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Modo: Corpus Pro

SENTENCIA. SUS RESOLUTIVOS SON LOS QUE PUEDEN CAUSAR PERJUICIO Y NO SUS CONSIDERANDOS, POR LO QUE AL EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE UNOS Y OTROS, POR REGLA GENERAL, EL JUICIO DE AMPARO RELATIVO ES IMPROCEDENTE CUANDO LOS PRIMEROS SON FAVORABLES AL QUEJOSO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 561/2009. · Registro digital (IUS): 23255
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, Pág. 3710.

AMPARO DIRECTO 561/2009. **********. 1 DE OCTUBRE DE 2009. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. SECRETARIO: JOSÉ LUIS EVARISTO VILLEGAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los motivos de inconformidad son inoperantes.

La inoperancia proviene del hecho de que la quejosa pretende combatir la legalidad de las consideraciones expuestas en el fallo reclamado, que se refieren al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a cargo del demandado, las cuales fueron reiteradas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada, el trece de agosto de dos mil nueve, por este Tribunal Colegiado en el expediente DC. **********.

En efecto, en el juicio de amparo referido, este tribunal determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la hoy quejosa a fin de que la Sala responsable dejara insubsistente el fallo reclamado en ese juicio; dictara otro en el que subsanara la incongruencia habida entre los considerandos y los puntos resolutivos, en relación a la condena en costas en el juicio natural; y, reiterara las consideraciones que no fueron materia de la concesión, entre las cuales se encuentran las consideraciones relativas a la forma en que la Sala responsable estimó que el demandado se había conducido en el cumplimiento de las obligaciones alimenticias.

Las consideraciones de la ejecutoria de amparo citada son las siguientes:

"QUINTO. Lo planteado en el primer concepto de violación es infundado porque no existe infracción al artículo 14 constitucional, ya que la sentencia reclamada es precisamente la culminación del juicio ordinario que instauró y es en sí mismo el acto de juzgamiento en relación a los agravios expuestos en contra de la sentencia de primera instancia, y confirmó el divorcio decretado en primera instancia y esa es la pretensión que reclamaron ambas partes en acción principal y reconvencional, por lo que no se advierte que la Sala haya tenido como ciertos únicamente los hechos narrados por el aquí tercero perjudicado.

"En otro aspecto, la quejosa aduce que la sentencia reclamada es violatoria del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió de manera extemporánea, violando lo dispuesto por el artículo 167 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque tardó más de un año en dictar resolución.

"El artículo 167 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal señala que el tribunal citará para oír resolución, la que se pronunciará dentro del término improrrogable de ocho días a partir de dicha citación, que decida la competencia del Juez ante quien se propuso la declinatoria de competencia pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio. Al respecto, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo se corrige el error en la cita del precepto legal que se estime violado para resolver la cuestión efectivamente planteada en los hechos que se someten a su competencia en cumplimiento al artículo 14 constitucional.

"En efecto, del contenido del escrito puede advertirse con claridad que la quejosa se refiere a la extemporaneidad en el dictado de la sentencia de veintiuno de mayo de dos mil nueve, al resolver el recurso de apelación por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, por lo que el precepto violado es el artículo 704 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que a continuación se transcribe:

"‘Artículo 704. Al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y calificará, si se confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De encontrarlo ajustado a derecho lo hará saber, y citará a las partes en el mismo auto para oír sentencia, la que pronunciará y notificará por Boletín Judicial dentro del término de ocho días si se tratare de auto o interlocutoria y de quince si se tratare de sentencia definitiva; cuando se trate de expedientes muy voluminosos se podrá ampliar el plazo en ocho días más para dictar sentencia y notificarla.’

"De las actuaciones del toca de apelación ********** deriva que por autos de veintidós de octubre de dos mil siete (foja 41 del toca de apelación) y de veintiséis de marzo de dos mil ocho (foja 171 del toca de apelación), la autoridad responsable, con fundamento en el artículo transcrito, citó a las partes para oír sentencia, ordenó turnar los autos para resolución y procedió a ampliar el término para dictar el fallo por lo voluminoso del cuaderno principal.

