí transgredió el principio de inmediación al reasumir jurisdicción; abordar de manera directa el examen de los datos de prueba; revocar la resolución apelada y dictar auto de vinculación a proceso.
Consideró que a partir del contenido del artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el tribunal de apelación tiene vedada la posibilidad de ponderar de nueva cuenta la eficacia y alcance convictivo de los medios de prueba desahogados ante el Juez primario, puesto que sólo puede examinar esa cuestión a partir de los razonamientos plasmados por el a quo al emitir la resolución materia de ese recurso, estableciendo de esa manera si la apreciación probatoria se ajustó o no a lo dispuesto en el artículo 359 del citado ordenamiento adjetivo.
Por tanto, indicó el Tribunal Colegiado, el tribunal de alzada debe analizar las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, a fin de establecer si los argumentos de la valoración de las pruebas se hizo de manera libre y lógica, y en caso de establecer que no se hizo así, ha de anular la sentencia y devolver el asunto al tribunal de enjuiciamiento para que emita nueva sentencia.
Esto, precisó el citado órgano colegiado, porque sólo de esa manera se preserva el principio de inmediación, a que aluden los artículos 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal y 9o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en caso de resultar fundados los agravios expuestos por el apelante, sería el propio a quo que conoció de la audiencia de juicio y del desahogo de los medios de prueba, quien emitiría la sentencia.
Dichas estimaciones, puntualizó el Tribunal Colegiado, también resultan aplicables al recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso, o de no vinculación a proceso, porque, en términos de lo determinado en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), en la audiencia inicial el Juez de Control es quien recibe de manera directa y personal los datos de prueba expresados por el fiscal al formular imputación, así como los argumentos expuestos por el imputado y su defensa al refutar esa imputación.
Lo anterior, señaló, considerando que al resolver sobre la petición de vinculación a proceso planteada por el Ministerio Público en la audiencia inicial, el Juez de Control debió examinar únicamente la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación que sobre ello expusiera el imputado y su defensor, lo cual debía encontrar respaldo a partir de los datos de prueba que las partes refirieran en apoyo de esos argumentos.
Aunado a lo que antecede, señaló el Tribunal Colegiado, cobra relevancia el hecho de que, como ha quedado establecido en la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), el principio de inmediación que rige el proceso penal acusatorio exige que sea el mismo juzgador que presidió la audiencia inicial quien finalmente resuelva sobre la situación jurídica del imputado, porque es quien recibe la aprehensión sensorial directa de la información que emana de los órganos de prueba, de tal manera que es indispensable que sea el Juez de Control el que valore el material probatorio, sin que pueda delegar en alguna otra persona el desahogo y la valoración de los datos de prueba, ni aun ante la existencia de la videograbación de la audiencia relativa.
De ahí que, determinó dicho Tribunal Colegiado, si el Tribunal Unitario aborda de manera directa los datos de prueba referidos por las partes en la audiencia inicial en la que el Ministerio Público solicitó el auto de vinculación a proceso, fuera del contexto en que la fiscalía expuso su petición y la defensa planteó sus argumentos, se transgrede el principio de inmediación que permea el proceso penal acusatorio, adversarial y oral.
Por ello, concluyó el citado órgano colegiado que, como bien lo estimó el Tribunal Unitario de amparo, resulta ilegal el proceder del tribunal responsable al no constreñirse a examinar la razonabilidad de los argumentos expresados por las partes y su congruencia con los datos de prueba expresados por ellas, al momento de producirse el debate en torno a la procedencia o improcedencia de la vinculación a proceso.
2. Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito: El amparo en revisión 34/2019, se originó con motivo del recurso interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Quinto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 17/2018, del índice del mencionado Quinto Tribunal Unitario –promovido, destacadamente, contra una determinación de segunda instancia que revocó un auto de no vinculación a proceso y, en su lugar, determinó reponer parcialmente el procedimiento (audiencia inicial)–, en la cual se otorgó la protección federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos:
Que la autoridad responsable Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito hiciera lo siguiente:
a) Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 108/2018; y
b) En su lugar dicte otra, en la que determine que los agravios expresados por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Décimo Primera Investigadora Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California apelante, no superan la totalidad de los razonamientos rectores del auto de no vinculación apelado, conforme a lo expuesto en la presente ejecutoria, por tanto, confirmar, en lo que fue materia de apelación, el auto de no vinculación a proceso emitido en ocho de agosto de dos mil dieciocho, en la causa penal 896/2018, por la Juez de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control.
