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Modo: Corpus Pro

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA POR "DELITOS COMETIDOS CON MEDIOS VIOLENTOS COMO ARMAS Y EXPLOSIVOS". ES UNA HIPÓTESIS CONSTITUCIONAL QUE REQUIERE SER DESARROLLADA POR EL LEGISLADOR, PREVIAMENTE A SU APLICACIÓN POR LOS JUECES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 42/2022. · Registro digital (IUS): 30916
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-09-09
Promovente: *.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo V, Pág.4862.

AMPARO EN REVISIÓN 42/2022. 9 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ROGELIO ALANÍS GARCÍA. SECRETARIA: JESSICA IVETT CATAÑO DÁVILA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Decisión de este tribunal.

Es fundado pero insuficiente uno de los conceptos de agravio y el resto infundados; no obstante, en suplencia de la queja, respecto de uno de los actos reclamados procede conceder el amparo solicitado.

Sin embargo, para una mejor comprensión del asunto, en primer lugar se analizarán los argumentos torales que expresó el Juez de amparo en la sentencia recurrida para negar la protección constitucional solicitada, respecto del acto reclamado consistente en la resolución emitida en la audiencia inicial de control de la detención de doce de julio de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial **********, por la cual se calificó de legal la detención de ********** y, enseguida, este órgano colegiado se pronunciará sobre la concesión del amparo.

• Estudio sobre la constitucionalidad del control de la detención de doce de julio de dos mil veintiuno dictado en la carpeta judicial **********.

En la resolución recurrida el Juez de Distrito expresó en torno al acto reclamado en estudio, como antecedentes, los siguientes:

- El once de julio de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación 2 con detenido, Agencia Investigadora VC-2, Fiscalía de Investigación Territorial en **********, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solicitó la audiencia inicial con detenido contra el imputado ********** y otro. (fojas 1 y 2 del anexo I de pruebas)

- En virtud de lo anterior, en acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno, el Juez encargado del trámite en la Unidad de Gestión Judicial Número Nueve registró la solicitud bajo el número de carpeta judicial **********, y señaló las doce horas con treinta minutos del propio doce de julio del año en curso para el verificativo de la audiencia solicitada. (fojas 3 y 4 del anexo I de pruebas)

- Así, el doce de julio de dos mil veintiuno se celebró la audiencia inicial con detenido, en la cual se calificó de legal la detención del imputado **********; además, se le vinculó a proceso por el delito de robo calificado y se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

Conforme a lo anterior, señaló que los actos reclamados derivan del sistema procesal penal acusatorio y oral, por lo que tenía la obligación de cerciorarse de que no se haya trasgredido en perjuicio del imputado, aquí quejoso y recurrente, el artículo 14 de la Constitución Federal, de modo que debe realizarse un ejercicio de ponderación relacionado con el numeral 20, apartado B, de la propia Ley Fundamental y los artículos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén y regulan la forma en que debe desarrollarse la audiencia inicial, en tanto que de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 211 de este último ordenamiento, el proceso penal da inicio con dicha audiencia.

Así –señaló– que de la videograbación de la audiencia inicial de doce de julio de dos mil veintiuno, se advierte que el Juez responsable se cercioró de que se hubiese informado al imputado (aquí quejoso) respecto de sus derechos constitucionales y legales, en función de lo cual designó a ********** como su defensor particular, quien señaló que el número de su cédula profesional es **********,(12) aceptó y protestó el cargo conferido y estuvo presente en dicha diligencia; además, que la responsable calificó de legal la detención del quejoso a partir del minuto 00:38:10 de la audiencia; asimismo, dado que se dijo que el quejoso y su coimputado habían sido objeto de tortura por parte de los policías aprehensores, el Juez de Control ordenó dar vista a la Fiscalía con el fin de que se iniciara la carpeta correspondiente, para la investigación de esos actos de violencia, lo que se observa a partir del minuto 00:45:14 de la videograbación.

