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Modo: Corpus Pro

DECLARACIONES O INFORMES DE TESTIGOS FALLECIDOS ANTES DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. EL ARTÍCULO 386, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL PREVER SU INCORPORACIÓN MEDIANTE LECTURA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN, INMEDIACIÓN E IGUALDAD PROCESAL. DECLARACIONES O INFORMES DE TESTIGOS FALLECIDOS LEÍDOS EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. SE INCORPORAN POR RAZONES DISTINTAS A LAS QUE DAN LUGAR A LA POSIBILIDAD DE DESAHOGAR MEDIOS DE PRUEBA DE FORMA ANTICIPADA (ARTÍCULOS 386, FRACCIÓN I, Y 304, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 20/2023. · Registro digital (IUS): 32693
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-20
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.932.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 20/2023. 5 DE JULIO DE 2023. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JORGE VÁZQUEZ AGUILERA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una persona fue procesada por diversos delitos y en su audiencia de juicio oral se incorporaron, por lectura, conforme a lo previsto en el primer supuesto contenido en la fracción I del artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de investigación llevados a cabo por un policía federal que había fallecido de manera previa a la celebración de ésta, lo que el imputado consideró inconstitucional por contravenir los principios rectores del sistema procesal penal (contradicción, inmediación e igualdad procesal).

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de julio del dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTECIA

Que recae al amparo directo en revisión 20/2023, interpuesto por el quejoso **********, por propio derecho, contra la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en sesión ordinaria virtual de diez de noviembre de dos mil veintidós en el juicio de amparo directo **********.

El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar, en un primer momento, si el recurso de revisión que nos ocupa es o no procedente; de ser esto en sentido afirmativo, lo siguiente será analizar si la posibilidad de incorporar a la audiencia de juicio oral mediante lectura declaraciones o informes emitidos por personas que fallecieron antes de esa etapa procesal, contenida en la fracción I del artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es o no violatoria de los principios de inmediación, contradicción e igualdad procesal, consagrados en el artículo 20 de nuestra Constitución General.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Causa Penal. Al recurrente y a otras personas, se les siguió el proceso penal ********** del índice del Centro de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de:

a) Portación de armas de fuego sin licencia;

b) Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y,

c) Contra la salud.(1)

2. Concluido el juicio oral, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del citado Centro de Justicia Penal, actuando en funciones de tribunal de enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria,(2) imponiendo al justiciable, entre otras penas, cuatro años y cuatro meses de prisión.

3. Recurso ordinario de apelación. Los sentenciados (incluido el quejoso) apelaron esa determinación, correspondiéndole conocer de ese medio de impugnación al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito (toca penal **********). El veintiocho de julio de dos mil veintidós, la alzada confirmó lo decidido en primera instancia.

4. Amparo directo. En desacuerdo, el sentenciado ********** promovió juicio de amparo directo. La demanda se turnó al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, donde se registró bajo el número de expediente **********. Mediante auto de veintitrés de agosto del año en curso, aquélla se admitió a trámite. Seguida la secuela procesal respectiva, en sesión ordinaria virtual de diez de noviembre del dos mil veintidós, ese órgano de control constitucional le negó el amparo.

5. Recurso de revisión. Contra esa negativa, el peticionario de garantías interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, el cual fue admitido por acuerdo de Presidencia de seis de enero de dos mil veintitrés. En ese mismo proveído se determinó que esta Primera Sala debía conocer del asunto, turnándosele al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la formulación del proyecto de resolución que en derecho procediera.(3)

6. El doce de abril siguiente, el Ministro Presidente de esta Primera Sala ordenó el abocamiento del caso y lo envió al Ponente.(4)

I. COMPETENCIA

7. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer de este recurso, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo,(6) así como 21, fracción IV de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(8) en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD

8. El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, ya que lo hizo valer el quejoso. También es oportuno, ya que se presentó dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo.(9)

III. ELEMENTOS NECESARIOS PARA ANALIZAR EL CASO

9. A efecto de verificar la procedencia y la posible materia de estudio del presente recurso de revisión, en este apartado se reseñan los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo directo, las consideraciones del a quo para negar la protección constitucional y los agravios hechos valer a través del medio de impugnación que nos ocupa.

10. Conceptos de Violación. En la demanda de amparo, el promovente adujo que se transgredieron en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 20 apartado A, fracciones II, III, IV, V, IX y apartado B, fracción VIII, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera específica, argumentó:

• La sentencia reclamada carece de la debida fundamentación y motivación.

