SOCIEDAD CONYUGAL. LA DISOLUCIÓN Y LA ORDEN DE LIQUIDACIÓN QUE DE ELLA ESTABLEZCA EL JUZGADOR, OFICIOSAMENTE, EN LA SENTENCIA QUE DECLARÓ PROCEDENTE LA ACCIÓN DE DIVORCIO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE DEBE REVESTIR TODA SENTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIA: GUADALUPE ROBLES DENETRO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 5316/96, promovido por Luis Eugenio Fuentes Morales el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, sustentó la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, octubre de 1996
"Tesis: I.6o.C.80 C
"Página: 640
"VÍNCULO MATRIMONIAL. LA DISOLUCIÓN DEL, NO IMPLICA NECESARIAMENTE, LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, CUANDO ÉSTA NO FUE RECLAMADA COMO PRESTACIÓN. Si la autoridad responsable al revocar la sentencia del Juez de primer grado, resuelve sobre la disolución del vínculo matrimonial, pero a su vez, declara la disolución de la sociedad conyugal cuando ésta no fue reclamada como prestación por las partes en el procedimiento, infringe los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que la disolución del primero, no implica necesariamente la de la segunda, dado que se estaría introduciendo un elemento novedoso que no formó parte de la litis del juicio natural, violándose por tanto el principio de congruencia señalado por el último numeral en comento.
"Amparo directo 5316/96. Luis Eugenio Fuentes Morales. 26 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Y. Ulloa de Rebollo. Secretaria: Ana María Nava Ortega."
En lo conducente, las consideraciones contenidas en la ejecutoria pronunciada por dicho órgano jurisdiccional en el juicio de garantías antes precisado, son las siguientes:
"QUINTO. Los conceptos de violación formulados por el quejoso resultan sustancialmente fundados y suficientes para otorgarle el amparo y la protección de la Justicia Federal, de acuerdo con las consideraciones legales que enseguida se expresan. Para la mejor comprensión del asunto, se estima conveniente puntualizar los términos en que quedó fijada la litis en el juicio natural, destacándose que el actor Luis Eugenio Fuentes Morales demandó de Josefina Quiroz Juárez las siguientes prestaciones: 'a) La disolución del vínculo matrimonial que me une con la hoy demandada por las razones que posteriormente se indicarán en el presente escrito. b) La guarda y custodia de los menores hijos habidos en el matrimonio de nombres Luis, Claudia Berenice y Desiree de apellidos Fuentes Quiroz. c) La pérdida de la patria potestad de los menores hijos habidos en el matrimonio. d) El pago de gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio, así como sus instancias.'. Por su parte, la demandada Josefina Quiroz Juárez en su escrito de contestación de demanda hizo valer como excepciones las que a continuación se enuncian: 'I. Se opone la excepción de falta de acción intentada toda vez que el actor carece de derecho para reclamarme el divorcio necesario, pues nunca he dado motivo para que se genere alguna causal de divorcio de las señaladas por el Código Civil para el Distrito Federal. II. Se opone la excepción de falta de cumplimiento a que está sujeta la acción intentada derivada de que la suscrita nunca incurrió en las conductas y manifestación referida por el actor, por lo que no es procedente se me demande el divorcio. III. Se opone la excepción de oscuridad de la demanda, pues el actor en ningún momento expresa la causal de divorcio en que basa su demanda de divorcio (sic), lo cual me deja en estado de indefensión al tener que suponer cuál es la causal. IV. Se opone la excepción de inepto libelo, pues la demanda de divorcio interpuesta por mi esposo se funda en hechos falsos y que jamás ocurrieron, siendo totalmente improcedente y temeraria la demanda instaurada en mi contra.'. De igual forma, la indicada demandada reconvino del actor lo siguiente: '1) La disolución del vínculo matrimonial que une al reconvenido y a la suscrita, en razón de que incurrió el hoy reconvenido en las conductas previstas por el artículo 267 del Código Civil y que configuran las causales de divorcio señaladas por el artículo 267, fracciones VIII, XI y XII, según se desprende de los hechos que citaré más adelante. 2) La guarda y custodia provisional y, en su caso, definitiva, de nuestros menores hijos Luis, Claudia Berenice y Desiree Fuentes Quiroz, por no poder el actor proporcionarles el cuidado necesario, así como por ser el actor una mala influencia en el desarrollo físico y mental de los menores. 