DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2011. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIOS: OSCAR VÁZQUEZ MORENO, ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ, MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ, MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ Y MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.
Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Primer Circuito.
La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.
En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue formulada por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hizo suya la denuncia, por carecer de legitimación la Juez de Distrito denunciante; de ahí que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. A fin de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
Resolvió el amparo directo 621/2009, promovido por **********, contra la sentencia definitiva que decretó la disolución del vínculo matrimonial, dictada por el Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar del Distrito Federal, en el juicio ordinario civil 998/2009, seguido por **********.
Para una mejor comprensión, resulta conveniente precisar los antecedentes del caso, los cuales se resumen a continuación:
1. ********** demandó en la vía ordinaria civil a **********, la disolución del vínculo matrimonial, la declaración de separación de personas y la desocupación del domicilio conyugal, entre otras prestaciones.
2. Se ordenó emplazar a la parte demandada.
3. La parte reo dio contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones y hechos manifestados por su contrario, además opuso excepciones y defensas.
4. Agotadas las etapas procesales correspondientes, el Juez de instancia disolvió el vínculo matrimonial y dejó a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer vía incidental, en lo concerniente a los respectivos convenios propuestos.
5. Inconforme con tal determinación, ********** interpuso demanda de amparo directo. Una vez agotados los trámites legales correspondientes, el Tribunal Colegiado determinó conceder el amparo solicitado y, para lo que aquí interesa, sostuvo lo siguiente:
"I.3 Régimen sustantivo del divorcio. El régimen sustantivo del litigio llevado a esta clase de procesos se encuentra en el artículo 266 del Código Civil, donde se confiere legitimación en la causa a ambos cónyuges o a uno solo para pedir el divorcio, y se determina que la petición debe hacerse ante la autoridad judicial mediante la manifestación de su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se hace la petición, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del matrimonio. Esta disposición hace patente que los elementos de la pretensión de divorcio son tres: a) La existencia del matrimonio, como presupuesto lógico y jurídico indispensable; b) El transcurso de un año, contado a partir del día siguiente al de la fecha de celebración del matrimonio y el día anterior a la presentación de la demanda; y, c) La manifestación de voluntad de ambos cónyuges o de uno solo de ellos, en el sentido de no querer continuar con la relación matrimonial, sin que haya necesidad de revelar al Juez la causa de esa voluntad extintiva. Sobre este último elemento, cabe destacar que el legislador no ignoró ni pasó por alto el principio de causalidad de las decisiones humanas y, por tanto, que la voluntad de concluir el matrimonio constituye el efecto de alguna causa, pero a diferencia del sistema anterior, el motivo por el que alguien quiere disolver el matrimonio ya no constituye el supuesto jurídico para concederle el derecho al divorcio, sino exclusivamente el hecho mismo de la voluntad de hacerlo, sin exigir ninguna justificación al respecto, con lo que queda atrás la importancia del elemento causal y cobra relevancia únicamente el efecto, que es la manifestación de voluntad respecto de la consecuencia exigida. De modo que no se estima apropiado hablar, en estos casos, de un divorcio incausado, como comienzan a denominarle algunos. El divorcio lleva a la consecuencia de extinguir también las demás relaciones jurídicas de carácter patrimonial o del orden familiar entre los cónyuges, surgidas durante o con motivo del matrimonio, o como efectos de su disolución, por lo cual la pretensión de divorcio conlleva de manera necesaria, por ministerio de la ley, la pretensión de que el Juez determine en la sentencia la situación en que habrán de quedar esos vínculos jurídicos, entre los cónyuges o entre éstos y sus hijos, como sucede a la conclusión de toda relación jurídica, como la terminación o rescisión de un contrato de arrendamiento, de compraventa, de sociedad, de asociación, etcétera. Con este propósito, en el artículo 267 del Código Civil, el legislador propende hacia un mecanismo, preferentemente autocompositivo, para dar solución a esas cuestiones