AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).
AMPARO EN REVISIÓN 265/2014. 22 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL. SECRETARIA: ROSALBA SALAZAR LUJÁN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Del examen efectuado a los discos ópticos en tiempo real, relativos a las audiencias de formulación de imputación, de vinculación a proceso y de sustanciación del recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso, con una duración total de dos horas cuarenta y tres minutos nueve segundos, se obtienen los siguientes antecedentes jurídicamente relevantes del caso.
• Durante la audiencia que tuvo verificativo el cuatro de septiembre de dos mil trece, el agente del Ministerio Público formuló imputación al aquí recurrente, **********, quien fue detenido al haberse ejecutado la orden de aprehensión librada en su contra.
• Una vez formulada la imputación se le hizo saber el derecho al imputado de si era su deseo rendir su declaración preparatoria, a lo que manifestó su derecho de guardar silencio en relación con los hechos materia de la imputación ministerial.
• Como medidas cautelares se le impusieron: la presentación de una garantía económica, la prohibición de salir de la ciudad y la obligación de presentarse cada quince días ante la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Cautelares, por el plazo durante el cual se tramite el proceso.
• El seis de septiembre de dos mil trece, la Juez de garantía del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, resolvió vincular a proceso a **********, por su probable participación en la comisión del delito de daños a título de imprudencia, cometido en agravio de las personas morales **********, Sociedad Anónima de Capital Variable y **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, previsto y sancionado en los artículos 236 y 73 del Código Penal del Estado de Chihuahua vigente.
• Inconforme, **********, promovió juicio de garantías por conducto de su defensor particular, donde señaló como actos reclamados, de la Juez de garantía licenciada María Guadalupe Hernández Lozano, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra; del Magistrado de la Segunda Sala Penal licenciado Juan Rodríguez Zubiate, la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso; y del licenciado Carlos Medina Armendáriz, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en daños y lesiones, el haber aportado una pericial a la carpeta investigativa que no reúne los requisitos de prueba, ya que se hizo sin tener a la vista el objeto y a través de una llamada telefónica.
• De la demanda de garantías, por razón de turno, correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien una vez efectuados los trámites legales correspondientes en fecha ocho de abril de dos mil trece, celebró la audiencia constitucional y, por sentencia que se terminó de engrosar el día treinta de ese mismo mes y año, resolvió sobreseer en el juicio por lo que respecta a los actos atribuidos a la Juez de garantía y al agente del Ministerio Público y negar el amparo solicitado en relación con la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
SEXTO. En desacuerdo con la anterior determinación, relativa a la negativa del amparo, el quejoso **********, por conducto de su defensor particular, interpuso recurso de revisión, mismo que le correspondió conocer a este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el cual constituye la materia del presente asunto y en el que expresó en esencia los siguientes agravios:
1. Que en el caso particular, el acto reclamado no se revisó con absoluta rigidez.
2. Los derechos fundamentales establecidos en nuestras legislaciones, deben ser ponderados desde el inicio de la carpeta investigadora, esto para garantizar un adecuado proceso y desarrollo ejemplar de la justicia.
3. Las testimoniales presentadas por la autoridad investigadora a la autoridad judicial, no fueron valoradas de forma adecuada.
4. En la sentencia de amparo el análisis de la probable responsabilidad y participación de su representado, se realizó de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 constitucional con un criterio abierto no obstante que la finalidad del juicio de amparo es la protección de las personas en contra de los actos de autoridad que impliquen un acto de molestia, por lo que se debe revisar más allá de la resolución inicial.
4.1. Ello, a través de la debida valoración de las pruebas objetivas y subjetivas.
5. Las pruebas que se ofrecieron y que sirvieron de base para dictar el auto de vinculación a proceso de su representado, debieron valorarse conforme a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia.
6. A los cuerpos de seguridad pública, en su actuar en las diligencias de los hechos delictivos, si bien les corresponde levantar actas de entrevista a testigos y probables responsables no se puede permitir que las actuaciones sean hechas contrarias a derecho y sin la forma especial que marca la ley para la elaboración de los documentos respectivos que se tomaron en consideración para tener por acreditada la probable responsabilidad de su representado.
7. Reitera que existió una inadecuada valoración de los medios de convicción por parte de las autoridades responsables, ya que no atendieron a los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna.
