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RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INTERPUESTO PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 368/2015. · Registro digital (IUS): 26478
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-08-12
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Pág. 2699.

AMPARO DIRECTO 368/2015. 3 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS. ENCARGADO DEL ENGROSE: JESÚS R. SANDOVAL PINZÓN. SECRETARIO: PEDRO GERARDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ DEL CASTILLO.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Los conceptos de violación son ineficaces, de acuerdo con las consideraciones siguientes:

En principio, se analizará la parte conducente del primer concepto de violación, en el cual la quejosa cuestiona la constitucionalidad del artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en tanto que, en esencia, aduce que dicho numeral inobserva los artículos 1o. y 133 constitucionales, así como 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer que el recurso de reclamación procede en contra de las resoluciones del Magistrado instructor, sin hacer mención a su procedencia en contra de las resoluciones del pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; negando, con ello, el acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que es lo mismo a un recurso ordinario.

Además, manifiesta que el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo impone límites a la obligación del Juez de garantizar el respeto a los derechos humanos de las partes en el proceso, lo cual es injustificable. Lo anterior, pues aduce que el juzgador debe salvaguardar los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a los recursos efectivos; razón por la cual, puede acudir a la totalidad de los recursos previstos en el orden normativo para ese efecto.

Previo al estudio de tal alegación, cabe señalar que es procedente la impugnación que realizan los quejosos, al advertirse que sí existe aplicación del precepto tildado de inconstitucional, lo que se corrobora de la resolución reclamada, en tanto que la Sala responsable determinó, con base, entre otros, en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, desechar el recurso de reclamación intentado por los actores, dado que la resolución que pretendía recurrirse no fue emitida por el Magistrado instructor del juicio, sino por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Regional del Noreste de ese tribunal.

Expuesto lo anterior, se estima que el motivo de disenso en estudio es infundado.

A fin de dilucidar la problemática en cuestión, resulta conveniente precisar el contenido de los artículos 1o. y 17 constitucionales; 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve que, en lo que interesan, son del tenor literal siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

Convención Americana sobre Derechos Humanos

"Artículo 8. Garantías judiciales

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

"Artículo 25. Protección judicial

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"2. Los Estados Partes se comprometen:

"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." (lo subrayado es nuestro)

El artículo 17, interpretado de manera sistemática con el numeral 1o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra, a su vez, por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.

En este contexto, el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo definió como la posibilidad o prerrogativa a favor de los gobernados, de promover la actividad jurisdiccional y ser parte dentro de un proceso en que, una vez satisfechos los requisitos procesales previstos por el legislador ordinario, permita obtener una decisión en la que se resuelva de manera efectiva sobre las pretensiones deducidas.

Lo antes expuesto encuentra apoyo en el criterio jurisprudencial 2a./J. 192/2007, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, de rubro y texto siguientes:

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.-La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." (lo destacado es de este órgano colegiado)

Así como en la jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, del tenor literal siguiente:

"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.-De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." (lo destacado es por este tribunal)

Este derecho fundamental, previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado, a su vez, por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra también en el derecho internacional, y consiste en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas, respectivamente, en los artículos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente:

1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales.

3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga.

4. El desarrollo de las posibilidades del recurso judicial.

5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Ciertamente, el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla.

Bajo tales premisas, se determinará si el artículo reclamado transgrede en perjuicio de los impetrantes, el derecho fundamental previsto en los preceptos examinados y, para lograrlo, conviene tener presente su contenido, que es el siguiente:

"Artículo 59. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de que se trate."

De la interpretación literal del texto legal transcrito se desprende que el recurso de reclamación previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede en contra de las resoluciones que dicte el Magistrado encargado de la instrucción del juicio de nulidad, que:

- Admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba;

- Decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de la instrucción; y,

- Admitan o rechacen la intervención del tercero.

