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Modo: Corpus Pro

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO EXIGE QUE PARA SOLICITARLO HAYA DURADO CUANDO MENOS UN AÑO DESDE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, ES INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2016. · Registro digital (IUS): 26928
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-02-03
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, Pág. 1025.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. DISIDENTES: MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO Y MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE: CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI. SECRETARIO: MARTÍN SÁNCHEZ Y ROMERO.

PRIMERO.-Competencia.

El Pleno es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el noveno transitorio del Acuerdo General 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito Judicial Federal.

SEGUNDO.-Legitimación.

La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por el Magistrado presidente de un Tribunal Colegiado de este Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el tribunal que integra, emitió uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-Objeto concreto de la denuncia de contradicción de criterios.

Determinar si el artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora la Ciudad de México) que prevé el divorcio sin expresión de causa: es o no constitucional o inconvencional, en la parte que establece que el divorcio podrá solicitarse, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del matrimonio.

El precepto establece:

"Capítulo X. Del divorcio. (Reformado, G.O. 3 de octubre de 2008).

"Artículo 266. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo. Sólo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por el siguiente artículo."

Respecto a ese tema, se advierte que los Tribunales Cuarto y Octavo se apoyaron, respectivamente, en la interpretación del artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal.

A. En el primer caso, el Cuarto Tribunal concedió la razón al impetrante, ya que estimó inconvencional la norma impugnada, en la parte preventiva, consistente en que el divorcio podrá solicitarse siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del matrimonio, al considerar que la libre voluntad para demandar el divorcio no debe estar sujeta a restricción alguna, por constituir un derecho humano, previsto en el artículo 1o. constitucional, en las disposiciones convencionales que señaló, así como en los criterios previos del Máximo Tribunal del País.

Que por ese motivo, concedió el amparo para que la autoridad lo desaplicara y admitiera la demanda de divorcio, presentada antes de un año de haberse celebrado el matrimonio.

B. En el segundo caso, el Octavo Tribunal contendiente resolvió lo contrario, en cuanto negó la razón al quejoso, porque estimó: 1, que para promover el divorcio, se requiere cumplir el requisito del plazo de un año, desde la celebración del matrimonio, previsto en el artículo citado y, por ello, 2 que el precepto impugnado tiene apego constitucional, en cuanto a tutelar los derechos fundamentales, previstos en el artículo 4o. de la Carta Magna, en concreto: la organización, desarrollo y ambiente sano de la familia.

Por tanto, concluyó que la norma secundaria no pugna con las disposiciones constitucionales, al prever que el divorcio podrá solicitarse "siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo."

De este último fallo derivó la tesis, publicada, en la Novena Época, registro digital: 162599, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, materia constitucional, tesis I.8o.C.300 C, página 2323, que dice:

