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Modo: Corpus Pro

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LAS DECRETÓ DE APLICARLAS DE FORMA EFECTIVA, ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 258 DEL MISMO ORDENAMIENTO, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 36/2021. · Registro digital (IUS): 29942
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-07-09
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Pág. 2390.

AMPARO EN REVISIÓN 36/2021. 25 DE MARZO DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO. PONENTE: OMAR LIÉVANOS RUIZ. SECRETARIO: EDGAR CONEJO HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

9. SEXTO.—Estudio. Los agravios propuestos por la recurrente, identificados bajo los incisos a), c) y d), son inoperantes; el contenido en el inciso b) es fundado pero inoperante y el restante se califica de infundado. Conclusión que se justificará en esta resolución.

10. Además, este órgano colegiado no advierte motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo,(17) aun cuando a la recurrente le resulta la calidad de inculpada dentro de la carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado materia de análisis.

11. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Tomo I, julio de 2017, página 263 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas», con número de registro digital: 2014703, de título, subtítulo y texto siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna."

12. Las razones centrales sobre las que descansa la sentencia de amparo, en el aspecto que se analiza, son las siguientes:

- Se partió de la afirmación de la quejosa en torno a que, a pesar de haberse decretado medidas de protección a su favor, éstas no fueron aplicadas.

- La autoridad responsable, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, el ocho de mayo de dos mil veinte amplió el término de las medidas de protección por sesenta días naturales, de acuerdo con el artículo 137, fracciones V, VI y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales.(18) Considerando el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos aportados por la solicitante.

- Para hacerlas efectivas, la responsable giró oficio a la comisionada municipal de Seguridad Ciudadana en Morelia, Michoacán, para que comisionara elementos a su cargo.

- Existe oficio del director de Asuntos Jurídicos de veintitrés de abril de dos mil veinte, donde decretó el levantamiento de las medidas de protección decretadas en favor de la quejosa.

- Del análisis de esas y otras documentales, arribó a la convicción de que no se materializaron efectivamente las medidas de protección decretadas desde el ocho de mayo de dos mil veinte.

- No inadvirtió que, con motivo de la sentencia interlocutoria pronunciada al resolver el incidente de violación a la suspensión de plano, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se reiteraron las medidas de protección –lo que así informaron las autoridades responsables–; no obstante, esas actuaciones fueron en cumplimiento a la interlocutoria referida, por lo que pudo advertir la omisión de las autoridades responsables en aplicar de manera efectiva las medidas de protección decretadas en favor de la quejosa desde el ocho de mayo de dos mil veinte.

13. Expuesto lo anterior, en respuesta al disenso identificado bajo el inciso a), donde la recurrente alega violación a derechos fundamentales tutelados en diversos artículos de la Carta Magna, se califica como inoperante.

14. Es así, porque el recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual puedan analizarse este tipo de violaciones, sino que se erige como un procedimiento de segunda instancia que tiende, exclusivamente, a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, sin el efecto de ejercer un control constitucional sobre otro de la misma naturaleza.

15. Tratándose del juicio de amparo, como instrumento de tutela constitucional de naturaleza jurisdiccional, que puede promover un particular al considerar vulnerada su esfera de derechos fundamentales, se rige conforme a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, así como en lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria. Por lo que no es jurídicamente admisible atribuir al Juez de Distrito, como garante de derechos fundamentales, transgresión de tal especie de derechos, ni de sus "garantías", amén de que, por la naturaleza del recurso de revisión, sólo se examina la legalidad de lo resuelto en primera instancia de amparo.

16. Admitir lo contrario, implicaría tratar extralógicamente al juzgador de amparo como autoridad responsable, así como otorgar a la revisión atribuciones de metacontrol concentrado de constitucionalidad. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P./J. 2/97, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, página 5, con número de registro digital: 199492, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."

17. En otro aspecto, en los agravios contenidos en los incisos c) y d), se afirma que las pruebas para decretar las medidas de protección no son idóneas, no existe un análisis de riesgo y la resolución que las decretó no está debidamente fundada y motivada; argumentos inoperantes.

18. La inoperancia de los agravios en el recurso de revisión, en una de sus aristas, estriba en la imposibilidad material para analizar una cuestión planteada por el recurrente ante el órgano de segunda instancia, por introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio constitucional.

19. En el caso, el recurrente pretende que se analicen la suficiencia probatoria y la legalidad de la determinación del agente del Ministerio Público responsable por la que se decretaron las medidas de protección; sin embargo, debe decirse que ese tema no formó parte de la litis de amparo. Se explica.