De lo anterior se colige que el aludido recurso de reclamación será procedente cuando concurran los requisitos establecidos para tal efecto en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; esto es, que la resolución recurrida sea emitida por el Magistrado instructor de la Sala y que, además, se trate de los supuestos ahí contenidos. Por tanto, ante la ausencia de alguno de tales requisitos, el medio de impugnación será improcedente.

Pues bien, contrario a lo afirmado por los quejosos, el hecho de que en el referido numeral se establezca que el recurso de reclamación únicamente procede en contra de las actuaciones que ahí se enlistan, siempre y cuando hayan sido emitidas por el Magistrado instructor del juicio, sin que dicho medio de defensa proceda en contra de las determinaciones emitidas por la totalidad de los Magistrados que integran una Sala Regional, verbigracia, de aquella en la que éstos decreten el sobreseimiento del juicio de nulidad antes del cierre de la instrucción, no transgrede el derecho fundamental de acceso a la justicia ni a un recurso judicial efectivo.

Determinación la anterior, toda vez que la circunstancia de que no proceda el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en contra de las resoluciones del Pleno de las Salas Fiscales que concluyan el juicio sin resolverlo en lo principal, ni esté previsto en el propio ordenamiento un medio de defensa ordinario para controvertir ese tipo de resoluciones, no supone la falta de defensa de los impetrantes, porque existe el juicio de amparo directo contenido en la Carta Magna, que permite al particular impugnarlas, el cual, como se explicará más adelante al abordar un diverso concepto de violación, sí constituye un medio de defensa efectivo.

En efecto, de la Norma Fundamental se desprende que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para los particulares que se sientan vulnerados en sus garantías y derechos fundamentales consagrados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y procede ante los Tribunales Colegiados de Circuito que corresponda, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio (como en la especie), dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de derechos fundamentales y de sus garantías, cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

En atención a lo antes precisado, es evidente que el juicio de amparo es el medio de defensa que permite al gobernado la impugnación de las resoluciones definitivas o que pongan fin al juicio, dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso administrativo; por tanto, con dicho medio extraordinario se logra la tutela judicial efectiva prevista como derecho fundamental en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Respecto de lo anterior, sirve de apoyo la tesis III.4o.(III Región)11 A (10a.), que se comparte, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en la página 4322 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, de rubro y texto siguientes:

"CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. NO SE TRANSGREDE SU ARTÍCULO 25 POR EL HECHO DE QUE NO PROCEDA EL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PLENO DE LAS SALAS FISCALES QUE DEN POR CONCLUIDO EL JUICIO CONTENCIOSO SIN RESOLVERLO EN LO PRINCIPAL, NI ESTÉ PREVISTO EN EL PROPIO ORDENAMIENTO UN MEDIO DE DEFENSA PARA CONTROVERTIRLAS. Del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), se advierte la necesidad del gobernado de contar con los medios de impugnación necesarios contra los actos que estime violatorios de sus garantías y de un proceso judicial en el que se sigan las formalidades debidas, para garantizar el principio de tutela judicial efectiva. En estas condiciones, las leyes que prevén recursos deben ser claras al establecer los casos y condiciones en que éstos operan. Por tanto, dicho precepto no se transgrede por el hecho de que no proceda el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contra las resoluciones del Pleno de las Salas Fiscales que den por concluido el juicio contencioso sin resolverlo en lo principal, ni esté previsto en el propio ordenamiento un medio de defensa para controvertirlas, porque existe el juicio de amparo directo que permite al particular impugnarlas."

