MEDIOS DE CONDUCCIÓN AL PROCESO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. POR REGLA GENERAL SON DE APLICACIÓN SUCESIVA O GRADUAL. ORDEN DE APREHENSIÓN COMO MEDIO DE CONDUCCIÓN AL PROCESO PENAL. REQUISITOS PARA SU LIBRAMIENTO PREVIO A QUE SE FORMULE IMPUTACIÓN (ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).
AMPARO EN REVISIÓN 611/2023. 23 DE ABRIL DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIENES SE RESERVAN SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE; ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Ministerio Público de la Federación solicitó, ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, audiencia inicial para formular imputación en contra de una persona por la probable comisión del hecho probablemente constitutivo del delito de defraudación fiscal equiparada. Una vez acaecida la fecha para la celebración de la audiencia inicial por videoconferencia, en la que estuvo presente vía virtual el investigado, el Juez de Control determinó su reprogramación. Más adelante, el investigado manifestó encontrarse fuera del territorio nacional e imposibilitado de salud para su regreso. Posteriormente, sin que el investigado hubiere comparecido a la audiencia respectiva (previo citatorio del órgano jurisdiccional), el Ministerio Público solicitó que se librara en su contra una orden de aprehensión, petición que fue concedida por el Juez de Control del conocimiento; contra el mandato de captura el quejoso promovió juicio de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió, por una parte, sobreseer el juicio y, por otra, negar el amparo solicitado. Contra esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión y solicitó a este Alto Tribunal ejercer su facultad de atracción. Seguida la secuela procesal correspondiente, esta Primera Sala resolvió atraer el asunto para su conocimiento, el cual es objeto de estudio en la presente ejecutoria.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 611/2023, interpuesto por ********** (recurrente), en contra de la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el expediente de amparo indirecto *********.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si las modalidades de conducción al proceso penal, estipuladas en elartículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son de aplicación sucesiva. Además, se debe determinar cuáles son los requisitos necesarios para emitir una orden de aprehensión antes de que se formule la imputación contra una persona, basándose en el artículo 16, párrafo tercero, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en elartículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, se analizará la repercusión de estas disposiciones en la libertad personal del individuo buscado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos que antecedieron al juicio de amparo indirecto. **********, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia de Investigación CGI-B de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República, el tres de agosto de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación **********, solicitó ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, audiencia inicial para formular imputación en contra de **********, por su probable participación en la comisión de un hecho probablemente constitutivo del delito de defraudación fiscal equiparada.
2. El Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en función de Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, en proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte, registró la causa penal ********** y se reservó señalar fecha de audiencia hasta que la representación social corroborara el domicilio del investigado.
3. Más adelante, en auto de catorce de agosto de dos mil veinte, se fijaron las diez horas del día veintiséis de ese mismo mes y año para la celebración de la audiencia inicial, por lo que se instruyó citar a las partes por los medios legales señalados para tal efecto; en acatamiento de ello, el notificador del centro de justicia, el diecisiete de agosto siguiente, entregó citatorio de presentación a la audiencia al autorizado del imputado.
4. El autorizado referido, por escritos presentados ante el Juez de Control el veinticuatro de agosto de la misma anualidad, por un lado, designó abogado y, por otro, hizo del conocimiento del Juzgado que el representante social se había negado a entregarle los registros de investigación de la causa. Por lo cual, en proveído de veinticinco siguiente, el Juez de Control concedió un plazo de tres horas al Fiscal para que entregara a la defensa copia de la carpeta de investigación respectiva.
5. El juez de control **********, en proveído de veintiséis de agosto siguiente, dictado en audiencia y estando presentes a través de videoconferencia el investigado, su defensor, los agentes del Ministerio Público de la Federación y la representante de la parte ofendida, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reprogramó la diligencia para las nueve horas del ocho de septiembre de dos mil veinte, en razón de que la defensa particular no estaba impuesta de la totalidad de los registros de investigación.
6. Posteriormente, el representante social, por escrito de cuatro de septiembre siguiente, solicitó al Juez de Control la emisión de una orden de aprehensión en contra del investigado, al considerar que este podría encontrarse fuera del territorio nacional, porque había recibido el oficio **********, en el que el Instituto Nacional de Migración le informó que el quejoso salió del país el veintisiete de julio anterior, sin haberse registrado, hasta esa fecha, su regreso al país.