20. La demanda de derechos fundamentales que motivó el dictado de la sentencia concesoria de amparo que ahora se revisa, tuvo como premisa el reclamo (omisión) hacia las autoridades responsables en materializar efectivamente las medidas de protección decretadas por la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación, por determinado periodo, en el contexto de la integración de una carpeta de investigación.

21. En sustento a los informes justificados, las autoridades responsables remitieron las constancias mediante las cuales pretendieron justificar la inexistencia de la omisión señalada. Acto reclamado que, al tenor del artículo 75 de la Ley de Amparo, fue apreciado por la autoridad de amparo tal como aparece probado ante la responsable.(19)

22. En esa medida, si de las propias constancias que aportó la autoridad responsable, se advierte que el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve(20) se decretaron medidas de protección en beneficio de la quejosa, cuya vigencia fue prorrogada, según el informe de cuatro de mayo de dos mil veinte, rendido al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, se justifica la existencia del derecho que la parte quejosa estima vulnerado.

23. Ahora, es evidente que en tales documentales se apoyó el juzgador federal para justificar la existencia del acto reclamado y del correlativo derecho de su titular para exigir su restablecimiento. No obstante, el análisis de esas constancias no puede llegar al extremo de sujetar a control constitucional las razones por las que la autoridad ministerial ordenó las medidas de protección, pues ello no formó parte de la litis de amparo, donde la materia se limita a verificar la omisión que se atribuyó a las responsables.

24. Incluso, uno de los efectos de la sentencia concesoria de amparo fue para que la agente del Ministerio Público responsable: "evalúe prorrogar dichas medidas con base en el material y actuaciones que tenga a su disposición y le presenten las partes, debiendo en tal supuesto proceder a vigilarla en los términos inicialmente apuntados", lo que implica que la propia responsable tiene la obligación de analizar la procedencia de la prórroga (o la finalización) de las medidas.

25. Acceder a la pretensión del recurrente, planteada vía agravio, sería tanto como sujetar a control constitucional un acto de autoridad que no fue reclamado por la parte quejosa –la legalidad del proveído que decretó las medidas de protección en su favor–; además, se puede afirmar que tal pretensión debe hacerse valer ante las autoridades del fuero común, esto es, si está justificada o no la medida de protección y si es o no procedente su prórroga.

26. Regresando a la integración de la litis constitucional, nuestro Máximo Tribunal consideró que el Juez de Distrito, al pronunciar la sentencia de amparo, está obligado a examinar la justificación de los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado (omisión de brindar la medida de protección) y con los aducidos en el informe con justificación (aspectos que la conforman).(21)

27. Máxime que existe constancia en el cuaderno de pruebas de que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, requirió a la agente del Ministerio Público para que informara cuestiones inherentes a las medidas decretadas. Finalmente, si la parte recurrente estima innecesarias las medidas de protección, está en aptitud de acudir ante el Juez de Control, según prevé el artículo 139, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para elevar su solicitud y se dejen sin efectos.(22) Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia de contenido y rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado."(23)

28. En el agravio reseñado bajo el inciso b), la recurrente afirma que hizo valer una causal de improcedencia y se vulneró el principio de exhaustividad al dictar la sentencia de amparo, argumento que es fundado pero inoperante.

29. Como acertadamente lo refiere el inconforme, la sentencia que se revisa adolece de falta de exhaustividad, principio que, en conjunto con el de congruencia, debe ser observado en toda sentencia de amparo.

30. Ambos principios están referidos a que las sentencias de amparo sean congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Lo que obliga al juzgador a pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las partes.

31. Además, es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien los alegatos no forman parte de la litis de amparo, sí es necesario pronunciarse sobre su contenido cuando se planteen cuestiones de improcedencia:

"ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto."(24)

32. Entonces, como lo afirma la recurrente, al comparecer dentro del juicio de amparo indirecto, además de realizar las manifestaciones que consideró pertinentes en "contestación a los conceptos de violación", también planteó la actualización de una causa de improcedencia:

"Primeramente debe decirse que el juicio de amparo interpuesto por el quejoso (sic) deberá declararse improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los artículos (sic) 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la quejosa supuestamente se adolece (sic) la aplicación de las medidas de protección."(25)

33. Planteamiento de la tercero interesada que no atendió a cabalidad el juzgador de amparo, pues si bien al momento de la celebración de la audiencia constitucional hizo constar la expresión de alegatos, en la resolución de amparo no se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia alegada. De ahí lo fundado del disenso.

