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Modo: Corpus Pro

SUSTRACCIÓN A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA. NO ES NECESARIO QUE PREVIO A SU DECLARATORIA SE FORMULE LA IMPUTACIÓN (ARTÍCULO 141, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 78/2024. · Registro digital (IUS): 32621
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-08-09
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.784.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 78/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ (PRESIDENTE) Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de dos de mayo de dos mil veinticuatro.

SENTENCIA.

1. Contradicción de criterios penal 78/2024 denunciada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respecto de los criterios sustentados entre ese órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión 213/2023 y el sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 219/2016, cuyo criterio se reflejó en la tesis aislada I.7o.P.63 P (10a.) de rubro: “DECLARATORIA DE SUSTRACCIÓN A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. PARA DECRETARLA, CONFORME AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NECESARIAMENTE DEBIÓ FORMULARSE IMPUTACIÓN”.

2. La problemática jurídica que se precisó que debía resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consistió en determinar si para decretar la declaratoria de sustracción a la acción de la justicia a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es necesario que se haya formulado la imputación.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO.

3. Mediante oficio 88/24-I recibido en este Pleno el ocho de abril de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre dicho órgano y el sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

4. Por acuerdo de presidencia de nueve de abril de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite la denuncia, se ordenó registrar el expediente con el número de contradicción de criterios penal 78/2024. Respecto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al ser denunciante, en la misma data, se presumió la vigencia del criterio sostenido al resolver el amparo en revisión 213/2023, asimismo, se advirtió que hizo disponible el expediente electrónico de dicho asunto y se le solicitó que informara que, de ser el caso, si el criterio sustentado en el asunto de su índice, era superado o abandonado.

5. Se requirió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que informara si continuaba vigente el criterio sustentado o si existía alguna condición que afectara la firmeza del mismo, adjuntara copia digital certificada de la ejecutoria respectiva y vinculara el expediente electrónico correspondiente; asimismo, se turnó electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca.

6. Respecto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al ser denunciante, en la misma data, se presumió la vigencia del criterio sostenido al resolver el amparo en revisión 213/2023, asimismo, se advirtió que hizo disponible el expediente electrónico de dicho asunto y se le solicitó que informara que, de ser el caso, si el criterio sustentado en el asunto de su índice, era superado o abandonado.

7. Por otro lado, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal, quien informó mediante misiva DGCCST/X/389/04/2024, que no se encontraba contradicción de criterios en la que el tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

8. Mediante oficio 1715/2024, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, informó que el criterio sostenido al resolver el amparo en revisión 219/2016 se encontraba vigente, ordenó la versión digitalizada de dicha ejecutoria e instruyó habilitar la consulta del expediente electrónico.

9. Por auto de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por integrada la presente contradicción de criterios y se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Emma Meza Fonseca, para la elaboración del proyecto correspondiente

PRESUPUESTOS PROCESALES.

A. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE.

10. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

11. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

B. COMPETENCIA.

12. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

13. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales; así como el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

C. LEGITIMACIÓN.

14. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

I. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.

15. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de ha interpretado que los requisitos(3) para la existencia de una contradicción, a saber: a) necesidad de ejercicio interpretativo mediante el arbitrio judicial de los tribunales contendientes; b) existencia de un punto de toque en los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico y, finalmente, c) posibilidad de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

16. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, se satisface el requisito.

17. Los Tribunales Colegiados de Circuito realizaron un ejercicio interpretativo aplicando su arbitrio judicial para llegar a una solución determinada.

a) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió el amparo en revisión 213/2023 de las características siguientes:

18. Un quejoso y diversas personas estaban siendo investigados por los delitos Delincuencia Organizada con el fin de cometer los diversos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el quejoso obtuvo ingresos depositados —a una cuenta bancaria a su nombre— por parte de diversas personas jurídicas, cuyos recursos eran ilícitos, porque expidieron a su favor Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por operaciones o servicios que se presumen inexistentes.

19. El doce de febrero de dos mil veintiuno, ante la solicitud del fiscal federal, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en la causa penal 49/2021, libró orden de aprehensión en contra del quejoso y otras personas.