"DIVORCIO SIN CAUSA. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO EXIGE QUE EL MATRIMONIO HAYA DURADO UN AÑO.-Al establecer el artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal que el divorcio puede solicitarse por uno o ambos cónyuges ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar causa para ello, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo, indudablemente ha estimado que el matrimonio se forma principalmente por la espontánea y libre voluntad de los contrayentes, por lo que no debe subsistir cuando falta esa voluntad; pero, a la vez, ha tenido presente que tratándose de uniones que tengan que deshacerse por voluntad de uno de los cónyuges, no sólo es necesario cerciorarse de esa voluntad para divorciarse, sino también de la imposibilidad absoluta de remediar las desavenencias, y es tal la razón evidente que inspira la exigencia de que el matrimonio haya durado al menos un año, toda vez que aquella imposibilidad sólo puede comprobarse por el transcurso de un periodo razonable desde la celebración del matrimonio hasta que se permita la disolución, para convencerse así de la desunión de los cónyuges; es decir, el legislador permite el divorcio sin causa, pero prevé que entre la celebración del matrimonio y el posible divorcio exista un lapso razonable, lo cual se justifica como un medio de preservar la unión matrimonial y evitar que el matrimonio se convierta en lugar de una institución jurídica y solemne regulada por el Estado, en un instrumento estéril y carente de seriedad que pueda en cualquier momento, según el arbitrio de los interesados deshacerse, pues aun cuando se considere que el divorcio pueda ser el medio para dar respuesta a una necesidad social, se trata de un caso excepcional, por lo que es preciso reducirlo a los casos en que, efectivamente, la mala condición de los consortes sea irreparable de otra forma que no sea su separación, evitando que sea utilizado de manera caprichosa por las personas que no desean continuar en matrimonio sin que se advierta la existencia de una imposibilidad absoluta de remediar sus desavenencias. En ese sentido, la disposición legal citada no es inconstitucional, ya que no transgrede la garantía que tiene toda persona a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que impone una limitación razonable al divorcio, además de que tiende a proteger la organización y el desarrollo de la familia, que también consagra el citado precepto constitucional y que debe considerarse de singular importancia, toda vez que con ello se propicia la integración del núcleo familiar, salvo casos excepcionales en los que una vez transcurrido un término prudente, en el que no sea posible que las personas que no desean continuar en matrimonio remedien sus desavenencias, sea procedente la disolución del matrimonio mediante el divorcio decretado por resolución judicial."

CUARTO.-Posturas contendientes completas de los Tribunales Colegiados de Circuito.

I. El Cuarto Tribunal conoció del amparo directo DC. 42/2016, promovido por **********, en el que reclamó la resolución que puso fin al juicio, del diez de noviembre de dos mil quince, dictada por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca **********/2015, relativa a la disolución de vínculo matrimonial, expediente **********/2015, en la cual confirmó el auto de ocho de octubre de dos mil quince, en el que se desechó la solicitud de divorcio, por no haber transcurrido un año desde la celebración del matrimonio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora la Ciudad de México). Y concedió la protección constitucional al quejoso, a fin de que se admitiera la demanda de divorcio.

Criterio del Cuarto Tribunal.

Las consideraciones que sustentaron su resolución consisten:

"... QUINTO.-Estudio. Los conceptos de violación son esencialmente fundados y suficientes para conceder la protección constitucional.-La esencia de la argumentación del peticionario, radica en evidenciar que la Sala responsable, debió realizar un control difuso de la norma constitucional e inaplicar el artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal, en la porción normativa invocada por el Juez de origen como fundamento del rechazo de la solicitud de divorcio.-En concepto del quejoso, en la sentencia reclamada se deja de considerar que ese precepto no se ajusta a los principios de libertad, legalidad y seguridad jurídica, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el requisito de temporalidad de un año de vigencia del matrimonio, para solicitar el divorcio atenta contra la libertad de los cónyuges, lo que además es contradictorio con el texto del artículo 146 del mismo ordenamiento, el cual dispone que el matrimonio es un acto jurídico bilateral esencialmente libre.-Estas alegaciones son sustancialmente fundadas.-Los artículos 1o. y 133 de la Carta Magna, en su parte conducente, disponen lo siguiente: (se transcriben).-De acuerdo con los preceptos constitucionales transcritos, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse en conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección de la forma más amplia por todas las autoridades del Estado en el ámbito de sus competencias, por ser el sustento de su funcionalidad.-Por tanto, es deber de las autoridades, la aplicación de las normas que le son más benéficas a los justiciables, sobre la base de los principios pro persona y ex officio, a través del control de constitucionalidad y convencionalidad, pues sólo así se concretan los postulados previstos en el precepto constitucional en cita.-Al respecto es orientadora la tesis aislada P. LXVII/2011 (9a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: ‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.’(1) (se transcribe).-Es importante destacar, que en la resolución de asuntos relacionados con el divorcio sin expresión de causa, los órganos jurisdiccionales federales y, esencialmente, el Máximo Tribunal del País han emitido varios criterios aislados y jurisprudenciales, respecto a la interpretación e integración jurídica, referente a esta clase de divorcio, al encontrarse con frecuencia tensiones entre los contenidos de unos enunciados jurídicos con los de otros, que en ocasiones han sido declaradas antinomias, y se han aplicado las reglas atinentes para la inaplicación de uno de los preceptos en pugna y la prevalencia del otro, para reestablecer (sic) la armonía, certidumbre y seguridad para los justiciables, cuyas específicas situaciones, quedan comprendidas en alguno de los supuestos de ese conjunto normativo.-Al profundizar en el estudio de la temática de referencia, de manera sistemática y mediante la exploración de todas sus partes y de las relaciones que deben establecerse, necesariamente, entre ellas como integrantes de una unidad funcional, se ha llegado a la conclusión de que existen elementos racionales y objetivos para evitar la colisión entre las disposiciones que se encuentran en oposición formal, mediante la interpretación jurídica, especialmente la interpretación conforme a la Constitución.-En atención a lo anterior, el operador del derecho, y sobre todo los órganos jurisdiccionales como responsables terminales de esta labor, deben dirigir y optimizar al máximo sus esfuerzos, en primer lugar, a la búsqueda de la armonización de las normas secundarias con la Constitución, para lo cual pueden emplear herramientas constituidas por los métodos de interpretación jurídica, y sólo si después de los esfuerzos orientados hacia dicha dirección no encuentran posibilidades de evitar la confrontación, deben pasar a los criterios aplicables para resolver el conflicto, por la vía de la desaplicación de alguna de las reglas desavenidas.