Posterior a ello –adujo– que el Ministerio Público formuló imputación contra el quejoso y su coimputado –entendida como la comunicación que se efectúa al imputado en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito– del minuto 00:49:22 al minuto 00:55:47.

Continuando con el análisis de las formalidades del procedimiento, en la etapa que se precisa la autoridad de amparo advirtió que con posterioridad se concedió al justiciable la oportunidad de declarar, expresando, previa consulta con su defensa particular, que se reservaba, lo que se observa a partir del minuto 00:55:15 de la audiencia inicial; además, la representación social de la Federación solicitó su vinculación a proceso en el minuto 00:56:57, ídem; ante ello, el aquí peticionario de amparo optó por que se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia; por lo que una vez concluido el debate entre las partes, el Juez de Control responsable determinó vincular a proceso al quejoso, definió el plazo para el cierre de la investigación (un mes) y resolvió sobre la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa respecto del aquí quejoso y recurrente.

Conforme a lo anterior, este órgano colegiado estima que el Juez de amparo estuvo en lo correcto al señalar que no se advertía transgresión alguna a los principios que rigen el proceso penal acusatorio y oral, ya que enunció cada uno de los principios rectores que rigen el nuevo sistema de justicia y precisó que se cumplieron a cabalidad en la citada audiencia, pues al respecto señaló que dicha audiencia inicial fue pública –principio de publicidad–, las partes pudieron conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte –principio de contradicción–; se llevó de forma continua, sucesiva y secuencial –principios de continuidad y concentración– y, por último, se desarrolló íntegramente en presencia del Juez, así como de las partes que debían intervenir en la misma, sin que en el caso se hubiese delegado en persona distinta la admisión, el desahogo o la valoración de datos de prueba, ni la emisión de la resolución respectiva –principio de inmediación–.

En otro aspecto, dada la pluralidad de actos reclamados, con el objeto de satisfacer los principios de congruencia y exhaustividad en el dictado de las sentencias de amparo, el Juez de amparo de manera correcta hizo el pronunciamiento relativo a cada uno de ellos en apartados independientes.

Así, por lo que hace a la calificación de la detención del aquí quejoso y recurrente, señaló que de una interpretación del artículo 16 constitucional se obtiene que todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad.

En ese contexto –adujo– dicho precepto constitucional prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva.

Explicó que la flagrancia consiste en la detención del indiciado al instante de la comisión del delito, o bien, al momento de la huida u ocultamiento del sujeto que se genera inmediatamente después de la realización de los hechos delictuosos, sin establecer un tiempo determinado.

Enunció los artículos 146, fracción II, 147, inciso b) y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales –refirió– señalan los supuestos de flagrancia, es decir, que se podrá detener a una persona sin orden judicial. Que hay flagrancia cuando inmediatamente después de cometer el hecho típico la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

Que cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público.

Que el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el control de legalidad de la detención, establece que una vez que el detenido en flagrancia o caso urgente se pone a disposición del Juez de Control, se cita a la audiencia inicial, en la que se realiza el control de la detención, en donde el Juez debe preguntar al detenido si cuenta con defensor y, en caso negativo, ordenar que se le nombre un defensor público, haciéndole de su conocimiento el derecho que tiene a ofrecer datos de prueba, así como el acceso a los registros.

Que en dicha diligencia el Ministerio Público debe justificar las razones de la detención para que el Juez de Control proceda a calificarla, examinando el cumplimiento del plazo constitucional de retención (cuarenta y ocho horas) y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad.

Precisó que el control de la detención, en términos de los preceptos procesales invocados, tiene como propósito que el Juez verifique si la privación de la libertad personal del imputado se llevó a cabo cumpliendo con las exigencias previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de no considerarlo así, el juzgador puede decidir no ratificarla y ordenar la inmediata libertad del imputado.