20. El ocho de septiembre de ese año, el quejoso presentó un escrito ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México por el que manifestó su voluntad de ponerse a su disposición; solicitó audiencia inicial y la Administradora de ese Centro fijó audiencia inicial para las dieciocho horas del veintiuno siguiente en la modalidad de audiencia presencial y lo apercibió que: en caso de no comparecer ante este órgano jurisdiccional en la fecha y hora indicada, se reactivará la orden de aprehensión existente en su contra, o bien, lo que el juez de Control estime pertinente.

21. Esa audiencia inicial se difirió por el juez de Control a petición de su defensor, a fin de imponerse del contenido de la carpeta de investigación, dado que era muy voluminosa.

22. Inconforme con el auto de diez de septiembre, el quejoso interpuso recurso de revocación, porque no se le autorizó celebrar la audiencia inicial por videoconferencia, debido a su edad avanzada y a la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad COVID-19. El juez de Control declaró infundado ese recurso al estimar que debía comparecer de forma presencial, en atención a la naturaleza del asunto y la vigencia de la orden de aprehensión que se libró por los delitos referidos que merecían prisión preventiva oficiosa, y nuevamente apercibió al quejoso que de no acudir se le declarará sustraído de la acción de la justicia en términos del numeral 141, párrafo cuarto, del código de referencia, en razón de que la orden de aprehensión fue agotada como forma de conducción por los hechos y delitos atribuidos.

23. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, inició la audiencia inicial, pero a decir de su defensor el quejoso no compareció por enfermedad grave, de modo que la autoridad ministerial solicitó la cancelación de la orden de aprehensión como medio de conducción al proceso y, en su lugar, pidió dictara otra por incumplimiento al mandato judicial, en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

24. En la misma data, en audiencia privada el juez de Distrito libró nueva orden de aprehensión al considerarlo sustraído de la acción de la justicia, en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

25. Posteriormente, mediante escrito presentado vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, el apoderado del quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en funciones de Juez de Control, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano) y al Titular de la Policía Federal Ministerial, entre otros, el acto que reclamó fue la orden de aprehensión dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial **********, en que se le declaró sustraído de la acción de la justicia, por no haberse tenido por justificada su inasistencia a la audiencia inicial a la que fue citado, en la que también se propuso su desahogo por videoconferencia, así como su ejecución.

26. Correspondió conocer de esa demanda al Juzgado Primero de Distrito en esa entidad, cuyo titular, por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la radicó con el expediente 1273/2021 y previno al quejoso para los efectos que ahí destacó y, una vez que cumplió, en proveído de veinticinco de octubre siguiente la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio intervención al agente del ministerio público de su adscripción.

27. En audiencia constitucional de veintiuno de junio de dos mil veintidós, el citado juez de Distrito declinó competencia a un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.

28. Por razón de turno, correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien la rechazó; el declinante insistió, y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito al resolver el conflicto competencial ********** fincó competencia a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ya que el acto reclamado tendría ejecución en esta ciudad.

29. Correspondió conocer del juicio de amparo al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad, se radicó con el expediente **********, determinó carecer de competencia —por conocimiento previo— y la declinó a su homólogo del juzgado Noveno, quien no la aceptó, por lo que, el declinante formuló consulta a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, la que declaró que correspondía al Juzgado Noveno Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad conocer del juicio de amparo.

30. En proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario —en funciones de juez— del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad se avocó al conocimiento del asunto, lo registró con el expediente 124/2023, convalidó parcialmente las actuaciones, dejó sin efectos la audiencia constitucional, señaló nueva fecha y hora para su celebración, requirió los informes justificados faltantes y dio intervención al agente del Ministerio Público de su adscripción. Seguido el juicio, dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y por otra concedió la protección federal solicitada, para los efectos consistentes en dejar insubsistente la orden de aprehensión reclamada y, en su lugar, dictara nueva resolución en la que: 1) analizara la procedencia o no de celebrar audiencia inicial por videoconferencia; 2) reconsiderara la necesidad de ordenar su captura, o bien, lo citara; y, 3) prescindiera de considerar el libramiento de ese mandato aprehensorio porque los delitos investigados merecen la imposición de la prisión preventiva oficiosa.

