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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO SE OMITEN LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2000-PS. · Registro digital (IUS): 7531
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 606.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: ARTURO AQUINO ESPINOSA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-A fin de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, Jalisco, al emitir resolución el diecisiete de marzo de dos mil en el juicio de amparo en revisión número 2107/99, promovido por Rosa Lilia Casarrubias López, en la parte que interesa, sustentó el criterio siguiente:

"IV.-Son infundados los agravios expuestos por la recurrente cuyo estudio se aborda en su conjunto por la íntima relación que guardan.-Así es, porque en forma adversa a lo que afirma, no es veraz que el Juez de Distrito en parte alguna de la sentencia recurrida haya considerado como simples manifestaciones dogmáticas, que debía demostrar los argumentos con los cuales dice la disconforme que combatió la ilegalidad del emplazamiento, atinentes a que el funcionario judicial que lo practicó no asentó el número de expediente del juzgado que emitió la resolución y porque no se anexó copia de la cédula a las actuaciones del juicio natural, a efecto de que se pudiera verificar que dicha constancia cumplía con todos los requisitos de ley, como fácilmente se puede constatar de la simple lectura al contenido del fallo que se revisa, del cual se advierte que a ese respecto el Juez de garantías estimó, por el contrario, lo siguiente: '... Por otro lado, respecto a que no se especificó el número de expediente y el juzgado que pronunció el auto que se notificó, dicha información quedó asentada en la cédula que se le entregó a la persona con quien se entendió la diligencia, o sea, Jessica Rodríguez Casarrubias, quien dijo ser hija de la aquí quejosa. Así también, la quejosa manifestó que al no haberse anexado copia de la supuesta cédula, este tribunal no se encontraría en aptitud de considerar la violación manifestada; sin embargo, la ley no prevé el que se tenga que anexar copia de la cédula en el juicio; por tanto, al haber afirmado el funcionario que practicó la diligencia que entregó la cédula a la citada Jessica Rodríguez Casarrubias, hija de la demandada y aquí quejosa, es suficiente para tener por hecho que sí se especificó el número del juicio y el juzgado que pronunció el acuerdo notificado, pues ya que el funcionario mencionado tiene fe pública, se debió haber desvirtuado la omisión que aduce la quejosa a través de pruebas idóneas y suficientes ...'.-En las relatadas condiciones, es claro que, en la especie, no cobra aplicación la tesis de rubro: 'AUDIENCIA. GARANTÍA DE. CARGA DE LA PRUEBA PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE.', que para apoyar los anteriores argumentos invoca la promovente de este medio de impugnación en el escrito materia de examen.-Sostiene asimismo la inconforme que, contrario a lo considerado por el juzgador de garantías, el llamamiento a juicio resulta ilegal porque, insiste, no se anexó a las actuaciones del juicio de origen copia de la supuesta cédula que se entregó a la persona con quien se entendió la diligencia, ya que no obra en autos la misma y apoya lo anterior en la tesis de rubro: 'EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO EL EJECUTOR MENCIONA SOLAMENTE QUE ENTREGÓ LA CÉDULA RESPECTIVA, PERO OMITE AGREGAR COPIA DE LA MISMA AL EXPEDIENTE Y EN EL ACTA CORRESPONDIENTE NO APARECE QUE SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).'.-No le asiste la razón toda vez que, en principio, debe hacerse notar, como acertadamente lo refiere el juzgador de amparo, que la ley adjetiva civil de la entidad no contempla o estatuye tal requisito, por ende, no puede actualizarse violación alguna a las formalidades esenciales del emplazamiento, por consecuencia, menos se puede obligar al funcionario judicial que lo practicó a que cumpla con una formalidad inexistente (la de agregar al expediente copia de la cédula), motivo por el cual es que no se comparte el criterio jurisprudencial que invoca.-Se estima lo anterior, porque de lo contrario es indudable que se le estarían agregando al emplazamiento requisitos y formalidades no previstas en la ley procesal de la materia, y es bien sabido que ello (el establecer nuevos requisitos y solemnidades a la citada fuente del derecho) no es una función que propiamente le compete a la autoridad judicial, que es la de juzgar, no así la de crear nuevas normas, además de que de admitirse tal criterio no sólo haría nugatoria la fe pública con la que está investido el funcionario judicial en el ejercicio de su encargo, sino que se le impondría también la carga de probar que la cédula que entregó contenía todos los requisitos legales y, más aún, ya que todo ello llevaría al extremo de obligarlo a acreditar también que lo asentado por él en el acta respectiva, así aconteció (puesto que lo que se pretende es tener la absoluta certeza), y entonces, conforme al artículo 112 bis de la invocada legislación tendría que justificar, agregando al expediente los documentos conducentes que la persona con la que se entendió la diligencia en verdad era pariente, empleado, doméstico, etc., de quien es llamado a juicio; que sí vive en el domicilio en que actúa o que sí se encontraba dentro del mismo; que esa permanencia en la casa o asiento principal de sus negocios era sólo en ese momento o en forma permanente; y así sucesivamente se estarían implementando cada vez más nuevos motivos por los cuales se le estarían imponiendo cargas y obligaciones sin fin no previstas en la legislación al funcionario judicial que practique la actuación de mérito, cuestiones, las señaladas, que hacen que no se comparta la tesis de referencia, la que por tratarse de un precedente aislado emitido por un órgano jurisdiccional de la misma jerarquía, no obliga a este tribunal, acorde a lo previsto por el artículo 193 de la ley de la materia.