SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
AMPARO DIRECTO 199/2013. 16 DE MAYO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. SECRETARIA: GRETA LOZADA AMEZCUA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Es infundado el planteamiento de aplicación retroactiva en perjuicio de la quejosa de los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal.
La inconforme arguye que de conformidad con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma se aplicaron retroactivamente en su perjuicio los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que el matrimonio celebrado por las partes data del veinte de agosto de mil novecientos noventa y uno, y tales preceptos legales que regulan el divorcio por voluntad de ambos o uno de los cónyuges están vigentes a partir de seis de octubre de dos mil ocho.
Para evidenciar lo infundado de tales argumentos en principio es menester precisar que el matrimonio es un acto jurídico que tiene su base en la autonomía de la voluntad, que implica el ejercicio de su libertad y derecho a formar una familia. Por tratarse de un acto de voluntad, no es absolutamente permanente.
El Estado lo reconoce como el acto que constituye el estado civil de las personas, para lo cual le da el carácter de solemne, porque sólo puede realizarse en acatamiento a los requisitos y formas previstos en la ley, en el cual debe imperar la autonomía de la voluntad de las dos personas que lo contrajeron.
En tal virtud, la normativa que rige el matrimonio regula la autonomía de la voluntad de los consortes con los límites derivados del interés público y social que tiene el Estado en proteger la organización y el desarrollo integral de los miembros de la familia y en asegurar que las normas que les afectan estén orientadas a asegurar el respeto de su dignidad, y sus derechos humanos protegidos constitucionalmente.
La naturaleza voluntaria del matrimonio le imprime una característica de posibilidad de disolución, porque a nadie puede obligarse a permanecer en convivencia con otra persona por virtud del matrimonio, porque implicaría una restricción grave a su libertad. Es el legislador el que pulsa el sentir social y la necesidad de adecuar a la realidad el contenido de las normas; por lo mismo, no cabe sostener que exista un derecho adquirido para que el matrimonio contraído bajo una ley determinada subsista permanentemente, o para que su disolución sólo proceda por causas previstas en la ley vigente al momento de celebrarse, como lo pretende la quejosa.
Ello es así, porque el matrimonio crea una relación sólida y estable entre dos personas, que propicia la solidaridad y permanencia; pero que no puede incidir en el fuero interno y decisión de las personas para continuar una relación que ya no desean.
Como institución y base de la sociedad, la familia puede tener como base el matrimonio que da seguridad jurídica y produce consecuencias jurídicas entre los cónyuges y los hijos, y frente a la sociedad; por eso se regulan derechos, obligaciones, facultades y deberes, los cuales, dada la igualdad de los contrayentes, son de índole recíproca y de tutela hacia los menores hijos del matrimonio.
Así, las relaciones derivadas del vínculo matrimonial son permanentes en el sentido de que no desaparecen ni se extinguen por su cumplimiento pues, por su naturaleza, se pretende que el estado matrimonial sea duradero y no fugaz ni transitorio.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 14 constitucional, en armonía con la teoría de los componentes de la norma, admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interpretar el tema de la retroactividad, cuya esencia está plasmada en la jurisprudencia P./J. 123/2001, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País,1 de epígrafe: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.", se tiene que una norma o su aplicación transgrede la garantía de la irretroactividad de las leyes, cuando trata de modificar o alterar supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior.
En sentido contrario, no se viola la garantía de mérito y se permite la aplicación de la nueva ley, cuando se está en presencia de hechos o situaciones que surgen durante la vigencia de la nueva ley y no se trata de supuestos jurídicos o consecuencias directas e inmediatas nacidas durante la vigencia de una ley anterior. De modo que la ley anterior no puede continuar rigiendo hechos o situaciones que se actualizan durante la vigencia de una ley nueva y no se trata de supuestos jurídicos o consecuencias actualizados o surgidos bajo la vigencia de una ley anterior.