3) La pérdida de la patria potestad de los hijos procreados dentro del matrimonio. 4) El pago de pensión alimenticia para la suscrita como para los menores. 5) Los gastos y costas del juicio.'. Sentado lo anterior, se pone de manifiesto que le asiste plenamente la razón al quejoso al alegar que la Sala responsable en la sentencia reclamada, en la que revocó el fallo de su inferior, se excedió en sus atribuciones legales al introducir un elemento novedoso que no formó parte de la litis natural, como fue el que declaró disuelta la sociedad conyugal, régimen bajo el cual contrajeron matrimonio las partes, mismo que se liquidaría en ejecución de sentencia por carecer de los elementos necesarios para ello, debiendo cesar los efectos de dicha sociedad para el demandado reconvencionista a partir de la fecha en que abandonó el hogar, que fue el trece de mayo de mil novecientos noventa y tres, con base en el artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal; atendiendo a que este aspecto no fue discutido entre los contendientes en el procedimiento de origen, sin que pueda estimarse el mismo como una consecuencia de la procedencia de la acción de divorcio intentada, partiendo de la base de que ésta atañe a la disolución del vínculo matrimonial, mas no necesariamente a la del enlace patrimonial para lo cual es menester la petición de parte en ese sentido y sólo una vez satisfecho lo anterior, entonces podría hablarse de cuándo cesan los efectos de la sociedad conyugal por lo que hace al impetrante; sin embargo, tal petición no fue elevada por ninguno de los contendientes; luego entonces, evidentemente el tribunal de alzada, en uso excesivo de sus facultades, introdujo este elemento al asunto cuyo estudio nos ocupa; actuar por demás incorrecto dada la incongruencia de que adolece la sentencia impugnada, puesto que si la autoridad responsable, al revocar la sentencia del Juez de primer grado, resuelve sobre la disolución del vínculo matrimonial, pero a su vez declara la disolución de la sociedad conyugal cuando ésta no fue reclamada como prestación por las partes en el procedimiento, infringe los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que la disolución del primero no implica necesariamente la de la segunda, dado que se estaría introduciendo un elemento novedoso que no formó parte de la litis del juicio natural, violándose por tanto el principio de congruencia señalado por el último numeral en comento, razón por la cual procede concederle el amparo solicitado para el efecto de que la indicada Sala, dejando insubsistente su aludido fallo, dicte otro en el que estudie los agravios que le fueron formulados por el recurrente, circunscribiéndose a los términos exactos en que fue planteada la litis en el juicio natural y, con plenitud de jurisdicción, resuelva en ejercicio de sus atribuciones legales lo que conforme a derecho proceda; concesión de amparo que se hace extensiva al Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Federal, a quien el peticionario imputa la ejecución del acto que reclama de la ordenadora."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 738/99, en sesión de ocho de febrero de dos mil, sostuvo el criterio contenido en la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, marzo de 2000
"Tesis: II.2o.C.215 C
"Página: 1031
"SOCIEDAD CONYUGAL. PROCEDE ORDENAR SU LIQUIDACIÓN EN LA SENTENCIA QUE DECRETA EL DIVORCIO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO SEÑALADA EXPRESAMENTE COMO PRESTACIÓN EN LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Una interpretación armónica de los artículos 164, 165, 180 y 183 del Código Civil para el Estado de México, permite deducir que si en una sentencia se declara la disolución del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, procede su liquidación en la fase de ejecución de sentencia, aun cuando ello no hubiera sido motivo de prestación específica en la demanda de divorcio, pues si dicha sociedad termina por tal divorcio, cuyos fines son regular la administración y dominio de los bienes pertenecientes a los consortes, entonces no existe razón jurídica que constriña a mantener vigente un régimen de ese tipo, si el vínculo que mantenía unidos a los cónyuges quedó disuelto definitivamente.
"Amparo directo 738/99. Juan Orta Fabila. 8 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos."