31. Inconformes con esa decisión, los agentes del Ministerio Público de la Federación, uno adscrito al juzgado de Distrito y el otro a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, interpusieron recurso de revisión.

32. Así, el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo registró con el número 213/2023, desechó el recurso interpuesto por el agente del ministerio público adscrito al juzgado recurrido –por falta de legitimación–; y admitió a trámite, el recurso del fiscal tercero interesado, ordenó dar vista a la agente del ministerio público de la Federación adscrita.

33. Mediante escrito presentado el treinta de agosto siguiente en la oficialía de partes de ese tribunal colegiado, el autorizado del quejoso interpuso recurso de revisión adhesivo, el cual fue admitido en auto de cuatro de septiembre posterior.

34. El órgano colegiado consideró como fundados los agravios alegados por el fiscal recurrente, mismos que fueron suficientes para revocar la concesión de amparo, ya que si bien, el Secretario en funciones de juez resolvió con base en la tesis I.7o.P.63 P (10a.), lo cierto es que, para declarar a un imputado prófugo no es necesario que se haya celebrado la audiencia inicial, en particular, que se haya formulado imputación, tal como se sostuvo en ese criterio.

35. Estimo que en esa tesis se parte de un criterio de generalidad, consistente en que siempre, y sin excepción, la declaratoria de prófugo sólo podrá ocurrir cuando ya se formuló imputación; lo que precisó no compartía porque se construye a partir de la interpretación del artículo 141, párrafo cuarto, pero extraído de su contexto, y de suponer que es una premisa que sólo opera cuando el imputado ya tuvo contacto con el juez de Control, por lo menos en la audiencia inicial; antes bien, al apreciar en su conjunto las reglas del sistema penal acusatorio existen escenarios en los que puede suceder ante el ministerio público en la etapa de investigación inicial, es decir, sin que se haya celebrado la audiencia inicial.

36. Precisó que, a diferencia de lo que se sostiene en ese criterio, el juzgador constitucional debe considerar al sistema penal acusatorio como un ordenamiento con estructura coherente, el cual cuenta con una unidad o contexto, constituido por una serie de derechos, principios y valores congruentes entre sí y que permitan en su conjunto cumplir con su finalidad; por tanto, no es factible considerar sólo un elemento del sistema de forma aislada, sino que debe operar junto con las demás reglas a fin de dotarlo de congruencia y efectividad, es decir, cumplan con su funcionalidad —interpretación funcional— y, a la vez, no resten efectividad a los demás componentes del sistema (interpretación sistemática).

37. El órgano colegiado señaló que en el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen tres supuestos para que proceda la sustracción de la acción de la justicia en contra del imputado: a) no comparezca a una citación judicial; b) se fugue del lugar donde esté detenido; o, c) se ausente de su domicilio sin avisar y tenga la obligación de informarlo.

38. Así, señaló que desde el punto de vista gramatical esa regla no admite una interpretación como la propuesta en el sentido de que la declaratoria de prófugo exige que se haya celebrado la audiencia inicial; y si bien, en esa tesis se invoca la interpretación teleológica de la norma, no expone razones que respalden ese método de interpretación jurídica y que se haya escudriñado su fin último para sustentar esa conclusión y, por el contrario, el tribunal colegiado advirtió que del proceso legislativo no se desprende que esa haya sido la intención del legislador para asumir racionalmente que ese era el propósito de la norma.

39. Dicho órgano colegiado, indicó que después de aquella afirmación genérica de supuesto respaldo funcional, la tesis también sostiene que el supuesto indicado en el inciso a) –no comparezca a una citación judicial– es distinto del incumplimiento a la citación judicial a que se refiere el artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales –citatorio al imputado para la audiencia inicial–, porque se refiere a cualquier citación posterior; y, respecto de los indicados en los incisos b) y c) –se fugue del lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso teniendo la obligación de darlo– menciona que éstos implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en un determinado lugar o proporcionar su domicilio y, por ese motivo, en esos tres supuestos ya se sometió a los designios del órgano jurisdiccional y, por tanto, tiene esas obligaciones.

