ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS SE ENCUENTRA CONDICIONADA A QUE SE ACREDITE, EN MAYOR O MENOR MEDIDA, LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS). ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO POR ACREDITACIÓN DE CAUSALES. SU IMPOSICIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE SANCIÓN. PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE LOS JUICIOS DE DIVORCIO. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA ACORDE AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS).
ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS SE ENCUENTRA CONDICIONADA A QUE SE ACREDITE, EN MAYOR O MENOR MEDIDA, LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS).
ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO POR ACREDITACIÓN DE CAUSALES. SU IMPOSICIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE SANCIÓN.
PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE LOS JUICIOS DE DIVORCIO. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA ACORDE AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 359/2014. SUSCITADA ENTRE EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.
III. COMPETENCIA
6. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1); y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.
7. Lo anterior, en virtud de que se trata de la denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
IV. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Magistrado Enrique Dueñas Sarabia, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación, previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
9. En primer orden, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no se ven reflejados en alguna tesis o jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para que este Alto Tribunal lleve a cabo su análisis, establezca si existe la contradicción planteada y, en su caso, determine cuál es el criterio que debe prevalecer, pues lo trascendente es que se advierta la discrepancia de sus criterios y, por ende, la necesidad de unificarlos para generar certeza jurídica en el justiciable; siendo aplicable la tesis aislada registrada con el número L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(2)
10. Enseguida se analizará si el asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado,(3) a saber:
10.1 Primero: que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
10.2 Segundo: entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
10.3 Tercero: que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
11. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, las que se relacionan enseguida.
12. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el juicio de amparo directo civil **********, cuyos antecedentes son:
• El asunto deriva de un juicio ordinario civil, radicado en el Juzgado Cuarto en Materia Familiar del Primer Partido Judicial en el estado de Jalisco, en el que tanto en la vía principal como en la reconvencional se demandaron entre otras prestaciones, la disolución del vínculo matrimonial al haber incurrido en la causal específica de divorcio, contenida en el artículo 405 del Código Civil para el Estado de Jalisco y, como consecuencia de la declaratoria de divorcio, el otorgamiento de una pensión alimenticia.
• Seguido el juicio en sus trámites legales, el Juez del conocimiento dictó sentencia en la que con fundamento en el artículo 405 del Código Civil para el Estado de Jalisco, declaró disuelto el vínculo matrimonial y condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia a favor de la accionante, por considerar que le recaía el carácter de cónyuge culpable.
• En contra de esa determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, del que conoció la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, quien modificó la sentencia de primera instancia, en el sentido de absolver al demandado de la prestación reclamada, atinente a la fijación de una pensión alimenticia, por contar la parte actora con caudal propio y, por ende, ser autosuficiente.
• Por virtud de la resolución anterior, la actora promovió juicio de amparo, del que tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien lo radicó con el número ********** y concedió el amparo solicitado, a partir de las siguientes consideraciones:
• Señaló que los conceptos de violación eran fundados. Ello, sobre la premisa de que la obligación de proporcionar alimentos que nace del matrimonio es diversa a la que se implementa como consecuencia del divorcio, ya que la primera tiene su fuente en el artículo 433 del Código Civil para el Estado de Jalisco, mientras que la segunda en el numeral 419 de dicho ordenamiento.
• De ello, concluyó que es suficiente la existencia de un veredicto que disuelva el vínculo matrimonial, y que declare inocente a uno de los cónyuges, para que éste tenga derecho a percibir alimentos hasta en tanto que no contraiga nuevas nupcias y tenga un modo honesto de vivir.
• Asimismo, precisó que no era óbice para la "fijación" de los alimentos, las circunstancias especiales del caso, así como la capacidad económica del deudor y la necesidad del acreedor alimentario, toda vez que estos aspectos, únicamente serán útiles para establecer el quántum de la indemnización.
• También consideró oportuno citar un sector de la doctrina que sobre el tema afirma que la pensión es una indemnización debida por el esposo responsable del divorcio al que es víctima de su culpa, como reparación del perjuicio que le ha causado; a su vez, que también, señala que la pensión está limitada a la necesidad del esposo acreedor y a la posibilidad del deudor.
• Sobre las anteriores premisas, estimó incorrecta la determinación de la Sala responsable, mediante la que absolvió al cónyuge culpable del pago de alimentos con sustento en que la actora -cónyuge inocente- no justificó que los emolumentos que percibe con motivo de su trabajo son insuficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias, es decir, su necesidad.
• Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito precisó que tal cuestión no era motivo para absolver al cónyuge culpable de la sanción relativa al pago de alimentos, puesto que hacerlo así, haría nugatoria la pena que se impone al cónyuge responsable de la disolución del vínculo matrimonial.
• Bajo esta óptica, el tribunal de amparo señaló que era necesario decretar el derecho que nació a favor del cónyuge inocente a recibir alimentos, aunque no se tuvieran bases para establecer el monto de la sanción, puesto que la cuantía de la obligación podría quedar en suspenso mientras no cambiaran las circunstancias que imperaban hasta la disolución del vínculo matrimonial.
• Así, concluyó que la situación de que la cónyuge inocente no haya demostrado, durante el juicio de origen, la necesidad a una pensión alimenticia, no significaba que con posterioridad no pudiera reclamarla si cambiaban sus circunstancias, puesto que su derecho a recibir alimentos había nacido por el hecho de ser la cónyuge inocente; y ese derecho seguiría vigente hasta en tanto no contrajera nuevas nupcias, y siempre que viviera honestamente. Ello, de conformidad con el artículo 419 del Código Civil del Estado de Jalisco.
• Al respecto, especificó, que tal consideración partía de la premisa de que una de las finalidades del matrimonio es la ayuda mutua, lo que justifica aplicar la institución de los alimentos con motivo de la unión conyugal; razón por la cual, el legislador previó que el derecho a percibir alimentos, siguiera vigente a favor del cónyuge inocente después del divorcio, como si siguiera casado por no ser el responsable de la disolución relativa.
• Dicho ello, el tribunal de amparo dijo no compartir las tesis VII.2o.C.21 C (10a.) y I.8o.C.60 C, publicadas en las páginas 1891 y 593 del Libro XVI, Tomo 3, enero de dos mil trece y del Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, de la Décima y Novena Épocas, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que justamente condicionan la efectividad de la sanción de que se trata, a la capacidad económica del cónyuge culpable y a la necesidad del inocente, razón por la cual, denunció la contradicción de tesis correspondiente, puesto que dichos criterios en ese orden preceptúan: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO NACE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS A FAVOR DEL INOCENTE, EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, SI NO ESTÁ DEMOSTRADA SU NECESIDAD."; asimismo, "ALIMENTOS EN EL CASO DE DIVORCIO. TIENEN EL CARÁCTER DE SANCIÓN QUE SE IMPONE AL CÓNYUGE CULPABLE Y PARA FIJARLOS DEBE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, A LA CAPACIDAD PARA TRABAJAR DE LOS CÓNYUGES Y A SU SITUACIÓN ECONÓMICA."
• En sí, éstas fueron las razones por las que el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo, para los efectos de que la Sala responsable dejara insubsistente el acto reclamado y dictara una nueva sentencia en la que reiterara los aspectos que no fueron materia de impugnación; decretara que la actora al ser cónyuge inocente le asistía el derecho a recibir alimentos hasta que no contrajera nuevas nupcias y tuviera un modo honesto de vivir; por último, que el monto de la pensión alimenticia quedaría en suspenso hasta en tanto cambiaran las circunstancias del caso, que justificaran la necesidad del cónyuge que tiene derecho a recibir los alimentos.
13. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito resolvió el juicio amparo directo civil **********, cuyos antecedentes y consideraciones se sintetizan enseguida.
• El asunto deriva de un juicio ordinario civil, radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el número **********, en el que se demandó el pago de una pensión alimenticia.
• El demandado contestó la demanda instaurada en su contra y reconvino de la actora entre otras prestaciones la disolución del vínculo matrimonial, fundado en la causal prevista por el artículo 141, fracción XVII, del Código Civil del Estado de Veracruz y la pérdida del derecho de percibir pensión alimenticia.
• Por otra parte, en el mismo Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, la actora promovió un juicio ordinario civil, radicado bajo el número **********, en el que demandó el divorcio necesario con fundamento en la causal prevista en la fracción I del artículo 141 del Código Civil del Estado de Veracruz, por adulterio debidamente probado, así como todas las consecuencias legales y económicas.
• Las actuaciones del juicio ordinario civil ********** se acumularon a los autos del expediente **********.