concurrentes, al imponer la carga procesal al solicitante del divorcio, de presentar, conjuntamente con la demanda, una propuesta dirigida a su consorte para celebrar un convenio a fin de regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, tales como la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces; la convivencia de los padres con sus hijos; los alimentos; la continuación de alguno de ellos en el domicilio conyugal y la suerte del menaje de la casa; lo concerniente a la administración temporal y liquidación de la sociedad conyugal, si el matrimonio se celebró bajo este régimen, y lo referente a una compensación para el cónyuge que se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos y carezca de bienes comparables con los del otro, si el matrimonio se celebró bajo el régimen de separación de bienes. I.4 Régimen procesal del divorcio. El juicio de divorcio por voluntad de uno o ambos cónyuges, contemplado en los artículos 266, 267 y siguientes del Código Civil para el Distrito Federal, se debe tramitar en la vía ordinaria civil contemplada en el título sexto del Código de Procedimientos Civiles para la entidad federativa señalada. Su objeto se forma necesariamente con la pretensión de disolución del vínculo matrimonial y con la de regular las consecuencias de dicha disolución. La demanda de divorcio debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles, en cuya fracción décima se encuentra un enunciado específico para el divorcio, en el sentido de que la demanda debe contener la propuesta de convenio, en los términos establecidos en el artículo 267 del Código Civil, sin la necesidad de numerar y narrar los hechos concernientes al convenio de manera sucinta, clara y precisa, lo que implica que el demandante tiene la carga de apoyar su propuesta en hechos, pero la plena libertad para narrar esos hechos como lo estime más conveniente; pero además, se le impone la carga de ofrecer en la propia demanda todas las pruebas tendentes a acreditar la procedencia de la propuesta de convenio. La contestación a la demanda se encuentra regida por el artículo 260 del código procesal, respecto a los requisitos formales, las cargas de contestar los hechos y el derecho de oponer excepciones procesales y sustanciales, y aquí existe la fracción octava, dirigida específicamente para el juicio de divorcio, donde se dice que la demandada podrá manifestar su conformidad con el convenio propuesto o presentar su contrapropuesta, para lo cual debe quedar entendida, naturalmente, la carga y el deber de fijar la posición de la parte demandada en relación con los hechos en que se sustenta la propuesta de la parte actora, afirmándolos, negándolos o manifestando que los ignora por no ser propias; la de exponer por su parte los hechos que sirvan como base para su contrapropuesta, en su caso, y la de ofrecer las pruebas relacionadas con la posición asumida, con la anexión a la contestación de las que se encuentren en su poder, en los términos de los artículos 95 y 96 del código instrumental. La primera pretensión debe concluir, lógica y jurídicamente, mediante sentencia definitiva; y la segunda puede terminar por convenio de las partes o por decisión judicial que se emita en su oportunidad. La precisión anterior se corrobora con el hecho de que el artículo 255 del código procesal indicado impone expresamente a la parte actora que solicita el divorcio, la obligación de proponer un convenio atinente a las consecuencias del divorcio pedido, de expresar los hechos correspondientes relacionados con la propuesta y de ofrecer los medios de prueba conducentes a su posición, y el artículo 260 impone a la parte demandada la carga-obligación de expresar su aceptación o rechazo del convenio, o en el segundo caso de hacer una contrapropuesta sustentada también en hechos, y de ofrecer las pruebas que a su interés convenga. Por tanto, si la litis se integra desde el principio con las dos pretensiones mencionadas, es inconcuso que el proceso no puede cerrarse o remitir a la iniciación de otro nuevo, mientras no se resuelva el litigio respecto de ambas pretensiones para cumplir plenamente con el derecho a la jurisdicción, y que en caso de obrar de distinta manera, se conculcaría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I.5 Medidas provisionales. En el artículo 282 del Código Civil, se prevé la obligación del Juez del conocimiento del juicio de divorcio, de dictar las medidas provisionales pertinentes destinadas a regir durante el procedimiento, incluido lo relativo a la materia de las pretensiones colaterales. Unas de estas medidas provisionales deben ser tomadas de oficio, en cuanto sea recibida la demanda, y otras, una vez que se haya recibido la contestación a la demanda o transcurra el plazo sin que se presente la contestación, y en caso de omisión se puede y debe subsanar en cualquier