Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 21/2017 (10a.), ES APLICABLE A LOS QUE SE PROMUEVAN DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN Y QUE PREVIAMENTE DEFINIERON LA PENSIÓN EN UN JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 205/2024. · Registro digital (IUS): 33870
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-02-27
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCI
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.454.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 205/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MAGISTRADA MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el extinto(1) Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito –en su actual denominación–(2) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si por virtud de la reforma constitucional de derechos humanos, puede cesar la pensión alimenticia impuesta en la sentencia de divorcio necesario, como deudor cónyuge culpable.

3. Sin embargo, se estima necesario reformular ese cuestionamiento porque del análisis realizado a las ejecutorias en contienda se obtiene que los tribunales colegiados se pronunciaron respecto del tema: ¿Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 21/2017(3) (10a.) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, si posterior a su publicación se promueve un juicio de cancelación de pensión alimenticia entre ex cónyuges que previamente se definió en un juicio de divorcio necesario?, lo que se justifica en el apartado de existencia de la contradicción de esta ejecutoria, específicamente en los párrafos 47, 48 y 49.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

4. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el doce de julio de dos mil veinticuatro, en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito remitió testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de veinte de junio de dos mil veinticuatro, en el amparo directo 973/2023, en la que se denuncia la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado y el sustentado por el extinto Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito –en su actual denominación– al resolver el amparo directo 1320/2019 (cuaderno auxiliar 1118/2019).

5. Radicación del asunto. Por acuerdo de quince de julio de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 205/2024. En la misma actuación solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; además, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada. El expediente se turnó a la ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.

6. Desahogo de los tribunales colegiados. En acuerdos de presidencia de seis, siete y nueve de agosto de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes provenientes de los Tribunales Colegiados Primero, ambos en Materia Civil del Decimosegundo y Decimosexto Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.

7. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de quince de agosto de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal se encontraba radicada la contradicción de criterios 192/2013 con el tema "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO"; el cual guarda relación con la temática de este asunto.

8. Sin embargo, este Pleno considera que no se trata de temas similares ni la resolución de este asunto sería contraría a aquél, porque aquí lo que se va a determinar es la aplicación retroactiva de la jurisprudencia 1ª./J.21/2017 emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal cuando se solicite la cancelación de una pensión alimenticia impuesta bajo un régimen legal anterior a la publicación de ese criterio, no si la pensión alimenticia cesa cuando se fije la definitiva en sentencia, de ahí que se trata de temas diferentes.

9. Confirmación del turno electrónico. En proveído de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno electrónico de los autos a la ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

10. Nueva integración del Pleno. En acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

11. En diverso auto de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se informó de nueva cuenta a las partes la integración de este pleno conformado por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Guillermina Coutiño Mata, así como por el magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

12. Posteriormente, en acuerdo de doce de mayo de dos mil veinticinco, se informó la integración de este pleno a las partes, quedando conformada por la magistrada Guillermina Coutiño Mata y los magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y José Patricio González Loyola Pérez.

13. Luego en proveído de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se informó la actual integración de este pleno a las partes, quedando conformada por la magistrada Guillermina Coutiño Mata y los magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu, quedando confirmado el turno del asunto en esa fecha.

14. Actual integración. En acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza; asimismo, se returnó este expediente a la primera de las nombradas y se confirmó el turno de la contradicción de criterios a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

15. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.

16. Aplazamiento. El treinta de junio de dos mil veinticinco, el asunto fue listado para verse en sesión de diez de julio siguiente, en la que se determinó su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente para ser sesionado en esta fecha; y,

II. COMPETENCIA

17. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente;(4) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(5) 6 fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4, del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023, que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, porque la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados especializados en la materia civil de los Circuitos Decimosegundo y Decimosexto, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.

III. LEGITIMACIÓN

18. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente,(6) al ser formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo directo 973/2023, cuyo criterio contiende en la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

19. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso referir los antecedentes de cada asunto.