-V.-En atención a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, deberá ordenarse la denuncia ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación de la contradicción que al parecer existe entre el criterio sustentado por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y el que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado del mismo ramo y circuito, en la tesis que con el rubro de: 'EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO EL EJECUTOR MENCIONA SOLAMENTE QUE ENTREGÓ LA CÉDULA RESPECTIVA, PERO OMITE AGREGAR COPIA DE LA MISMA AL EXPEDIENTE Y EN EL ACTA CORRESPONDIENTE NO APARECE QUE SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).', aparece publicada en la página 737 del Tomo V, febrero de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-En las relatadas condiciones, al no demostrarse la pretendida ilegalidad que se le atribuye a la resolución recurrida, lo conducente es que se confirme en sus términos.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosa Lilia Casarrubias López, en contra de los actos que reclama de las autoridades que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.-TERCERO.-Denúnciese ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis a que se hace referencia en la parte considerativa de esta ejecutoria."

Asimismo, se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al dictar resoluciones en los amparos en revisión números 1059/96 y 1090/96 promovidos, respectivamente, por Jalisco Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable y Francisco Javier González García, en la parte que interesa, sustentó los criterios siguientes:

"IV.-Los agravios hechos valer son fundados pero inoperantes.-Aun cuando es verdad lo que expresa la recurrente acerca de que el Juez de Distrito omitió tomar en cuenta las manifestaciones que hizo en su escrito de diecisiete de julio de mil novecientos noventa y seis (a fojas 78 a 81 del amparo), esa irregularidad realmente no le ocasiona perjuicios con base en lo siguiente: En primer lugar, debido a que los alegatos no forman parte de la litis, es obvio entonces que el Juez de Distrito no tenía ninguna obligación de examinar los argumentos que en esa vía expresó la ahora inconforme en el ocurso aludido. Así justamente lo previene la tesis de jurisprudencia 43 del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, «así como los demás razonamientos de las partes», a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.'.-Por otra parte, es inexacto lo que asegura la promovente en lo tocante a que debió haberse sobreseido en el juicio, por virtud de que el quejoso consintió las irregularidades que se cometieron en su contra al llamarlo al procedimiento natural, puesto que, añadió, como se dio cuenta de las mismas a través de su esposa Soledad Morales, desde el diecinueve de enero del año en curso en que se llevó a cabo el emplazamiento de que se habla, al no promover el amparo dentro de los quince días siguientes 'transcurrieron con exceso los términos que establecen los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo vigente para solicitar el amparo de la Justicia Federal contra los actos inconstitucionales, generándose así, causa de improcedencia que derivara en el sobreseimiento de la petición del amparo por su consentimiento con el acto reclamado, que fue de su conocimiento desde hace casi seis meses', toda vez que atentaría contra la técnica del juicio de garantías analizar el fondo del asunto, esto es, examinar si fue o no correctamente emplazado para luego terminar sobreseyendo; por tanto, el estudio de que se trata en todo caso ocasionaría la negativa o concesión del amparo. Al respecto se invoca la ejecutoria publicada en la página 642 del Tomo IV, correspondiente a septiembre del presente año, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: 'EMPLAZAMIENTO. ES INCORRECTO TOMARLO COMO BASE DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO CONSTITUYE EL PROPIO ACTO RECLAMADO.-No es suficiente para considerar acreditado el que los quejosos tuvieron conocimiento del juicio seguido en su contra, y sobreseer por ese motivo en el juicio de amparo, el contenido del acta de emplazamiento, ya que no puede tomarse en cuenta la sola existencia del mismo, para deducir su eficacia, cuando lo que se alega en el juicio de garantías, es precisamente la validez del emplazamiento efectuado. Efectivamente, no se puede partir del propio emplazamiento reclamado, para establecer la extemporaneidad del juicio de garantías, sin analizar a fondo ese llamado a juicio, ya que esto equivale a obtener una conclusión con base en una falsa premisa, o sea, se toma equivocadamente como punto de partida del sobreseimiento en el juicio de amparo, la diligencia de emplazamiento, cuando tal es el acto reclamado objeto del análisis legal que se propone al a quo.'.