DIVORCIO. EL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO AL EXIGIR LA ACREDITACIÓN DE UNA CAUSAL PARA DISOLVER EL VÍNCULO MATRIMONIAL VULNERA EL DERECHO DE LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y, POR TANTO, DE LA DIGNIDAD HUMANA. DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. NO OBSTANTE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO DE JALISCO, NO EXISTA DISPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE LO REGULE, LA OBLIGACIÓN DE RETRIBUIR AL CÓNYUGE QUE DESEMPEÑÓ COTIDIANAMENTE TRABAJO EN EL HOGAR DURANTE SU VIGENCIA, EN CASO DE QUE ÉSTE SE DECRETE, EN ATENCIÓN A LA SUPREMACÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA INVIOLABILIDAD DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER, DEBE OPERAR HASTA POR EL CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL OTRO.
DIVORCIO. EL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO AL EXIGIR LA ACREDITACIÓN DE UNA CAUSAL PARA DISOLVER EL VÍNCULO MATRIMONIAL VULNERA EL DERECHO DE LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y, POR TANTO, DE LA DIGNIDAD HUMANA.
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. NO OBSTANTE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO DE JALISCO, NO EXISTA DISPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE LO REGULE, LA OBLIGACIÓN DE RETRIBUIR AL CÓNYUGE QUE DESEMPEÑÓ COTIDIANAMENTE TRABAJO EN EL HOGAR DURANTE SU VIGENCIA, EN CASO DE QUE ÉSTE SE DECRETE, EN ATENCIÓN A LA SUPREMACÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA INVIOLABILIDAD DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER, DEBE OPERAR HASTA POR EL CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL OTRO.
AMPARO DIRECTO 553/2014. 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: VÍCTOR JÁUREGUI QUINTERO. PONENTE: GERARDO DOMÍNGUEZ. SECRETARIO: MANUEL AYALA REYES.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.-Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, son sustancialmente fundados y suficientes para concederle la protección constitucional, acorde con los razonamientos que enseguida se exponen.
I. Antecedentes destacados que informan el asunto.
Para facilitar el entendimiento del calificativo otorgado a los motivos de inconformidad, conviene resaltar de las constancias remitidas por la Sala responsable, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al segundo párrafo de su numeral 2o., algunos antecedentes del acto reclamado:
1. Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil doce,(1) ********** ejerció la acción de divorcio necesario, en contra de ********** y reclamó las prestaciones siguientes:
"a) La disolución del vínculo matrimonial que nos une.-b) La liquidación de la sociedad conyugal.-c) El pago de gastos y costas que se originen en el presente juicio."(2)
Cabe destacar, que de la lectura integral de dicha demanda, se advierte que las causales que invocó el referido actor, para obtener la disolución del vínculo matrimonial, fueron las previstas en las fracciones I, XI y XII del artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco, consistentes en la infidelidad sexual, la violencia intrafamiliar y la incompatibilidad de caracteres que hace imposible la vida conyugal.
2. En acuerdo de dieciséis de enero de dos mil doce,(3) se admitió la demanda en la vía civil ordinaria, bajo el número de expediente **********, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teocaltiche, Jalisco; asimismo, se ordenó emplazar a juicio a la demandada, ahora tercera interesada.
3. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil doce,(4) la demandada ********** dio contestación a la demanda instaurada en su contra, en donde opuso excepciones y defensas; además, promovió demanda reconvencional, en donde destacó que, producto del matrimonio, procrearon cinco hijos, todos ellos mayores de edad a la fecha de la presentación de la demanda;(5) asimismo, reclamó las prestaciones siguientes:
"...A. Por la fijación de manera provisional de la pensión alimenticia que me corresponde y la definitiva una vez transcurrido el juicio en sus etapas procesales correspondientes.-B. Por el pago de los alimentos que ha dejado de entregarme el demandado a partir del día 20 de enero del año 2007.-C. Por el pago de honorarios, gastos y costas que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio de alimentos...".
4. El actor principal (demandado en la reconvención), por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil doce,(6) dio respuesta a la reconvención.