En lo que aquí interesa, las consideraciones en que se apoyó la emisión del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, son las siguientes:
"QUINTO. Son antecedentes del acto reclamado los siguientes. Guillermina Arce de Sánchez demandó de Juan Orta Fabila el divorcio necesario por la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 253 del Código Civil para el Estado de México, relativa a la separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo en que se hubiere originado. Acompañó como documento fundatorio la copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre ambos, señalando además como último domicilio conyugal el ubicado en la calle de Villada número 35 de Santa Ana Tlapaltitlán, Municipio de Toluca, Estado de México. Aseveró que su esposo, a principios de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, se separó definitivamente de ella para irse a convivir con otra señora, con la que incluso procreó dos hijos, de los que aporta las correspondientes copias certificadas de las actas de nacimiento (fojas de la uno a la dos del juicio principal). Admitida la demanda, en su oportunidad, Juan Orta Fabila produjo su contestación y se allanó respecto de la disolución del matrimonio, pues aceptó haberse separado de su contraria desde la época en que ésta indica, aclarando que su esposa supo de la relación extramarital de la que habla e, inclusive, la consintió (fojas de la catorce a la dieciséis). Dentro de la dilación probatoria se ofrecieron y desahogaron las pruebas que las partes aportaron, entre ellas copias certificadas relativas a la propiedad de diversos bienes inmuebles adquiridos por el demandado; luego, aparece que con fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve se dictó sentencia declarando procedente la acción ejercitada, así como disuelta la sociedad conyugal establecida en el régimen conyugal bajo la cual se casaron las partes, disponiendo que la liquidación correspondiente debería hacerse en ejecución del fallo (fojas de la cincuenta y nueve a la sesenta y uno). Disconforme con lo decidido, Juan Orta Fabila interpuso apelación exclusivamente inconformándose porque se ordenó la liquidación de la sociedad conyugal sin que la actora la hubiera pedido; recurso resuelto y tramitado por la Sala responsable a través de la sentencia constitutiva del acto reclamado. Conviene señalar que la Sala, en respuesta a dicha queja, dejó establecido que contrariamente a lo expresado en los agravios la sentencia impugnada no contenía decreto respecto de la liquidación de la sociedad conyugal, sino sólo se refirió a la procedencia de la disolución de ésta, apoyando en este sentido y de manera correcta el pronunciamiento en el artículo 183 del Código Civil para el Estado de México, el cual claramente señala que la sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, de manera que por esa circunstancia se declaró el divorcio entre los contendientes y ello necesariamente trajo consigo la disolución de la sociedad conyugal bajo cuyo régimen se habían casado, criterio que para la Sala fue acertado, pues bajo ese entendido el Juez acató dicha disposición estando obligado a resolver sobre dicho tema. Agregó la responsable que una vez disuelta la sociedad conyugal la consecuencia es, como en toda sociedad terminada, su correspondiente liquidación y, para ello, debe respetarse lo dispuesto por los artículos 188, 190 y 192 del propio ordenamiento sustantivo civil; por ello, sostuvo que la disolución y la liquidación eran figuras diferentes, de manera que ningún agravio irrogaba al apelante la decisión del Juez en el sentido de ordenar que la liquidación se verificara en ejecución del fallo. Por último, precisó la Sala (sic) sobre la quejosa, que el Juez no había aplicado el artículo 182 del Código Civil, que ello era improcedente en tanto que lo dispuesto sólo se aplicaba si se hubiera hecho valer la causal prevista en la fracción VIII del artículo 253 del Código Civil, hipótesis no acontecida porque el divorcio demandado se sustentó en la diversa causal contemplada en la fracción XVIII del mismo numeral, misma que fue procedente y ante ello el precepto que citara el apelante no podía aplicarse. En tales condiciones, confirmó el fallo y condenó al apelante a pagar las costas en las dos instancias. Ahora, en contra de las anteriores consideraciones, el quejoso Juan Orta Fabila alegó transgresión a los artículos 14 y 16 constitucionales, pues dice que sin motivación ni fundamentación se dictó el fallo declarando inoperantes sus agravios, toda vez que la Sala lo hizo sin razonarlo jurídicamente porque, si bien aplicó un ordenamiento jurídico, violó otro, en tanto que en el propio considerando primero sostuvo que el Juez no decretó la liquidación de la sociedad conyugal sino sólo dispuso la disolución de la misma; pero, finalmente, ahí mismo dijo que no causaba agravio al apelante que el Juez hubiera ordenado la liquidación para que se hiciera en ejecución de sentencia; de manera que en opinión del quejoso esa determinación violó el artículo 14 constitucional en su párrafo último, en cuanto ordena que la sentencia en los juicios del orden civil deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, debe fundarse en los principios generales del derecho; dispositivo desatendido por la Sala, en virtud de que con lo decidido se hace evidente el desconocimiento del artículo 209 de la ley adjetiva civil para la entidad, que impone la necesidad de que los fallos deben ser claros, precisos y congruentes con las demandas y las contestaciones, así como con las demás prestaciones oportunamente