7. El Juez de Control, el cuatro de septiembre siguiente, negó la emisión de la orden de captura, porque el investigado se encontraba legalmente emplazado a la audiencia y no se podía presumir que no comparecería; de lo contrario, se violaría en su perjuicio el derecho a la presunción de inocencia.
8. Por escrito presentado ante el Juez de Control, el siete de septiembre de dos mil veinte, el investigado informó que se encontraba fuera del territorio nacional y que, por su estado de salud, se encontraba imposibilitado para viajar en avión para comparecer a la audiencia programada.
9. Posteriormente, el Juez de Control, en la fecha programada para la audiencia inicial, ante la omisión del investigado de acreditar que se encontraba dentro del país, declaró la imposibilidad para celebrarla. Por ende, determinó fijar una nueva fecha, concediéndole al investigado un plazo de treinta y seis horas para acreditar que se encontraba en la Ciudad de México.
10. El órgano judicial referido, por auto de diez de septiembre de dos mil veinte, declaró que había fenecido el plazo concedido al investigado sin que hubiere cumplido lo ordenado; ante esa situación, dejó a salvo los derechos de la Fiscalía para que promoviera lo que a sus intereses conviniera.
11. Por escrito de nueve de septiembre de dos mil veinte, el representante social solicitó al órgano de control librara orden de aprehensión en contra del investigado. En ese tenor, el día once siguiente, el Juez de Control declaró al investigado como sustraído de la acción de la justicia y accedió a la solicitud de la Fiscalía, a efecto de que fuera presentado ante ese centro de justicia para la continuación del proceso.
12. Juicio de amparo indirecto. El dos de marzo de dos mil veintidós,(1) **********, por escrito electrónico presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades siguientes:(2)
"(...).
III. AUTORIDADES RESPONSABLES.
III.I. EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA
III.II. **********, C. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte, con domicilio en (...).
III.II. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS
III.II.I. El C. Fiscal General de la República.
III.II.II. El C. Titular de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República.
III.II.III. El C. Director General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos, de la Fiscalía General de la República
III.II.V. El C. Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, de la Fiscalía General de la República.
IV. ACTOS RECLAMADOS
IV.I. De la autoridad responsable señalada como ordenadora, se reclama la orden u órdenes de aprehensión libradas en contra del suscrito quejoso.
IV.II. Del C. Fiscal General de la República, reclamo los actos jurídicos y/o materiales de cualquier tipo que se hayan realizado o se realicen con la finalidad de privar al suscrito de mi libertad con motivo de la orden y órdenes de aprehensión libradas en mi contra.
IV.III. Del C. Titular de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, reclamo la ejecución material de la orden u órdenes de aprehensión libradas en mi contra, así como todos los actos jurídicos y/o materiales de cualquier tipo que se hayan realizado o se realicen con la finalidad de privar al suscrito de mi libertad con motivo de la orden u órdenes de aprehensión libradas en mi contra.
IV.IV. Del C. Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Fiscalía General de la República, reclamo el registro, control y seguimiento que se haya dado o se dé a la orden u órdenes de aprehensión libradas en mi contra, con miras a su ejecución, así como todos los actos jurídicos y/o materiales de cualquier tipo que se hayan realizado o se realicen con la finalidad de privar al suscrito de mi libertad con motivo de la orden u órdenes de aprehensión libradas en mi contra.
IV.V. Del C. Director General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos, de la Fiscalía General de la República, reclamo el registro, control y seguimiento que se haya dado o se dé a la orden u órdenes de aprehensión libradas en contra del suscrito quejoso, la ejecución material de la misma, así como todos los actos jurídicos y/o materiales de cualquier tipo que se hayan realizado o se realicen con la finalidad de privar al suscrito de mi libertad con motivo de la orden u órdenes de aprehensión libradas en mi contra.
IV.VI. Del C. Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, de la Fiscalía General de la República, reclamo el registro, control y seguimiento que se haya dado o se dé a la orden u órdenes de aprehensión libradas en contra del suscrito quejoso, con miras a su ejecución, así como todos los actos jurídicos y/o materiales de cualquier tipo que se hayan realizado o se realicen con la finalidad de privar al suscrito de mi libertad con motivo de la orden u órdenes de aprehensión libradas en mi contra.