En la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 34/2019, el Cuarto Tribunal Colegiado determinó, en lo que interesa, que fue correcta la decisión del tribunal de amparo, ya que el Unitario de apelación violentó las formalidades esenciales del procedimiento y el debido proceso, al advertir una ausencia de fundamentación y motivación para sostener que para la emisión del nuevo auto de vinculación a proceso que estimó debía dictarse, era necesario ordenar la reposición de la audiencia inicial.
Lo sostuvo así dicho Tribunal Colegiado con base en que, de acuerdo con la naturaleza del recurso de apelación que deriva de los preceptos 456, 458 y 461 del título XII, denominado "De los recursos", capítulo I, "Disposiciones comunes" y los ordinales 475, 476, 477, 478, 479, 480 y 482 del apartado II, "Trámite de apelación" del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable al caso, se está en presencia de un medio de impugnación de carácter vertical, cuya competencia legítima para resolver dicho recurso recae en un tribunal de alzada que hace las veces de revisor de las decisiones adoptadas por el juzgador de primer grado, en el que no existe reenvío al momento de emitir la resolución, circunstancia que implica que el órgano de segundo grado reasuma la jurisdicción que tenía el natural para resolver el recurso planteado.
Adicionalmente, precisó el citado órgano colegiado, la reposición del procedimiento se dará sólo cuando resulte estrictamente necesario subsanar violaciones a derechos procesales de las partes, esto es, que debe ser excepcional la reposición aludida.
Sostuvo el órgano colegiado que los tres sentidos que puede adoptar el tribunal de segundo grado al resolver el recurso de apelación son: en principio, confirmar, modificar y revocar la resolución controvertida. Dicha circunstancia llevó al Tribunal Colegiado a considerar que la alzada tiene la posibilidad de refrendar las consideraciones adoptadas por el juzgador de primer grado, cambiar algunos razonamientos o resolver en sentido adverso al primigenio, cuyas facultades, señaló, necesariamente conducen a establecer que el estudio de los agravios planteados por los recurrentes, que deben ser examinados bajo el principio de estricto derecho (porque no existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales la figura de la suplencia de la queja deficiente), deben ser dirimidos por el tribunal competente, es decir, el de segundo grado, por ser el que debe emitir la nueva resolución que sustituya a la impugnada, puesto que no existe la figura del reenvío, estando obligado según los lineamientos previstos en el código adjetivo, a reasumir jurisdicción para atender los motivos de disenso hechos valer, resolviendo exclusivamente sobre los planteamientos formulados, sin posibilidad de excusarse en el estudio que se haga.
De manera que, señaló, la resolución que se emitiera en razón del recurso de apelación, debía comprender la contestación de los agravios en la medida que se plantearon como inconformidades que agraviaban al recurrente o recurrentes, debiendo ser exhaustivos y congruentes al atender los mismos, sin que, reiteró, pueda el órgano revisor extender el análisis de la decisión a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso.
Asimismo, señaló que sólo en casos extremos, en que resulte indispensable para subsanar violaciones inherentes al debido proceso o cualquier derecho fundamental, y siempre y cuando trasciendan al resultado de lo resuelto, podrá ordenarse la reposición del procedimiento cuando se actualicen alguno de los supuestos consagrados en el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Destacó que, en el caso sujeto a estudio, como lo advirtió el tribunal de amparo, el Tribunal Unitario de apelación no cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación al dictar la resolución, pues no obstante que el agente del Ministerio Público de la Federación interpuso recurso de apelación, lo cierto es que concluyó en forma genérica y sin exponer los motivos de ello, que había elementos suficientes para ordenar –sin justificar su proceder– la reposición de la continuación de la audiencia inicial, celebrada por la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, ordenando a la referida juzgadora emitiera la resolución únicamente por escrito, y que aunque expuso por qué motivo dicho tribunal no resolvía el fondo de la contienda planteada en el recurso de apelación –por un aspecto relacionado con la valoración de los datos de prueba–, ordenó la reposición del procedimiento, no obstante que las disposiciones procesales lo conminaban a resolver el fondo de la materia.
Precisó el Tribunal Colegiado que, además del tema relacionado con la valoración, no fundó ni motivó el por qué se ordenaba la reposición del procedimiento, no obstante que no se advierte que se hubiese argumentado por el recurrente –representante social– una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que ameritara una resolución en ese sentido.