tiempo, por la naturaleza jurídica y finalidad de tales medidas. I.6 Sentencia de divorcio. Los procesos jurisdiccionales en que se unen varias peticiones, se rigen por lo principios atinentes a la acumulación y escisión de pretensiones, y como el conjunto normativo sujeto a estudio se encuentra en esa situación, se considera conveniente hacer algunas precisiones sobre el tema. La escisión, separación de procesos o desacumulación no se encuentra regulada en alguna parte del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Empero, mediante un mecanismo sistemático de interpretación jurídica, teleológico de las reglas y principios rectores de la acumulación de acciones y procesos, así como de la clara tendencia de erigir al Juez como director del proceso y no como simple espectador o verificador, se puede determinar su atribución para escindir, separar o desacumular un proceso que contenga diversas pretensiones. El principio general por el que se sigue estas instituciones procesales consiste en que a cada pretensión corresponde un proceso, pero si existe una vinculación entre dos o más pretensiones, es factible su planteamiento en un mismo acto o sucesivamente si la unión satisface ciertos requisitos de conveniencia y compatibilidad en diversos niveles. La acumulación procesal comprende los actos mediante los cuales se reúnen, en el mismo proceso, dos o más pretensiones con el fin de que su instrucción se siga en un solo proceso y los litigios se decidan en una sentencia única. Las finalidades que justifican la acumulación procesal radican en la optimización de la observancia al principio de economía procesal y la necesidad de evitar decisiones contradictorias. Por estas razones, la teoría, la ley y la praxis jurídica admiten uniformemente que un proceso sea utilizado para más de una litis, siempre que éstas reúnan determinadas condiciones, de manera que se hace una clásica distinción entre acumulación objetiva y subjetiva, aunque existe otra postura que considera cualquier acumulación como objetiva. Esta acumulación objetiva se presenta cuando el actor aduce varias pretensiones contra el mismo demandado en una sola demanda, o en promociones sucesivas cuando lo permite la ley, pero también se incluye en el concepto el planteamiento de la reconvención o contrademanda que presenta el demandado contra el actor. La acumulación subjetiva de demandas existe cuando en un proceso se presentan varias personas reunidas en el mismo papel de parte, ya sea como actores o como demandados. En términos generales, la teoría del proceso acepta que la acumulación de las pretensiones es factible aun ante la ausencia de normas jurídicas expresas, al tener su fuente directa en los principios de economía y coherencia señalados, de tal forma que la acumulación de las pretensiones requiere de lo siguiente: 1. No contradicción o contrariedad: si las pretensiones tuvieran esta condición, se destruirían mutuamente. 2. La jurisdicción y competencia del Juez que debe conocer de todas las pretensiones, de manera que las que pertenezcan a distintos fueros o materias no pueden acumularse. 3. Sustanciación por los mismos trámites: se funda en razones de orden procesal, e implica que no procede acumular pretensiones
ue deban sustanciarse por diferentes vías (ordinaria, ejecutiva y sumaria). En el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se encuentran algunas reglas sobre la acumulación, en los siguientes términos: (transcribe contenido). ... Por tanto, el resultado del estudio precedente, conduce a la siguiente conclusión: en tanto no exista una disposición jurídica que lo prohíba expresamente, la facultad de escindir, separar o desacumular las pretensiones unidas en un proceso, se encuentra inmersa en todos los sistemas procesales que contemplen la posibilidad u obligación de acumular diversas peticiones en una demanda, sobre todo en donde se ha erigido al Juez a la dignidad de director del proceso jurisdiccional, según se desprende de la interpretación sistemática y funcional de los principios y reglas rectores de la acumulación, porque si con esto se persiguen las finalidades de optimizar la satisfacción del principio de economía procesal, mediante la utilización esencial de los mismos trámites sean útiles para sustanciar y resolver lo que podría ser objeto de dos o más procesos separados, y la de evitar la posibilidad del dictado de fallos contradictorios en litigios conexos, resulta evidente que el juzgador debe decretar la separación, cuando concurra lo siguiente: a) Que la unión no esté dando el resultado pretendido, por estar generando mayor dificultad, dilación, costos y esfuerzos del Juez, las partes y los auxiliares de la administración de justicia, en dirección opuesta a la del principio de economía procesal, llevando a una tramitación más embarazosa que la sustanciación