A. Criterio del extinto Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al resolver el juicio de amparo directo 1320/2019 (cuaderno auxiliar 1118/2019) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito –en su actual denominación–.

20. Juicio familiar de cesación de pensión alimenticia. Una persona física demandó de su ex cónyuge la cesación del porcentaje equivalente al cinco por ciento mensual del total de sus ingresos que por concepto de pensión alimenticia decretó el tribunal de alzada en sentencia de treinta y uno de enero de dos mil cinco, que modificó la diversa de veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, debido a que la acreedora tiene capacidad económica y el quejoso es adulto mayor y se encuentra pensionado.

21. Trámite del juicio. El seis de noviembre de dos mil dieciocho, la secretaria primera de acuerdos en funciones de Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, registró el asunto con el expediente 2238/2018 y admitió a trámite la demanda. Seguida la secuela procesal, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la jueza dictó sentencia en la que determinó absolver al actor de proporcionar alimentos a la demandada y dejó sin efectos el descuento del cinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones.

22. Recurso de apelación. Inconforme con dicho fallo, la parte demandada interpuso recurso de apelación del que conoció la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán y finalizada su tramitación dictó sentencia el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en la que revocó la sentencia recurrida y determinó que la parte actora no demostró su pretensión de cesación de pensión alimenticia.

23. Juicio de amparo directo. En contra de esa decisión, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito –actual denominación–, el que lo radicó con el número de expediente 1320/2019 y admitió a trámite. Por acuerdo de presidencia de seis de noviembre de dos mil diecinueve, envió los autos a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, a fin de que lo turnara al extinto Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, para su resolución.

24. Sentencia de amparo. Mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el extinto Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región recibió el asunto y lo registró con el expediente 1118/2019. En sesión de diecisiete de enero de dos mil veinte, concedió el amparo solicitado con sustento en las consideraciones siguientes:

"SEXTO. Estudio del asunto. Uno de los argumentos del quejoso –analizado desde la cuestión efectivamente planteada– es fundado y suficiente para conceder el amparo

y protección de la Justicia Federal solicitada.

(...)

II. Dignidad humana y naturaleza de los alimentos.

Por cuestión metodológica y con apoyo en el artículo 189 de la Ley de Amparo,(7) se analizará el concepto de violación que, al resultar fundado en su cuestión efectivamente planteada, redunda en un mayor beneficio para el quejoso.

Es de destacar que, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo,(8) este tribunal está facultado para resolver la cuestión efectivamente planteada, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

El solicitante del amparo manifiesta que la autoridad responsable no tomó en cuenta que la demandada apelante (tercera interesada) cuenta con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimenticias, lo cual –indica el quejoso– lo demostró con la prueba confesional a su cargo; por lo que es injusto que la tercera interesada tenga ingresos suficientes y aun así continúe la pensión alimenticia.

De la cuestión efectivamente planteada en ese concepto de violación, se desprende que –trasfondo– el quejoso se inconforma con la decisión de la Sala responsable relativa a que es intrascendente si la demandada cuenta o no con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias, bajo la consideración de que la obligación nació como sanción impuesta en una sentencia de divorcio en la que fue declarado cónyuge culpable.

Así, de la cuestión efectivamente planteada, se advierte que el quejoso considera que, para la procedencia de la acción de cancelación de pensión alimenticia que ejerció, sí importa la circunstancia de si la acreedora necesita o no los alimentos, por la relación "posibilidad-necesidad" que rige este derecho.

Es fundado el concepto de violación.

En efecto, erró la Sala responsable al considerar que al tener la pensión alimenticia el carácter de sanción, al considerarse al actor como cónyuge culpable en un juicio de divorcio anterior, debía prevalecer hasta en tanto la demandada contrajera nuevas nupcias, pues así fue resuelto en aquel juicio de divorcio (resuelto el treinta y uno de enero de dos mil cinco, previo a las reformas constitucionales de dos mil once); con independencia de si ella necesita o no de los alimentos.

Se explica.