5. En proveído de dos de agosto de dos mil doce,(7) el Juez del conocimiento abrió el juicio a prueba; y por auto de veintiocho de octubre de dos mil trece,(8) se cerró esa fase procesal y se abrió la de alegatos.
6. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil trece,(9) el Juez de primer grado citó a las partes para dictar sentencia; misma que pronunció el trece de febrero de dos mil catorce,(10) en la que, entre otras cosas, argumentó lo que enseguida se inserta:
"No obstante lo anterior, esto es, de que no quedaron demostradas las causales invocadas por quien acciona en el principal, tomando como base el derecho fundamental a la dignidad humana, a partir del nuevo régimen constitucional que privilegia los derechos humanos, entre ellos, aquel que se invoca, que es de carácter superior y deriva de la garantía ineludible a un libre desarrollo de la personalidad que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o de no hacerlo, de separarse de la pareja, de procrear hijos y cuántos, o bien decidir no tenerlos, etcétera, lo cual es parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida, lo que le corresponde decidir autónomamente, advirtiendo, por parte del suscrito que, por parte del cónyuge varón ya no existe voluntad de seguir unido en matrimonio, quien resuelve considera que el Estado Mexicano no puede obligar al consorte a continuar unido en matrimonio, máxime cuando, de decretar la improcedencia del divorcio, lejos de beneficiar la estabilidad de pareja implicaría dejar de reconocer una situación de desgaste entre los integrantes del matrimonio pues, es evidente que, cuando se llega a promover un trámite judicial en contra del cónyuge es porque se ha llegado a un límite en que sólo se desea, bien afectar al otro o evitar la vida y desarrollo comunes. En consecuencia, y dado que en el caso específico existe la petición de uno de los cónyuges respecto el (sic) divorcio, y que considerando el tiempo que han estado casados y el tiempo que ha durado el presente conflicto jurisdiccional, ha existido un lapso suficiente para que las partes hubieran llegado a una conciliación, sin que se haga patente la misma, y que, de no resolver este conflicto, se estaría atentando contra la estabilidad individual y común de ambos litigantes, es por lo que, se arriba a la firme convicción de decretar, como al efecto se hace, el divorcio planteado por vía de acción principal, lo que tiene sustento en las siguientes ejecutorias localizables en el Semanario Judicial de la Federación, bajo las siguientes voces y datos: ‘DIVORCIO NECESARIO, DEBE DECRETARSE AUN CUANDO NO QUEDEN DEMOSTRADAS LAS CAUSALES INVOCADAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA.’ y ‘DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL EXIGIR LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA CAUSA PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE CONSENTIMIENTO MUTUO, ES INCONSTITUCIONAL AL RESTRINGIR EL DERECHO AL DESARROLLO DE LA PERSONA HUMANA.’. En tal virtud de lo anterior, el suscrito juzgador arriba a la conclusión de que, lo procedente en el presente caso es decretar el divorcio dentro de los presentes autos del juicio civil ordinario, expediente número **********, promovido por **********, en contra de **********.-Asimismo y como consecuencia de lo anterior, se decreta también la disolución del régimen patrimonial de la sociedad conyugal conforme a la que contrajeron nupcias los litigantes, a lo que habrá de procederse en etapa de ejecución de sentencia."