• Tampoco se llevó a cabo un estudio exhaustivo y congruente de los agravios expresados.

• Desacertadamente se concluyó que su detención fue en flagrancia y que, entre la hora de aquélla y la puesta a disposición no existió demora injustificada.

• Se señaló como legal la incorporación por lectura de los registros de investigación llevados a cabo por el policía federal **********, quien falleció de manera previa a la celebración de la audiencia de juicio oral. Al respecto, sostuvo:

- Tal incorporación es inconstitucional, toda vez que la fracción I del artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla una hipótesis de excepción contraria a los principios rectores del sistema procesal penal, como lo son los de inmediación, contradicción e igualdad procesal.

- De esos principios se desprende que las audiencias se celebrarán en presencia de un juez; además, debe garantizarse la posibilidad de someter a refutación y contra argumentación la información, actos y pruebas de la contraparte, especialmente, tratándose de los testimonios. Esto permite controvertir la credibilidad del testigo. En la especie, no fue factible cuestionar el dicho del policía fallecido, generándose un estado de desigualdad procesal que a la postre hizo nugatorio el derecho a una defensa adecuada.

• No se estudió el agravio relativo a la incorrecta individualización de las penas. Derivado de ello, se soslayó que indebidamente le fueron impuestas sanciones como si hubiera cometido un concurso real de delitos, lo cual le impide acceder a medios sustitutivos de la sanción privativa de libertad.

11. Consideraciones de la sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado de Circuito por un lado calificó de inoperantes los conceptos de violación tendentes a cuestionar la legalidad de la detención y a sostener que hubo demora en la puesta a disposición del quejoso(10) y, por otro, declaró infundados el resto de los motivos de disenso expresados. Sobre esto último, determinó lo siguiente:

• Contrario a lo aducido por el solicitante de la protección constitucional, la autoridad responsable sí fundó y motivó en forma adecuada la sentencia combatida, aunado a que el análisis de los agravios fue exhaustivo.

• Por otro lado, la excepción contenida en la fracción I del numeral 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la cual es legalmente factible la incorporación a la audiencia de juicio oral mediante lectura de registros de investigación relacionados con el dicho de personas que hubieran fallecido, no vulnera los principios rectores del proceso penal, pues su racionalidad radica en el fallecimiento de quien debía rendir testimonio.

• Al respecto destacó que, si bien el nuevo sistema de justicia penal se orienta por el principio de inmediación, no menos lo es que en la especie no era posible que el policía ********** acudiera a la audiencia de juicio oral, de tal suerte que procedía la incorporación de su dicho mediante lectura, en términos del citado ordenamiento legal.

• Dicha incorporación no impedía a las partes analizar, refutar o constatar el contenido del registro, ni relevó al ministerio público de satisfacer su carga procesal de probar la acusación. Además, la persona juzgadora está obligada a valorar esa reproducción de manera libre y lógica, de forma conjunta e integral con las demás probanzas, de conformidad con lo previsto en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Finalmente, no advirtió irregularidades en la individualización de las penas.

12. Recurso de revisión. En síntesis, el quejoso hizo valer el siguiente agravio:

• La excepción contenida en la fracción I del numeral 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales que permitió la incorporación por lectura del dicho e informes del testigo fallecido ********** es inconstitucional, al contravenir los principios de inmediación, contradicción e igualdad procesal, establecidos en las fracciones II, IV y V del apartado A del artículo 20 constitucional.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO Y DELIMITACIÓN DE SU MATERIA

13. De las reformas a los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(11) y 81, fracción II de la Ley de Amparo,(12) de once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, se desprende que la procedencia del recurso de revisión en amparo directo actualmente está supeditada a que se cumplan los siguientes dos requisitos:

a) Que en las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien, se omita injustificadamente el estudio de esas cuestiones; y

b) El problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.

14. Sobre esto último, un criterio será de interés excepcional si se advierte que:

a) La cuestión de constitucionalidad planteada dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o bien,

b) Si lo decidido en la sentencia recurrida pudiera implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto tribunal, relacionado con temas propiamente constitucionales, ya sea por haberse resuelto en su contra o por su inaplicación al caso concreto.

15. Por ende, basta que no se satisfaga cualquiera de esas condiciones para que el recurso de revisión sea improcedente.

16. Cabe recordar que para identificar cuándo se está en presencia de una interpretación directa de algún precepto de orden constitucional, este Alto Tribunal ha utilizado una metodología basada en dos criterios: uno positivo y otro negativo.