También relató que de la resolución reclamada en esa instancia, se advertía que el órgano ordenador responsable arribó al convencimiento de que había datos de prueba indebidamente valorados, lo que estimó suficiente para reponer el procedimiento, pero en ningún momento hizo alusión a que tal proceder emanara del agravio formulado por la fiscalía, sino que hizo una declaratoria a partir de la apreciación que tuvo, sin atender a que había o no un agravio formulado en ese sentido.
Además, que aun cuando se razonó por qué se ordenó la reposición del procedimiento y bajo qué causal de reposición actuó el Tribunal Unitario responsable para ordenar que el Juez de Control emitiera una resolución por escrito, no se advertía a qué derecho fundamental se refirió el apelante, que justificara esa reposición.
Añadió que en la sentencia dictada en apelación se aprecia que el tribunal responsable revocó el auto de no vinculación a proceso, debiendo sustituir con un nuevo pronunciamiento la continuación de la audiencia inicial, que en realidad no se ordenó una reposición del procedimiento, ya que no instruyó el desahogo de una diligencia formalmente desahogada y de la que se ordenó repetir su pronunciamiento conforme a ciertos lineamientos, como por ejemplo, cuando se ordena la reposición para brindar asistencia consular, sino que sólo ordenó emitir un nuevo pronunciamiento, prescindiendo de ciertos datos.
De ahí, consideró el Tribunal Colegiado, no se puede concluir que la sentencia reclamada es una verdadera reposición, no obstante que en el sentido se haya asentado: "Se revoca el auto de no vinculación a proceso ...", porque su naturaleza debía determinarse por los alcances y efectos otorgados y no por la denominación que se le otorgara a la sentencia, en términos del artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Agregó el Tribunal Colegiado, que no soslayaba que en algunos Circuitos de la República Mexicana, ciertos Tribunales Unitarios son del criterio de considerarse impedidos para resolver el fondo de los recursos de apelación, no obstante de trastocar la figura del reenvío, devuelven la jurisdicción al juzgador natural para que haga nuevos pronunciamientos de acuerdo a consideraciones adoptadas por el tribunal de alzada.
Sin embargo, precisó el citado órgano colegiado, no comparte ese criterio, ni encuentra impedimento para que en segundo grado se pueda entrar al estudio de fondo del recurso de apelación que les haya sido propuesto, sujetándose en todo momento a los agravios formulados por los recurrentes (ante la inexistencia de la figura de la suplencia de la queja deficiente), sin que esto viole el principio de inmediación, porque el análisis que debe realizarse en dicha sede, es acerca de la legalidad de los razonamientos utilizados por el Juez natural al momento de emitir la resolución impugnada, ponderando las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, para determinar si fue correcta o incorrecta la decisión del juzgador en el sentido de que los datos de prueba aportados al sumario para la fiscalía, son realmente insuficientes como lo precisó la a quo al emitir su resolución de no vinculación a proceso, sin que sea obstáculo el que en segunda instancia no se haya presenciado el desahogo de los datos de prueba en forma directa como sucedió en la fase inicial, porque ello no resulta necesario para confirmar, modificar o revocar una resolución, dado que el estudio deberá versar sobre la legalidad o no de la decisión de primer grado adoptada.
Aunado a ello, sostuvo el Tribunal Colegiado, en la fase del término constitucional no debe realizarse una valoración de los datos de prueba, sino una simple apreciación de los mismos (sin determinar una tasación convictiva) para concluir si tales elementos permiten establecer, bajo las reglas de la racionalidad, que se cometió el hecho que la ley señala como delito materia de la formulación de la imputación y la probabilidad de que los justiciables cometieron dicha conducta.
Indicó dicho órgano colegiado que incluso, en el caso, contrario a lo que se sostuvo en los agravios, la decisión del tribunal de amparo no era incorrecta, por el contrario, ponía en evidencia que el tribunal de apelación se pronunció sobre la incorrección de la valoración de los datos de prueba y aun cuando, en el caso, no existió petición de reposición, la ordenó y ello denotó la suplencia de los agravios, al no haber justificación por parte del recurrente, ni por parte del tribunal de apelación (oficiosa).