Fallo de primera instancia, que culminó con las proposiciones siguientes:
"...Primera. La personalidad de las partes, la competencia de este juzgado y la vía elegida, han quedado plenamente acreditadas en autos.-Segunda. Se declara procedente disolver el vínculo matrimonial que une a ********** y **********, mismos que contrajeron ante el oficial del Registro Civil de Chihuahua, el día 25 de noviembre de 1985, folio 117, mediante acta número 3752 tres mil setecientos cincuenta y dos, del libro número quinientos veintisiete de matrimonios. Asimismo y como consecuencia de lo anterior, se decreta también la disolución del régimen patrimonial de la sociedad conyugal conforme a la que contrajeron nupcias los litigantes, a lo que habrá de procederse en etapa de ejecución de sentencia.-Tercera. Ambos cónyuges recobran su más entera capacidad para contraer nuevas nupcias, pero la demandada **********, no lo podrá hacer sino pasados dos años, a partir de que cause estado la presente sentencia.-Cuarta. Por las causas y motivos expresados en la parte considerativa de esta sentencia, se declara improcedente la acción reconvencional intentada por **********.-Quinta. Se condena al pago de gastos y costas a la demandada en el principal y actora reconvencionista por actualizarse el supuesto a que se contrae la fracción I, del artículo 142 del enjuiciamiento civil local.-Sexta. Una vez que cause estado la presente resolución, remítanse las constancias necesarias, debidamente certificadas, mediante atentos oficios que al efecto se giren al C. Oficial del Registro Civil de este Municipio, así como al director del Archivo General del Registro Civil, para que el primero de ellos se sirva levantar el acta de divorcio correspondiente y realicen las anotaciones respectivas en el acta de matrimonio de los divorciados, además para que publique la parte resolutiva de la sentencia durante 15 quince días en los estrados destinados al efecto.-Séptima. Para el caso de que las partes no apelen la presente resolución, remítanse los autos originales y demás documentos aportados al procedimiento, al superior que corresponda en turno, para que proceda a realizar la revisión de oficio a que alude el artículo 457 del código adjetivo civil del Estado.-Octava. A sus autos el escrito que con fecha 13 de diciembre del 2013, presentó ante este juzgado **********, atento a su contenido y en cuanto a lo que solicita. Dígasele que se esté a lo ordenado en párrafos previos..."
7. Ese veredicto de primer grado no fue impugnado por las partes contendientes; sin embargo, el mismo fue remitido a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a efecto de realizar la revisión oficiosa prevista en el artículo 457 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; la que se realizó en la sentencia definitiva que, en términos de lo previsto por los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo en vigor, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo.
II. Análisis de los conceptos de violación.
De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que, el quejoso, esencialmente, argumenta:
*Que el derecho civil moderno, evidentemente trae consigo que sean respetadas las peticiones de respeto a los derechos humanos, por ende, en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, por lo que, debe tomarse como base para resolver el presente asunto el derecho fundamental a la dignidad humana, a partir del nuevo régimen constitucional que privilegia los derechos humanos, que son de carácter superior y derivan de la garantía ineludible a un libre desarrollo de la personalidad, que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o de no hacerlo, de separarse de la pareja, de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos.
*Que esas disposiciones constitucionales no son de aplicación restrictiva en el presente caso, ya que deben ser interpretadas de manera extensiva, pues los criterios novedosos que el Máximo Tribunal del País ha emitido, son para advertir la intención sobre la manera de apreciar la voluntad de las partes.
*Que de la demanda de divorcio se desprende que el ahora quejoso, ya no tiene voluntad de seguir unido en matrimonio con la demandada, por lo que el Estado Mexicano no puede obligarlo a continuar unido en matrimonio, pues se estaría dejando de reconocer una situación de desgaste entre los integrantes del matrimonio, ya que es evidente que cuando se llega a promover un trámite judicial en contra del cónyuge, es porque se ha llegado a un límite en el que sólo se desea afectar al otro o evitar el desarrollo común.
*Que en virtud de que existe la petición de uno de los cónyuges respecto al divorcio y del tiempo que han estado casados y el tiempo que ha durado el presente conflicto jurisdiccional, existe un lapso suficiente para que las partes hubieran llegado a una conciliación; sin que se haga patente la misma.