En el caso a estudio, calificó como correcto que el Juez de Control responsable –a partir del minuto 00:38:10 de la videograbación correspondiente a la audiencia inicial de doce de julio de dos mil veintiuno–, estableciera que se ajustaba a la legalidad la detención de **********, al precisar que se actualizó el supuesto de flagrancia, acorde con los artículos 16, párrafo quinto, constitucional y 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que el aquí quejoso y recurrente fue detenido por los policías aprehensores inmediatamente después de cometer el delito de robo calificado, encontrando en su poder el objeto del delito, en el caso, el ********** contenido en una **********, además de que fue reconocido por las víctimas ********** y **********, como la misma persona que vestía ********** y desapoderó a la primera de las víctimas del referido morral con el **********; aunado a que se encontraba junto con su coimputado **********, quien portaba el arma de fuego que fue reconocida por los denunciantes.

Señaló que de la reproducción de la audiencia de doce de julio de dos mil veintiuno, el Juez de Control responsable, a partir del relato y datos de prueba aportados por la Fiscalía, adecuadamente resolvió que sí existió la causa generadora que motivó la detención del quejoso, a partir de los hechos con apariencia de delito, la cual ocurrió el nueve de julio de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas, en la calle de **********, colonia **********, Alcaldía **********, en esta Ciudad de México, toda vez que los policías coincidentemente señalaron que recibieron información respecto que dos sujetos que habían desapoderado a la víctima **********, cuando se encontraba a bordo de su vehículo, de una ********** que contenía dinero en efectivo y que uno de ellos vestía una **********; que al comenzar la búsqueda vieron a ********** y otro, siendo que el primero coincidía con su vestimenta, ya que traía una **********; que al acercase a esos sujetos, éstos tomaron una actitud evasiva; que al momento de lograr su aseguramiento los policías encontraron en poder de los sujetos, la ********** con el **********, así como el instrumento del delito, en este caso, una pistola con las características referidas por los denunciantes, quienes señalaron al aquí quejoso y reconocieron los objetos e instrumento del delito.

Conforme a lo anterior, la autoridad de amparo estimó ajustado a la legalidad que el Juez de Control haya emitido su determinación considerando los argumentos expuestos por el representante social, máxime que los mismos son acordes con los datos de prueba aportados para demostrar la legalidad de la detención del imputado, en el caso, las entrevistas rendidas por los policías aprehensores ********** y **********, quienes fueron contestes en señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo la detención; además, las entrevistas efectuadas el nueve de julio de dos mil veintiuno a los denunciantes ********** y **********, quienes reconocieron al justiciable y a su coimputado, así como parte del dinero robado y la pistola con la que los amagaron.

De igual forma, señaló que fueron acertados los argumentos realizados por el Juez de Control responsable, al dar contestación a lo expuesto por la defensa, ya que acertadamente señaló que hasta ese momento no estaba acreditado que las declaraciones de los policías se hubieran redactado de forma idéntica, por lo que no podía quitarles valor, aunado a que, en el caso de que fueran idénticas, la primera sería la única que tendría valor.

Respecto a la ausencia de las entrevistas de los transeúntes que hicieron "señas" a los policías para indicar al aquí quejoso y su coimputado, según la narrativa de los agentes aprehensores, adujo que fue correcto que el Juez responsable considerara que las personas transeúntes normalmente no se apersonan o dan sus datos para su localización; de ahí que no se obtuviera su testimonio, aunado a que, destacó el responsable, la detención del aquí quejoso se debió básicamente a que en el momento en que los policías se acercaron a él y a su coimputado, éstos tomaron una actitud evasiva y al asegurarlo le encontraron los objetos del delito.

También señaló que fue correcto que el Juez señalara que, dadas las circunstancias del hecho, eran entendibles algunas inconsistencias en los testimonios de los denunciantes y los actos realizados; sin embargo, había coherencia y concatenación en los datos expresados, esto es, desde que se da la denuncia hasta el momento en que fue detenido el justiciable.

También estimó acertado que el Juez responsable señalara que existía una coherencia temporal entre la denuncia y la detención del quejoso, esto es, que fue un lapso corto entre las quince horas con cuarenta y cinco minutos, que se llevó a cabo el hecho delictivo y las dieciséis horas, momento de su aseguramiento, ya que los hechos no se pueden analizar con una lógica estricta, casi matemática, para considerar demora en la puesta a disposición.