-Las explicaciones anteriores sirven también para responder lo que expresa la recurrente en relación con que como no se decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, el Juez de Distrito inadvirtió lo dispuesto por las tesis de jurisprudencia que citó de rubros: 'ACTOS CONSENTIDOS.' y 'ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS.', así como lo establecido por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que, se insiste, como la legalidad de la diligencia de emplazamiento constituye uno de los actos reclamados es indudable, entonces, que el examen que de ella se haga implica resolver sobre el fondo del asunto y cuando eso ocurre debe, según corresponda, negarse o concederse la protección federal impetrada, pero nunca el sobreseimiento del juicio.-Finalmente, aunque también es verdad que en el acta levantada con motivo del emplazamiento que se realizó a Francisco Velázquez Ramírez (a fojas 37 y 37 vuelta del amparo), aparece que el funcionario que lo practicó, contrariamente a lo afirmado por el Juez de Distrito, sí entregó la cédula respectiva, pues, en efecto, éste asentó en lo conducente: '... acto contínuo con las copias de ley como son la demanda y documentos fundatorios así como cédula, emplazo al demandado(a) por conducto de la persona con quien se entiende la diligencia', no habrá de revocarse la sentencia impugnada, en virtud de que como en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación (jurisprudencia 249 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación), ha sostenido que la falta de emplazamiento o su certificación en forma defectuosa debe analizarse de oficio no sólo por el Juez natural sino también por el tribunal de alzada, por ser la más grave de las violaciones procesales, lo cual significa que el estudio correspondiente puede realizarse aunque el interesado no se inconforme con todas las irregularidades que se cometieron sobre el particular. Luego, esa facultad que se otorga a las autoridades comunes con mayor razón deben realizarla los tribunales federales de amparo, quienes tienen como función procurar que no se violen garantías individuales con los actos que se reclamen en el procedimiento constitucional, habida cuenta que en eso estriba precisamente la suplencia de la deficiencia de la queja prevista por el artículo 76 bis, fracción VI, de la ley de la materia.-Así, tomando en consideración que el artículo 112, vigente a partir del uno de marzo del año pasado, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, acerca de los datos que debe contener la cédula que debe entregarse cuando en la segunda búsqueda no se encuentra al demandado, contiene requisitos que anteriormente no establecía, pues, en efecto, ese dispositivo actualmente previene, entre otras cosas, que: 'Solo si se tratare de emplazamiento a juicio o de requerimiento y a la primera busca no se encontrase al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se le hará la notificación por cédula, que contendrá: I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución; II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; III. Breve relación de la resolución que se notifica; IV. Día y hora en que se hace la notificación; V. Nombre de la persona en poder de quien se deja; VI. Firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. ...'; este tribunal estima que para cumplir con tales exigencias no es suficiente que el ejecutor mencione únicamente que cumplió con la obligación de la entrega de dicha cédula, sino que además debe de justificarse, en cualquiera de las formas posibles, que todos y cada uno de esos datos sí se hicieron del conocimiento de la persona con quien se entendió la diligencia, máxime que ante la omisión en que incurrió aquél de no agregar copia de la cédula susodicha, sólo de esa manera puede verificarse si el reo tuvo o no oportunidad de conocer los datos mínimos para poder acudir al llamado que se le hizo. Por las razones que la informan, se invoca la ejecutoria publicada en la página 643 del aludido Tomo IV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL. EL SECRETARIO O ACTUARIO QUE LO PRACTIQUE, DEBE ESPECIFICAR DETALLADAMENTE LAS RAZONES POR LAS QUE LA PERSONA BUSCADA NO SUSCRIBIÓ EL ACTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-El artículo 120 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, antes de su reforma (hoy artículo 125), en lo conducente dispone: «Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hacen. Si éstas no supieren o no quisieren firmar, lo hará el secretario, notificador o quienes hagan sus veces, haciendo constar esta circunstancia ...». Por tanto, las expresiones asentadas en la actuación impugnada (emplazamiento), al no explicar la razón por la que la quejosa no suscribió la misma, en tanto que no especifica si fue porque no supo, no quiso o no pudo hacerlo, por tener alguna imposibilidad física o mental, resultan insuficientes para tener por satisfecho el requisito establecido en el precepto que se reproduce, poniendo de manifiesto la infracción a las formalidades que deben tener las notificaciones, sobre todo la relativa al emplazamiento que por su trascendencia es de vital importancia.'.-Por tanto, como las razones anteriores ponen de relieve que no se cumplió cabalmente con lo dispuesto por el citado numeral 112, procede entonces confirmar la sentencia impugnada.-Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-En lo que es materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Velázquez Ramírez, contra las autoridades y por los actos que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria."