• Seguido el juicio por sus cauces legales, el Juez del conocimiento dictó sentencia en la que declaró la disolución del vínculo matrimonial, al haberse actualizado la causal del divorcio prevista en el artículo 141, fracción I, del Código Civil del Estado de Veracruz, resolvió que ambos cónyuges recobraban su capacidad para contraer nuevo matrimonio, pero el demandado al haber dado motivo para el divorcio no podría volver a hacerlo, sino pasados dos años contados a partir de que causara ejecutoria el fallo; se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva, únicamente a favor de su menor hijo, así como al pago de gastos y costas del juicio al no haber obtenido sentencia favorable a sus intereses.
• En contra de esa determinación, la actora interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con el número de toca **********, quien confirmó la sentencia recurrida y condenó a la apelante al pago de gastos y costas.
• Inconforme con dicha resolución, la actora promovió juicio de garantías, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien por un lado sobreseyó y, por otro, negó el amparo solicitado, en atención a las siguientes consideraciones.
• Calificó como infundado el concepto de violación atinente a que la pensión alimenticia era procedente y que ésta nace como una consecuencia directa del divorcio decretado con motivo del adulterio cometido por el tercero perjudicado, y no de su necesidad.
• Ello, puesto que consideró acertada la interpretación de la Sala responsable del artículo 162 del Código Civil de Veracruz, en la medida que la sentencia que declara culpable a alguno de los cónyuges no da lugar al pago de una pensión alimenticia a favor del inocente, ya que no opera como sanción en contra del cónyuge culpable, por haber causado el divorcio.
• Lo anterior, en atención de que el divorcio causado por culpa de un cónyuge sólo da pie al vínculo jurídico que genera la obligación alimenticia de éste con el cónyuge inocente; pero que ello, también está supeditado a la comprobación de los elementos: necesidad y capacidad, según la legislación aplicable al caso.(4)
• En esta línea argumentativa, el tribunal de amparo señaló que si no existía alguno de los anteriores elementos, como la necesidad del acreedor a recibir una pensión alimenticia, tampoco existía razón para proporcionarla, ya que la institución de los alimentos persigue el fin de la solidaridad que impone la obligación al deudor alimentario de asistir al acreedor para el mantenimiento de una vida decorosa, pero sin que dicha asistencia abarcara lujos o excesos.
• El Tribunal Colegiado de Circuito también sustentó su resolución en el artículo 162 del Código Civil de Veracruz, de cuyo contenido, señaló, se advierten como elementos de la obligación alimenticia la necesidad de recibirlos y la capacidad para otorgarlos.
• De ello, concluyó que la obligación alimenticia a favor del cónyuge inocente no subsistía después del divorcio, a menos que comprobara su necesidad como elemento básico de la obligación alimenticia.
• En sí, ésas fueron las razones para que el tribunal de amparo negara la protección constitucional, y de las mismas derivó la tesis aislada de rubro y texto siguientes:
"ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO NACE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS A FAVOR DEL INOCENTE, EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, SI NO ESTÁ DEMOSTRADA SU NECESIDAD.-El artículo 162 del Código Civil para el Estado establece que en los casos de divorcio el Juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso, entre ellas, la capacidad para trabajar de los cónyuges y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de una pensión alimenticia a favor del inocente. Lo anterior, no se traduce en un deber ineludible para el juzgador de establecer una condena de alimentos, pues ésta debe estar supeditada a la comprobación de la necesidad del acreedor alimentario y a la capacidad del deudor; por lo que, al no acreditarse aquélla por el inocente, no existe uno de los elementos para su otorgamiento. Ello es así, dado que el citado precepto obliga a tomar en consideración las circunstancias del caso, las cuales son las disposiciones relativas a la extinción de la obligación; esto es, cuando desaparezca la posibilidad del que los suministra o la necesidad del que los recibe, de conformidad con el artículo 233 del referido código; por ende, cuando no exista necesidad no nace la obligación alimenticia.(sic)"
14. Por último, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el juicio amparo directo civil **********, cuyos antecedentes y consideraciones se sintetizan enseguida.
• El asunto deriva de un juicio ordinario civil tramitado ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal, registrado con el número de expediente **********, en el que entre otras prestaciones se demandó la disolución del vínculo matrimonial (divorcio necesario), así como el incremento de una pensión alimenticia a favor de la cónyuge actora y de la menor hija de ella y del demandado.
• Sustanciado el procedimiento el Juez del conocimiento dictó sentencia en el sentido de decretar la disolución del matrimonio; dejar en aptitud a ambos cónyuges de contraer nuevo matrimonio, pero, con la salvedad de que el demandado por ser cónyuge culpable sólo podría hacerlo hasta que transcurrieran dos años desde la disolución del matrimonio; condenar al demandado al pago de una pensión alimenticia en favor de su menor hija; por último, absolver al mismo del pago de alimentos en favor de la actora.