17. De manera positiva, se considera que existe la mencionada interpretación directa cuando se desentraña el sentido normativo de un precepto fundamental, a través de cualquiera de los métodos hermenéuticos reconocidos por el Derecho (gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico). Es importante aclarar que este ejercicio hermenéutico no sólo comprende a los dispositivos de nuestra Constitución General, sino también a aquéllos que se encuentran contenidos en los tratados internacionales suscritos por México, siempre y cuando en éstos se reconozcan derechos humanos.

18. El criterio negativo radica en la identificación de lo opuesto, es decir, no habrá propiamente una cuestión constitucional, identificada como interpretación directa de preceptos fundamentales, cuando simplemente se desentrañe el sentido normativo de preceptos secundarios.(13)

19. Apuntado lo anterior, en la especie se satisfacen plenamente los dos requisitos anteriormente mencionados, pues en la sentencia recurrida se analizó la constitucionalidad de la porción normativa de la fracción I del artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la cual se permite la incorporación a la audiencia de juicio oral, mediante lectura, de declaraciones o informes rendidos por personas que fallecieron antes de esa etapa procesal.

20. Aspecto que entraña la posible fijación de un criterio jurídico de interés excepcional, en virtud de que no se advierte pronunciamiento obligatorio emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la regularidad constitucional del citado precepto, específicamente, para establecer si tal incorporación viola o no los principios de inmediación, contradicción e igualdad procesal.

21. Por tanto, el medio extraordinario de impugnación que nos ocupa es procedente, debiéndose limitar su materia al aspecto de índole constitucional destacado, sin que sea viable abordar alguna cuestión diversa.

V. ESTUDIO DE FONDO

22. Acorde con los antecedentes narrados y el tema de procedencia advertido, el problema jurídico que nos ocupa consiste en analizar la constitucionalidad de la porción normativa que autoriza incorporar a la audiencia de juicio oral, mediante lectura, declaraciones o informes de testigos fallecidos antes de esa etapa procesal, contenida en la fracción I del artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

23. Dicho precepto señala:

Artículo 386. Excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores.

Podrán incorporarse al juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos:

I. El testigo o coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y, por esa razón, no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado, o ...

[Lo destacado no es de origen].

Ver artículo 386 con texto destacado

24. No es la primera vez que esta Primera Sala se enfrenta al estudio de normas penales que contemplan excepciones o introducen modulaciones a los principios de inmediación, contradicción e igualdad procesal no están previstas expresamente en nuestra Constitución General.(14) La solución a esta problemática se obtiene a través del análisis del contenido y alcance de esos principios rectores del sistema penal actual, para después examinar las excepciones y modulaciones a efecto de verificar si cuentan o no con una justificación válida.

25. Así, para dar continuidad a la metodología diseñada por esta Primera Sala para el estudio de este tipo de asuntos, abordaremos los siguientes temas: los principios de contradicción, inmediación e igualdad procesal en el contexto de declaraciones o informes incorporados a la audiencia de juicio oral mediante lectura; y, la regularidad constitucional de la porción normativa cuestionada.

V.1 Los principios de contradicción, inmediación e igualdad procesal en el contexto de declaraciones o informes incorporados a la audiencia de juicio oral mediante lectura

a) Principio de contradicción

26. El principio de contradicción encuentra su fundamento en el artículo 20, primer párrafo, así como en el apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal,(15) que establece:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales: [...]

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; [...]

27. Tal y como lo sostuvo esta Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 243/2017,(16) el principio de contradicción conceptualmente se manifiesta desde dos diferentes vertientes complementarias: como un derecho de defensa y como una garantía en la formación de la prueba.

28. Cuando se habla del derecho de defensa o de audiencia, se hace referencia a la consideración del principio de contradicción desde la perspectiva de un derecho de todas las partes en el proceso, cuyo contenido esencial radica en la exigencia de ser oído, en el sentido de que puedan alegar y probar para conformar la sentencia, y a que conozcan y puedan rebatir todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la emisión del fallo judicial.

29. En este sentido, como consecuencia del clásico principio audiatur et altera pars (óigase a la otra parte), resulta como primera derivación de este principio la imposibilidad de proceder a la condena de cualquier persona sin que previamente sea oída en la causa.