Es así que el matrimonio se rige por la ley vigente al momento de su celebración, mientras que el divorcio se rige por la ley vigente al momento en que se actualiza la causa que lo motiva, porque se trata de un supuesto jurídico que tiene como materia el matrimonio, pero que no es una consecuencia de éste.
Necesariamente el divorcio es posterior al matrimonio, y la causa que le da origen se rige por la ley vigente antes de su realización.
En este orden de ideas, conforme a la teoría de los componentes de la norma, el matrimonio es un acto jurídico que surte diversos supuestos jurídicos que surgen a partir de su celebración, cuyas consecuencias se actualizan con posterioridad a ésta y se rigen por la ley vigente, no al momento de celebración del matrimonio, sino al en que surge el hecho o la omisión que actualiza cada supuesto normativo que regula las diversas consecuencias del matrimonio, tales como las obligaciones alimentarias entre los cónyuges, la constitución de un patrimonio común, el nacimiento de los hijos y los derechos y obligaciones que conllevan ese acontecimiento, entre otras.
Luego, toda vez que las múltiples consecuencias del matrimonio se actualizan con el paso del tiempo, algunas de ellas se verificarán bajo la vigencia de la ley conforme a la cual se celebró, sin embargo, habrá otras consecuencias que ocurran al tenor de una nueva, las cuales invariablemente tendrán que regirse en términos de la vigente al momento en que se realiza el supuesto previsto en la norma.
Entonces, los hechos que actualizan las causas para solicitar el divorcio necesariamente son posteriores a la celebración del matrimonio, por tanto, es inconcuso que al divorcio le serán aplicables las normas jurídicas vigentes en la época en que ocurre el hecho que actualiza la causa de divorcio, y no las causas de divorcio reguladas cuando se celebró el matrimonio.
En el caso, la ley no se aplicó retroactivamente en perjuicio de la inconforme, ya que los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal, vigentes a partir del seis de octubre de dos mil ocho, no están rigiendo un hecho ocurrido antes de su entrada en vigor, sino que se aplicaron con posterioridad de su entrada en vigor, toda vez que la causa de divorcio que fue invocada en la demanda que dio origen al juicio natural se actualizó o surgió durante la vigencia de esos preceptos y se presentó el diecisiete de septiembre de dos mil doce, y el acto reclamado se pronunció el doce de febrero de dos mil ocho.
Luego, como el hecho que actualiza la causa de divorcio se produjo cuando ya estaban vigentes los artículos que la prevén, no puede decirse que tales preceptos legales se aplicaron retroactivamente, toda vez que se aplicaron por la autoridad responsable con posterioridad al inicio de su vigencia, por cuanto hace a un hecho acaecido cuando ya estaban en vigor, aunque incida en el acto del matrimonio contraído antes.
En efecto, existiría aplicación retroactiva si se pretendiese que la disolución del matrimonio por la nueva causa, como sucede en la especie, surtiera efectos hacia el pasado considerando disuelto el vínculo matrimonial desde antes de que entraron en vigor tales numerales.
La sentencia de divorcio es constitutiva, en el sentido de que el estado jurídico de divorciado sólo se adquiere a partir de que aquélla se pronuncia, y si el motivo para el divorcio consistente en la voluntad del tercero perjudicado, se exteriorizó y surtió efectos con posterioridad a que inició la vigencia de los preceptos legales en estudio, por tanto, es infundado que éstos se hayan aplicado retroactivamente en perjuicio de la quejosa.