deducidas en el pleito, condenando o absolviendo al demandado en observancia a todos los puntos litigiosos debatidos; además de que el precepto 211 del citado ordenamiento, igualmente desatendido, señala que las sentencias se ocuparán sólo de las personas, cosas, acciones y excepciones materia del juicio, de modo tal que por lo determinado en contra de esos preceptos se le dejó en estado de indefensión. Asimismo, reitera violación a sus garantías individuales porque, a su decir, la Sala desconoció el procedimiento para dictar su resolución, pues en el resolutivo segundo y sin que existiera pedimento de la actora respecto de la liquidación de la sociedad conyugal, se procedió en consecuencia, pues ni en las prestaciones reclamadas en la demanda, ni en los hechos que las sustentaron, narró que en el tiempo durante el que vivieron juntos habían adquirido bienes de fortuna, cuestión sólo inferida por las autoridades que resolvieron el conflicto, pues aun cuando existen bienes inmuebles y los mismos están en poder de la actora, éstos se obtuvieron después de la separación y, por ello, las autoridades ordenaron la liquidación olvidándose de lo previsto por el artículo 182 del Código Civil, pues autorizaron la liquidación sin pedimento alguno y concediéndola de oficio; por ello, la sentencia es contraria a los preceptos que ha mencionado, en vista de que no se puede ordenar dicha liquidación sin que primero se respete lo establecido en la ley, respecto de lo que a cada uno de los cónyuges le corresponde o no. Por otro lado, señala que también fue indebido que la Sala dijera que el Juez de origen adecuadamente no aplicó el artículo 182 del Código Civil pues, según se dijo, no debía hacerlo por haberse hecho valer la causal prevista en la fracción VIII del artículo 253 del Código Civil; criterio indebido porque de manera parcial se hizo alusión a que la causal de divorcio fue la contemplada en la fracción XVIII del mismo numeral y como ésta sí había prosperado, entonces se ordenó la liquidación cuestionada, siendo ese el único razonamiento que encontró la resolutora para proceder en consecuencia, el cual dice fue parcial y con violación a sus garantías individuales, pues con ello no se le dio oportunidad de defenderse. Por último, refiere que de manera incorrecta se le condenó a pagar las costas judiciales, pues lo que hizo en el procedimiento fue tratar de hacer ver que tanto el Juez como la Sala actuaron como parte y resolvieron ese aspecto sin razonar jurídicamente, lo cual es indebido y procede se le conceda el amparo que pide. Los descritos motivos de inconformidad resultan jurídicamente infundados por las siguientes razones. En efecto, independientemente de que se dedica a repetir como conceptos de violación lo aducido como agravios ante la Sala, deja de rebatir los planteamientos que le dieron respuesta, lo cual sería motivo para negar el amparo; no obstante ello, este Tribunal Colegiado advierte que el tribunal responsable correctamente determinó que por imperativo del artículo 183 del Código Civil para el Estado de México, la sociedad conyugal termina con la disolución del matrimonio, lo cual es cierto y, por ende, no resulta violatorio de garantías individuales haberlo sostenido de tal manera. En tales condiciones, igualmente fue atinado establecer que el Juez de origen solamente decretó disuelta la sociedad conyugal como consecuencia del divorcio concedido, de manera que la liquidación ordenada para efectuarse en ejecución del fallo tampoco fue indebida, si se entiende que no podía dejarse sin liquidar una sociedad marital disuelta. Por ese motivo, a juicio de este cuerpo colegiado federal, aun cuando no hubiera formado parte de una petición específica en la demanda, el que se declarara disuelta y se ordenara la liquidación de la sociedad conyugal existente entre las partes y derivada del matrimonio celebrado bajo ese régimen, como se desprende de la copia certificada del acta de matrimonio, si se declaró procedente el divorcio por la separación de los consortes por más de dos años, independientemente de la causa que la hubiera originado, como lo afirmó la actora y lo aceptó el hoy quejoso, necesariamente debió terminar la sociedad conyugal por efectos del precitado numeral 183 del Código Civil, pues no puede existir permanentemente una consecuencia jurídica emanada de una unión legalmente disuelta. De manera que al haberlo decidido de este modo la responsable no conculca las garantías individuales del impetrante, pues el fallo es respetuoso de los artículos 209, 210, 211 y 212 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en tanto que precisamente se resolvió con claridad y congruencia al disolver el matrimonio y, consecuentemente, declarar terminada la sociedad conyugal, aunque ésta no hubiera sido un punto específico de reclamo pues, como se dijo, es una consecuencia necesaria; además, no se estudiaron excepciones porque no fueron opuestas por el impetrante al existir allanamiento respecto del divorcio reclamado; asimismo, el fallo se ocupó de quienes contendieron respecto del divorcio demandado, declarando que la actora sí probó la acción ejercitada. De modo que no hay evidencia de transgresión a los derechos públicos subjetivos del actor constitucional. Ahora bien, igualmente se considera atinado el pronunciamiento de la Sala acerca de que una vez disuelta la sociedad conyugal, que dicho sea de paso fue lo único que se declaró disuelto juntamente con el divorcio, necesariamente tenía que liquidarse conforme a los artículos 189, 190 y 192 del Código Civil para el Estado de México pues, ciertamente, la