(...)."
13. De la demanda de amparo, inicialmente tocó conocer al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, la admitió a trámite y la registró con el expediente **********. Otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete, sin que ordenara la apertura del incidente de suspensión por no existir petición expresa, solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y señaló fecha y hora para la celebración de audiencia constitucional.
14. El treinta de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México remitió el expediente al Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la misma localidad, al considerar que el asunto se ubicaba en la hipótesis prevista en los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y XI del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.
15. El Juzgado al que se declinó el conocimiento, por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, determinó avocarse al trámite de la demanda, le asignó el expediente **********, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y emplazó a **********, Directora de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como a **********, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia de Investigación CGI-B de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República (encargado de la indagatoria de origen), en su calidad de terceros interesados.
16. Ampliación de la demanda de amparo indirecto. Por escrito recibido en el Juzgado de Distrito el diecinueve de abril de dos mil veintidós, el quejoso promovió ampliación de la demanda de amparo para hacer valer diversos conceptos de violación. En proveído del día veintiséis siguiente, el Juzgado admitió a trámite dicha ampliación y solicitó a las autoridades señaladas como responsables los informes justificados correspondientes.
17. Audiencia constitucional. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia constitucional, en sus primeras dos etapas, de pruebas y alegatos, que concluyó con la sentencia definitiva en la que se resolvió lo siguiente:
"PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado de las autoridades responsables, precisadas en el considerando tercero, fracción I; por los motivos allí expuestos.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a **********, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando tercero, fracción II, por los motivos expuestos en el diverso octavo de este fallo."
18. Recurso de revisión. Inconforme con esa sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión del que conoció por cuestión de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente lo admitió a trámite y le asignó el expediente ********** de su índice.
19. Recurso de revisión adhesiva. Lo interpuso **********, Directora de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en su calidad de tercera interesada. Este medio de impugnación fue admitido a trámite por el Tribunal Colegiado del conocimiento mediante auto de veintidós de septiembre siguiente.
20. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. Por escrito presentado ante este Alto Tribunal el veinte de febrero de dos mil veintitrés,(3) el quejoso (por conducto de su autorizado en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo) solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
21. En sesión previa de doce de abril de dos mil veintitrés, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ante la falta de legitimación del quejoso, decidió hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción para conocer del amparo en revisión ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Por ende, por auto de trece de abril de dos mil veintitrés, el entonces Ministro Presidente de esta Primera Sala acordó solicitar al Tribunal Colegiado del conocimiento remitir los autos del amparo en revisión referido.
22. Más adelante, en sesión pública de catorce de junio de dos mil veintitrés, esta Primera Sala resolvió ejercer su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión referido.(4)
23. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tres de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta Suprema Corte se avocaría al conocimiento del recurso de revisión, ordenó el registro del asunto como amparo en revisión 611/2023; su turno al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la radicación en esta Primera Sala.
24. Avocamiento. En proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el entonces Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó avocarse al conocimiento del recurso, y lo envió a la Ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
25. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este amparo en revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, esto de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(5) en concordancia con lo dispuesto en los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, porque se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada en un amparo indirecto que, a juicio de esta Primera Sala, requiere la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, lo que condujo a que ejerciera su facultad de atracción. Además, por las particularidades del asunto, no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
26. Recurso de revisión principal. La sentencia del Juzgado de Distrito fue notificada al recurrente el dieciocho de julio de dos mil veintidós, dicha notificación surtió efectos el martes diecinueve del mes y año en cita; descontándose los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio por ser sábados y domingos, por tanto, inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
27. De lo anterior se deriva que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del veinte de julio al dos de agosto de dos mil veintidós, de manera que si el escrito de revisión se presentó el uno de agosto de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, esta Primera Sala concluye que su presentación fue oportuna.
28. Recurso de revisión adhesiva. La interposición del recurso de revisión fue notificada a la autoridad recurrente el uno de septiembre de dos mil veintidós, dicha notificación surtió efectos el día dos del mismo mes y año.