Son aplicables al caso, por analogía, las jurisprudencias 1a./J. 78/2004,2 1a./J. 5/2012 (10a.)3 y 1a./J. 115/2009,4 todas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del siguiente tenor:
"DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA. La aplicación del citado artículo, que prevé que los cónyuges pueden demandar del otro, bajo ciertas condiciones, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que el cónyuge que trabaja fuera del hogar hubiere adquirido durante el matrimonio, no plantea problema alguno desde la perspectiva de la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal, cuando la misma se reclama en demandas de divorcio presentadas a partir de la entrada en vigor del mencionado precepto legal, con independencia de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a esa fecha. El artículo en cuestión constituye una norma de liquidación de un régimen económico matrimonial que se aplica exclusivamente a las liquidaciones realizadas después de su entrada en vigor y, aunque modifica la regulación del régimen de separación de bienes, no afecta derechos adquiridos de los que se casaron bajo el mismo. Ello es así porque, aunque dicho régimen reconoce a los cónyuges la propiedad y la administración de los bienes que, respectivamente, les pertenecen, con sus frutos y accesiones, no les confiere un derecho subjetivo definitivo e inamovible a que sus masas patrimoniales se mantengan intactas en el futuro, sino que constituye un esquema en el que los derechos de propiedad son necesariamente modulados por la necesidad de atender a los fines básicos e indispensables de la institución patrimonial, la cual vincula inseparablemente el interés privado con el público. Tampoco puede considerarse una sanción cuya imposición retroactiva prohíba la Constitución, sino que se trata de una compensación que el Juez, a la luz del caso concreto, pueda considerar necesaria para paliar la inequidad que puede producirse cuando se liquida el régimen de separación de bienes. El artículo citado responde al hecho de que, cuando un cónyuge se dedica preponderante o exclusivamente a cumplir con sus cargas familiares mediante el trabajo en el hogar, ello le impide dedicar su trabajo a obtener ingresos propios por otras vías, así como obtener la compensación económica que le correspondería si desarrollara su actividad en el mercado laboral; por eso la ley entiende que su actividad le puede perjudicar en una medida que parezca desproporcionada al momento de disolver el régimen de separación de bienes."
"DIVORCIO. SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. NO EXISTE APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE JALISCO CUANDO LA SEPARACIÓN OCURRIÓ ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO PRECEPTO, ES CONTINUA Y SE CUMPLE EL PLAZO PREVISTO. Conforme a la teoría de los componentes de la norma, admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir cuestiones de retroactividad, se concluye que no existe aplicación retroactiva de la fracción XIX del artículo 404 del Código Civil para el Estado de Jalisco, vigente a partir del 30 de diciembre de 2009, cuando la separación de los cónyuges ocurrió antes de la entrada en vigor de dicha disposición legal, si esa situación continúa y se cumple el plazo previsto para ello, porque aquel precepto no afecta situaciones ocurridas con anterioridad a su vigencia, sino que regula un acontecimiento que se da con posterioridad a su entrada en vigor."
"DIVORCIO POR SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. NO EXISTE APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUANDO LA SEPARACIÓN OCURRIÓ ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO PRECEPTO. Conforme a la teoría de los componentes de la norma, admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir cuestiones de retroactividad, se concluye que no existe aplicación retroactiva de la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en vigor a partir del 31 de enero de 2005, cuando la separación de los cónyuges ocurrió antes de la entrada en vigor de dicha disposición legal, si la separación continúa al entrar en vigor la norma mencionada y se cumple el plazo previsto para ello, en términos del artículo segundo transitorio del decreto que adicionó la citada fracción (publicado en el periódico oficial de la entidad el 8 de diciembre de 2004), porque aquel precepto no afecta situaciones ocurridas con anterioridad a su vigencia, sino que regula una situación existente al momento de su entrada en vigor y que se prolonga en el tiempo. En efecto, aun cuando la separación de los cónyuges (que es el supuesto de la causal de divorcio) suceda incluso antes de la creación de la señalada fracción, esa separación continúa ya que se da día con día, de ahí que el hecho de que haya comenzado antes del inicio de la vigencia de la fracción que prevé la causal de divorcio relativa no implica su aplicación retroactiva."