SÉPTIMO. Son infundados los agravios planteados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
En los motivos de disenso resumidos bajo los incisos 1, 2 y 4, la parte recurrente aduce que en la sentencia recurrida el acto reclamado no se revisó con absoluta rigidez, ya que no se ponderaron los derechos fundamentales establecidos en nuestras legislaciones y que el análisis de la probable responsabilidad y participación de su representado, se realizó de acuerdo a lo que dispone el artículo 19 constitucional con un criterio abierto no obstante que la finalidad del juicio de amparo es la protección de las personas en contra de los actos de autoridad que impliquen un acto de molestia, por lo que se debe revisar más allá de la resolución inicial; circunstancia que evidencia que versan sobre un mismo tópico por lo que su análisis se aborda de manera conjunta, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la ley de la materia.
Son infundados los agravios antes sintetizados, en atención a las siguientes consideraciones:
De la redacción de los artículos 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se obtiene que las sentencias que se pronuncien en el juicio de amparo deben versar sobre el caso especial expuesto en la demanda y deben contener las consideraciones y fundamentos legales en que el resolutor se apoya para conceder, negar o sobreseer; el acto se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad, sin admitirse ni tomarse en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad; el órgano jurisdiccional debe resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación, en materia penal, en favor del inculpado.
Ahora, del análisis de la sentencia reclamada se observa que el Juez a quo en el considerando sexto, calificó como infundados los conceptos de violación, precisando que no advirtió suplencia de la queja que hacer valer en favor del quejoso; enseguida hizo alusión al contenido de los artículos 19 constitucional y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado que prevén los requisitos para vincular a proceso a un imputado, para después establecer que, contrario a lo expresado por el peticionario del amparo, la resolución reclamada cumple con los requisitos de ley, mismos que procedió a estudiar oficiosamente.
Luego, expresó que el Magistrado responsable confirmó el auto de vinculación a proceso, valorando los antecedentes expuestos por el representante social, en términos de los numerales 20 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado.
También enunció los datos de investigación que la agente del Ministerio Público señaló que existen en la carpeta de investigación, siendo éstos la querella presentada por **********, en su carácter de representante legal de las personas morales **********, Sociedad Anónima de Capital Variable y **********, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable; reporte de accidente y croquis ilustrativo elaborado por los agentes de la Policía Federal de Caminos Jorge A. Palacios Beristaín y Salvador Hernández Miramontes; dictamen pericial valorativo de daños; dictamen pericial en materia de tránsito terrestre rendido por el perito oficial Raúl Fourzán Reynal y declaración testimonial de **********, conductor del vehículo tipo tráiler que intervino en el incidente vial.
Calificó como correcta la valoración de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, ya que acreditan el hecho que la ley señala como delito de daños a título de imprudencia, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió.
Asimismo, del examen de la sentencia recurrida se aprecia que el Juez a quo emprendió el estudio del referido delito, precisando sus elementos y luego los analizó concordando con la conclusión a la que arribó la autoridad responsable respecto a que en la causa penal de origen se acreditó el ilícito de daños imprudenciales y la probable participación del quejoso en su comisión.
Tal contexto permite concluir que no le asiste razón al recurrente cuando afirma que el acto reclamado no se revisó con absoluta rigidez, sino con un criterio abierto, ya que el análisis del acto reclamado se llevó a cabo conforme a los parámetros exigidos para la emisión de un auto de vinculación a proceso, contemplados en los artículos 19 constitucional y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado, ya que en el caso se trata de una resolución que confirmó en segunda instancia un acto de tal naturaleza.
En la inteligencia de que con la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, cambiaron los estándares probatorios que conforme al sistema penal inquisitorio se exigen para el dictado de una orden de aprehensión y de un auto de formal prisión, el cual, conforme al sistema penal acusatorio, se denomina auto de vinculación a proceso, como se observa de las consideraciones parciales de la ejecutoria de la jurisprudencia de rubro y datos de identificación siguientes: Registro IUS: 160950 en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, Época: Décima Época, Instancia: Primera Sala, tipo de tesis: jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, tesis: 1a./J. 94/2011 (9a.), página: 689: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.", que a la letra dicen:
"Es pertinente precisar que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir el sistema procesal penal acusatorio y oral, el cual se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
"Es entonces, el artículo 20 el eje toral del nuevo proceso penal mexicano, en cuyo primer párrafo, establece:
"‘Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ...’
"En principio, se tiene que la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad.
"La publicidad se traduce en el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un Juez o tribunal. De acuerdo con lo establecido en la fracción V del apartado B del citado precepto constitucional, ésta sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.