individual en sendos procedimientos; y, b) Que el riesgo de la emisión de sentencias contradictorias haya quedado conjurado o superado con el resultado de las actuaciones comunes practicadas hasta entonces, ya que ante esa situación, se impone la necesidad de que el juzgador tome las medidas necesarias para la tutela y satisfacción de los principios mencionados y de los valores protegidos, sin permanecer impasible ante su evidente afectación mediante el decreto de la separación de lo que unido está provocando los gravámenes no deseados, previa vista de las partes. Esto es aplicable, con mayor razón, en los casos en los que se hubiera decretado o admitido una acumulación prohibida, o en aquellos en que el mantenimiento de la acumulación resulte conculcatorio de los principios constitucionales del debido proceso legal, consignados en los artículos 14 y 17 constitucionales, como, por ejemplo, si respecto a una de las causas conjuntadas ya se agotara la instrucción y respetaron todos los derechos de las partes, de modo que dio satisfacción a todas las partes del procedimiento, y sólo falta el dictado de la sentencia de mérito, pero tocante a las demás pretensiones acumuladas, el procedimiento está incompleto, y debe ser completado, en respeto a las formalidades esenciales del orden constitucional, en cuya hipótesis el tribunal debe proceder la escisión, dictar la sentencia posible y continuar la secuencia procedimental por lo demás, para llevarlo a su fase conclusiva. De esta forma, la acumulación de las pretensiones dentro del procedimiento de divorcio no se traduce en que forzosamente deban resolverse en una sola sentencia, pues existe la posibilidad de escindir o separar esas pretensiones accesorias cuando no existan las condiciones procesales adecuadas para el pronunciamiento de una sentencia de fondo sin vulnerar derechos fundamentales, de manera que no solamente resulte conveniente, sino necesaria su escisión. El juicio de divorcio sujeto a examen es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, según quedó demostrado en párrafos anteriores, y la ley que lo regula admite la posibilidad de escisión en ciertos supuestos, como se verá más adelante, y cuando se actualizan esas hipótesis, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. Así, la ley que se analiza prevé supuestos específicos en que la sentencia se puede dictar válidamente al término de la etapa postulatoria, respecto de la pretensión de divorcio y de la pretensión de regular sus consecuencias, o sólo en cuanto a la primera; en una fase especial de autocomposición sobre la pretensión colateral, si antes se resolvió sobre la principal; en la etapa de conciliación, depuración del procedimiento y excepciones procesales, o finalmente en la fase conclusiva, que es la natural para todos los procesos, con relación a las pretensiones no decididas con antelación. I.6.A Sentencia en la fase postulatoria. En el artículo 287 del Código Civil se dispone que si los cónyuges llegan a un acuerdo respecto del convenio señalado en el artículo 267 y éste no contraviene ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio mediante sentencia, y que de no ser así, el Juez decretará el divorcio mediante sentencia y dejará expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente en lo que concierne al convenio. Esto lo recoge también, sustancialmente, el artículo 272 B del Código de Procedimientos Civiles. Para abordar estos temas se considera indispensable tener presente que el debido proceso legal, tutelado por el artículo 14 constitucional, exige el cumplimiento de todos sus elementos antes de dictar la sentencia que afecte las propiedades, posesiones o derechos de los gobernados y que, de lo contrario, la ley que autorice a prescindir de algunos de dichos elementos o la autoridad que emita un auto privativo, sin haberse cumplido con todos, resulta inconstitucional. Asimismo, conviene recordar que el derecho a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 constitucional impone a la autoridad jurisdiccional la obligación de que la justicia sea completa, entre otras cualidades que le son exigibles, lo que conduce a que si los justiciables cumplen con todo lo que les concierne y que resulte indispensable para resolver una controversia, las leyes secundarias no pueden autorizar, válidamente, que se dé por concluida una causa, sin resolver todo lo que constituya la materia del litigio. Ahora bien, tocante a decretar el divorcio, cabe distinguir entre dos situaciones posibles: En la primera debe encontrarse integrada válidamente la relación jurídica procesal y haberse agotado la sustanciación necesaria en el caso, por lo que toca a la relación sustancial sobre lo que versa el litigio, esto es, deben concurrir los siguientes elementos: que la demanda contenga todos los requisitos exigidos por la ley; se hayan