De igual forma es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia VI.3o.A. J/76, que se comparte, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 980 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, que a la letra dice:

"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL HECHO DE QUE LA LEY QUE LO RIGE NO PREVEA UN RECURSO ORDINARIO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES QUE EMITA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS NI LOS PRECEPTOS 1, PUNTO 1 Y 2 DE DICHO INSTRUMENTO, YA QUE PARA ELLO EL PARTICULAR CUENTA CON EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO Y EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL ADHESIVA.-De la tesis 2a. VIII/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 467, de rubro: ‘CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA.’ y de la ejecutoria de la que derivó, se advierte que con el juicio de garantías -medio extraordinario- se logra la tutela judicial efectiva prevista como derecho fundamental por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no siempre debe existir un medio ordinario de defensa para que el gobernado controvierta el acto estatal, ya que la necesidad de establecerlo depende de la naturaleza de la relación jurídica que surja y del contexto constitucional en que se actualice, lo cual es acorde con los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y 25 de la citada convención. En estas condiciones, el hecho de que la ley que rige el juicio contencioso administrativo federal no cuente con un recurso ordinario para impugnar las resoluciones que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no transgrede el señalado derecho, ya que para ello el particular cuenta con el juicio de amparo directo, previsto en los artículos 103 y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 158 a 191 de la Ley de Amparo, así como con el recurso de revisión fiscal adhesiva, en términos del artículo 63, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Luego, si en la legislación mexicana se encuentran previstos los mencionados medios de defensa para impugnar los fallos emitidos en la instancia contencioso administrativa, tampoco se infringen los preceptos 1, punto 1 y 2 de la aludida convención, ya que el Estado Mexicano cumple así con la responsabilidad de suministrar recursos judiciales efectivos y, consecuentemente, con la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la indicada convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción."

De ahí que los motivos de disenso en estudio resultan infundados, ya que, contrario a lo sostenido por los quejosos, el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en lo que se analiza en la especie, no transgrede el derecho fundamental de acceso a la justicia, ni a un recurso judicial efectivo pues, incluso, como más adelante se abordará, el juicio de amparo sí constituye un medio de defensa eficaz, en la medida en que a través de éste puede analizarse si existe o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar la reparación respectiva; además de que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo.

En otro orden de ideas, resulta inoperante la porción del primer motivo de disenso, en cuanto a que los quejosos refieren que el numeral 60 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el Magistrado instructor no podrá excusarse en la resolución del recurso de reclamación interpuesto en contra de las resoluciones emitidas por dicho Magistrado, en los que se sobresea antes de la instrucción; por lo cual, de conformidad con el derecho fundamental de igualdad, no existe ningún impedimento legal para que el recurso de reclamación proceda en contra de la resolución del Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La calificativa de mérito, en virtud de que con tales argumentos, medularmente se pretende cuestionar la constitucionalidad del artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, partiendo de lo establecido en el diverso numeral 60 de la citada ley; sin embargo, la inconstitucionalidad de una disposición normativa no puede, desde ningún ángulo, y como en la especie acontece, hacerse depender de las contradicciones o falta de congruencia que surjan con otra también de índole secundario.

En otras palabras, el planteamiento de inconstitucionalidad correlativo debió proponerse en función de la transgresión directa a los preceptos contenidos en la Ley Suprema de los Estados Unidos Mexicanos, lo que, al menos por cuanto a lo que ahora se analiza, no aconteció.

Lo anterior, pues si bien la quejosa alude al derecho de igualdad, lo cierto es que ello lo hace depender de lo establecido en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues con base en éste es que estima que no existe impedimento legal para que el recurso de reclamación proceda en contra de las determinaciones del Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De ahí que el concepto de violación en estudio resulta inoperante, al existir un impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento que contiene, ya que no reúne uno de los requisitos fundamentales para analizar los argumentos con los cuales se intenta impugnar la constitucionalidad del artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que el motivo de disenso expuesto por los quejosos no tiende a confrontar dicho numeral con algún precepto constitucional.

Apoya a la determinación anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de rubro y texto siguientes:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.-Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." (Novena Época. Registro digital: 166031. Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 424.)

De igual forma, resultan aplicables las jurisprudencias del Máximo Tribunal del País, del tenor siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER.-La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquéll

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26478-a9a4e982/resolucion-que-desecha-el-recurso-de-reclamacion-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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