En primer término, debe partirse de tres premisas generales, a saber:

a) La dignidad humana es un principio que permea en todo el orden jurídico.

b) En materia de alimentos, la institución de cosa juzgada es mutable, siempre y cuando se alteren o cambien las circunstancias.

c) A la luz del nuevo marco constitucional en derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que una pensión alimenticia no puede tener el carácter de sanción en un juicio de divorcio.

Veamos:

a) Dignidad humana como principio jurídico.

Con motivo de las reformas constitucionales de dos mil once en materia de derechos humanos, la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad.

Así, el respeto a la dignidad humana constituye un imperativo jurídico que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta –en su núcleo más esencial– como el derecho inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.

Es decir, en el nuevo marco constitucional, la dignidad humana es el núcleo esencial de todo el orden jurídico, el cual es deber de todas las autoridades respetarla y protegerla.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 37/2016 (10a.),(9) de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto:

"DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. (Se transcribe).

b) Cosa juzgada en materia de alimentos.

El artículo 351 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa dispone:

(...)

De ese precepto se obtiene que el legislador local reguló que las resoluciones judiciales firmes dictadas en asuntos de alimentos sólo tienen autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.

Ello no significa que en materia de alimentos no exista cosa juzgada y que por ello se deba permitir a los interesados descuidados en sus defensas, que promuevan diversos juicios, aduciendo los mismos hechos, sin que se invoquen otros nuevos que varíen las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción, porque sería cuestión de estar reexaminando siempre la misma controversia.

Lo que prevé el artículo es que la institución de la cosa juzgada es mutable en determinadas hipótesis, a saber, si se alteran o cambian las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.

Esta situación de mutabilidad de la cosa juzgada en materia de alimentos no es novedosa, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo viene reconociendo desde épocas anteriores. Por ejemplo, a través de las tesis aisladas:

"ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA. (Se transcribe).(10)

"ALIMENTOS, COSA JUZGADA EN MATERIA DE. CÓMO

DEBE INTERPRETARSE QUE NO OPERA LA EXCEPCIÓN. (Se transcribe).(11)

c) Interpretación jurisprudencial de la naturaleza de una pensión alimenticia.

A través de la jurisprudencia 1a./J. 21/2017 (10a.), de rubro: "ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO POR ACREDITACIÓN DE CAUSALES. SU IMPOSICIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE SANCIÓN",(12) publicada el veintitrés de junio de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación, la Primera Sala del Alto Tribunal:

(...)

Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que no podían seguir subsistiendo en el orden jurídico, los calificativos de cónyuge culpable o inocente, pues atenta contra la dignidad humana, al vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por lo mismo, concluyó que, al no seguir subsistiendo en nuestro orden jurídico esos calificativos, los alimentos decretados en un juicio de divorcio no tienen el carácter de sanción, por lo que el derecho a ellos sólo podrá constituirse a favor del cónyuge que tendría derecho a recibirlos si queda probada, en mayor o menor grado, su necesidad de recibirlos.

De la correlación de esas tres premisas, este tribunal colegiado de circuito concluye:

La Sala responsable no advirtió que la acción ejercida no era tendiente a cuestionar la sentencia emitida en el juicio de divorcio en que se impuso la pensión alimenticia como sanción (la cual fue emitida bajo un marco legal y constitucional diferente). Lo anterior, pues la acción ejercida por el actor es la cancelación de la pensión con motivo de que, a su decir, la acreedora no necesita los alimentos, y la pensión alimenticia (conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) no debe tener el carácter de sanción.

Luego, si en la sentencia reclamada, la Sala responsable consideró que debía continuar la pensión alimenticia porque fue impuesta como sanción en una sentencia de divorcio en el que se consideró al deudor cónyuge culpable (sin importar si la acreedora necesita dicha pensión), resulta inconcuso que ese fallo atenta contra la dignidad humana del quejoso.