"El principio de contradicción consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta o legajo de investigación y los que sean ofrecidos en su contra, este principio indudablemente permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente.
"La concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones.
"La continuidad se refiere a limitar las interrupciones del proceso, mientras que la inmediación implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra.
"La reforma procesal penal tiene como finalidad que con la aplicación de dichos principios se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, lograr el esclarecimiento de los hechos, resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune, lograr efectivamente la reparación del daño en favor de la víctima u ofendido, aplicar en favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado.
"En tal virtud, se cambian los estándares probatorios que conforme al sistema penal inquisitorio se exigen para el dictado de una orden de aprehensión y de un auto de formal prisión, el cual, conforme al sistema penal acusatorio, se denomina auto de vinculación a proceso. Por tal motivo, se estima importante la transcripción de la parte conducente de la exposición de motivos de los artículos 16 y 19 constitucionales (reformados a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho, con motivo de la instauración del sistema penal acusatorio), expuesta en el dictamen de primera lectura, primera vuelta, en la Cámara de Diputados el doce de diciembre de dos mil siete y ratificado en las posteriores etapas legislativas, en la que textualmente se lee:
"‘Artículo 16. Estándar de prueba para librar órdenes de aprehensión.
"‘Durante los últimos 15 años, se han sucedido reformas constitucionales en busca del equilibrio entre la seguridad jurídica de las personas y la eficacia en la persecución del delito al momento de resolver la captura de un inculpado en el inicio del proceso penal, así en 1993 se consideró conveniente incorporar al párrafo segundo del artículo 16, la exigencia de que para librar una orden de aprehensión el Juez debería cerciorarse de que se hubiesen acreditado los elementos del tipo penal y existieran datos que hicieran probable la responsabilidad penal del inculpado, incrementando notablemente el nivel probatorio requerido, respecto del anteriormente exigido, lo cual generó que la mayoría de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de denuncias o querellas tuviesen prolongados periodos de integración y que la mayoría de éstas no llegasen al conocimiento judicial, en virtud de no reunirse los elementos requeridos, o que frecuentemente, al solicitarse la orden de aprehensión, ésta fuese negada por el Juez.
"‘La referida situación incrementó los obstáculos para las víctimas u ofendidos de acceder a la justicia penal, así como los niveles de impunidad e inseguridad pública. Fue por ello que en 1999, el Constituyente Permanente reformó el segundo párrafo del citado numeral, ahora para reducir la exigencia probatoria al requerir la acreditación del cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad penal del justiciable, situación que implicaba definir en la ley el contenido del cuerpo del delito, permitiendo así que cada legislación secundaria estableciera el contenido de la citada figura, imperando la disparidad de criterios e incluso los excesos de las legislaciones ya que en algunos casos la exigencia fue baja y en otros resultó alta, no lográndose entonces el objetivo perseguido. Esta situación ha venido a coadyuvar en los actuales niveles de ineficacia, de impunidad y de frustración y desconfianza social.
"‘Considerando que se propone la adopción de un sistema de justicia penal, de corte garantista, con pleno respeto a los derechos humanos, que fomente el acceso a la justicia penal de los imputados, así como de las víctimas u ofendidos, como signo de seguridad jurídica, a fin de evitar que la mayoría de las denuncias o querellas sean archivadas por el Ministerio Público, aduciendo que los datos que arroja la investigación son insuficientes para consignar los hechos al Juez competente, es necesario establecer un nivel probatorio razonable para la emisión de la orden de aprehensión, la cual es una de las puertas de entrada al proceso jurisdiccional, que constituya el justo medio entre el legítimo derecho del imputado de no ser sujeto de actos de molestia infundados, pero también su derecho fundamental a que la investigación de su posible participación en un hecho probablemente delictivo se realice ante un Juez y con todas las garantías y derechos que internacionalmente caracterizan al debido proceso en un sistema de justicia democrático, y no de forma unilateral por la autoridad administrativa, que a la postre sería quien lo acusaría ante un Juez con un cúmulo probatorio recabado sin su participación o sin una adecuada defensa, y el interés social, de sujetar a un justo proceso penal a los individuos respecto de los que existen indicios de su participación.
"‘Es así que se estiman adecuadas las propuestas legislativas de racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público para plantear los hechos ante el Juez y solicitar una orden de aprehensión, a un nivel internacionalmente aceptado, de manera que baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en el mismo, sea como autor o como partícipe, para el libramiento de la citada orden; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio, como el que se propone.