-A este respecto, el autor Mauro Capelleti consideró lo siguiente: ‘... se razona, en sustancia, de la siguiente manera: los Jueces están obligados a interpretar las leyes, a fin de aplicarlas a los casos concretos que cotidianamente se someten a su decisión; uno de los cánones más obvios de la interpretación de las leyes es aquél, según el cual, cuando dos disposiciones legislativas contrastan entre sí, el Juez debe aplicar la que tenga preeminencia; tratándose de disposiciones de igual fuerza normativa, la preeminencia será indicada por los usuales criterios tradicionales: Lex posteriori derogat legi priori; lex specialis derogat legi generali; etcétera, pero estos criterios carecen de validez cuando el contraste se presenta entre disposiciones de diversa fuerza normativa; y así la norma constitucional, cuando la Constitución es rígida, más bien que flexible, prevalece siempre sobre la disposición ordinaria constante, del mismo modo, por ejemplo, la propia ley ordinaria prevalece sobre el reglamento, es decir en la terminología alemana, los Gesetze (leyes), prevalecen sobre los Verordunungen (reglamentos); ergo se concluye, que cualquier Juez, encontrándose en el deber de decidir un caso, en el cual tenga relevancia una norma legislativa ordinaria opuesta a la norma constitucional debe desaplicar la primera, y aplicar, por el contrario, la segunda ...’(2).-Sobre esas bases se debe analizar si, en el caso, la parte conducente del artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal, en la que se dispone que es necesario el transcurso de cuando menos un año desde la celebración del matrimonio, para solicitar su disolución, es contraria a la Constitución y a otras disposiciones. De ser así, mediante la interpretación jurídica de las normas, considerar, si es posible encausar cada una de las normas hacia distintos campos de aplicación (de modo que no choquen al concurrir en un mismo punto), o bien, determinar la prevalencia de una de las normas discrepantes y la desaplicación de la otra.-En primer lugar es conveniente referirse a algunos aspectos generales de la normativa del divorcio, contenida en el texto vigente del Código Civil para el Distrito Federal.-I. Aspectos generales de la normativa del divorcio sin expresión de causa.-La ley prevé que la institución del divorcio constituye uno de los medios previstos en la ley para extinguir el vínculo matrimonial.-Sobre el particular, la doctrina ha determinado que el divorcio, ‘bajo su aspecto civil, es considerado como una institución por medio de la cual se rompe o disuelve voluntariamente el lazo matrimonial, viviendo los dos cónyuges, y deja a éstos en libertad de contraer nuevo vínculo. Realmente, el divorcio no quebranta el lazo conyugal: lo que hace es hacer constar ese estado anterior de ruptura completa entre marido y mujer, y para que produzca sus efectos jurídicos.’(3).-‘La lógica es, pues ésta. El divorcio viene a legalizar una situación que ya existe en los hechos, y lejos de constituir un estímulo para la demolición del matrimonio, no hace más que verificar cuándo los cimientos de la construcción ya están reducidos a polvo o poco menos.’(4).-En la legislación interna, el artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal dispone lo siguiente: (se transcribe).-Como se ve, tal y como está ahora regulada la institución, los elementos de la pretensión de divorcio se deben sustentar en lo siguiente: a) La existencia del matrimonio, como presupuesto lógico y jurídico indispensable; b) El transcurso cuando menos de un año, contado a partir del día siguiente al de la fecha de celebración del matrimonio y el día anterior a la presentación de la demanda; y, c) La manifestación de voluntad de ambos cónyuges o de uno solo de ellos, en el sentido de no querer continuar con la relación matrimonial, sin que haya necesidad de revelar al Juez la causa de esa voluntad extintiva.-Esto es, dicho precepto confiere legitimación en la causa a ambos cónyuges o a uno solo para pedir el divorcio, y se determina que la petición debe hacerse ante la autoridad judicial, mediante la manifestación de su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera explicar la causa por la cual se hace la petición, siempre que haya transcurrido cuando menos un año, desde la celebración del matrimonio.-Cabe destacar que el legislador no ignoró ni pasó por alto la existencia de las causas que produzcan la disolución del vínculo matrimonial, sino que a diferencia del sistema anterior, el motivo por el que alguien quiere disolver el matrimonio ya no constituye el supuesto jurídico para concederle el derecho al divorcio, sino exclusivamente la declaración de la voluntad de hacerlo, sin exigir ninguna justificación al respecto, con lo que queda atrás la importancia del elemento causal y cobra relevancia únicamente el efecto, que es la manifestación de voluntad, respecto de la consecuencia exigida.