30. Derivado de ello, las partes del proceso penal encuentran el fundamento que les asegura el derecho y la razonable oportunidad de hacer oír sus argumentos y ofrecer sus pruebas, así como a refutar y controlar las del adversario.

31. La contradicción es una característica típica de los sistemas adversariales, en los cuales las partes son las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas al proceso, razón por la cual son ellas las que deben investigar los hechos y a quienes corresponde desarrollar los aspectos legales que los fundamenten, interpretándolos de la manera más favorable a los intereses del Estado (si se trata del fiscal) o del acusado (si se trata de la defensa).

32. De esta manera, la observancia del referido principio exige que toda afirmación, petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, debe ponerse en conocimiento de la contraria para que ésta pueda expresar su conformidad u oposición manifestando sus propias razones. Desde este enfoque, el principio en estudio niega la posibilidad de que exista prueba oculta.

33. El conocimiento de los elementos probatorios y de la evidencia física que serán objeto de prueba en el juicio es la condición que permite el ejercicio del contradictorio en la audiencia de juicio oral.(17) De manera que las pruebas practicadas a espaldas de las partes, que se conserven en secreto o que sean conocidas solamente por el juez antes de la sentencia, carecerán de valor probatorio por vulnerar el derecho de defensa de la parte a quien perjudiquen.

34. Por tanto, en esta vertiente, el principio de contradicción consiste en el indispensable interés de someter a refutación y contraargumentación la información, actos y pruebas de la contraparte.(18)

35. Desde otro enfoque, en el aspecto probatorio, el principio de contradicción constituye una garantía en la formación de la prueba, aplicable concretamente a la producción de la prueba testimonial. El principio exige que la contraparte del oferente, en una audiencia pública, tenga la oportunidad de contrainterrogar al sujeto de prueba sobre el contenido de sus afirmaciones, con el propósito de controvertir la credibilidad de su dicho.

36. Como lo resolvió esta Primera Sala al fallar el amparo directo en revisión 3457/2013,(19) la credibilidad del dicho de una persona puede controvertirse a través de las siguientes estrategias: - Al cuestionar la forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone, de tal manera que se aclare si se trata de un conocimiento personal, de referencia o inferencial; o

- Al debatir la credibilidad de los atributos de la declaración, lo que puede llegar a poner en duda la veracidad del testimonio (argumentar que el testigo declara en contra de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo dice creer (argumentar que el testigo no formó sus creencias sobre los hechos que declara de acuerdo con un entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus sentidos) o la calidad de la observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que las capacidades sensoriales del testigo no son óptimas, que el estado físico de éste al momento de percibir los hechos no era el más adecuado para esos efectos o que las condiciones en las que percibió esos hechos lo hacen poco fiable).

b) Principio de inmediación

37. Después de analizar el principio constitucional de contradicción, corresponde ahora examinar los alcances del principio de inmediación, el cual se encuentra previsto en el artículo 20, primer párrafo, así como en el apartado A, fracción II, de nuestra Constitución General,(20) que señala:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

[...]

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; ...

38. Para el estudio del referido principio, esta Primera Sala retoma las principales consideraciones que sostuvo al resolver el amparo directo en revisión 492/2017,(21) en el que estableció lo siguiente:

39. En los procesos orales, el mecanismo institucional que permite a los jueces tomar decisiones es la realización de una audiencia, en donde las partes no sólo pueden presentar sus argumentos de manera verbal, sino también la evidencia que apoya su decisión y controvertir lo que la contraparte afirma.

40. En la tradición procesal anglosajona, por ejemplo, esta idea puede parecer sencilla y evidente, pero constituyó una revolución para el funcionamiento del sistema de justicia penal en México, ya que las nociones de que el juez debe estar presente en la audiencia y que en ella debe resolver el asunto, aunque de cierta forma estaban previstas en los códigos procesales del sistema penal tradicional, en realidad no operaban.

41. De manera que con la redacción de la fracción II del apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal, el principio de inmediación asegura la presencia del juzgador en las actuaciones judiciales, al establecer que "Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez."

42. Con ello, se pretende evitar una de las prácticas más comunes que llevaron al agotamiento del procedimiento penal mixto o tradicional en nuestro país, en el que la mayoría de las audiencias no eran dirigidas físicamente por el juez, sino que su realización se delegaba al secretario del juzgado.

43. En esa misma proporción, también se delegó el desahogo y la valoración de las pruebas. En esa vertiente, la incorporación del principio de inmediación tuvo como objetivos garantizar la corrección formal del proceso y velar por el debido respeto de los derechos de las partes.