40. Sin embargo, puntualizó que respecto al supuesto que allí se identifica como inciso a), se afirma que esa hipótesis (no comparezca a una citación judicial) es diferente de la contenida en la fracción I (citatorio al imputado para la audiencia inicial) del mismo artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; no obstante, no da razones de porqué son casos diferentes, con lo que propiamente incide en un argumento circular, esto es, da por supuesto que son diferentes cuando precisamente el criterio pretende llegar a la conclusión de que son diferentes. 41. Destacó que sobre ese punto advirtió que si en el antepenúltimo párrafo de ese artículo se incluye como causa de aprehensión no haber comparecido a una “citación” judicial, en tanto que en la fracción I de ese propio numeral contempla la orden judicial de “citatorio al imputado para la audiencia inicial”, ese es el mayor ejemplo —y no el único— de que puede haber supuestos de incumplimiento a una citación judicial antes de la audiencia inicial.

42. Hizo hincapié que el mismo escenario ocurre con el inciso b), el cual puede configurarse previo a que el imputado tenga cualquier contacto con la autoridad judicial, esto es, en investigación inicial: por ejemplo, cuando la persona imputada es detenida en flagrancia y antes de la audiencia inicial se fugue, ahí estando en curso las cuarenta y ocho horas del fiscal para judicializar con detenido o después de judicializado y antes de que comience esa audiencia inicial.

43. En la misma condición, dijo subyace el inciso c), en tanto puede ocurrir, verbigracia, en una detención por flagrancia en que se otorgue la libertad al imputado durante la investigación en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y para ello, se le puede imponer la obligación de no ausentarse o cambiar de domicilio sin informarlo a la autoridad correspondiente, o bien, comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación, pero el imputado decide incumplir cualquiera de esas dos condiciones. En cualquiera de esos escenarios la autoridad ministerial podrá solicitar una orden de aprehensión en contra de la persona imputada por haberse sustraído de la acción de la justicia; de modo que no necesariamente los supuestos examinados ocurren una vez que el fiscal tuvo éxito en llevar la investigación a la fase complementaria, sino también en la fase de investigación inicial.

44. En ese sentido, precisó que para dimensionar estas posibilidades, en el sistema penal mixto existía la orden de reaprehensión, que se libraba cuando el inculpado ya se encontraba a disposición del juez y se evadía; en el foro también ha recibido el título de orden de aprehensión con efectos procesales, la cual no deja de ser imprecisa porque tanto la aprehensión como la reaprehensión –u aprehensión por prófugo conforme el sistema penal acusatorio– tienen esos efectos, en tanto lo vinculan procesalmente con el juez que mandó a capturarlo.

45. Indicó tal distinción de la orden de captura que se libra como medio de conducción al proceso de aquella en que se declara prófugo es que en la primera, sin audiencia del imputado y actuando en sigilo el juez mandará aprehenderlo, para lo cual deben colmarse los extremos del artículo 16, párrafo tercero, constitucional: obren datos de prueba de un hecho delictivo y que el imputado en grado probable lo cometió; por el contrario, en la segunda, si ya se le citó y no compareció, esa incomparecencia es por sí sola el fundamento para librarla y justificar que se le aprenda.

46. Con la acotación que el Código Nacional de Procedimientos Penales no hace referencia a la orden de reaprehensión más que en un supuesto específico y diferente del examinado —cuando el fiscal lo pide para detener a un imputado que se le haya suspendido el procedimiento penal virtud a que su procedimiento de extradición concluyó—, y aun con esas inconsistencias de identificación tampoco se advierte por qué recibe esa nomenclatura.

47. Por tanto, determinó que por las razones apuntadas, la declaratoria de sustracción a la acción de la justicia no requiere como condición necesaria que previamente se haya celebrado audiencia inicial y formulado imputación en contra de la persona a quien se le sigue una investigación, ya que puede ocurrir en la fase de investigación inicial, o bien, en una citación judicial como forma de conducción a la audiencia inicial.