SEXTO. Es infundada la inconstitucionalidad que se atribuye a los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal y a los numerales 260, fracción VIII, 272 A, 272 B y 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
La impetrante del amparo aduce que los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal, son inconstitucionales porque prevén la procedencia del divorcio por la voluntad de uno de los consortes y sin expresar causa alguna, siendo que el artículo 267 del propio código, vigente al momento de la celebración del matrimonio de las partes, se encontraba inspirado en un profundo proteccionismo del matrimonio, como institución indisoluble, como célula de la sociedad, por lo cual establecía las causales verdaderamente graves conforme a las cuales era procedente el divorcio.
Asimismo, la quejosa refiere que los numerales 260, fracción VIII, 272 A, 272 B y 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son inconstitucionales porque no otorgan las garantías de audiencia previa y acceso a la justicia previstas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que no atienden las formalidades esenciales del procedimiento, ya que se priva a los demandados de oponerse a la pretensión del cónyuge culpable, de ofrecer y desahogar pruebas para acreditar sus excepciones y defensas, y sin más trámite probatorio se resuelve la disolución del vínculo matrimonial, y únicamente admiten pruebas con relación al convenio que regula las consecuencias de dicha disolución; asimismo, privan del derecho de ejercer los recursos contenidos en el referido código adjetivo.
Para evidenciar lo infundado de esos motivos de disenso es menester precisar que el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,5 prevé que para la determinación de los derechos y obligaciones del orden civil, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.
Entonces, el mínimo de derechos son los siguientes:
1) Ser oído con las debidas garantías (audiencia previa o debido proceso, legalidad, seguridad jurídica).
2) Dentro de un plazo razonable.
3) Por un Juez o tribunal, que sea:
a) Competente;
b) Independiente;
c) Imparcial; y,
d) Establecido con anterioridad por la ley.
A nivel interno, la garantía de esos derechos está tutelada con mucha antelación a la existencia de la norma de fuente internacional, a través de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén la garantía de audiencia previa, ante tribunal competente, que debe aplicar leyes expedidas con anterioridad al hecho y respetando las formalidades esenciales del procedimiento que implica garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, que todo acto de molestia sea emitido de forma escrita por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; así como el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, dentro de los plazos previstos en la ley.
Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,6 que es del siguiente tenor:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
En torno al divorcio, en el ámbito internacional, el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,7 aprobada y proclamada el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tiene derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y que disfrutarán (hombre y mujer) de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
Esta norma no establece que el matrimonio sea permanente, sino que prevé que pueda disolverse, pero que ante la disolución, haya un trato igualitario para hombre y mujer en cuanto a los derechos que permanezcan después de disuelto el matrimonio.
Por el contrario, la norma reconoce el derecho a casarse y fundar una familia, que implica necesariamente ejercicio de la libertad, pero también prevé su disolución.
De la misma manera, el artículo 17 la Convención Americana sobre Derechos Humanos,8 adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, prevé la celebración del matrimonio como un acto que requiere del libre y pleno consentimiento de los contrayentes; lo que implica autonomía de voluntad y libertad plena para celebrarlo y en esa medida no podría atribuírsele una permanencia absoluta que es contraria al ejercicio de la libertad con que se celebró.
También regula la protección de la familia y la obligación de los Estados de asegurar la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges no sólo durante la vigencia del matrimonio, sino también en el caso de divorcio, y de proteger a los hijos de padres divorciados, en atención al principio del interés superior del menor.
Los anteriores principios se encuentran reconocidos e incorporados en la legislación mexicana, ya que el artículo 4o. constitucional dispone que el legislador debe proteger la organización y desarrollo de la familia, para lo cual tiene que emitir leyes y reglamentos que la cuiden y organicen como célula básica de la sociedad, y que en las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, que tienen a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Es por ello que se reglamentan instituciones que mantienen la cohesión de la familia, como el matrimonio. Pero el logro de la estabilidad familiar no puede depender de lo previsto en una norma, y no puede obligar a que los consortes permanezcan unidos a pesar de circunstancias que tornen imposible la convivencia entre ellos, por lo cual, el Estado no puede forzar la permanencia de un vínculo que, en la mayoría de los casos, resulta irreconciliable.