Ello, pues en la sentencia reclamada –trasfondo–, se le sigue considerando al actor quejoso como cónyuge culpable, lo que lo estigmatiza en forma negativa, lo cual, como se vio, es violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, a su vez, al núcleo esencial de su dignidad humana, siendo que todas las autoridades (incluidas las jurisdiccionales) tienen la obligación de respetar y proteger la dignidad de todo individuo.

Esto es, la autoridad responsable no respetó ni garantizó el derecho a la dignidad humana del quejoso mediante la emisión de su sentencia.

No es obstáculo el argumento de la Sala responsable de que la jurisprudencia 1a./J. 21/2017 (10a.), de rubro: "ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO POR ACREDITACIÓN DE CAUSALES. SU IMPOSICIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE SANCIÓN", no podía aplicarse para decretar la cesación de la pensión, pues en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Razonamiento de la Sala que sustentó en que esa jurisprudencia fue publicada el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, esto es, una fecha posterior a la de la sentencia que obligó al actor a otorgar la pensión alimenticia por ser cónyuge culpable (treinta y uno de enero de dos mil cinco); por lo que su aplicación retroactiva generaría daños a la acreedora sobre un derecho ya adquirido y no una simple expectativa de derecho.

No se comparte la consideración de la autoridad responsable.

En primer término, se reitera que la autoridad responsable actuó ilegalmente al continuar considerando al actor como cónyuge culpable.

En segundo lugar, no existe una aplicación retroactiva de la jurisprudencia, pues, se insiste, la acción del actor consiste en la cancelación de la pensión alimenticia (al no necesitarla la demandada), y no en la devolución de la cantidad ya efectuada con motivo de dicha pensión (pues el debate jurídico no es si fue correcto o incorrecto que se constituyera la pensión en la sentencia de divorcio, sino que se centra en la procedencia de la cancelación de la misma).

Se explica:

Si la base de todo el ordenamiento jurídico es el respeto a la dignidad humana de las personas, no puede considerarse la inmutabilidad de la cosa juzgada respecto a que el actor deba cargar siempre con el estigma de ser considerado "cónyuge culpable", pues esto atenta contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Esto implica que, en un juicio de cancelación de pensión alimenticia, posterior al del divorcio, promovido después de la emisión de la jurisprudencia comentada y bajo el nuevo marco constitucional en derechos humanos, no es jurídicamente correcto seguir considerándolo cónyuge culpable. Ello, bajo el contexto de que, además, en materia de alimentos la cosa juzgada puede variar si cambian o se alteran las circunstancias originales.

Por ello, si la naturaleza de "sanción" de la pensión alimenticia tuvo como origen la imputación de ser "cónyuge culpable", es dable concluir que –si bien antes de que se promoviera la acción de cancelación de la pensión, ésta tuvo la naturaleza de sanción, por virtud de la cosa juzgada– es jurídicamente viable que en la sentencia que recaiga a la acción de cancelación de pensión ya no se le considere a ésta como una sanción.

Considerar lo contrario conllevaría a que la autoridad jurisdiccional resuelva un nuevo juicio con razonamientos jurídicos que violan la dignidad humana del actor.

Además, cabe precisar que la aplicación de la multicitada jurisprudencia en el juicio de origen no implica una aplicación retroactiva en perjuicio de la demandada, y que atente contra la institución de la cosa juzgada.

Ello, pues –se insiste– la acción ejercida no consistió en revisar el juicio de divorcio ni la constitución de la pensión alimenticia que ahí se decretó, sino en cancelar dicha pensión, con motivo de que la demandada no la necesita y que ésta no puede continuar teniendo el carácter de sanción.

Esto es, la demanda de cancelación de pensión alimenticia (promovida en dos mil dieciocho) es posterior a la emisión de la jurisprudencia 1a./J. 21/2017 (10a.), por lo que no puede considerarse una aplicación retroactiva de la misma.

Además, la acción ejercida no atenta contra la institución de la cosa juzgada, pues no implica un pronunciamiento sobre la pensión que ya recibió la demandada, sino sobre la pensión alimenticia que aún no percibe, al pretender cancelarla.

