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Modo: Corpus Pro

CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA PROBAR QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA TAL CALIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2000-PS. · Registro digital (IUS): 7582
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, , Pág. 299.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: ARTURO FONSECA MENDOZA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con fecha veintidós de junio de dos mil, al resolver el amparo directo número 130/2000, interpuesto por Banco Unión, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"En diversos conceptos de violación el banco quejoso aduce que se conculcan las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la autoridad responsable no observó la jurisprudencia número 1a./J. 10/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 277, Tomo V, marzo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR ÉL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’; así como aplicó indebidamente la jurisprudencia P./J. 8/99, sustentada por el Pleno del más Alto Tribunal del país, publicada en las páginas 5 y 6, Tomo IX, febrero de 1999, también de la Novena Época del referido Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva el rubro: ‘INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.’; agregando que lo anterior es en virtud de que el tribunal ad quem también interpretó erróneamente el artículo 1194 del Código de Comercio, al establecer que por el simple hecho de que el demandado citó en su contestación de demanda lo relativo a la calidad de quien suscribió el estado de cuenta certificado, por ello correspondía al hoy quejoso, la carga de la prueba de demostrar la existencia de la cédula profesional, y que por haberse controvertido esto, no se puede generar la presunción de legalidad contemplada por el artículo 68 de la referida Ley de Instituciones de Crédito, lo que en opinión del amparista es incorrecto, porque en términos de los dos últimos preceptos antes citados, el demandado es quien debía acreditar, en todo caso, su excepción, a través de la prueba idónea, como sería la documental consistente en el informe que rindiera la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para así desvirtuar el documento suscrito por el contador público facultado; por lo que no le es dable a la autoridad jurisdiccional negarle eficacia probatoria a ese medio de convicción, por la simple manifestación de una parte, sin prueba alguna, máxime que incluso ese documento se perfeccionó porque no se acreditó su falta de valor, pues por mandato expreso del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, la certificación contable hace fe, salvo prueba en contrario, lo que conlleva a darle obligatoriamente una validez que solamente puede ser cuestionada en el término probatorio, y así el amparista pretende deducir que la Sala responsable debió entrar al estudio del fondo del asunto, para que obrara de esta manera con estricto apego a los numerales y jurisprudencia invocados, y estuviera en aptitud de valorar en su integridad el material probatorio.-Previamente a contestar los anteriores conceptos de violación, es importante destacar que se advierte en la especie que el hoy tercero perjudicado, Edgar Yamil Yitani Ortega, al contestar la demanda del juicio generador formuló objeción expresa respecto del carácter de la persona que emitió la certificación contable que, como título fundatorio de la acción, en unión del contrato de crédito refaccionario, exhibió el banco actor, puesto que sobre el particular manifestó: ... (lo transcribe).-Ante tal situación, este Tribunal Colegiado estima que efectivamente es correcta la consideración de la Sala responsable, por cuanto a confirmar la improcedencia de la acción ejercitada ante la omisión de la parte actora de exhibir la cédula respectiva que acreditaba la calidad de contador de la persona que elabora el estado de cuenta certificado y que lo facultó para ello; esto en virtud de que si bien la jurisprudencia 10/97 y su ejecutoria, que en lo conducente quedó transcrita anteriormente, son lo suficientemente claras al establecer que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, no exige que se exhiban con la demanda los documentos que demuestren que el contador que suscribe la referida certificación, se encuentra facultado por la institución de crédito acreedora, y que cuenta con título profesional, porque dicha disposición únicamente alude a dos documentos, es decir, al contrato fundatorio y a la certificación contable, para que juntos constituyan título ejecutivo; como quiera que sea, cuando la parte demandada objeta, como en la especie, la calidad de contador de la persona que elaboró el estado de cuenta respectivo, recae entonces sobre el promovente de la acción la carga de acreditar que el contador facultado que autorizó para emitir dicha certificación, cuenta con la cédula correspondiente que lo faculta a ejercer la profesión de contador.-La conclusión anterior, es acorde con la interpretación relacionada de la diversa jurisprudencia 8/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integró por reiteración, al resolver diversos amparos en revisión, en los que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito (invocada por la Sala responsable); esto, teniendo en cuenta que ambos criterios (sostenidos en las sendas jurisprudencias citadas) más que ser contradictorias o contraponerse se complementan, porque aun cuando las ejecutorias respectivas resolvieron lo conducente de acuerdo a la materia que era propia de las mismas, esto es, una sobre la inconstitucionalidad de la citada disposición legal y otra respecto de la interpretación de esa misma disposición, en el fondo inciden en la cuestión a dilucidar, es decir, si el contador de una institución de crédito que suscribe una certificación contable, en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, debe contar o no con título profesional.-Sobre este aspecto, la jurisprudencia 10/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece en concreto que para que haga fe el estado de cuenta presentado como documento fundatorio de la acción junto con el contrato o póliza, no es necesario que el contador que suscribe aquel documento, tenga que exhibir junto con la certificación pruebas de que se encuentra facultado por la institución de crédito acreedora y que cuenta con título profesional, porque esos requisitos no los exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito; lo que implica que la actora no tiene obligación de adjuntar como título fundatorio de la acción ejercitada en la vía ejecutiva mercantil, además del contrato fundatorio y la certificación contable, los documentos que justifiquen que el contador se encuentra autorizado por el banco y que cuenta con título profesional, sino que simplemente debe exhibir el contrato fundatorio y la certificación contable.-Por otra parte, sin embargo, la jurisprudencia 8/99 del Pleno del más Alto Tribunal de la nación, y en la ejecutoria que le dio origen, se estableció que no es inconstitucional el artículo 68 en comento, porque de su texto se aprecia que no exime o releva a los contadores de una institución de crédito, de la obligación de contar con el título profesional respectivo que establece el artículo 5o. constitucional y su ley reglamentaria, aun cuando no señale expresamente aquel precepto legal tal exigencia.-Lo antes relatado no es contradictorio, sino complementario, porque por regla general y atendiendo al criterio de la Primera Sala del más Alto Tribunal de la nación, contenido en la jurisprudencia 10/97, para que proceda la vía ejecutiva mercantil, es suficiente con que la institución de crédito exhiba el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por el contador autorizado por la institución, para que juntos constituyan título ejecutivo, sin que sea necesario que adjunte diversos documentos para justificar que se encuentra autorizado y que cuenta con título profesional; pero además, atendiendo a la diversa jurisprudencia 8/99 del Pleno de dicho Alto Tribunal que establece que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, no es inconstitucional porque no exime a quien firma una certificación contable de contar con título de contador público, se colige de ahí, que no puede entonces cualquier persona firmar legalmente un estado de cuenta, sino únicamente aquellos que se encuentren autorizados por la institución y que cuenten con título profesional como contador público.-En consecuencia, la necesidad de acreditar en juicio que el contador autorizado por la institución de crédito que expidió el estado de cuenta certificado, tenga título en esa profesión, se encuentra supeditada a que, como en la especie, se objeten expresamente tales facultades y la falta de título, para que las autoridades de instancia determinen la carga de la prueba de demostrar ese extremo. Luego entonces, carece de razón la institución bancaria quejosa en cuanto afirma que sobre la parte demandada recaía la carga de la prueba de acreditar que el contador público autorizado no cuenta con título profesional, máxime que esto implicaría la obligación de probar un hecho negativo, lo cual jurídicamente es inadmisible."