Incluso, señaló que de ser el caso que hubiera existido demora en la puesta a disposición por parte de los elementos aprehensores, eso sería motivo de responsabilidad administrativa o penal, no así para invalidar la detención realizada por los servidores públicos.

Agregó que la conclusión alcanzada por la autoridad responsable está ajustada a derecho, pues efectivamente se advierte que existió un señalamiento por parte de los denunciantes ********** y **********, quienes indicaron que ********** y otro sujeto que portaba un arma de fuego, fueron quienes desapoderaron a la primera de esas personas, de una ********** que contenía, entre otras cosas, dinero en efectivo, así como lo manifestado por los policías aprehensores ********** y **********, quienes refirieron que el imputado vestía ********** y, al notar su presencia, intentó huir, lo que dio motivo a su detención, siendo que al lograr su aseguramiento fueron encontrados, en poder del quejoso, la ********** y **********, además de que a su coimputado le encontraron un arma de fuego, objetos e instrumento del delito que fueron reconocidos por los denunciantes.

Así, el Juez de amparo concluyó que como bien lo consideró el Juez de Control, sí se colmaron las condiciones exigidas por los artículos 16 constitucional y 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, para estimar que ********** y otra persona fueron aprehendidos bajo la hipótesis legal de flagrancia, ya que fueron detenidos inmediatamente después de cometer el hecho delictivo –el cual ocurrió, aproximadamente, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno–, en virtud de que fue señalado por las víctimas; además, al momento en que fue asegurado –dieciséis horas– encontraron en su poder el objeto del delito, siendo éste **********, que contenía dinero en efectivo; motivo por el cual se procedió a la detención del imputado, aquí quejoso y recurrente, a quien le leyeron sus derechos y se reportó su detención.

• Agravios tendentes a combatir los argumentos del Juez de amparo, relativos a la determinación de control de la detención.

Para controvertir las consideraciones del juzgador de amparo, la parte recurrente expresó los agravios relativos al tema citado, los que a continuación se sintetizan:

1. En primer lugar, alega que el Juez de Distrito fue omiso en analizar los conceptos de violación que expresó en la demanda de amparo, toda vez que expuso en ellos argumentos de los cuales el a quo no se ocupó.

2. La detención del quejoso fue ilegal, ya que no se actualiza el supuesto de flagrancia que invocó el Ministerio Público, ya que al momento en que se llevó a cabo su detención no estaba cometiendo un delito o alguna conducta contraria a derecho, además de que no existió un señalamiento directo en su contra; que sólo lo aseguraron por vestir **********.

3. Previo a su detención no existió una persecución ininterrumpida, ya que los denunciantes perdieron de vista por un lapso considerable a los sujetos que dicen les habían robado; no existió señalamiento en ese momento o petición para que procedieran al aseguramiento del aquí peticionario de amparo y tampoco hubo un reconocimiento al asegurarlo.

4. Agregó que las cámaras del C2 no dieron seguimiento de los sujetos responsables y los únicos datos con que contaban era la vestimenta de dichos sujetos; no hay un señalamiento lógico.

5. No se recabó la descripción o entrevistas de las personas transeúntes que presuntamente hicieron el señalamiento al quejoso, por lo que no había una sospecha realmente razonada, ni datos objetivos para que se efectuara un acto de molestia en la persona del justiciable.

6. Al momento de la detención del quejoso no se encontraban los denunciantes, ni realizaron un reconocimiento posterior, por lo que el hecho de que le hubieran encontrado los objetos del delito, no puede convalidar y dar legalidad al acto anterior.

7. Existen contradicciones en el deposado vertido por los denunciantes, ya que el señor que denuncia (**********) refiere que una persona del sexo femenino fue quien lo auxilió para el llamado por teléfono al número 911; mientras que la denunciante ********** indicó que fue una persona del sexo masculino quien los auxilió durante la persecución a realizar la llamada a ese número de emergencia.