En tal virtud, se ha tenido que adecuar el estatuto legal a la situación real u objetiva.
Así, el dinamismo social es el que propicia que se instituyan figuras jurídicas como la del divorcio, a través de la cual es posible disolver uniones conyugales y, con ello, evitar los efectos dañinos que las relaciones disfuncionales pueden causar, porque el divorcio no es origen de la terminación del matrimonio, sino la expresión legal y final de una ruptura que, en los hechos, previamente ya se ha dado.
En nuestra legislación sustantiva civil, por mucho tiempo, para que fuera legalmente reconocido el divorcio, era necesario que los cónyuges de común acuerdo lo solicitaran ante la autoridad administrativa o judicial para que declarara disuelto el matrimonio -divorcio voluntario o por mutuo consentimiento-, o bien, que se actualizara una causa de tal gravedad que a juicio del legislador fuere bastante para que uno de ellos demandara ante la autoridad judicial dicha disolución -divorcio necesario o contencioso-.
Sin embargo, con la reforma al Código Civil para el Distrito Federal, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil ocho, deja de preverse el divorcio necesario y el voluntario judicial y, en su lugar, se establece como causa la sola voluntad de uno o ambos cónyuges.
Esto es, basta para ello que uno sólo de los cónyuges lo solicite, para dar por terminado el matrimonio, sin necesidad de invocar causa o motivo alguno, con lo cual se simplifica la disolución del matrimonio, con la intención de evitar el desgaste y la violencia ocurrida con motivo del trámite de los divorcios necesarios y, con ello, proteger a los menores que pudieran verse involucrados y, por otro lado, que se respete la voluntad del cónyuge o de ambos, de no continuar casados, lo cual, propicia un ambiente adecuado para su bienestar emocional, con la consecuente armonía de los integrantes del núcleo familiar.
Lo anterior es acorde con la exposición de motivos de veintinueve de noviembre de dos mil siete, presentada por el Partido del Trabajo, y de la del veinte de mayo de dos mil ocho, proveniente de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa esta última en la que, entre otras cosas, señaló:
"... El matrimonio es una institución del derecho civil que parte de la base de la autonomía de la voluntad de las personas, en este mismo sentido y sin relevar a ninguna de las partes de las responsabilidades mutuas y recíprocas que se deben, se ha considerado necesario el evitar que el rompimiento del vínculo matrimonial erosione mayormente el núcleo familiar, producto de un enfrentamiento constante, por lo que se considera que el Estado no debe empeñarse en mantener, de forma ficticia, un vínculo que en la mayoría de los casos resulta irreconciliable. Así, es importante considerar que se presentan casos en los que, sin existir alguna de las causales enunciadas en el artículo 267, una o ambas partes, no estuviere de acuerdo en continuar con el matrimonio, por ser esa su decisión libre. Para ello se estima pertinente otorgarles a los ciudadanos del Distrito Federal, la oportunidad de acudir ante el órgano judicial de gobierno, para pedir, de manera unilateral y de forma libre, la disolución del vínculo, porque su voluntad es ya no continuar con el matrimonio. ... En todo caso debe entenderse que el otorgarle a los habitantes del Distrito Federal la posibilidad de acudir a esta figura, no implica en forma alguna relevarlos del cumplimiento estricto de las obligaciones derivadas del matrimonio, en particular de aquellas que subsisten, aun en el evento de que sea disuelto. ... No podemos perder de vista que existe la posibilidad de que la excesiva protección al vínculo matrimonial perjudique física y mentalmente a los consortes. ... Diversos sociólogos, psicólogos, y demás expertos en los estudios relativos a la conducta humana han advertido la inconveniencia de perpetuar el conflicto entre los cónyuges, cuando la experiencia diaria hace evidente tanto la imposibilidad de la sana convivencia, como la voluntad de ambos de no continuar su matrimonio. ... Actualmente, debe estimarse que el respeto al libre desarrollo de la personalidad justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues aquella determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su demanda. Como efecto colateral, es innegable que la sociedad en su conjunto se verá beneficiada, pues no habrá un desgaste entre las partes para tratar de probar alguna causa que origine el divorcio, situación que en la actualidad genera más desajuste emocional e incluso violencia entre los cónyuges, facilitando de esta forma la disolución del vínculo matrimonial, sin que exista la necesidad de efectuar un análisis respecto a la procedencia del divorcio que provoque la apelación correspondiente de alguna de las partes o de ambas, lo que permitirá poner más énfasis en los demás puntos controvertidos. Tampoco debe desconocerse que es benéfico para la impartición de justicia, en virtud de que el juzgador, lejos de erosionar mayormente la relación entre las partes y el núcleo familiar, actuará como facilitador para coadyuvar a aligeramiento de estos procesos que generan años de desgaste y heridas incurables en los menores que indefectiblemente son parte del conflicto. ..."