29. De lo anterior se deriva que el plazo para interponer el recurso de revisión adhesiva transcurrió del cinco al nueve de septiembre de dos mil veintidós, descontándose los días tres y cuatro de septiembre de la citada anualidad por ser sábados y domingos, por tanto, inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
30. Por lo tanto, si el escrito de revisión adhesiva se presentó el nueve de septiembre de dos mil veintidós ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, esta Primera Sala concluye que su presentación fue oportuna.
III. PROCEDENCIA
31. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso de revisión es procedente porque se interpone en contra de una sentencia emitida por un Juzgado de Distrito en un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó una orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, con fundamento en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en función de Juez de Control. 32. En la resolución emitida por esta Primera Sala en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 109/2023, se sostuvo que para la solución del tema aludido se requiere de la fijación de un criterio de interés y trascendencia para el orden jurídico nacional, con la finalidad de cuestionar y analizar la naturaleza jurídica de las órdenes de aprehensión a la luz del sistema penal acusatorio y oral vigente.
33. En consecuencia, se surten los extremos de los artículos 107, fracción VIII, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con lo dispuesto en los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
34. En primer término, esta Primera Sala destaca que el Juzgado de amparo al fijar la litis, destacó que el quejoso atribuyó el acto reclamado a las autoridades siguientes: Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en función de Juez de Control en su calidad de ordenadora; Fiscal General de la República; Titular de la Policía Federal Ministerial; Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol; Director General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos, y Director General de Mandamientos Ministeriales, con el carácter de ejecutoras.
35. No obstante, el Juzgado advirtió que, salvo la primera de las autoridades señaladas como responsables,(6) el resto de ellas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, sin que el quejoso hubiere aportado algún elemento tendente a desvirtuar esa negativa. Por ende, sobre tales autoridades se sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.
36. Aunado a ello, no se advierte la actualización de causa de improcedencia alguna que hubiere sido invocada por la autoridad señalada como responsable, o identificada oficiosamente, que haga improcedente el juicio de amparo. Por tanto, lo conducente es continuar el estudio de fondo del recurso en que se actúa, con fundamento en el artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo.
V. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER
37. Con la finalidad de abordar el fondo del recurso de revisión, esta Primera Sala considera oportuno reseñar en forma sucinta los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo indirecto, las consideraciones sustentadas por el Juzgado de Distrito en el estudio de fondo, así como los argumentos propuestos por el recurrente para su impugnación.
38. Conceptos de violación. En la demanda de amparo el quejoso hizo valer, en síntesis, lo siguiente:
a. En primer lugar, señaló que la orden u órdenes de aprehensión libradas en su contra no reúnen las condiciones mínimas exigidas por el artículo 16, párrafo tercero constitucional. Indicó que de la lectura del artículo se desprende que, para el libramiento de órdenes de aprehensión, se obliga a los tribunales judiciales a que existan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
b. Bajo ese orden, el quejoso sostuvo que no podía librarse en su contra orden de aprehensión alguna, porque es una persona de reconocida solvencia moral que jamás ha participado en la comisión de algún hecho ilícito.
39. Ampliación de la demanda de amparo indirecto. En el escrito respectivo, sostuvo los conceptos de violación que se resumen a continuación.
a. Después de haber tenido conocimiento del informe justificado rendido por las autoridades responsables, en primer término, el quejoso precisó que el acto reclamado consistía en la orden de aprehensión de once de septiembre de dos mil veinte, librada por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, en el Reclusorio Norte.
b. El quejoso expuso el método que deben adoptar los órganos jurisdiccionales para conocer de los conceptos de violación en una demanda de amparo (en particular, privilegiando las cuestiones de fondo sobre las procesales –artículo 17º constitucional– con fundamento en el principio pro persona y en el derecho fundamental a un recurso judicial efectivo).
c. Primero. El quejoso argumentó que la orden de aprehensión reclamada vulnera en su perjuicio el párrafo tercero del artículo 16 constitucional, porque se libró con base en hechos que no constituyen un delito (específicamente, el de defraudación fiscal equiparada, tipificado en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación).(7)
d. A su juicio, el hecho de recibir más depósitos en cuentas bancarias, o tener más erogaciones en tarjetas de crédito, que los ingresos acumulables declarados en la declaración anual del Ejercicio Fiscal de 2015, no es constitutivo del delito de defraudación fiscal equiparada.