"Asimismo, el siete de mayo de dos mil ocho, la Sala de apelación dictó un acuerdo en el que señaló lo siguiente:

"‘Dada nueva cuenta con el presente toca **********, tomando en consideración que la Sala se encuentra en la obligación de allegarse de las pruebas que estime necesarias para conocer la verdad de los hechos controvertidos, y más aún por tratarse de un asunto de orden público e interés social, donde se encuentran involucrados los derechos del menor **********; por lo que, atendiendo al interés superior de éste, para mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, 279, 940 y 942 del Código de Procedimientos Civiles (sic) así como 3o. y 4o. de la Convención sobre los Derechos del Niño; toda vez que de las constancias de autos, concretamente del estudio socioeconómico practicado al enjuiciado, se desprende que éste depende económicamente de su señora madre ********** y de su hermana **********; mediante notificación personal, requiérase tanto al apelante **********, como a las dos personas antes citadas, para que en el término de tres días, proporcionen su respectivo Registro Federal de Contribuyentes, así como su CURP, apercibidos de que, en caso de no hacerlo, se aplicará al que incumpla, una multa por el equivalente a sesenta días de Salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 73 del código adjetivo civil, por desacato a un mandato judicial. Así, también mediante notificación personal requiérase a ********** y **********, para que en el término citado manifiesten a esta alzada, bajo protesta de decir verdad, el monto y la fuente de sus ingresos; y de igual forma, requiérase a ********** para que dentro del mismo término, manifieste ante esta autoridad, bajo protesta de decir verdad, si independientemente de la ayuda que él presta a su mamá y hermana en la florería que menciona en el estudio socioeconómico, desempeña alguna otra actividad por la que perciba un ingreso, ya sea relacionada con el ejercicio de su profesión, o de cualquier otra índole; apercibidos que en caso de no hacerlo, se aplicará al que incumpla una multa por el equivalente a sesenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, como medida de apremio, por desacato a una orden judicial, con fundamento en el artículo 73 arriba citado. Hecho que sea, se acordará lo conducente. Mientras tanto se deja sin efecto la citación para oír sentencia, ordenada en proveído de fecha veintiséis de marzo del año en curso ...’ (sic) (foja 184 del toca **********).’."

"En dicho acuerdo, la autoridad responsable tomó las medidas que estimó necesarias para conocer la verdad de los hechos controvertidos, para lo cual citó los preceptos legales y expresó las razones en las que se fundó para emitir su determinación.

"En virtud a lo anterior y toda vez que el tribunal de apelación se encontró en la necesidad de allegarse de mayores elementos para tomar su determinación final, y puesto que en el presente caso se encuentra de por medio la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, en donde opera invariablemente la suplencia de la queja y, conforme a los artículos citados, en asuntos en donde se involucren derechos de menores o incapaces, los Jueces y tribunales tienen atribuciones para decretar las medidas necesarias que tiendan a preservar los derechos de aquéllos, así como para suplir la deficiencia de la queja de manera total.

"De modo que, para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos el juzgador se valió de las personas, y medios que estimó necesarios, esto durante el tiempo que natural y procesalmente se necesitó para obtener los estados de cuenta y declaraciones fiscales solicitados, tanto al Servicio de Administración Tributaria como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respectivamente, de las personas que pudieran estar vinculadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en favor del acreedor alimentario, y a las mismas personas para que proporcionaran datos del Registro Federal de Causantes y de la Clave Única del Registro de Población, y como se observa de las constancias de autos, la autoridad responsable ejecutó múltiples requerimientos tanto a las partes mencionadas como a las autoridades que consideró idóneas para proporcionar la información requerida.

"Así, también la autoridad responsable, por auto de dieciséis de noviembre de dos mil siete, ordenó la práctica de estudios socioeconómicos a las partes en el juicio de origen, a fin de determinar cuáles eran las necesidades reales de los acreedores alimentarios y las posibilidades del deudor (foja 42 del toca de apelación).

"La autoridad responsable actuó dentro del límite de sus facultades para requerir el cumplimiento y apercibir con medidas de apremio a las personas e instituciones requeridas, como lo hizo en los proveídos de veintinueve de noviembre de dos mil siete (foja 52 del toca de apelación), cuatro de diciembre de dos mil siete (foja 57), veinte de mayo de dos mil ocho (foja 204), seis y doce de junio de dos mil ocho (fojas 212 y 228), once de noviembre de dos mil ocho (foja 68 tomo II del toca de apelación), trece de enero y veintiséis de febrero de dos mil nueve (fojas 73 y 79).

"Posteriormente, el dos de abril del presente año, la autoridad responsable citó nuevamente a las partes para oír sentencia y procedió a ampliar el término para dictar el fallo (foja 123 tomo II del toca de apelación), y el veintiuno de mayo de dos mil nueve dictó sentencia definitiva.