34. No obstante, aun advertida la violación formal en el dictado de la sentencia de amparo, la misma resulta intrascendente para los intereses de la tercero interesada. Se explica.

35. La causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo(26) tiene su origen en uno de los principios rectores del juicio de derechos fundamentales: la existencia de agravio personal y directo.

36. La ahora recurrente sostiene que el acto reclamado no afecta los intereses de la peticionaria de amparo, en términos del artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(27) Aseveración que no se comparte.

37. Para sustentar lo anunciado, se parte de las siguientes premisas fácticas:

i) Existe una carpeta de investigación por el hecho con apariencia de delito de lesiones, donde a la quejosa le resulta la calidad de víctima.

ii) Dentro de esa carpeta de investigación, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de la Fiscalía Regional Morelia, en ejercicio de sus atribuciones legales, decretó medidas de protección a favor de la peticionaria de amparo.

iii) Medidas de protección que se ampliaron en diferentes momentos por la agente del Ministerio Público responsable, según constancias aportadas al juicio constitucional.

iv) La ejecución de las medidas de protección corresponde a la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, por ser la autoridad a la que así lo solicitó la ordenadora.

38. Sobre esas circunstancias, al estar justificado en autos la existencia de un derecho en favor de la peticionaria de amparo –las medidas de protección decretadas en su beneficio–, y la necesidad de que sean materializadas por los elementos policiacos a cargo de la autoridad ejecutora, es claro que el alegado incumplimiento, ya sea de una u otra autoridad –por acción u omisión–, la faculta para acudir a solicitar la protección federal y que sean resarcidos los derechos fundamentales eventualmente violentados. Tiene aplicación al caso particular la jurisprudencia por reiteración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y contenido siguientes:

"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ‘teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo’, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente."(28)

39. Así, contrario a lo que sostiene el recurrente, no se actualiza la causal de improcedencia que invocó al comparecer al juicio de amparo, según las razones que se anotaron. Por eso, aunque fundado, el agravio resulta inoperante.

40. Lo anotado permite afirmar que la sentencia pronunciada por el Juez Cuarto de Distrito, residente en esta ciudad, se apegó a la legalidad, pues quedó justificado que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, no proveyeron lo necesario para materializar las medidas de protección que se decretaron en beneficio de la quejosa.

41. En efecto, como acertadamente lo relató el juzgador de amparo, las responsables negaron la existencia del acto reclamado, consistente en "la omisión de aplicar de manera efectiva las medidas de protección establecidas por el agente del Ministerio Público a cargo de la denuncia con número único de caso **********"; sin embargo, esa negativa quedó desvirtuada con las documentales que se aportaron en sustento a los informes justificados.

42. Cabe señalar, para estar en aptitud de precisar la certeza de los actos reclamamos, por tratarse de actos que revisten la naturaleza de omisivos que, en principio, debe acudirse a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad para determinar si existe la obligación de actuar según lo indicado por la quejosa. Ejercicio que realizó el juzgador de amparo.

43. Para ello estableció que, de conformidad con los artículos 19, primer párrafo y 21 constitucionales, el Ministerio Público tiene encomendadas dos funciones primordiales:

Perseguir los delitos (investigar, indagar sobre su posible comisión y practicar las diligencias correspondientes).

Ejercer la acción penal cuando hay elementos suficientes.

44. También precisó que la carpeta de investigación es la fase procedimental durante la cual el Ministerio Público realiza todas las diligencias necesarias para cumplir las funciones arriba enunciadas, las cuales guardan correspondencia con lo plasmado en los artículos 109, fracción XVI y 131, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales.(29)

45. Ahora, en términos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público tiene la facultad, bajo su más estricta responsabilidad, de ordenar la aplicación de medidas de protección cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.

46. Así, el juzgador de amparo constató que la Ministerio Público responsable, con motivo de la solicitud de la quejosa, amplió la vigencia de las medidas de protección ya decretadas, por el término de sesenta días. Esto es, previo al reclamo de la peticionaria de amparo existía la obligación correlativa de la autoridad responsable en desplegar un "hacer", consistente en materializar de manera efectiva las medidas de protección autorizadas.

47. Un segundo momento del ejercicio argumentativo que realizó el juzgador de amparo, consistió en constatar, de conformidad con las constancias que las autoridades responsables acompañaron en sustento a sus informes justificados, si la obligación de hacer se satisfizo cabalmente.(30)

48. Para hacerlo advirtió la existencia de comunicados girados por la agente del Ministerio Público responsable, dirigidos a la comisionada municipal de Seguridad Ciudadana Morelia, donde se le informó sobre la ampliación de las medidas de protección, en qué consistían y se le requirió para que informara las acciones verificadas día a día para su cumplimiento.