e. El quejoso argumenta que cuando se tienen depósitos en cuentas bancarias o erogaciones, en ambos casos, mayores a los ingresos acumulables declarados en una declaración anual del Impuesto sobre la Renta, para que tales ingresos puedan ser considerados como "acumulables" y, por tanto, configurarse el delito de defraudación fiscal equiparada, en primer lugar debe realizarse el procedimiento de discrepancia fiscal referido en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y previsto en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.(8)
f. En ese tenor, consideró que el acto reclamado es inconstitucional, porque el Juzgado responsable libró una orden de aprehensión en su contra sin que la autoridad tributaria hubiera demostrado la discrepancia entre sus erogaciones y los ingresos declarados en el Ejercicio Fiscal referido.
g. Segundo. Sostuvo que, a pesar de que los datos de prueba ofrecidos por el agente del Ministerio Público de la Federación no acreditan el hecho delictivo que se le imputa, el juez de control libró en su contra la orden de aprehensión. En esa línea de ideas, argumentó que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal y el artículo 143, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales,(9) para librar un mandato de captura, además de estar satisfecho el requisito de procedibilidad –cuestión que, a su juicio, en la especie no aconteció–, debe acreditarse la existencia de un hecho que tenga apariencia de delito; cuestión, esta última, que considera tampoco se actualizó.
h. Ello, porque adujo haber presentado una declaración complementaria, con fundamento en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y sus Anexos 1 y 19, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Por ende, señaló que, con fundamento en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, realizó un pago espontáneo de contribuciones en el año 2020 sobre el Ejercicio Fiscal de 2015, el cual constituyó una declaración complementaria (definitiva).
i. Agregó que, para llegar a esa conclusión, no constituye un obstáculo el criterio de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA. SU PRESENTACIÓN NO EXIME LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA CORRESPONDIENTE DERIVADA DE UNA DECLARACIÓN ANTERIOR EN LA QUE SE EFECTUÓ UNA COMPENSACIÓN Y SE OMITIÓ DAR EL AVISO RESPECTIVO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN".,(10) puesto que los supuestos jurídicos y fácticos que dieron origen a ese criterio y los que se presentan en su causa son diferentes.
j. Tercero. El quejoso adujo que el acto reclamado es inconstitucional, toda vez que el Director General de Delitos Fiscales, adscrito a la Procuraduría Fiscal de la Federación, no cuenta con facultades para formular la querella en su contra. Al respecto, indica que es facultad exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su titular, del Procurador Fiscal, del Subprocurador Fiscal de Investigaciones y del Director General de Delitos Fiscales, formular las querellas, en relación con los hechos con apariencia del delito de defraudación fiscal equiparada. En ese sentido, estimó que la querella presentada en su contra no fue ordinaria, porque fue la Fiscalía General de la República quien dio noticia de un hecho con apariencia de delito fiscal a la Procuraduría Fiscal para que esta, a su vez, se manifestara al respecto.
k. En ese contexto, adujo que la Fiscalía General pasó por alto que, para la procedibilidad de la querella, se encontraba obligada a verificar con el Servicio de Administración Tributaria que el impuesto omitido no había sido cubierto. Asimismo, agregó que, de acuerdo con el párrafo último del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación,(11) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede formular querella si, antes de que la autoridad descubra la omisión o perjuicio, o medie algún requerimiento, el sujeto activo paga de forma espontánea el monto de la contribución omitida, con sus recargos.
l. En adición a ello, sostuvo que el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exige que, de forma previa a la formulación de la querella, la Procuraduría Fiscal debe consultar al Servicio de Administración Tributaria si los impuestos omitidos ya fueron cubiertos; exigencia que, dijo, encuentra su fundamento en el artículo 82, fracción II, de ese cuerpo normativo,(12) que dispone que a la Dirección General de Delitos Fiscales, adscrita a la Secretaría referida, además de formular querellas, también le corresponde abstenerse de hacerlo. Lo cual co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33427-4547de5b/medios-de-conduccion-al-proceso-previstos-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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