disolución y la liquidación de sociedades son figuras diferentes y si una sociedad conyugal disuelta por efectos del divorcio no se liquida, sería inoperante la decisión judicial por no acatar un dispositivo obligatorio como el señalado 183 de la ley sustantiva civil, por ello es que se impone justamente la liquidación en ejecución del fallo, sin que sean relevantes los argumentos del promovente del amparo acerca de que para liquidar una sociedad conyugal, primero debería establecerse si los bienes existentes fueron adquiridos durante la vigencia de ésta ya que, en todo caso, ese tema sería discutido y dilucidado al momento de la liquidación, como se dispuso en la combatida, razón por la cual no le asiste razón al quejoso en ese motivo de queja. Por otro lado, debe decirse que con acierto jurídico la Sala estableció que el artículo 182 de la ley civil invocada, sólo opera cuando se trata del abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, pues ciertamente hace cesar para éste desde el día del abandono los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorecieran, lo que no sucede si es que el divorcio prosperó por la separación sin causa justa de los cónyuges, independientemente de quién la solicitara jurídicamente, pues en este caso en nada afectan las consecuencias de un abandono injustificado para resolver sobre la liquidación de los bienes ya que, aun en ese caso -idéntico al que nos ocupa- ello será materia de discusión en el incidente de liquidación correspondiente, como lo estimó apropiadamente la autoridad responsable. Por último, debe decirse que tampoco le asiste razón al impugnante cuando se asegura que de manera equivocada se le condenó a pagar costas en las dos instancias, en tanto que, a su decir, no se razonó su procedencia; pues contrario a ello, se advierte que en apoyo de la condena sobre ese tema la Sala argumentó que el hoy quejoso resultó vencido en las dos instancias y que dicha hipótesis está prevista en la fracción III del artículo 241 de la ley adjetiva civil para el Estado de México, numeral utilizado como fundamento de la condena correspondiente; de manera que sí existe el razonamiento jurídico que la sustenta y aparece citado el precepto que lo funda, de donde resulta innegable el haberse apegado a derecho tal determinación dado que, ciertamente, en los dos fallos se condenó al hoy quejoso a la prestación consistente en la disolución del matrimonio celebrado entre las partes, así como a la consecuencia necesaria de disolver la sociedad conyugal a fin de que en ejecución de lo decidido se liquide como corresponda, procedimiento en el cual se discutirá qué bienes la integraron y cómo procede repartirlos, pues incluso lo que habrá de ser determinado estará sujeto a impugnación por cualquiera de los divorciados, dando origen al cabal respeto de la garantía de defensa aludida por el quejoso. En lo conducente se invoca por compartirse el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página ciento ochenta y uno, Tomo IX-Febrero, en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: 'DIVORCIO, MATERIA DE LOS JUICIOS DE. NO RADICA EXCLUSIVAMENTE EN LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL.' (se transcribe). En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo en función de lo infundado de los conceptos de violación, pues las consideraciones jurídicas que se vierten en ellos no ponen de manifiesto la ilegalidad aducida conforme al criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página ciento ochenta y seis, Tomo I, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS.' (se transcribe)."
CUARTO. Es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues debe entenderse que dicho funcionario no estimó pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
A este respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia que es del tenor siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 56, agosto de 1992
"Tesis: 3a./J. 13/92
"Página: 24
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA. En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.
"Contradicción de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Contradicción de tesis 35/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Margarito Medina Villafaña.
"Contradicción de tesis 30/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Cárdenas Ramírez.
"Contradicción de tesis 11/90. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Contradicción de tesis 14/91. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Mayoría de cuatro votos. Votó en contra el Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Tesis de jurisprudencia 13/92. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos. Cinco votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez y Miguel Montes García.
"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 183, página 124."
QUINTO. Antes de proceder al análisis correspondiente es preciso establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre los criterios sustentados por los mencionados Tribunales Colegiados, al resolver los juicios de amparo directo cuyas consideraciones esenciales recién se han transcrito, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación con el fondo del asunto.
Resulta importante recordar al respecto la tesis jurisprudencial sustentada por la antes Cuarta Sala de este Máximo Tribunal, que a la letra dispone:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7503-a25fd5ca/sociedad-conyugal-la-disolucion-y-la-orden-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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