49. Aunado, se constató la existencia del informe de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, rendido por el director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana,(31) donde expuso, entre otras cuestiones, haber girado instrucciones para que se brindara la medida de seguridad, "...asimismo, se informa que en el tiempo que se brindó seguridad no se presentado (sic) ninguna situación que ponga en riesgo la integridad de la misma...". En el mismo informe señaló que a partir de esa fecha se levantaba la medida de protección, bajo el argumento de que concluyó el periodo por el que se decretó y que la medida no reunía los extremos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

50. De tales constancias pudo concluir que no se hicieron efectivas las medidas de protección decretadas y ampliadas en favor de la quejosa el ocho de mayo de dos mil veinte (recordemos que la demanda de amparo se promovió el veinticinco de mayo de ese año). Lo que se estima ajustado a derecho, pues si bien existen gestiones que realizó la agente del Ministerio Público donde solicitó a la comisionada municipal de Seguridad Pública la materialización de las medidas de protección, lo cierto es que no existe constancia que se hayan brindado durante el periodo solicitado en los términos que se decretaron.

51. De igual forma, el juzgador de amparo apreció la existencia del informe de veinticinco de septiembre del año pasado, suscrito por el director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana,(32) donde se describe la instrucción girada al comisario general de la Policía Municipal, para la reanudación en forma inmediata de las medidas de protección decretadas.

52. Sin embargo, con acierto, destacó que el actuar de la responsable tuvo su origen en la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de violación a la suspensión de plano, donde se ordenó dar cumplimiento a esa determinación. En conclusión, el Juez de Distrito advirtió de manera correcta que las autoridades responsables fueron omisas en aplicar y materializar a cabalidad las medidas de protección a favor de la quejosa.

53. No escapa a la apreciación de quienes resuelven, que las medidas de protección se decretaron el ocho de mayo de dos mil veinte, por un periodo de sesenta días naturales, plazo que a la fecha ya transcurrió; sin embargo, lo relevante y que se califica al resolver el juicio de amparo, es el actuar omisivo de las autoridades responsables en la obligación que en su momento adquirieron.

54. De igual forma, se tiene presente que uno de los efectos de la sentencia de amparo es, precisamente, que se evalúe por parte de la responsable prorrogar las medidas, por lo que realizar un pronunciamiento en torno a si excedió el plazo por el que se decretaron o no, rebasaría los alcances de este recurso.

55. En relación con la duración de la medida de protección, también se tiene presente que el director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana dirigió ocurso al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, donde pidió que se le informara el término por el cual se debían implementar las medidas de protección (fechas de inicio y término), juzgador de amparo que, indicó, era a la autoridad ministerial a quien se debía solicitar esa información.

56. Determinación que se comparte, y es congruente con uno de los efectos de la sentencia de amparo, pues es la autoridad responsable quien deberá evaluar la necesidad de prorrogar o no la vigencia de la medida.

57. Por lo que ve a este aspecto, es pertinente hacer una precisión considerando que la quejosa reclamó ante el juzgador de amparo la omisión de brindar de manera eficaz las medidas de protección decretadas por la autoridad ministerial en el contexto de la integración de una carpeta de investigación.

58. Las medidas de protección decretadas por el agente del Ministerio Público participan, lato sensu, de las características de las medidas precautorias, al tratarse de determinaciones temporales, cuya finalidad específica es la salvaguarda de la integridad de la víctima u ofendido del hecho delictuoso investigado, cuando el imputado represente un riesgo inminente.

59. Lo así resuelto guarda armonía con los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, incluso, en casos emblemáticos para el Estado Mexicano y sólo por citar un ejemplo, en el identificado como "Campo Algodonero", decretó medidas provisionales de naturaleza "tutelar" en favor de una mujer, pues "éstas se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas"(33); facultad, a su vez, prevista en el artículo 63, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(34)

60. Regresando al punto, las medidas de protección decretadas por el agente del Ministerio Público responsable tienen naturaleza distinta a la función investigadora.

61. Se menciona lo anterior, dada la existencia de un recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales(35) para sujetar a control –de forma previa a acudir al juicio de amparo–, las determinaciones de la autoridad ministerial sobre la abstención de investigar. Además, los alcances de dicho recurso fueron precisados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de títulos y subtítulos: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL AR

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29942-5dd217f0/medidas-de-proteccion-en-favor-de-victimas-u · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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