*Que de no resolverse este conflicto, se estaría atentando contra la estabilidad individual y común de ambos litigantes. Y cita las tesis XVIII.4o.15 C (10a.) y XVIII.4o.10 C (10a.), de un Tribunal Colegiado de Circuito, de rubros y textos siguientes:
"DIVORCIO NECESARIO. DEBE DECRETARSE AUN CUANDO NO QUEDEN DEMOSTRADAS LAS CAUSALES INVOCADAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2008, del que derivó la tesis aislada P. LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, de rubro: ‘DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.’, estableció que de la dignidad humana, como derecho fundamental superior, deriva el libre desarrollo de la personalidad, que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. Por tanto, no obstante que no quede demostrada la causal de divorcio invocada por uno de los cónyuges, o ambos en caso de reconvención, la autoridad que conozca del juicio debe advertir que ya no existe la voluntad de al menos una de las partes para seguir unida en matrimonio y debe tenerla en cuenta, para determinar lo que mejor les conviene, tomando en consideración su derecho fundamental a la dignidad humana y, en esa medida, decretar el divorcio. No pasa inadvertido la existencia del derecho a que la ley proteja siempre la organización y el desarrollo de la familia, en términos del primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal, sin embargo, ello no lleva al extremo de que el Estado deba mantener a toda costa unidos en matrimonio a los consortes, aun contra su voluntad, so pretexto de esta disposición constitucional, sino que debe buscar los medios o instrumentos adecuados para evitar su desintegración, pero sin afectar los derechos humanos que le son inherentes a cada uno de sus integrantes, como lo es su conciliación, pero si ésta no se logra, es evidente que el Estado no puede obligar al consorte que no lo desee a continuar unido en matrimonio. Máxime cuando de autos pudiera advertirse que, por el tiempo que llevan los consortes separados o por haber expresado ambos su interés en disolver el vínculo, declarar la improcedencia del divorcio, lejos de beneficiar la estabilidad familiar, implicará desconocer la situación de hecho existente e incluso propiciará el desgaste en las relaciones entre sus integrantes. En consecuencia, para decretar el divorcio, el Juez natural debe atender que: a) lo solicite uno o ambos consortes; b) por el tiempo transcurrido de convivencia, se evidencie que éste fue suficiente para que ya se hubiera logrado una reconciliación, y no se obtuvo; y, c) las circunstancias particulares pongan de manifiesto que la relación ya provocó o está provocando un perjuicio a la estabilidad personal o familiar, según sea el caso." y "DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL EXIGIR LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA CAUSA PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE CONSENTIMIENTO MUTUO, ES INCONSTITUCIONAL AL RESTRINGIR EL DERECHO AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD HUMANA. De acuerdo con los artículos 21, 22 y 68 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el matrimonio es la unión voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y obligaciones, con la posibilidad de procrear hijos y de ayudarse mutuamente, que se extingue por el divorcio, muerte o presunción de ésta, de uno de los cónyuges o por declaratoria de nulidad; sin embargo, los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques, esto es, reconocen una superioridad de la dignidad humana. Por su parte, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos en ella y que éstos no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la misma establece, así como que queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; en tanto que el diverso 4o. de la propia Norma Suprema establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia; que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, así como a la protección de la salud. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis P. LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, de rubro: ‘DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.’, estableció que de la dignidad humana como derecho fundamental, derivan todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad, como el derecho al estado civil de las personas, pues el individuo tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes; así, precisó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o de no hacerlo, pues es un aspecto que forma parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma. Atento a lo anterior, el artículo 175 del citado Código Familiar, al exigir la demostración de determinada causa de divorcio como única forma para lograr la disolución del matrimonio, cuando no existe consentimiento mutuo de los contrayentes para divorciarse, resulta inconstitucional, en virtud de que con ello el legislador local restringe sin justificación alguna el derecho relativo al desarrollo de la personalidad humana, que tiene que ver con la libre modificación del estado civil de las personas que deriva, a su vez, del derecho fundamental a la dignidad humana consagrado en los tratados internacionales de los que México es parte, y reconocidos, aunque implícitamente, en los preceptos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, conforme al cual las personas tienen derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se comprende precisamente el estado civil en que deseen estar."
*Que si en una pareja no existe el cariño y el respeto que ambos se merecen, es imposible que se logre una convivencia sana.
*Que de actuaciones se desprende que, las partes, para "evitar lecciones de moralidad y comportamiento", no se inconformaron con la sentencia dictada por el Juez de primera instancia.
Los argumentos sintetizados en los siete párrafos que anteceden, mismos que se analizan de manera conjunta, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo en vigor, dada la estrecha relación que guardan entre sí, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada por la parte quejosa, como se anticipó, son sustancialmente fundados, en la medida en que este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal, realiza un control de regularidad constitucional y convencional ex officio del artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco.
