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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 300/2019. · Registro digital (IUS): 29431
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CI
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Pág. 2517.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 300/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ANA MARCELA ZATARAIN BARRETT.

II. COMPETENCIA

7. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis entre los citados Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que a este Alto Tribunal le compete conocer de las contradicciones de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, de conformidad con una interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece.

III. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo criterio del órgano jurisdiccional al que pertenecen participa en este asunto. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

9. En principio, debe destacarse que el Tribunal Pleno estableció en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(3)

10. Del citado criterio se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

11. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas, siendo parecidas, influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

12. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

13. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias 1a./J. 23/2010,(4) y 1a./J. 22/2010,(5) de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.". Por lo cual, a continuación se precisan las razones por las cuales se considera que en el caso concreto se actualizan todos los requisitos enunciados.

14. Posturas contendientes. En primer orden se sintetizan las consideraciones en las cuales los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a la interrogante de si existe o no una contradicción de criterios.

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua

15. El citado tribunal, al resolver el amparo en revisión penal 621/2018, en sesión de siete de junio de dos mil diecinueve, analizó un asunto que derivó de los hechos y datos siguientes:

16. Amparo indirecto. Una persona promovió amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que a continuación se indican:

Actos reclamados:

• La orden de aprehensión y su ejecución, así como las consecuencias legales y materiales que deriven de ella.

Autoridades responsables:

• Jueces de Control del Tribunal Superior de Justicia, encargado de la Policía Estatal Única y encargado de la Policía Ministerial, todos con residencia en la Ciudad de Chihuahua.

17. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, conoció de la demanda de amparo. El seis de noviembre de dos mil dieciocho dictó sentencia en la cual negó el amparo solicitado por el quejoso, al considerar que la orden de aprehensión impugnada se encontraba debidamente fundada y motivada.

18. Amparo en revisión. Inconforme con la resolución que antecede, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, quien en sesión de siete de junio de dos mil diecinueve, dentro de los autos del amparo en revisión 621/2018, determinó confirmar la sentencia recurrida.

19. Las razones con las que el órgano colegiado sustentó su determinación, en la parte que interesa, son las siguientes:

• Destacó que, en el caso, el acto reclamado consistió en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso. En la sentencia impugnada se afirmó que dicha orden de aprehensión cumplía con las formalidades esenciales del procedimiento, atento a lo siguiente:

• Que de los artículos 16 de la Constitución Federal y 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que para librar una orden de aprehensión, dentro del sistema penal acusatorio, deben reunirse los siguientes requisitos:

a) Que la solicite el Ministerio Público.

b) Que se libre por autoridad judicial competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su petición.

c) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito.

d) Que tal hecho esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad.

e) Que los datos de prueba invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció un hecho, previsto en la ley como delito; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

f) Que exista la necesidad de cautela.

• El Tribunal Colegiado resaltó que, en el caso, el Juez responsable consideró que se encontraban satisfechos los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, esencialmente, porque existió la petición del Ministerio Público; porque el inculpado no fue encontrado en su domicilio; y, porque el delito se cometió con violencia a través del empleo de un arma de fuego, circunstancias que hicieron procedente la imposición de la medida cautelar de manera oficiosa.

• Por lo que hace al requisito consistente en la necesidad de cautela, el órgano colegiado señaló que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1090/2017, sostuvo que la orden de aprehensión es considerada como una de las formas de conducción del imputado al proceso penal, siempre y cuando el Ministerio Público advierta la necesidad de cautela; a) cuando la persona resista o evada la orden de comparecencia judicial, b) el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad y, c) cuando se incumpla con una medida cautelar.

• El Tribunal Colegiado afirmó que es al Ministerio Público a quien le corresponde justificar que existe la posibilidad de que el imputado se evada de la acción de la justicia y, por ello, sea necesario dictar la orden de aprehensión, porque las otras formas de conducción del imputado al proceso (citatorio y orden de comparecencia) no alcanzarían ese objetivo.

• Precisó que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá:

1) Citar al imputado para la audiencia inicial (fracción I);

2) Ordenar la comparecencia mediante la fuerza pública, cuando habiendo sido citado previamente a una audiencia, el imputado no comparezca, sin justificación alguna (fracción II);

3) Ordenar la aprehensión de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III).