44. Para el Poder Reformador de la Constitución, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba que son vertidos en un proceso y que servirán para la toma de decisiones preliminares y para la propia determinación de la responsabilidad penal al concluirse el juicio, sean presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia, de modo tal que éste se encuentre en aptitud de tomar la decisión respectiva, previa valoración libre de las pruebas desahogadas.(22)

45. Dicho propósito adopta las nociones del principio de inmediación en su sentido estricto, lo que implica reconocer que en la etapa de juicio es donde cobra plena aplicación, pues el contacto directo que el juez tiene con los sujetos y el objeto del proceso lo colocan en las mejores condiciones posibles para percibir, sin intermediarios, toda la información que surja de las pruebas personales, esto es, de aquellas que para su desahogo requieran de la declaración que en juicio rinda el sujeto de prueba, como la testimonial, la pericial o la declaración del acusado.

46. De manera que al juez le permitirá formarse una imagen completa del contenido y exactitud de lo expuesto, gracias a su inmediación con la prueba, para que luego de motivar su valor y alcance probatorio, decida la cuestión esencial del asunto: si el delito quedó o no demostrado.

47. Conforme a ello, el principio de inmediación demanda que la sentencia sea dictada por el mismo juez o tribunal que ha presenciado la práctica de las pruebas, ya que el contacto personal y directo con el material probatorio lo ubica en una situación idónea para fallar el caso.

48. Asimismo, impone una inmediata discusión y fallo de la causa, es decir, apenas producida la prueba, sin dar margen de demora o postergación alguna.

49. De este modo, se aseguran las ventajas de la inmediación en el desarrollo de la causa y recepción de las pruebas, ya que el beneficio obtenido por la intervención directa y personal del juez o tribunal se debilitaría gradualmente si admitiera un cambio de juzgador, pues privaría al proceso de todos los efectos positivos de este principio.

50. Por tanto, el principio de inmediación se configura como una herramienta metodológica para la formación de la prueba, es decir, el modo en que debe incorporarse ésta al proceso y que permite al juez percibir toda la información que de ella se desprenda. En el entendido de que no debe confundirse la inmediación con la corrección en la motivación sobre la valoración y alcance demostrativo de la prueba personal, es decir, es necesario distinguir la herramienta metodológica de formación de la prueba del manejo que realiza el juez con la información que aquélla arroje como resultado.

51. Estas consideraciones fueron reiteradas en diversos precedentes de esta Primera Sala,(23) dando lugar a la jurisprudencia 1a./J. 54/2019 (10a.), de rubro y texto:

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO. Del proceso legislativo que culminó con la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se advierte que para el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Los alcances de dicho propósito implican reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se coloca al juez en las mejores condiciones posibles para percibir –sin intermediarios– toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no sólo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos.(24)

c) Principio de igualdad procesal

52. El principio de igualdad procesal encuentra sustento en la fracción V del apartado A del artículo 20 de nuestra Constitución General(25) que establece, en lo conducente, que las partes tendrán igualdad para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.

53. Al resolver los amparos directos 9/2008 y 16/2008,(26) esta Primera Sala se pronunció sobre los alcances de este principio y expuso que, por virtud de éste, las partes deben tener los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales, destacándose que su fundamento lo constituye la igualdad de los sujetos ante la ley, la cual exige la supresión de cualquier tipo de discriminación.

54. Este modelo de igualdad formal (que exige una aritmética simétrica en la distribución de oportunidades procesales) ha sido objeto de una progresiva reinterpretación por esta Suprema Corte, en la que se ha reflexionado sobre los principios de no discriminación e igualdad sustantiva y estructural que obligan a entender que el parámetro de control constitucional exige a las personas juzgadoras remediar asimetrías sociales, económicas y políticas que afectan e impactan las posibilidades de defensa de las personas para un genuino derecho de acceso a una administración completa de la justicia.

55. Dentro de la garantía del debido proceso legal, que permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva, está implícita la igualdad procesal, ya que ese acceso a los órganos jurisdiccionales para hacer valer esos derechos debe ser en condiciones de igualdad, esto es, las partes en el proceso deben tener una idéntica oportunidad tanto para alegar como para probar lo que consideren oportuno.(27)

56. En esos precedentes, la Primera Sala argumentó que la prohibición de que se produzca un estado de indefensión constituye una

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32693-f7e47a94/declaraciones-o-informes-de-testigos-fallecidos-antes-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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