48. Y más allá de esas razones, dicho tribunal colegiado advirtió que los hechos que dieron origen a la citada tesis surgieron de forma más uniforme, es decir, sin alguna acción paralela o secundaria —como sucede en el caso que analizó—: a una persona imputada se le citó a la audiencia inicial, pero no compareció, sino sólo su defensor, quien alegó que aquélla padecía enfermedad, por lo que la audiencia se reprogramó y en la segunda ocasión nuevamente no compareció porque seguía en tratamiento, pero al comprobarse que no era cierto, el fiscal solicitó audiencia privada, y en ella, pidió mandato de captura contra ella, el cual se otorgó, y por ese motivo, el tribunal colegiado contendiente que sostuvo esa postura partió de la premisa de que para declarar a una persona sustraída de la acción de la justicia inexorablemente debió incumplir con un citatorio posterior a la audiencia inicial, pero no anterior a ésta.

49. Sin embargo, precisó que para abstraer la esencia del caso para formar un concepto general que comprenda cualquier otro, impide hacer distinción en asuntos diferentes como el que le tocó analizar, donde ya se había librado una orden de aprehensión en contra del quejoso, pero como externó su voluntad de ponerse a su disposición y, por ello, solicitó audiencia inicial, el juez de Control —bien o mal— accedió a su pretensión y programó su celebración; de modo que en ese caso constituye un claro ejemplo de que la declaratoria de prófugo no necesariamente ocurre una vez que ya se formuló imputación.

50. Aunado a lo anterior, tampoco consideró correcto que en la sentencia recurrida se haya determinado que el quejoso se citó a la audiencia inicial en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales porque, como lo alega el fiscal recurrente, ya se había librado orden de aprehensión contra el quejoso por haber justificado la necesidad de cautela, de modo que no debió conducir al quejoso a través del camino de conducción ordinario, porque éste externó su voluntad de ponerse a disposición del juez de Control, quien una vez que la programó, aquél decidió no comparecer.

51. Consideró que tampoco fue acertado que en la sentencia recurrida se estableciera que debía analizarse si procedía o no celebrar la audiencia inicial por videoconferencia con la abstracción de que los delitos investigados merecen prisión preventiva oficiosa, pues como adujo el fiscal recurrente, los actos reclamados son la inconstitucionalidad del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la orden de aprehensión, de modo que en relación con esos actos no guarda relación el tema de la prisión preventiva oficiosa.

52. Esto último es así, porque la imposición de esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa pende, primero, de que se lleve a cabo la audiencia inicial y, segundo, que se vincule a proceso al quejoso, y como se trata de un hecho futuro podría o no suceder.

53. De ahí que, ante lo fundado de los agravios del fiscal recurrente, revocó la concesión de amparo, reasumió jurisdicción, y analizó los conceptos de violación, mismos que estimó infundados, por lo que negó el amparo solicitado y declaró infundada la revisión adhesiva.

b) El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió el amparo en revisión 219/2016 de las características siguientes:

54. El quejoso, por conducto de su defensora particular, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Décimo Noveno del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control; y otros, señaló como acto reclamado la orden de aprehensión emitida dentro de la carpeta judicial ********** y su ejecución.

55. Correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien registró la demanda con el número **********, seguida la secuela procesal, negó la protección constitucional.

56. Inconforme con esa determinación, la defensora particular del quejoso interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer a ese Tribunal Colegiado, el cual lo admitió con el número 219/2016.

57. El órgano colegiado consideró fundados los agravios formulados por la parte recurrente, para lo cual hizo un análisis integral del marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, que se encuentran previstas en el numeral 141, y que constituyen la manera de lograr que el imputado se encuentre presente en todas las etapas del proceso. A través de:

“-Citatorio para la audiencia inicial.

-Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido).

-Orden de aprehensión (cuando el ministerio público advierta que existe necesidad de cautela).”

58. Precisó que la fracción I, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación —y en caso que el imputado no se encuentre retenido— solicitará al juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

59. En cuanto a la fracción II, señaló que si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del ministerio público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública.

60. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III, del artículo en análisis, indicó que constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de Control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General deberá cumplir —además de la necesidad de cautela que exige tal fracción— con los siguientes requisitos: a) no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32621-a7ed21fc/sustraccion-a-la-accion-de-la-justicia-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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