Por ello, no se vulnera ningún derecho adquirido a razón de la cosa juzgada, pues –se insiste– es constitucionalmente inválido considerar que en cualquier juicio promovido después de la emisión de la jurisprudencia 1a./J. 21/2017, sea inmutable la cosa juzgada de que el actor es un "cónyuge culpable" y, derivado de ello, que la pensión alimenticia a la que fue condenado siempre tendrá el carácter de sanción.

(...)"

B. Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil 973/2023.

25. Juicio de cancelación de pensión alimenticia. Una persona física demandó de su ex cónyuge y de sus hijos la cancelación y/o suspensión en la obligación de proporcionar alimentos, por el equivalente al sesenta por ciento mensual del total de sus ingresos que por concepto de pensión alimenticia, decretó el Juzgado de Partido Segundo de lo Civil de Salamanca, Guanajuato, en sentencia de treinta y uno de enero de dos mil siete, modificada por la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

26. Tramitación del juicio. En acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, registró la demanda con el número F0560/2023 y la admitió a trámite. Seguida la secuela procesal, el ocho de agosto de dos mil veintitrés, el juez dictó sentencia en la que determinó que la parte actora no acreditó el cambio de las condiciones bajo las cuales se concedió la pensión alimenticia en favor de la ex cónyuge demandada, consistentes en que la acreedora se encuentra en aptitud de trabajar, de manera que debía seguir otorgándola en los términos de la sentencia del juicio familiar de origen.

27. Recurso de apelación. Inconforme con ese fallo, la parte actora interpuso recurso de apelación del que conoció la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, la que lo registró con el expediente 474/2023 y lo admitió a trámite. El veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la referida sala dictó sentencia en la que determinó modificar la sentencia recurrida y ordenó la cancelación en favor de la ex cónyuge demandada.

28. Juicio de amparo directo. En contra de esa sentencia, la parte demandada promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, el que por acuerdo de presidencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés, lo radicó con el número de expediente 973/2023 y lo admitió a trámite. En sesión de veinte de junio de dos mil veinticuatro, determinó conceder el amparo solicitado bajo las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Estudio.

(...)

Decisión que no es compartida por este Tribunal Colegiado, pues lo resuelto por la Sala responsable, tal como se sostiene en los conceptos de violación, implica dar efecto retroactivo a la ley, lo cual contraviene el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la quejosa.

En efecto, no se desconoce el Alto Tribunal en diversos criterios ha sostenido que los calificativos de "cónyuge culpable o inocente" no tienen cabida en los asuntos de índole familiar, por ende, que no puede imponerse alguna sanción a las partes contendientes con base en tales calificativos, ya que ello atenta contra la dignidad humana, al vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad; sin embargo, ello no resulta suficiente para cancelar la pensión alimenticia constituida en favor de la quejosa mediante sentencia de veintinueve de marzo de dos mil siete, en la se estableció que le asistía el derecho a percibir una pensión alimenticia por parte de su ex pareja al tener el carácter de "cónyuge culpable" por las injurias que le profirió a su contraparte, atento a lo previsto en el artículo 342 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, vigente en aquella época, en tanto que esa resolución determinó que la pensión subsiste en tanto que la quejosa ********** continúe viviendo honestamente, lo que se estableció en sentencia firme.

Se insiste, es cierto actualmente no puede imponerse una pensión alimenticia atendiendo a los calificativos de "cónyuge culpable o inocente", pues dicha prestación no tiene el carácter de sanción, ya que la obligación de dar alimentos no constituye un castigo derivado de una resolución que disuelve un vínculo matrimonial, sino que se trata de un deber necesario para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de un individuo, esto es, lo relevante para constituir una obligación alimentaria debe quedar probado en mayor o menor grado, la necesidad del acreedor a recibirlos.

En efecto, como se ha sostenido, los alimentos son distintos a una sanción en tanto el deber alimentario se fija tomando en cuenta circunstancias como la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33870-980b5eb3/juicio-de-cancelacion-de-pension-alimenticia-la-tesis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.