Igual determinación sostuvo el Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo número 252/2000, promovido por Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital.

Ambas ejecutorias, entre otras, dieron origen a la siguiente tesis jurisprudencial.

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: VI.2o.C. J/201

"Página: 942

"CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CORRESPONDE AL ACTOR PROBAR QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE ES CONTADOR, CUANDO SE CUESTIONA TAL CALIDAD EN VÍA DE EXCEPCIÓN.-De la interpretación armónica de las jurisprudencias números 8/99 y 10/97, publicadas en las páginas 5 y 277, de los Tomos IX y V, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondientes a febrero de 1999 y a marzo de 1997, sustentadas, respectivamente, por el Tribunal Pleno y la Primera Sala, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubros: ‘INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.’ y ‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR ÉL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’, se concluye que los citados criterios jurisprudenciales se complementan, habida cuenta que en el primero de ellos el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del país al examinar la cuestión de inconstitucionalidad planteada, respecto del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que el aludido precepto legal, por facultar a la persona autorizada por la institución de crédito para certificar el estado de cuenta respectivo, sin exigirle que demuestre tener título profesional de contador, contraviene el artículo 5o. constitucional, en esencia sostuvo que tal disposición legal no es inconstitucional, pues el hecho de que no establezca el requisito de demostrar tener el título respectivo no releva a los contadores autorizados por las indicadas instituciones crediticias de la obligación legal de contar con el título profesional que les permita el ejercicio de la profesión de contador prevista en los artículos 5o. constitucional y 2o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, dado que al precisarse en el Ordenamiento Supremo y en la ley reglamentaria respectiva cuáles son las profesiones que requieren título profesional para su ejercicio, así como los requisitos y autoridades competentes para expedirlas, es innecesario que tales requisitos se reiteren en los ordenamientos legales en que se haga referencia a las distintas profesiones, como lo es la de contador; en tanto que en la aludida jurisprudencia número 10/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se precisó que conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el estado de cuenta certificado por el contador facultado por la institución bancaria, conjuntamente con el contrato o póliza en que conste el crédito otorgado por dicha institución, constituyen título ejecutivo sin necesidad de comprobar que la persona que suscribió tal estado de cuenta, tiene título de contador y además cuenta con el nombramiento correspondiente por parte de la institución acreedora, en virtud de que la certificación contable goza de la presunción de legalidad salvo prueba en contrario en cuanto a establecer la certeza del saldo que arroje a cargo del deudor, presunción que se traduce en que quien suscribe dicha certificación es el contador autorizado por la institución de crédito actora; de ahí que únicamente en los casos en que el demandado objeta en vía de excepción la calidad de contador de quien suscribió la certificación contable que se exhibe conjuntamente con el contrato de crédito, aduciendo que esa persona carece de título profesional legalmente expedido que lo autorice a ejercer la profesión de contador, es evidente que corresponde a la institución de crédito actora comprobar que efectivamente la persona que autorizó para suscribir tal documento cuenta con el título profesional respectivo; admitir lo contrario implicaría ocasionar un estado de indefensión en perjuicio de la parte demandada, quien no tendría oportunidad de impugnar la calidad de la persona que suscribe el estado de cuenta, justificándose la carga probatoria en el actor, dado que en la hipótesis señalada el cuestionamiento de la demandada lleva implícito un hecho negativo, como lo es negar la calidad de contador de quien suscribió el documento base de la acción y por tanto, revierte la carga procesal a su contraparte.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