En tales condiciones, se evidencia que la implementación de la figura jurídica del divorcio por voluntad de uno de los cónyuges sin expresión de otra causa, pretende proteger a los cónyuges y si hay hijos, el interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 17 la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en el numeral 4o. de nuestra Constitución Federal.
A través de la simplificación del divorcio se reconoce legalmente la ruptura de un matrimonio que en la realidad aconteció previamente, sin que sea necesario exponer una causa por la cual se solicita el divorcio.
Se pretende evitar mayor desgaste y violencia de la que ya de por sí genera un trámite de divorcio y, por otro lado, se procura respetar la voluntad del cónyuge o de ambos, de no continuar casados, para lo cual se requiere la voluntad libre de ambos, en aras de un ambiente adecuado para el bienestar emocional y armonía de los integrantes del núcleo familiar.
Luego, toda vez que se evidencia que la simplificación del trámite del divorcio que no obliga a los interesados a exponer ante la autoridad jurisdiccional los motivos de su pretensión, contrario a lo argumentado por la inconforme, atiende precisamente el bienestar superior de los integrantes de la familia como célula básica de la sociedad mexicana, deviene infundada la inconstitucionalidad que se le atribuye a los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal.9
Apoya lo anterior, la tesis 1a. CCXXII/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,10 que es del siguiente tenor:
"DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL CÓNYUGE. LOS ARTÍCULOS 266 Y 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, NO VIOLAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto constitucional señala que a través de las leyes se protegerán la organización y el desarrollo de la familia; de ahí que deban emitirse leyes y reglamentos que la cuiden y organicen como célula básica de la sociedad mexicana, estableciendo las mejores condiciones para el pleno desarrollo de sus miembros. Así, tanto juristas como legisladores se han ocupado de proteger los intereses particulares de quienes integran a la familia, dirigiendo también su atención a la reglamentación de las instituciones que mantienen su cohesión, como son, entre otras, el matrimonio, que además de ser un contrato que regula cuestiones económicas, constituye la base de la familia y es fuente de derechos y deberes morales, por lo cual es de interés público y social; sin embargo, el logro de la estabilidad familiar no implica que los consortes deban permanecer unidos a pesar de que la convivencia entre ellos o con sus hijos se torne imposible, o de la pérdida del afecto que les animó a contraer matrimonio. Por tanto, a través del divorcio el Estado ha reconocido la existencia de una figura jurídica que permite disolver la unión conyugal y con ello evitar los efectos generados por las relaciones disfuncionales de maltrato o de violencia familiar que pudieran suscitarse cuando los cónyuges estimen dejar de convivir, es decir, el divorcio es sólo el reconocimiento estatal de una situación de hecho respecto de la desvinculación de los cónyuges, cuya voluntad de no permanecer unidos legalmente debe respetarse; de ahí que la legislación civi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24775-18245782/sentencias-de-amparo-corresponde-al-organo-judicial-fijar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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