allegado al juicio las pruebas de los elementos de la pretensión de divorcio, esto es, la celebración del matrimonio, el transcurso del año y la voluntad del o los demandantes, de no continuar con el vínculo matrimonial; la parte demandada no haya cuestionado en la contestación la existencia de dichos elementos ni la autenticidad de los medios allegados para probarlos, y tampoco haya opuesto excepciones respecto de ellas ni defensas dirigidas a demostrar la falta de algún presupuesto procesal (personería, competencia, legitimación, cosa juzgada, etcétera); que tampoco haya cuestionado lo atinente a las condiciones necesarias para dictar la sentencia de fondo (interés jurídico y legitimación en la causa) y que el Juez considere satisfechos plenamente los presupuestos procesales o condiciones para emitir la sentencia de mérito. En esta hipótesis, habrá quedado satisfecha plenamente la garantía de audiencia para el demandado, por lo cual ya no tendría sentido lógico ni jurídico la dilación en el dictado de la sentencia correspondiente, y por el contrario, la exigencia de prontitud constante en el artículo 17 constitucional, impondría la necesidad de la disolución inmediata del matrimonio, de modo que se justifica totalmente la escisión, y con ella no se lesiona derecho de ninguna de las partes, ni se conculcan disposiciones de orden público. La segunda situación en esa fase postulatoria se actualiza si falta alguno de los elementos citados en el párrafo anterior, verbigracia, si la demandada opone como excepción la inexistencia del matrimonio y alega la falsedad del acta presentada, o la nulidad de dicho vínculo; si se aduce la incompetencia del Juez, porque el domicilio conyugal de las partes se encuentra establecido fuera del Distrito Federal y, por tanto, ni siquiera le es aplicable la legislación sustantiva de esta capital; si se opone la cosa juzgada, por haberse decretado el divorcio con anterioridad; si se hace valer la falta de personería del representante del actor, etcétera. En esta segunda situación, el dictado de la sentencia de divorcio en la fase postulatoria resultaría claramente conculcatorio de la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 constitucional, porque no se habrían desahogado todas las fases necesarias del debido proceso legal, para estar en condiciones de resolver dicha pretensión. Consecuentemente, la solución conforme a la Constitución es la primera, lo que impone a los operadores del derecho la obligación de sujetarse a ella. Por cuanto a las pretensiones de consecuencia, si el precepto sujeto a examen se interpreta en el sentido de dar por concluido el expediente, en la fase postulatoria, dejando expedito el derecho de los cónyuges para que posteriormente lo hagan valer por vía de acción incidental; esto es, sin resolver en este proceso dichas pretensiones accesorias e imponiendo a las partes la carga de volver a iniciar el litigio al respecto mediante el ejercicio de una acción incidental, esta intelección lleva a contraponer el precepto con el derecho a la jurisdicción, consignado en el artículo 17 constitucional, en atención a que las pretensiones consecuenciales de que se trata se encuentran unidas indisolublemente a la principal de divorcio, por lo que no necesitan siquiera ser planteadas expresamente en la demanda y en la contestación, al constituir, como bien lo dice el artículo 267 del propio ordenamiento sustantivo, consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, sobre las cuales, además, ya se impuso a las partes la carga de fijar una posición en sus escritos iniciales, y de ofrecer los medios de prueba conducentes, de manera que se dejaría inconclusa una causa, injustificadamente, hasta que se volviera a promover. No obstante, la expresión mencionada admite también otra interpretación, en la cual la expresión ‘dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental’, sólo constituye un enunciado dirigido a enfatizar que el procedimiento debe continuar, pero ya no por el cauce de la vía ordinaria, sino por otro más breve y ágil, como son los trámites dados originalmente para los incidentes, esto es, que se brinda a las partes la oportunidad de continuar haciendo valer los derechos ya planteados en la demanda y en la contestación y de allegar al expediente los medios de prueba ofrecidos en tales escritos, en un vehículo más ágil y rápido, que se aborda en la fase en que ya iba el primero (la vía ordinaria), sin necesidad de volver a iniciar la travesía procesal. Esto es, que queda expedito para las partes su derecho a continuar la sustanciación de la controversia, a partir de la eta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24231-a02f107e/divorcio-sin-expresion-de-causa-las-sentencias-dictadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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