• En virtud de lo anterior, señaló que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; ello, sin perjuicio de que el Juez de Control pueda ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, existen circunstancias que evidencian la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia.

• Así, el órgano colegiado resaltó que para justificar la aprehensión sin que medie citatorio, la autoridad responsable se basó, implícitamente, en los artículos 167, párrafo tercero y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales (aunque citó el numeral 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, ya abrogado), relativo, el primero, a que el Juez de Control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, entre otros casos, cuando se trate de delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; y, el segundo, concerniente al peligro de sustracción del imputado, y que prevé los parámetros a considerar para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso y, por ende, el tipo de medida cautelar que resulte procedente. Esto es, cuando se actualiza el supuesto de prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque se trata de un delito (robo agravado), en el cual fueron utilizados medios violentos, específicamente, un arma de fuego.

• Consideró que si bien el artículo 19 de la Constitución Federal, respecto a la oficiosidad de la prisión preventiva, constituye un parámetro diverso de las exigencias que fundamentalmente se establecen para el libramiento de una orden de aprehensión en términos del artículo 16 de la Ley Fundamental, ya que dicha disposición constitucional establece que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

• Sin embargo, resaltó que el hecho de que el delito se haya cometido mediando violencia, dicha circunstancia por si sola repercute en que la presencia del imputado pueda verse dificultada, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esa forma de comisión acarrea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que sin duda alguna pone en riesgo su libertad deambulatoria, aun cuando fuera conducido a procedimiento por cualquiera de las restantes formas de conducción a proceso (citatorio u orden de comparecencia), pues invariablemente se verá restringida una vez terminada la audiencia de imputación, además de que por mandato constitucional y previa solicitud del Ministerio Público, el juzgador se encuentra obligado a imponer la medida cautelar de prisión preventiva, a menos de que no sea solicitada o dicte auto de no vinculación a proceso, al considerar que de los hechos no se desprenda la participación de éste en su comisión.

• En consecuencia, consideró que si bien los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, tutelan etapas distintas del procedimiento penal (orden de aprehensión, forma de conducción del imputado al proceso, a efecto de garantizar su comparecencia a la audiencia inicial y medida cautelar); empero, dichos numerales no deben entenderse de manera aislada, sino sistemática dado que ambos preceptos restringen la libertad del gobernado; por tanto, es válido concatenar a efecto de tener justificada la necesidad de cautela para la emisión de una orden de aprehensión, el hecho de que el delito se haya ejecutado con medios violentos, como lo es un arma de fuego y que, por ello, merezca prisión preventiva.

• Por tanto, concluyó que, en el caso, la orden de aprehensión no transgrede el artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que está debidamente fundada y motivada.

• Por lo expuesto, el Tribunal Colegiado denunció la posible contradicción de tesis que, en su opinión, existe entre dicho órgano jurisdiccional y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en la tesis de título y subtítulo: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, NO SE SATISFACE CON LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDEN CON UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA."

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, Querétaro.

20. Al resolver el amparo en revisión penal 114/2017, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, analizó un asunto que derivó de los hechos y datos siguientes:

21. Amparo indirecto. Una persona promovió amparo indirecto en contra de los actos y las autoridades que a continuación se indican:

Actos reclamados:

• La orden de aprehensión y su ejecución.

Autoridades responsables:

• Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Querétaro, y director de Policía de Investigación del Delito en el Estado de Querétaro.

22. El Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, conoció de la demanda de amparo. El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la cual, por un lado sobreseyó en el juicio(6) y, por el otro, concedió el amparo solicitado por el quejoso, al considerar que la orden de aprehensión impugnada era violatoria de la garantía de seguridad jurídica y legalidad, prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 141, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales.(7)

23. Amparo en revisión. Inconformes con la resolución que antecede, la fiscal de Acusación de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el quejoso, interpusieron recurso de revisión. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dentro de los autos del amparo en revisión 114/2017, dictó resolución en la que confirmó la sentencia recurrida;(8) sobreseyó en el juicio(9) y concedió el amparo solicitado por el quejoso.(10)

24. Las razones esenciales en las que el órgano colegiado sustentó la determinación que antecede, son las siguientes:

• En principio, calificó de infundado el agravio de la autoridad fiscal, en el cual alegó que en el caso se actualizó el supuesto de prisión preventiva oficiosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la orden de aprehensión se solicitó por el delito de homicidio doloso agravado, en el que fueron utilizados medios violentos para privar de la vida a la víctima, específicamente un arma de fuego. Por ello, afirmó el fiscal que al tratarse de un supuesto de prisión preventiva oficiosa era innecesario acreditar los requisitos que prevé la prisión preventiva.