-En una de las iniciativas de la ley en comento, la presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, fechada el 20 de mayo de 2008, dice en lo conducente: ‘... El matrimonio es una institución del derecho civil que parte de la base de la autonomía de la voluntad de las personas, en este mismo sentido y sin relevar a ninguna de las partes de las responsabilidades mutuas y recíprocas que se deben, se ha considerado necesario el evitar que el rompimiento del vínculo matrimonial, erosione mayormente el núcleo familiar, producto de un enfrentamiento constante, por lo que se considera que el Estado no debe empeñarse en mantener, de forma ficticia, un vínculo que en la mayoría de las veces es irreconciliable.-Así, es importante considerar que se presentan casos en los que, sin existir alguna de las causales enunciadas en el artículo 267, una o ambas partes, no estuviera de acuerdo en continuar con el matrimonio, por ser ésa su decisión libre. Para ello se estima pertinente otorgarles a los ciudadanos del Distrito Federal, la oportunidad de acudir al órgano jurisdiccional de gobierno, para pedir, de manera unilateral y de forma libre, la disolución del vínculo, porque su voluntad es ya no continuar con el matrimonio. ... Lo anterior es importante, porque reitera la afirmación de que facilitar el proceso de divorcio no implica, desde ningún punto de vista, la posibilidad de incumplir con las obligaciones alimentarias, ni con las indemnizaciones que algún hecho ilícito, de existir, pudiera generar, tampoco con la nivelación económica a la que se refiere actualmente el artículo 289 Bis.-Por el contrario, sin menoscabo de los derechos que consagra la ley, y sin descuidar los derechos alimentarios de los acreedores, ni afectar los derivados del régimen patrimonial surgidos del matrimonio, se deben presentar las alternativas que permitan disolver el vínculo, con la sola expresión de ser esa la voluntad de ambas o de una sola de las partes, sin tener necesidad de acreditar alguna de las causales que actualmente prevé la ley.-Tampoco hay que dejar de observar que una de las obligaciones del Estado es proteger la integridad física y psicológica de sus ciudadanos, mediante la ley y que el modo de concebir las relaciones de pareja en nuestra sociedad ha variado y, por lo tanto, se ha ido privando paulatinamente a las normas vigentes de sus condicionantes originales.-Diversos sociólogos, psicólogos, y demás expertos en los estudios relativos a la conducta humana, han advertido la inconveniencia de perpetuar el conflicto entre los cónyuges, cuando la experiencia diaria hace evidente tanto la imposibilidad de la sana convivencia, como la voluntad de ambos de no continuar su matrimonio.-El proyecto de reforma que se presenta, lejos de atentar contra la cohesión social, tiene como objeto el facilitar los canales de entendimiento entre quienes viven los procesos de divorcio; es decir, se elimina un motivo mayor de enfrentamiento entre seres en conflicto.-Cabe recordar que actualmente tampoco se atenta, de forma alguna, contra la cohesión social por el simple hecho de que nuestra legislación contempla el divorcio por mutuo consentimiento, tanto por la vía judicial como por la administrativa, pues el divorcio tan sólo es el reconocimiento del Estado a una situación de hecho, respecto de la desvinculación de los consortes, cuya voluntad de no permanecer unidos debe respetarse.-Actualmente, debe estimarse que el respeto al libre desarrollo de la personalidad, justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues aquella determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su demanda ...’.-Por su parte, en el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, leída en la sesión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 27 de agosto de 2008, se encuentra lo siguiente: ‘... Por ello esta comisión está de acuerdo con los proponentes de las iniciativas, cuando mencionan que el matrimonio es una institución del derecho civil que parte de la base de la autonomía de la voluntad de las personas y que el Estado no debe empeñarse en mantener de forma ficticia un vínculo que en la mayoría de los casos resulta irreconciliable.-La voluntad de las partes al ser considerada como un elemento esencial del contrato de matrimonio, debe ser tomada en cuenta para decidir si éste seguirá existiendo o se disolverá. Esta voluntad no debe ser considerada y tomada en cuenta sólo al momento de celebrar el matrimonio, sino durante su subsistencia y una vez llegado el divorcio ...’.-Esas características esenciales del divorcio sin expresión de causa, también se advierten en el derecho comparado al regularse esa institución jurídica, como ocurre con la Ley 15/20