8. El quejoso fue torturado y llevado horas después ante el Ministerio Público, esto es, su presentación no se realizó de manera inmediata; además, causa suspicacia que exista un faltante de tres mil quinientos pesos en el ********** que se dice fue robado.

9. Que el agente del Ministerio Público da lectura a los datos de prueba de la carpeta y el Juez de Control permitió todo esto, no obstante que tratándose de una audiencia oral no debe darse lectura, lo que dejó en desventaja a la defensa del quejoso.

Cita los criterios con los rubros siguientes:

"ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.", "OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN.", "DENUNCIA DEL OFENDIDO. ES INSUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA FUNDAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA.", "PRUEBA INSUFICIENTE, CARECE DE." (sic) y "DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE." Expuesto lo anterior, de un análisis realizado a la sentencia de amparo que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que el motivo de disenso marcado con el número 1 es fundado pero insuficiente para revocar la sentencia recurrida, ya que los conceptos de violación respecto de los cuales el Juez de amparo no dio contestación, devienen infundados, pues este tribunal, al reasumir jurisdicción sobre los argumentos que se dejaron de contestar en la sentencia recurrida, los desestimará.

En ese tenor, por cuestión de técnica, primero se analizarán los agravios relacionados con el acto reclamado consistente en la resolución emitida dentro de la audiencia inicial de doce de julio de dos mil veintiuno, relativa al control de la detención y, enseguida, se reasumirá jurisdicción para dar contestación a los conceptos de violación que no fueron materia de análisis.

Así las cosas, son infundados los argumentos del quejoso plasmados, en los que se duele de no haber flagrancia, porque no se le detuvo cometiendo alguna conducta delictiva, ni existe un señalamiento directo en su contra y que sólo lo aseguraron por vestir **********; asimismo, que no hubo una persecución ininterrumpida, ya que los denunciantes perdieron de vista a los sujetos que los robaron.

Respecto de dicho argumento, como acertadamente lo sostuvo el a quo, la hipótesis de la detención en flagrancia que se actualizó, fue la prevista por el artículo 146, fracción II, inciso b), del código procesal de la materia, que refiere que hay flagrancia cuando la persona es detenida inmediatamente después de cometer el hecho delictivo tras una persecución ininterrumpida, ante el señalamiento, entre otros, de la víctima o tenga en su poder los objetos o instrumentos del delito.

Contrario a lo referido por el quejoso, de la videograbación de la audiencia inicial de doce de julio de dos mil veinte, así como de la información vertida por el Ministerio Público y lo concluido por el Juez responsable, es evidente que la detención del quejoso no se llevó a cabo en el momento en que se cometía el hecho con apariencia del delito de robo calificado, sino que su detención obedeció a que los denunciantes reportaron al teléfono de emergencia 911 los sucesos de los que habían sido objeto e indicaron la ropa que vestían los sujetos activos; que dicha información fue transmitida a los policías de campo, recibiendo dicha información los agentes policiacos ********** y **********, quienes al percatarse de dos sujetos, entre ellos, el impetrante de garantías que vestía **********, al acercarse los policías a estos sujetos, ellos comenzaron la huida, por lo que los agentes los aseguraron y le encontraron al aquí quejoso los objetos del delito (********** y **********); posteriormente, los denunciantes ********** y ********** identificaron al imputado, así como la ********** y **********.

Esto es, la detención del justiciable se llevó inmediatamente después de que desapoderó de sus pertenencias a la denunciante, encontrando en su poder los objetos del delito y siendo reconocido por las víctimas, no así sólo porque su vestimenta era coincidente o por señalamientos erráticos de terceras personas.

En relación con el argumento de que el quejoso fue detenido por el hecho de llevar **********, que coincidía con la vestimenta que refirieron las víctimas, el a quo de manera correcta señaló que su detención no obedeció a su vestimenta, sino que fue un referente para localizarlo, pues la detención del justiciable se realizó luego de que los policías tuvieran conocimiento del hecho y al notar la presencia de ellos, pretendió huir, lo que motivó su aseguramiento, encontrándole los objetos del delito, por lo que –dijo– contrario a lo aducido por el quejoso, las víctimas lo reconocieron como una de las dos personas que los desapoderaron de la ********** con el **********.