"En ese contexto, el concepto de violación es fundado pero inoperante, puesto que si bien es cierto la sentencia no fue dictada dentro del término de quince días establecido en la ley para hacerlo ni en su ampliación de ocho días, ya que la sentencia definitiva fue dictada el veintiuno de mayo de dos mil nueve, lo cierto es que la violación debe estimarse consumada en forma irreparable, ya que el tiempo que transcurrió entre la citación para oír sentencia y su dictado no es físicamente reparable y, por ende, no es susceptible de repararse en el amparo.

"Análisis de la sentencia reclamada en cuanto a la contradicción alegada por la quejosa en el considerando V y los resolutivos de la sentencia, así como que procede la condena en costas en ambas instancias.

"En el considerando quinto de la sentencia reclamada, la Sala responsable citó como fundamento para condenar en costas al apelante, hoy tercero perjudicado **********, la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que señala que la condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe y que siempre serán condenados:

"‘... IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.’

"Pero existe incongruencia entre lo manifestado en ese considerando y los puntos resolutivos.

"El considerando V de la sentencia reclamada es del tenor siguiente:

"‘V. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, se condena al apelante al pago de costas en ambas instancias.’ (sic)

"Asimismo en los resolutivos de la sentencia reclamada se señala lo siguiente:

"‘PRIMERO. Se modifica la sentencia definitiva de diez de septiembre de dos mil siete, dictada por el C. Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Distrito Federal, en los autos del juicio ordinario civil, divorcio necesario, promovido por **********, en contra de **********, expediente número **********, para quedar como sigue: Primero. Fue procedente la vía ordinaria civil para la sustanciación de este juicio de divorcio necesario. Segundo. La parte actora parcialmente acreditó su acción y el demandado parcialmente justificó sus excepciones y defensas y, por lo que hace a la reconvención, el actor parcialmente fundó su acción y la demandada reconvencionista justificó parcialmente sus excepciones y defensas; en consecuencia. Tercero. Se decreta la disolución del vínculo matrimonial que une a los señores ********** y **********, celebrado el día quince de agosto de mil novecientos noventa y ocho, bajo el régimen de sociedad conyugal, ante el Registro Civil de esta ciudad, bajo los siguientes datos: **********. Cuarto. Ambas partes recobran su entera capacidad para volver a contraer nuevo matrimonio cuando así lo estimen pertinente, en términos de lo dispuesto por el artículo 289 del Código Civil. Quinto. Se disuelve la sociedad conyugal, régimen matrimonial bajo el cual contrajeron nupcias, sin que haya lugar a su liquidación, dado que las partes manifestaron en sus escritos de demanda y contestación a la misma, que no adquirieron bienes. Sexto. Se decreta la guarda y custodia definitiva del menor **********, a favor de su señora madre **********, en el domicilio **********; Séptimo. Se condena al señor **********, al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la parte actora ********** y de su menor hijo **********, por el equivalente al treinta y cinco por ciento mensual, de todas las percepciones tanto ordinarias como extraordinarias, previos los descuentos de ley, que por cualquier concepto obtenga **********, ya sea por su trabajo como empleado, en cualquier empresa pública o privada, por su desempeño como socio de la empresa ********** o de cualquier otro ingreso que perciba por honorarios, comisión u otra prestación, en el ejercicio libre de su profesión. Octavo. Mientras tanto, deberá seguir cubriendo los gastos escolares de su menor hijo **********, tales como inscripción, colegiatura, cuotas, escolares, etcétera, así como la cantidad de **********, quincenales en la cuenta bancaria a nombre de la señora **********; como lo ha venido haciendo hasta la presente fecha. Noveno. Se suspende al C. **********, del ejercicio de la patria potestad que ejerce sobre su menor hijo **********, así como del régimen de convivencias paterno filial, que habrá de recuperar hasta que demuestre en forma fehaciente, ante el juzgado, que se encuentra cumpliendo en forma cabal con su obligación alimentaria, tal y como fue condenado. Décimo. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución gírese atento oficio al C. Jefe del Registro Civil de esta ciudad, para que se sirva dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 291 del Código Civil y además para que se publique un extracto de la resolución por quince días, en las tablas destinadas al efecto. Décimo primero. No se hace especial condenación en costas. Décimo segundo. Agréguese al legajo correspondiente, copia autorizada de la presente resolución. Décimo tercero. Notifíquese personalmente ... SEGUNDO. No es el caso hacer especial condena en costas. TERCERO. Notifíquese ...’ (sic)

"De la confrontación entre el considerando V y los resolutivos transcritos, resulta que estos últimos no reflejan lo considerado en cuanto a la procedencia de la condena al demandado apelante, aquí tercero perjudicado, al pago de costas en ambas instancias, pero en los puntos resolutivos en los que precisa que se modifica la sentencia definitiva de diez de septiembre de dos mil siete, dictada por el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar en el expediente **********, en el punto resolutivo décimo primero de la sentencia modificada señala que no se hace especial condenación en costas y, en el punto segundo de los resolutivos de la sentencia de segunda instancia señala también, que no es el caso hacer especial condena en costas.