• Lo anterior lo consideró así, porque el artículo 19 de la Constitución Federal, respecto a la oficiosidad de la prisión preventiva, constituye un parámetro diverso de las exigencias que fundamentalmente se establecen para el libramiento de una orden de aprehensión.

• Resaltó que el artículo 19 de la Constitución Federal establece que, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

• Asimismo, indicó que el artículo 19 de la Constitución Federal señala que, el Juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos con armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la autoridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

• Afirmó que el artículo 16 de la Constitución Federal se refiere a los requisitos de la orden de aprehensión, entendida como una forma de conducción del indiciado al proceso, cuya consecuencia será únicamente la de garantizar su comparecencia a la audiencia inicial.

• Mientras que el artículo 19 constitucional se actualiza una vez que el indiciado comparezca a dicha audiencia, en la que, en su caso, una vez formulada la imputación en su contra, y con presencia de las partes, el Juez de Control deberá resolver sobre la prisión preventiva.

• Por ello, consideró que si los preceptos 16 y 19 constitucionales tutelan etapas distintas del procedimiento penal, es inconcuso que resulta inexacta la consideración de la fiscalía, en el sentido de que éstos deben concatenarse a efecto de tener justificada la necesidad de cautela para la emisión de una orden de aprehensión, pues afirmó que la motivación de la necesidad de cautela a efecto de expedir una orden de aprehensión, no está inmersa en la circunstancia de que se trate de un delito de homicidio doloso ejecutado con medios violentos, como lo es el que se realiza con un arma de fuego.

• Sino que, a juicio del órgano colegiado, la fundamentación y motivación de la necesidad de cautela constituye, en términos del artículo 16 constitucional, un requisito que debe contener todo acto de autoridad que no se colma con la circunstancia de que se trate de un delito de aquellos que ameriten prisión preventiva oficiosa, en virtud de que ello es un supuesto que será analizado en una etapa posterior, una vez que se establezca la audiencia inicial y se vincule, en su caso, a juicio al imputado. En cambio, la finalidad de la orden de aprehensión es únicamente para que éste comparezca a la audiencia inicial.

• Por otra parte, el órgano colegiado calificó de ineficaces los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, mediante los cuales pretendía demostrar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada.

• Al respecto, señaló que de los artículos 16 de la Constitución Federal y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales se obtienen los requisitos mínimos que debe contener una orden de aprehensión, además de los requisitos formales de fundamentación y motivación que debe observar todo acto de autoridad.

• Afirmó que conforme al artículo 16 constitucional, para que una autoridad judicial emita un mandamiento privativo de libertad, es necesario que en la carpeta de investigación existan, entre otros requisitos, datos bastantes que establezcan que se ha cometido un hecho delictuoso, así como la probabilidad de que el imputado es responsable por su comisión.

• Destacó que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales también establece como exigencia para el dictado de una orden de aprehensión, el anuncio por parte de la fiscalía de que en la carpeta de investigación obran datos que demuestran que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y la probabilidad de que el imputado lo cometió, así como que existe la necesidad de cautela.

• Resaltó que una vez analizada la videograbación que contiene el acto reclamado en el juicio de amparo, se advierte que una vez que el fiscal expuso las razones para la emisión de la orden de aprehensión, con las que el Juez responsable tuvo por acreditado el requisito de procedibilidad de la denuncia, se avocó al estudio del hecho de homicidio, no así a las calificativas del hecho señalado como delito, pues el fiscal, al momento de su exposición, no hizo alusión a éstas, solamente se concretó a la pérdida de vida humana del ofendido.