• En contra de esa determinación, ambas partes interpusieron recursos de apelación, de los que conoció la Décima Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el número de toca **********, quien confirmó la sentencia recurrida.
• Inconformes con dicha resolución, ambas partes promovieron sendas demandas de amparo directo, correspondiendo conocer de ellas al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con los números DC ********** y DC **********, en donde se concedió el amparo para los siguientes efectos:
• A la actora, para que la Sala responsable hiciera el pronunciamiento correspondiente, al no abordar la inconformidad manifestada en lo que atañe a la condena al pago de la pensión alimenticia a favor de la acreedora; así como decidir sobre el incremento o disminución de la pensión alimenticia decretada por el Juez de primer grado, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 308 y 311 del Código Civil para el Distrito Federal.
• Al demandado, para que la Sala responsable dictara una nueva resolución en la que se avocara al estudio de la decisión relativa a la correcta graduación de la condena al pago de la pensión alimenticia, a favor de la niña acreedora alimenticia; así también, para que la Sala abordara simultáneamente el estudio y decisión de los agravios que omitió estudiar, relacionados con la insuficiencia aducida de la condena al pago de la pensión alimenticia, a favor de la citada acreedora, para lo cual, otorgó a la responsable plenitud de jurisdicción, debiendo hacer la graduación en términos de lo dispuesto en los artículos 308 y 311 del Código Civil para el Distrito Federal, sin perjuicio de que subsistieran y se dejaran intocadas las demás consideraciones.
• En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala responsable dictó nueva resolución en la que nuevamente confirmó la sentencia de primer grado, pero con plenitud de jurisdicción realizó el estudio de los agravios que omitió analizar y resolvió que, si el demandado reconoció en su momento que erogaba gastos mayores a los siete mil quinientos pesos mensuales en beneficio de su menor hija y si, además, estaba demostrada su capacidad económica y, si por otra parte, la actora manifestó y demostró que los gastos de su menor hija ascendían a ocho mil pesos mensuales, entonces el importe de dichos gastos debía dividirse entre los dos padres, dado que la carga de los alimentos corresponde a ambos, por ende, cada uno de ellos debe aportar el cincuenta por ciento del total de ocho mil pesos y, en esas circunstancias, el importe de la pensión alimenticia decretada por el Juez familiar, resulta apegada a derecho, en términos de la proporcionalidad a que se refiere el artículo 311 del Código Civil citado.
• En contra de la determinación anterior, emitida por la Sala responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, nuevamente la actora promovió demanda de amparo de la que correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registrándola con el número DC. **********, quien resolvió conceder el amparo a la quejosa.
• El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostuvo lo siguiente:
• Determinó que fue incorrecta la forma en que la Sala responsable distribuyó la obligación alimenticia a favor de la hija de los divorciantes, ya que ésta no debía dividirse entre dos simplemente; sino que, por el contrario, debió distribuirse en proporción a la capacidad económica de cada uno de los padres de la menor.
• Por otro lado, señaló que la Sala responsable dejó de tomar en cuenta que el quejoso fue declarado cónyuge culpable en la sentencia de primera instancia, en virtud de la procedencia de la causal de adulterio que se declaró fundada.
• Ello, porque en tales condiciones era aplicable lo dispuesto por el artículo 288 del Código Civil del Distrito Federal, que establece como consecuencia necesaria del divorcio la imposición al cónyuge culpable de pagar alimentos, a favor del inocente a modo de una sanción, ello aun y cuando dicho precepto señale que se deben tomar en cuenta las circunstancias del caso y la capacidad del cónyuge que debe darlos, así como la necesidad del que debe recibirlos.
• Para arribar a la anterior conclusión el tribunal de amparo tomó en cuenta el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis visibles en las páginas cuatrocientos sesenta y cuatrocientos setenta y uno del tomo de precedentes que no han integrado jurisprudencia de 1969 a 1986, de rubro: "DIVORCIO, ALIMENTOS PARA LA CÓNYUGE INOCENTE EN LOS CASOS DE."
• Así, con fundamento en lo anterior, señaló que en el caso el Juez de primera instancia no debió absolver al cónyuge culpable del pago de alimentos por el hecho de que esta última contaba con ingresos que le permitían sufragar sus requerimientos alimentarios.