"Por tanto, no existe congruencia entre el considerando V y los puntos resolutivos precisados y, por ende, la Sala responsable no cumple con el principio que establece el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

"Tiene aplicación al caso, en lo conducente, lo establecido en la tesis aislada I.3o.C.29 K de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de dos mil dos, en la página 696 de rubro y texto siguientes:

"‘ Es la parte resolutiva de una sentencia la que por sí misma puede perjudicar a las partes y no sólo la parte considerativa. No obstante, atendiendo al principio de congruencia que debe contener toda resolución judicial, es posible admitir que también causan perjuicio a las partes los considerandos de una sentencia, cuando existe incongruencia entre éstos y los resolutivos, es decir, cuando en las consideraciones se establece una cosa y en los puntos decisorios se determina otra diferente, o bien, cuando se omite hacer declaración en éstos sobre un punto analizado en los considerandos, lo que ocurriría, por ejemplo, si en los considerandos se estableciera que debe condenarse y en los resolutivos se dijera que se absuelve, o en los primeros se señalara que debe absolverse y en los segundos se condenara. Empero, cuando los pronunciamientos expresados en la parte considerativa del fallo son congruentes con lo precisado en los puntos decisorios, aquéllos no causan por sí mismos ningún agravio a los interesados, ya que lo que en todo caso pararía algún perjuicio sería el sentido del fallo. En ese contexto, si se reclama una sentencia definitiva que en sus puntos resolutivos es favorable al quejoso y esto resulta congruente con los considerandos, debe considerarse que tal sentencia no causa perjuicio alguno a quien pide amparo y, por tanto, debe sobreseerse al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.’

"La infracción al principio de congruencia implica una violación a las garantías de legalidad y debida fundamentación y motivación que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que motiva conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad judicial responsable, en términos de los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que quede legalmente notificada de esta ejecutoria, de inmediato deje insubsistente el acto reclamado y enseguida, para acatar el núcleo esencial de la garantía individual violada, dicte nueva sentencia reiterando las consideraciones que no han sido materia de la concesión y subsane la incongruencia motivo del amparo, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en el plazo legal que para su emisión prevé la ley que rige la emisión de la sentencia definitiva, y lo comunique a este tribunal."

De ahí que las consideraciones del fallo reclamado que no se refirieron a la cuestión de la condena en costas en el juicio natural quedaron firmes sin posibilidad de impugnarse posteriormente, ya que por los límites de la vinculación de la ejecutoria de amparo para el pronunciamiento de la nueva sentencia, deben ser reiteradas por la responsable como cuestiones firmes en la resolución que le da cumplimiento.

No es óbice a la anterior conclusión el hecho de que se trate de una cuestión relacionada con la forma en que deben prestarse los alimentos por el deudor alimentario demandado, a favor del menor hijo habido en el matrimonio celebrado entre las partes, pues aun cuando se estimara necesario suplir la deficiencia de la queja, esta obligación del tribunal de amparo no puede tener una extensión o amplitud que vuelva procedente u oportuno el examen de cuestiones que debieron ser combatidas en el juicio de amparo anterior.

Esto último porque suplir la deficiencia implica integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, y la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, o que es oportuno el examen de la cuestión debatida porque no existe cosa juzgada, pero no significa actuar al margen de la ley, declarando procedente lo improcedente.

Sobre el particular resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto indican lo siguiente:

"Localización

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VIII, septiembre de 1998

"Página: 228

"Tesis: 1a./J. 50/98

"Jurisprudencia

"Materia(s): Penal

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES.-La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente."

En mérito de lo anterior, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado, resulta inoperante el concepto de violación planteado, lo que procede es negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo que disponen los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II, III, inciso a) y VI, de la Constitución General de la República, 1o., fracción I, 44, 46, 76 a 79, 158, 184 y 190 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la propia Constitución; 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, por su propio derecho y en representación del menor **********, contra el acto que reclamó de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la resolución de veinticinco de agosto de dos mil nueve, dictada en el toca **********.

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente Neófito López Ramos, Víctor Francisco Mota Cienfuegos y Benito Alva Zenteno, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XII y XIV, inciso c); 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23255-2fba80fa/sentencia-sus-resolutivos-son-los-que-pueden-causar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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