• Precisó que en términos de lo dispuesto en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba expuestos por la fiscalía eran idóneos y suficientes para establecer la probable existencia del delito de homicidio.

• Calificó de ineficaces los conceptos de violación propuestos por el quejoso, en virtud de que para el dictado de la orden de aprehensión es innecesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos de la descripción del tipo penal. Lo anterior, porque dicho análisis sería determinado en etapas posteriores.

25. Las consideraciones antes sintetizadas dieron origen a la tesis que dice:

"ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, NO SE SATISFACE CON LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDEN CON UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. El artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de que el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, emita una orden de aprehensión contra una persona, cuando exista necesidad de cautela; sin embargo, la motivación de esa necesidad de cautela no se satisface con la circunstancia de que los hechos del caso corresponden con un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, en términos del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello es un supuesto que será materia de una etapa posterior, una vez que se establezca la audiencia inicial y se vincule, en su caso, a proceso al imputado. De ahí que con independencia de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa, ese requisito de necesidad de cautela debe justificarse de conformidad con el artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal, por ser ésta una de las exigencias más importantes para preferir la orden de aprehensión, frente a otras formas de conducción del imputado al proceso."(11)

26. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

27. Lo referido en el párrafo anterior, se advierte de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes, las cuales se detallaron al explicar las posturas de cada uno de ellos en torno a si en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para efecto que el Juez de Control emita una orden de aprehensión, la necesidad de cautela se justifica con la circunstancia de que el delito investigado amerite prisión preventiva oficiosa.

28. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.

29. Lo anterior se considera así, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua, al resolver el amparo en revisión 621/2018, determinó que es legal justificar la orden de aprehensión de un justiciable, sin mediación de citatorio, cuando se actualiza el supuesto de prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 19 de la Constitución Federal y el diverso numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, a su parecer, la circunstancia de que el delito por el cual se libre la correspondiente orden de aprehensión sea de aquellos que ameriten prisión preventiva oficiosa, es suficiente para tener por acreditada o satisfecha la necesidad de cautela para la emisión de una orden de aprehensión, pues llevará a una restricción a la libertad de la persona.

30. Para ello, estimó que si bien los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, tutelan etapas distintas del procedimiento penal, dichos preceptos no deben entenderse de forma aislada, pues ambos restringen la libertad del gobernado, por lo que consideró válido concatenarlos a efecto de tener por justificada, por parte del Ministerio Público, la necesidad de cautela para la emisión de una orden de aprehensión, cuando el delito investigado merezca prisión preventiva oficiosa.

31. Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, al resolver el amparo en revisión 114/2017, determinó que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de que el Juez de Control, a solicitud del fiscal, emita una orden de aprehensión, sin que medie citatorio, cuando exista necesidad de cautela. Estimó que la necesidad de cautela de la que habla el citado numeral, no se justifica o satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, dado que el requisito de cautela debe justificarse de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, por ser ésta una de las exigencias más importantes para preferir la orden de aprehensión, frente a otras formas de conducción del imputado al proceso.

32. Asimismo, consideró que la motivación de esa necesidad de cautela no se satisface con la circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, porque la motivación de la necesidad de cautela no está inmersa en la circunstancia del delito en particular. Asimismo, estimó que los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal no deben concatenarse para efecto de justificar la necesidad de cautela para la emisión de una orden de aprehensión.

33. De lo anterior se advierte la existencia de un punto de toque entre los criterios de los órganos colegiados, pues para el primero de ellos, en esencia, en el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y adversarial, para el dictado de una orden de aprehensión, la necesidad de cautela se justifica por el hecho de que el delito por el cual pretende formularse imputación amerite prisión preventiva oficiosa; en cambio, el segundo de ellos considera que para el dictado de una orden de aprehensión, la necesidad de cautela no se justifica con la sola circunstancia de que los hechos del caso corresponden con un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, porque ello será analizado en una etapa posterior.

34. Así, resulta claro que ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a conclusiones diferentes, lo que revela que sí estamos ante una contradicción de criterios. En ese sentido, y a efecto de dar seguridad jurídica respecto al punto de contradicción detectado, procede fijar el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia.

35. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. De l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29431-163b6d0b/orden-de-aprehension-para-su-emision-sin-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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