"Amparo directo 130/2000. Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple. 22 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

"Amparo directo 252/2000. Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital. 22 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

"Amparo directo 517/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero. 24 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

"Amparo directo 402/2000. Textiles Cartex, S.A. de C.V. y otros. 25 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Rafael González Castillo.

"Amparo directo 454/2000. Ricardo Felipe Alvarado Sánchez y otra. 8 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres."

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, al resolver el juicio de amparo directo número 2659/99, promovido por Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, sostuvo, en esencia, lo siguiente:

"SEXTO.-Los conceptos de violación hechos valer son parcialmente fundados ... En cambio, es fundado el argumento concerniente a que la sentencia reclamada es violatoria de garantías al establecer la improcedencia de la vía, por considerar que el certificado expedido por Rubén López Navarro, no acredita que esta persona esté facultada para ejercer la profesión de contador público, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Que lo incorrecto de tal determinación se demuestra, porque el criterio en que se apoya la responsable únicamente establece que los contadores públicos facultados por las instituciones de crédito, deben contar con cédula profesional, pero que en ningún momento establece la obligación de acreditar en la propia certificación del estado de cuenta, la existencia de la cédula profesional, ni de acompañar copia de ella; que, por el contrario, el más Alto Tribunal del país sustentó la diversa jurisprudencia 10/97, del título: ‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR ÉL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.’; que este criterio no se opone al invocado por la responsable, evidenciando que no es necesario que el profesionista que expidió el certificado contable acredite en el propio documento que cuenta con cédula profesional, o que la acompañe al certificado. Concluye la institución quejosa que, en todo caso, correspondía a la parte demandada probar la excepción opuesta, referente a que quien suscribe la certificación no acreditó ser contador.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete, aprobó la tesis de jurisprudencia número 10/97, del título: ‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR ÉL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’, que aparece publicada en la página 277, Tomo V, marzo de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia mencionada, publicada de la foja 278 a la 290 del tomo indicado, destacan los siguientes razonamientos: (los transcribe).-La ejecutoria parcialmente transcrita, pone de manifiesto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, dejó establecido que éste no exige como requisitos el nombramiento de una institución bancaria acreedora ni el acreditamiento del título de contador público para que la certificación del estado de cuenta con el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado por la institución bancaria al demandado constituyan títulos ejecutivos; y que queda a cargo del demandado rendir las pruebas correspondientes en el juicio, para destruir la presunción de legalidad del documento de que se trata.-Conforme a lo anterior, es desacertada la consideración de la Sala acerca de que es improcedente la vía, por contravenirse el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque el certificado signado por Rubén López Navarro, no acredita que esté facultado para el ejercicio de la profesión de contador público, ya que este numeral no establece como requisito que se demuestre que el contador autorizado por la institución cuenta con título expedido legalmente para ejercer dicha profesión, en virtud de que goza de una presunción juris tantum en ese sentido.-Así, la excepción opuesta por las demandadas al contestar la demanda, con base en que los documentos fundatorios no reúnen los requisitos del artículo 68 invocado, entre otras razones, porque ‘quien suscribe la certificación del estado de cuenta exhibido, no acreditó ser contador’ (foja 15), debió declararse infundada, por no establecer dicho numeral ese requisito para la procedencia de la vía.-Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia apuntada, visible en la página 277, Tomo V, marzo de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR ÉL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’ (la transcribe).-No es obstáculo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que invoca como apoyo la autoridad responsable número 8/99, publicada en la página 5 del Tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.’ (la transcribe).-En efecto, tal como lo asevera la quejosa, de la tesis de jurisprudencia transcrita no se advierte que el más Alto Tribunal del país estableciera como requisito adicional a los establecidos en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, acompañar a los estados de cuenta documento que acredite que el contador autorizado está facultado para ejercer tal profesión, sino que únicamente dispone que los profesionistas mencionados no están relevados de contar con el título profesional correspondiente; de lo que se infiere que, en todo caso, es materia de excepción el señalamiento de que quien suscribe el estado de cuenta bancario no es contador, y queda a cargo del demandado rendir las pruebas correspondientes en el propio juicio, para demostrar su aseveración y destruir la presunción de legalidad establecida en el precepto invocado."