Amparo en revisión 1090/96.

"IV.-Es fundado pero inoperante el primero de los agravios que se examinan, inoperantes e infundados los restantes, y el último fundado en la medida que se suple la deficiencia de la queja.-Es cierto que la prueba confesional o tácita contenida en el informe justificado debe tomarse en cuenta por el juzgador; sin embargo, la afirmación sobre la existencia del acto reclamado contenida en el informe con justificación no implica la aceptación de la ilegalidad del mismo, porque cuando el acto no es inconstitucional en sí mismo, depende del estudio que el Juez de amparo realice de los actos reclamados con base en lo aducido en los conceptos de violación y las pruebas aportadas por el quejoso para demostrar la ilegalidad que atribuye a los actos que impugna, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo.-Por otra parte, el que no se le hayan admitido las documentales señaladas bajo los puntos primero, sexto y séptimo, consistentes en todo lo actuado en el cuaderno incidental; compulsa de las actas de citatorio y emplazamiento que impugna, así como de la sentencia pronunciada en el juicio 5020/95, de donde emana el acto reclamado y la notificación relativa a ésta, respectivamente (fojas 78 y 85 del amparo), también es responsabilidad del oferente, toda vez que no la anexó a su escrito, pues no obstante que afirme que las solicitó oportunamente, no hay constancia de ello. Con independencia de lo anterior, es pertinente aclarar que las actuaciones del juicio de origen obran en autos por haberse remitido en vía de informe justificado y aportado en copia certificada por el tercero perjudicado; por tanto, la negativa del Juez de Distrito a admitir tales probanzas no le irroga agravio porque, por lo que antes se relata, el juzgador tuvo que tenerlas en cuenta. Es inexacto que no se le haya notificado oportunamente la existencia del informe justificado, ya que de las constancias que integran el juicio de amparo a que este toca se contrae pone de manifiesto que por auto de treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis (foja 76 del cuaderno de amparo), se le dio vista con el referido informe, en consecuencia, también es inexacto que no se haya enterado de su contenido oportunamente.-Ahora bien, la forma que debe tener el informe justificado que rindan las autoridades responsables, es expresando categóricamente si son ciertos o no los hechos que se les atribuyen acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias que tiendan a demostrar la legalidad de sus actuaciones, tal y como lo rindió la responsable (fojas 29 a 75 del cuaderno de amparo). Lo anterior, porque la intención del segundo párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo es la de que los Jueces de Distrito tengan en cuenta las constancias contenidas en esa copia certificada para juzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, dado que la remisión de las mismas por parte de las responsables es justificar la legalidad de su actuación. Por lo que, contra lo afirmado por el peticionario recurrente, el informe justificado rendido por la responsable satisface los requisitos previstos por la ley de la materia.-Con fecha veinte de septiembre del citado año, día señalado para la audiencia constitucional, mediante escrito, el quejoso compareció a ofrecer pruebas (foja 78 del cuaderno de garantías) manifestando lo siguiente: 'Es decir, que la autoridad responsable primeramente omite informar del asunto y segundo no justifica dicho informe: solamente se remite a contestar una demanda e intenta hacer valer causales de sobreseimiento e improcedencia, por lo que además de la falta de notificación oportuna del susodicho informe justificado, lo que obra como tal no es de tomarse en cuenta, toda vez que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 149 de la ley de la materia, y en virtud de este razonamiento pido se me tenga objetando este documento; esta prueba la relaciono con todos los antecedentes y conceptos de violación de mi demanda.'.-En ese orden de ideas, en primer término, conviene aclarar que es inexacto que la autoridad responsable haya hecho valer causas de improcedencia del juicio y este tribunal no advierte ninguna, por lo que es innecesario examinar las causas previstas por el artículo 73 de la Ley de Amparo; en segundo lugar, no obstante que el disidente se duele de que el Juez de Distrito no tomó en cuenta dicha objeción, es de precisar lo siguiente: siendo el informe justificado un documento público, según ha sido reconocido por la ley y la jurisprudencia dado que es expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, como tal debe ser objetado en cuanto a su autenticidad, esto es, en cuanto a su continente (sello, autenticidad de firma, etcétera), pero el informe justificado también constituye, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, el documento al través del cual las autoridades responsables manifiestan la existencia o inexistencia del acto reclamado; las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, es decir, dicho documento implica con su contenido la contestación a la demanda de