Sostuvo el citado Tribunal Colegiado que desconocer la existencia de la figura del recurso de apelación, sustentando un impedimento para resolver el fondo del asunto en alzada (reposición del procedimiento), sería tanto como hacer nugatorio el derecho a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que se encuentra tutelado en el propio artículo 17 constitucional, así como los numerales 8.2, inciso h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que el estudio que se hace al resolver la situación jurídica únicamente determina (en los casos de hechos delictivos que no ameritan prisión preventiva oficiosa), si es factible o no continuar con la investigación de los eventos ilícitos imputados, sin pretender fincar una probable responsabilidad penal como sucedía con el auto de formal prisión, pues en todo momento debe preservarse la presunción de inocencia.
Por lo cual, consideró el Cuarto Tribunal Colegiado no existe obstáculo para examinar los agravios en sede de apelación por el tribunal responsable y emitir una decisión que sustituya a la recurrida.
Incluso, añadió el Tribunal Colegiado, el artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que trata de las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables, en su fracción II, correspondiente a las sentencia (sic) definitivas, señala que se puede entrar a las consideraciones contenidas en la propia resolución definitiva, "... distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación"
Circunstancia que, preció (sic) el órgano revisor, por identidad de razón, permite que el tribunal de apelación pueda entrar a examinar el fondo del recurso cuando versa sobre agravios inherentes al auto de término constitucional, ya sea de vinculación a proceso o no vinculación, habida cuenta que de no permitirse que se haga tal estudio, se insiste, sería tanto como eliminar dicho medio de impugnación sin que exista posibilidad de que un tribunal de segundo grado analice la legalidad de la resolución de término constitucional adoptada por el Juez de Control, cuando en realidad es el propósito del recurso en cita, legitimar la emisión de las resoluciones con apego a la legalidad.
Además que, en el caso, si bien se estudió la materia de la inconformidad, lo cierto era que al hacerlo, como lo advirtió el tribunal de amparo, se suplió la deficiencia del agravio, al grado de advertir incorrección en la valoración «de» ciertos datos y ordenó una reposición, sin agravio al respecto o sin justificar la procedencia de oficio, como por ejemplo, debido a que no actuó el Juez de conformidad con una regla procesal, por no hacer saber algún derecho que asistía al imputado, por no advertirse que se proporcionaron datos para su defensa, etcétera, así que no cabía la reposición del procedimiento, ya que si el Juez de Control, a juicio del tribunal de apelación, emitió un juicio incorrecto en la apreciación de los datos de prueba aportados, en uso de su jurisdicción debió emitir la decisión correspondiente, pero al no hacerlo se suplió la deficiencia de la inconformidad ministerial.
También señaló que, en torno al tópico de reasunción de jurisdicción, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche), hizo interpretación en relación a un recurso que se interpuso contra una sentencia definitiva de condena en contra de los implicados, cuyas consideraciones, precisó el órgano colegiado, no dejaba de reconocer la parte sustancial de ese fallo, en donde se establecen los requisitos necesarios con los que deben contar los medios de impugnación en general.
De tal manera que la interpretación realizada, señaló el Tribunal Colegiado, también es aplicable cuando se impugna una resolución de no vinculación a proceso, como sucedió en el caso que analizó, en el que se exigió del tribunal de alzada, para cumplir con los extremos de ser un recurso sencillo, rápido y eficiente, un análisis integral de los planteamientos que fueron propuestos a título de agravios y que debieron dar lugar a una decisión en la que confirmara, modificara o revocara la decisión sometida a su jurisdicción, pero no declarar fundado un agravio –suplido en su deficiencia– y ordenar reponer el procedimiento sin agravio al respecto o sin justificar que lo hacía de oficio porque advertía que esa indebida valoración –que se estima no ocurrió, porque no hubo tasación de esos datos y el representante social afirmó que sí y ello motivó la decisión del tribunal–, trascendió al resultado del fallo.
Máxime que, indicó el Tribunal Colegiado, su decisión no tiene efectos de reposición, si se toma en cuenta que no ordenó el desahogo de la audiencia, soslayando el principio de inmediación, sino que ordenó la emisión de una resolución prescindiendo de datos y en juicio podía efectuarlo el tribunal al conocer del recurso.
Tales consideraciones dieron lugar a la tesis XV.4o.9 P (10a.), de rubro (sic) y texto siguientes:
"RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE CORTE ACUSATORIO. SI AL CONOCER DEL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN O DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTE UNA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, AL REASUMIR JURISDICCIÓN DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE Y NO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De la interpretación sistemática de los artículos 475, 476, 477, 478, 479, 480 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29601-2c68decd/recurso-de-apelacion-contra-el-auto-que-resuelve · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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