El anterior criterio fue reiterado por el Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directo números 3245/99, 3491/99, 45/2000 y 52/2000 promovidos, respectivamente, por Rosa Landazuri Fregoso de Regalado y J. Jesús Regalado Arellano, Gustavo Rosales Bernal y Marisela Chávez Cortés, Productos Farmacéuticos del Paraíso, S.A de C.V. y José Luis Bejarano Lucatero.

Las anteriores ejecutorias dieron origen a la siguiente tesis de jurisprudencia.

"Novena Época

"Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, mayo de 2000

"Tesis: III.4o.C. J/1

"Página: 834

"ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. QUEDA A CARGO DEL DEMANDADO DESTRUIR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUIEN LO SUSCRIBE.-De la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 59/96, que dio origen a la jurisprudencia 10/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 277, Tomo V, marzo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR ÉL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’, se advierte que el más Alto Tribunal de la nación, estableció que el precepto legal referido, no exige como requisito, para que la certificación del estado de cuenta con el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado por la institución de crédito al demandado constituyan título ejecutivo, el nombramiento como funcionario del banco acreedor ni el acreditamiento del título de contador público de quien suscribe dicho estado de cuenta, ya que los dos títulos mencionados, harán fe salvo prueba en contrario para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o mutuatarios, y que además esa presunción de legalidad se traduce en que quien suscribe dicha certificación es el contador de la institución de crédito autorizado y que el saldo es el correcto, por lo que queda a cargo del demandado demostrar lo contrario en el juicio y destruir la presunción de legalidad establecida en el segundo párrafo del artículo 68 del ordenamiento legal citado. Por ende, no debe declararse la improcedencia de la vía, si con el certificado contable no se acredita por parte de la actora que el contador que lo expide cuenta con título profesional. Tampoco es óbice a lo anterior, la diversa tesis de jurisprudencia 8/99, consultable en la página 5, Tomo IX, febrero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: ‘INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.’, ya que de su contenido, no se advierte que estableciera como requisito adicional a los contenidos en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, acompañar a los estados de cuenta el documento que acredite que el contador autorizado está facultado para ejercer tal profesión, sino que únicamente dispone que los profesionistas no están relevados de contar con el título profesional correspondiente; de lo que se infiere que, en todo caso, es materia de excepción el señalamiento de que quien suscribe el estado de cuenta bancario no es contador, y queda a cargo del demandado rendir las pruebas correspondientes en el propio juicio, para demostrar su aseveración y destruir la presunción de legalidad establecida en el precepto legal invocado.

"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

"Amparo directo 2659/99. Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital. 15 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.

"Amparo directo 3245/99. Rosa Landazuri Fregoso de Regalado y J. Jesús Regalado Arellano. 11 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.

"Amparo directo 3491/99. Gustavo Rosales Bernal y Marisela Chávez Cortés. 27 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Villegas Hernández. Secretaria: Ana Celia Cervantes Barba.

"Amparo directo 45/2000. Productos Farmacéuticos del Paraíso, S.A. de C.V. 27 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Julio López Beltrán. Secretaria: Claudia Muñoz Correa.

"Amparo directo 52/2000. José Luis Bejarano Lucatero. 27 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Julio López Beltrán. Secretario: Antonio López Rentería.

"Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 277, tesis por contradicción 1a./J. 10/97 de rubro ‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR ÉL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’."

QUINTO.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de la figura de la contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio prevalecerá, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas;

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En esencia, para que exista contradicción de tesis, se requiere que un tribunal niegue lo que otro afirme respecto de un mismo tema.

Resultan aplicables al respecto, las tesis de jurisprudencia que a continuación se citan.

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: F

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7582-c03efc0b/certificacion-contable-expedida-en-terminos-del-articulo-68 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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