garantías promovida por un particular ante los tribunales federales. En tal virtud, dicho documento -en su contenido- sólo probará la existencia de las declaraciones realizadas por las autoridades revistiendo el carácter de afirmaciones o negaciones hechas por una de las partes, las cuales deben ser apoyadas con las pruebas necesarias para su demostración, según el artículo 149 de la ley de la materia, sin que dichas declaraciones puedan por sí mismas acreditar la veracidad de lo manifestado. En ese orden de ideas, cabe concluir que si bien el informe justificado al ser un documento público puede ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, mediante el incidente previsto en el artículo 153 de la ley de la materia, no sucede lo mismo respecto al contenido de dicho documento, ya que en esta última hipótesis lo que se pretenderá demostrar es la falsedad de las declaraciones hechas por las autoridades responsables, lo que constituirá materia del juicio de garantías al decidirlo en lo principal, estando en posibilidad el quejoso de desvirtuar dichas declaraciones con las pruebas que estime pertinentes en términos de los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo.-En cuanto a las razones de fondo por las cuales el Juez de amparo negó la protección constitucional, debe decirse que es verdad que tanto el citatorio como el emplazamiento son dos actos distintos, aunque complementario uno de otro; sin embargo, desacierta el disconforme en cuanto a que por tal razón deben constar en actas distintas; entendiendo esto como asentadas en diferente hoja, porque de la lectura de la misma se advierte que obran por separado en cuanto que el texto de la primera corresponde al citatorio y la segunda al emplazamiento; luego, si el referido citatorio sólo es constancia del correspondiente que se dejó a la persona por conducto de quien se citó a la persona buscada para que esperara al día siguiente al funcionario, no es necesario que firme ésta si no lo desea, tanto más que ninguna disposición legal del enjuiciamiento civil del Estado, relativa al emplazamiento, lo establece así.-Es inexacto que a la persona con quien se entendió la diligencia no se le haya dejado cédula de notificación, pues en el acta correspondiente se advierte que se hizo la entrega a que se refiere el artículo 112 del enjuiciamiento civil del Estado, después de su reforma, sin embargo, siendo el emplazamiento un acto procesal de importante trascendencia en tanto que es aquel por el cual el demandado tendrá conocimiento del juicio en su contra y comparecerá a él a hacer valer sus derechos, debe estimarse que de advertirse anomalías en ese llamamiento al juicio, obliga a suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la jurisprudencia que este tribunal comparte, aprobada en sesión de seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y cuyo contenido reza: 'EMPLAZAMIENTO A JUICIO. DEBE SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CUANDO FALTE O SEA ILEGAL.-La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones legales aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud, pues ello produce un completo estado de indefensión para el demandado al imposibilitarle que pueda hacer valer sus derechos en juicio; y por ende, debe considerarse como uno de los casos en que obliga suplir la deficiencia de la queja en términos de lo que dispone la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en relación con las demás fracciones del propio numeral.'.-Por tanto, si la referida actuación es omisa en señalar que la cédula entregada satisfizo los requisitos exigidos por el mencionado dispositivo, en sus fracciones I a VI, esto es: que haya contenido el nombre del servidor público que haya dictado la resolución; el juicio en que se pronuncia y número del expediente; breve relación de la resolución que se notifica; día y hora en que se hace la notificación; nombre de la persona en poder de quien se deja; y firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa, a fin de que el demandado estuviera debidamente enterado del juicio en su contra, pues a fin de cumplir con la exigencia apuntada no basta que el ejecutor mencione únicamente que cumplió con la obligación de su entrega, sino que además debe de justificarse en cualquiera de las formas posibles que todos y cada uno de esos datos sí se hicieron del conocimiento de la persona con quien se entendió la diligencia, máxime que ante la omisión en que incurrió aquél de no agregar la copia de la cédula de referencia, sólo de esa manera puede verificarse si el reo tuvo o no oportunidad de conocer los datos mínimos para poder acudir al juicio. Ante tales circunstancias es de concluir que el llamamiento a juicio fue ilegal.-Idéntico criterio sostuvo este tribunal al resolver por mayoría el amparo en revisión 1059/96, en sesión de catorce de noviembre acabado de pasar.-Sobre el particular,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7531-fb69a70a/emplazamiento-resulta-ilegal-cuando-se-omiten-los-requisitos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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