Debe precisarse que si bien es cierto, en su escrito inicial de demanda, el actor no solicitó que se decretara la disolución del vínculo matrimonial de manera unilateral, también es verdad que esto constituye una consecuencia lógica de su inexistencia en el orden jurídico del Estado de Jalisco.
Ahora bien, el divorcio sin expresión de causa se integró a la litis del juicio natural, cuando el Juez de los autos dictó sentencia en los autos del juicio civil ordinario **********; de tal manera, el divorcio unilateral sí formó parte de la litis, tanto en el juicio natural, como en la apelación, lo que se traslada a este juicio de amparo.
Así, es indispensable puntualizar que la causa de pedir de la parte quejosa, contenida en los argumentos que conforman los conceptos de violación, pone de relieve que la litis constitucional en el presente asunto consiste en determinar si el artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco (citado incorrectamente por la responsable como "artículo 433"), al exigir la comprobación de una causa para que proceda el divorcio, vulnera o no el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, la dignidad humana del impetrante de amparo.
Debe decirse que, si bien es cierto, la parte quejosa no señala en sus conceptos de violación, de manera expresa, que el aludido precepto de la legislación procesal civil local resulta inconstitucional o inconvencional, de la lectura integral del libelo de amparo se colige que eso es lo que en realidad pretende, pues así lo pone de relieve el hecho de que, en sus argumentaciones, invoca la protección del artículo 1o. constitucional, así como hace propias dos tesis de un Tribunal Colegiado de Circuito que aluden a diversos instrumentos jurídicos internacionales.
Hecha esa acotación, para mejor ilustración del asunto, se estima prioritario realizar algunas consideraciones previas.
El diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto, en vigor al día siguiente, por el que se modificó la denominación del capítulo I del título primero y reformó diversos artículos, entre otros, el primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los tres primeros párrafos de este precepto disponen:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."
En relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis -ratificado por el Senado de la República el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, según se observa del Diario Oficial de la Federación de nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno- estipula:
"1. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
"2. Cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
"3. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
"a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
"b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
"c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", ratificada por el Senado de la República el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, como se observa del Diario Oficial de la Federación del nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno, y cuyo decreto de promulgación fue publicado en ese medio el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno prevé lo siguiente:
"Artículo 1. Obligación de respetar los derechos.
"1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
"2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano."
De lo transcrito se obtiene que, a partir del once de junio de dos mil once, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como los previstos en la Constitución Federal, constituyen el parámetro de regularidad constitucional de todo el orden jurídico nacional, porque existe una interrelación funcional entre ambos.
Entonces, conforme a este nuevo marco, se ha integrado un bloque de constitucionalidad donde las normas de la Ley Fundamental se armonizan con las disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como normas supremas del Estado Mexicano, en el que se entiende que los derechos fundamentales no únicamente se encuentran previstos en la Constitución Federal.
El "Pacto de San José" reitera el deber del Estado de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y consagra como un derecho humano el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, la ley o la Convención.
Aunado a lo anterior, la reforma constitucional que se menciona, consagró el deber de las autoridades estatales de interpretar la Constitución Federal y los tratados acorde con las normas que estos ordenamientos establecen.
El Estado Mexicano reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, acto que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; de ahí que la convención debe interpretarse de acuerdo con los lineamientos que ella establece, entre otros, la interpretación que haga la propia Corte en su jurisprudencia, de conformidad con los artículos 33 y 66 a 68 de la propia Convención.
Las anteriores consideraciones son relevantes al caso, porque de ellas se obtiene que el Poder Judicial debe ejercer un control de regularidad constitucional y convencional ex officio, ya que conforme al marco normativo antes señalado, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los previstos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.
Particularmente al caso de la función jurisdiccional, se justifica porque está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1o., en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior.
Por todo lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito procede a ejercer un control de regularidad co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25703-e9ca7d03/divorcio-el-articulo-404-del-codigo-civil-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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