• Asimismo, señaló que no pasaba desapercibido que la actora no haya manifestado agravio alguno, tendente a inconformarse con tal determinación del Juez de primera instancia, pero que de conformidad con el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la Sala del conocimiento estaba obligada a suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho formulados por la actora recurrente, y que por ello era el caso de conceder el amparo.
• Dicha concesión fue para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar emitiera otra en la que siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria. Por un lado, condenara al demandado por ser cónyuge culpable a otorgar una pensión alimenticia en favor de la actora y, por otro, cuantificara la pensión que éste debe conceder para la manutención de su menor hija, tomando en consideración las necesidades de la misma y la capacidad económica de los padres.
• De las consideraciones sustentadas en el asunto antes mencionado, derivó la tesis aislada de rubro y texto siguientes:
"ALIMENTOS EN EL CASO DE DIVORCIO. TIENEN EL CARÁCTER DE SANCIÓN QUE SE IMPONE AL CÓNYUGE CULPABLE Y PARA FIJARLOS DEBE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, A LA CAPACIDAD PARA TRABAJAR DE LOS CÓNYUGES Y A SU SITUACIÓN ECONÓMICA.-Conforme a lo dispuesto por el artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, en los casos de divorcio, el Juez tomando en cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad de trabajar de los cónyuges y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de alimentos en favor del inocente. En dicho precepto legal se establece como consecuencia necesaria del divorcio decretado, la imposición al culpable del pago de alimentos en favor del inocente; la razón de ser de los alimentos contra el cónyuge culpable es una sanción, pues si durante el matrimonio los cónyuges tienen las obligaciones recíprocas de proporcionarse alimentos, de ayudarse mutuamente según sus posibilidades y necesidades; en el caso del divorcio los alimentos, como ya se precisó, tienen el carácter de una sanción que se impone al cónyuge culpable por un hecho que le es directamente imputable, el haber disuelto el matrimonio, y para su fijación debe de atenderse a las circunstancias del caso, a la capacidad para trabajar de los cónyuges y a su situación económica."
15. De lo anterior, se deduce que los tribunales que participan en la presente contradicción de tesis resolvieron una cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método. Lo que resulta evidente pues dichos órganos jurisdiccionales conocieron, respectivamente, de sendos juicios de amparo directo, cuyo antecedente mediato deriva de juicios de divorcio necesario, en los que habiéndose acreditado la causa en que se sustentó la solicitud de la disolución necesaria del vínculo matrimonial, se determinó que en una de las partes recaía el carácter de cónyuge culpable y, en la otra, el carácter de cónyuge inocente.
16. En esas circunstancias, y dado que del texto de las legislaciones aplicables al caso, se deriva que el cónyuge inocente tendrá derecho al pago de alimentos,(5) dichos tribunales se vieron en la necesidad de analizar si en tales casos, los alimentos tienen el carácter de sanción, o si esto no es así, además de determinar si, en esos supuestos, cobra o no aplicación el principio de proporcionalidad, a fin de dilucidar cómo debe proceder el juzgador cuando el cónyuge inocente no demuestra la necesidad de recibir alimentos. Por tanto, es el caso de concluir que se encuentra satisfecho el primero de los supuestos necesarios para acreditar la existencia de la contradicción.
17. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Por razón de método, ante las diferencias advertidas en la legislación que actualmente se aplica en una de las entidades en que ejerce jurisdicción uno de los tribunales que participan en esta contradicción de tesis, el análisis de la segunda exigencia referida al epígrafe, se realizará en dos apartados, primero sobre si existe un punto de toque entre el criterio que sostiene el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el que sustentan los otros dos tribunales y, en segundo orden, si entre estos últimos se actualiza al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico.
Punto de toque entre el criterio que sustenta el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y los sostenidos por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que el segundo de los requisitos necesarios para la existencia de la contradicción de tesis no queda cumplido, respecto del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, lo que lleva a excluirlo de la presente controversia, en la medida de que dicho tribunal se apoyó en disposiciones (específicamente el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Código Civil para el Distrito Federal) que regulan una institución, como es el divorcio con causales, que actualmente no tiene más aplicación en el sistema jurídico local.
19. Ciertamente, no pasa inadvertido para esta Primera Sala, que el asunto del que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se resolvió en mil novecientos noventa y seis, con base en disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, que estuv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27193-b4687169/alimentos-en-el-juicio-de-divorcio-necesario-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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