"‘El nivel probatorio planteado es aceptado, porque en el contexto de un sistema procesal acusatorio, el cual se caracteriza internacionalmente porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en lo que conocemos como la averiguación previa, y no toda una instrucción administrativa como sucede en los sistemas inquisitivos, pues es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por las partes con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, y no ya en la fase preliminar de investigación, como sucede en nuestro actual sistema. Por tal razón, en el nuevo proceso resulta imposible mantener un nivel probatorio tan alto para solicitar la orden de captura, en razón de que el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio.
"‘No existe un riesgo de que esta reducción del nivel de prueba necesario para la emisión de la orden de aprehensión sea motivo de abusos, porque existen amplios contrapesos que desalentarán a quienes se sientan tentados de ello, en razón de que el proceso penal será totalmente equilibrado para las partes y respetará cabalmente los derechos del inculpado, de manera que si se obtiene una orden de captura sin que los indicios existentes puedan alcanzar en forma lícita el estatus de prueba suficiente, sin temor a dudas se absolverá al imputado, al incorporarse expresamente a la Constitución principios como el de presunción de inocencia, el de carga de la prueba y el de exclusión de prueba ilícitamente obtenida. Dicho de otra manera, sería contraproducente para el Ministerio Público solicitar la orden de aprehensión sin tener altas probabilidades de poder acreditar el delito y la responsabilidad penal en el juicio, en razón de que ya no tendrá otra oportunidad de procesar al imputado.
"‘Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideramos procedente atemperar el actual cúmulo probatorio que el Juez debe recibir del Ministerio Público para expedir una orden de aprehensión, de manen (sic) que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal y la probable participación (en amplio sentido) del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. ...
"‘Artículo 19. Cambio de denominación: auto de vinculación. En esta reforma se modifica el nombre del tradicional auto de sujeción a proceso para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso. La idea de sujeción denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos; en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el Juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Se continuará exigiendo, no obstante, acreditar el supuesto material. Estándar para el supuesto material. ...
"‘Al igual que en el caso del artículo 16 constitucional, la nueva redacción del artículo 19 constitucional se prevé modificar el estándar probatorio para el libramiento del auto de vinculación a proceso. La razón de ello es fundamentalmente la misma que ya se expuso en su oportunidad al abordar el artículo 16. En este punto habría que agregar que el excesivo estándar probatorio que hasta ahora se utiliza, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria. Ello debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación, el cual todavía no ha sido sometido al control del contradictorio. La calidad de la información aportada por el Ministerio Público viene asegurada por el control horizontal que ejerce la defensa en el juicio, en tal sentido, no es adecuado que en el plazo de término constitucional se adelante el juicio. ...’
"En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, ya que así se advierte de la redacción de los citados numerales que a la letra disponen:
"‘Artículo 16. (Reformado, D.O.F. 18 de junio de 2008)
"‘...
"‘No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión ...’
"‘Artículo 19.
"‘Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señal e como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ...’
"En tal virtud, de acuerdo con lo precisado en los aludidos preceptos constitucionales bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio.
"Del análisis anterior deriva que cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación, dentro del sistema penal acusatorio y oral, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral), salvo excepción que haga la ley.
"Por tanto, debe considerarse a la etapa preliminar o de investigación (artículo 206 Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua) como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio y es por ese motivo que el registro de los medios de investigación, de considerarse idóneos, pertinentes y suficientes para formular la imputación, se llevarán a cabo en el legajo o carpeta de investigación que al efecto se integre; sin embargo, como se precisó anteriormente, al carecer tales actuaciones de valor probatorio para el dictado de la sentencia por disposición constitucional, salvo que se autorice el anticipo de prueba; el Ministerio Público, al formular la imputación, sólo hará la recolección de los datos que lleven al juzgador, en la siguiente etapa, a la construcción de las pruebas que le permitan establecer, en su caso, la existencia del delito y de su comisión por parte del imputado.
"Es pertinente precisar que esta actividad ministerial no es arbitraria, pues está constreñida al principio de lealtad que le impone el artículo 109 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, de cuya redacción deriva que debe obrar durante todo el proceso con absoluta lealtad para el imputado y su defensor; para el ofendido y para l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25306-b810c8c5/auto-de-vinculacion-a-proceso-el-juez-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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