5, de 8 de julio de 2005, que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil españolas, en materia de separación y divorcio, que en concepto del jurista Manuel Albaladejo ‘ha venido a suprimir la necesidad de que el divorcio se apoye en ninguna causa. De manera que hoy se decretará si es pedido por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro o por uno solo, simplemente porque lo deseen ... Es lo que la sabiduría popular ha venido a llamar ‘el divorcio express.’(5).-En la exposición de motivos de la referida Ley 15/2005, se observa lo siguiente: ‘... La reforma que se acomete pretende que la libertad, como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, tenga su más adecuado reflejo en el matrimonio. El reconocimiento por la Constitución de esta institución jurídica posee una innegable trascendencia, en tanto que contribuye al orden político y la paz social, y es cauce a través del cual los ciudadanos pueden desarrollar su personalidad.-En coherencia con esta razón, el artículo 32 de la Constitución, configura el derecho a contraer matrimonio, según los valores y principios constitucionales. De acuerdo con ellos, esta ley persigue ampliar el ámbito de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de solicitar la disolución de la relación matrimonial.-Con este propósito, se estima que el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado por el artículo 10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de separación.-En este último sentido, se pretende evitar la situación actual que, en muchos casos, conlleva un doble procedimiento, para lo cual se admite la disolución del matrimonio por divorcio sin necesidad de la previa separación de hecho o judicial, con un importante ahorro de coste a las partes, tanto económico como, sobre todo, personales.-No obstante, y de conformidad con el artículo 32 de la Constitución, se mantiene la separación judicial como figura autónoma, para aquellos casos en los que los cónyuges, por las razones que les asistan, decidan no optar por la disolución de su matrimonio.-En suma, la separación y el divorcio se conciben como dos opciones, a las que las partes pueden acudir para solucionar las vicisitudes de su vida en común. De este modo, se pretende reforzar el principio de libertad de los cónyuges en el matrimonio, pues tanto la continuación de su convivencia como su vigencia depende de la voluntad constante de ambos ...’(6).-La semejanza de la regulación del divorcio en la legislación mexicana con la normativa española que le antecedió en tiempo, dota de utilidad para el estudio de la problemática de interpretación y aplicación de la institución de que se trata.-De esa manera se debe considerar que, tanto en la legislación que sirvió de antecedente como en la legislación que actualmente rige al divorcio en nuestro país, se observa como nota distintiva la libertad de los cónyuges para concluir una relación jurídica.-Con relación al concepto de libertad, debe considerarse que tiene muchas manifestaciones, pues es un medio para llegar a diversos fines, como son: la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de tránsito, la libertad contractual, entre otros.-De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Mexicana, en una de sus acepciones, la libertad se entiende como ‘una propiedad de la voluntad, gracias a la cual ésta puede adherirse a uno de entre los distintos bienes que le propone la razón.’(7).-La combinación de ‘libertad’ y ‘voluntad’ forma el concepto de ‘libre albedrío’: ‘Cuando hablamos de libre albedrío, de voluntad libre, nos referimos en realidad a la visualización de alternativas y al acto de elegir entre éstas.’(8).-Al relacionar ese concepto, con la legislación sustantiva civil, debe considerarse que la ley presume capacidad en las personas, ya que es uno de sus atributos, y confiere la de ejercicio para los que considera maduros para actuar libremente y hacerse responsables de las consecuencias de sus actos y, por eso, únicamente excluye a los menores de edad y a los mayores con alguna enfermedad reversible o irreversible, o con discapacidad física, sensorial, intelectual, emocional o mental, que les impida gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla, según el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal.-De ese modo, los actos jurídicos deben considerarse consecuencia del ejercicio de la capacidad y la libertad, de manera que para la celebración del matrimonio o su disolución, como cualquier otro acto jurídico, los cónyuges deben hacerse cargo de sus consecuencias, sin que puedan exigirse mayores limitaciones a esa libertad.-Incluso, en la exposición de motivos de la legislación española y la que dio lugar a las reformas del Código Civil en el Distrito Federal de 2008, se observa que se hizo referencia al respeto al ‘libre desarrollo de la personalidad.’.-En cuanto a este principio, en el derecho comparado se ha considerado que ‘otorga la posibilidad a cada individuo de determinar, por sí mismo, su proyecto vital, sin que el Estado pueda interferir en esas decisiones, salvo para salvaguardar derechos similares de las demás personas.’(9).-En este sentido, el libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de ‘autonomía de la persona’, de acuerdo con el cual, al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en la persecución de esos planes de vida.(10).-Además de estos aspectos generales, es importante destacar algunas interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la regulación del divorcio sin expresión de causa.-II. Criterios y decisiones jurisprudenciales emitidos por el Máximo Tribunal.-En diversas tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que el ‘divorcio sin causales es aquel en el que es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio, para que el Juez la decrete, aun sin causa para ello, no importando la posible oposición del diverso consorte.’(11).-Sobre el particular, la Primera Sala ha orientado su criterio en el sentido de que, si bien es cierto que, la institución del matrimonio está formada por dos personas que voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y que es fuente de derechos y deberes morales; lo cierto es que, el logro de esa estabilidad no implica que los consortes, tengan que permanecer unidos no obs

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26928-19ecefdc/divorcio-sin-expresion-de-causa-el-articulo-266 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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