Respecto al argumento de que el aquí quejoso señaló que había sido golpeado al momento de su detención, la autoridad de amparo advirtió que en la audiencia inicial desahogada el doce de julio de dos mil veintiuno, a partir del minuto 00:45:14, el Juez de Control, atendiendo a las manifestaciones de la defensa del impetrante de garantías, inmediatamente y de oficio, dio vista al Ministerio Público para que iniciara una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa; investigación que tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables.

En cuanto al agravio relativo a que el Ministerio Público dio lectura a los datos de prueba que conforman la carpeta y el Juez de Control responsable lo permitió, la autoridad de amparo señaló que de la interpretación del numeral 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual regula el principio de oralidad de las actuaciones procesales, se advierte que la regla general para acatar dicho principio consiste en no leer de forma literal el contenido de la información que las partes pretenden incorporar a la audiencia, pues esa oralidad no puede ser concebida únicamente como un medio de comunicación, toda vez que a través de su utilización se aporta al juzgador información de calidad y relevante para la toma de la decisión (ya que se parte de la idea de que las partes la tienen pero el Juez la desconoce), siendo el objetivo evitar datos innecesarios y que se destaque la información mínima indispensable para generar las condiciones de esa decisión; regla general que tiene excepciones y de ahí la permisibilidad que establece tal precepto de utilizar documentos o cualquier otro medio como auxilio para la memoria.

Por lo que, señaló que la videograbación que contiene el registro de audio y video de la audiencia inicial verificada el doce de julio de dos mil veintiuno, se observa que el Ministerio Público efectivamente se apoyó en documentos al momento de hacer mención de los datos de prueba que conforman la carpeta de investigación; sin embargo, contrario a lo aducido por el quejoso, no dio lectura íntegra a éstos, predominando durante la audiencia, específicamente en la intervención de la Fiscalía, la oralidad, ya que su exposición fue dinámica y fluida, permitiendo al imputado y a su defensa conocer de manera clara los datos en su contra; de ahí que no se advierte alguna transgresión al principio de oralidad.

Expuesto lo anterior, como se puede observar, se advierte que los motivos de disenso que hace valer el quejoso en esta instancia (agravios), son los mismos a los que el Juez de amparo dio contestación en vía conceptos de violación formulados por el quejoso en su demanda.

Bajo ese contexto, este Tribunal Colegiado estima que los agravios descritos en los números 2, 3, 6, 7, 8 y 9 son una reiteración de los argumentos que, a modo de conceptos de violación, se hicieron valer en la demanda y de los cuales el Juez de Distrito ya se ocupó de darles contestación; por tanto, en esta instancia se tienen por reproducidos los argumentos del a quo de amparo, pues a nada práctico conduciría reiterar lo que ya está dicho y que este órgano de control constitucional estima, se realizó de manera correcta su análisis, pues de los datos de prueba expuestos en la audiencia se aprecia que existió señalamiento de las víctimas directas que presenciaron y padecieron los hechos, el cual fue preciso, pues indicaron las características suficientes para identificar a los perpetradores (sexo, ropajes, por dónde huyeron, que les habían robado dinero, las características del arma utilizada, etcétera); tal señalamiento fue informado al número 911 y de ahí transmitido a los oficiales, quienes no dejaron de realizar acciones de persecución material ininterrumpida hasta lograr la detención dentro de un lapso corto desde que acontecieron los ilícitos señalados y, ante ello, no se actualizaba la necesidad de la existencia de sospecha razonable, pues ésta se vincula no con la detención en flagrancia, sino con el control preventivo en grado superior previo a la flagrancia y, en el caso, la detención no fue consecuencia de dicho control preventivo, sino del señalamiento y persecución material ininterrumpida.

Sin que asista la razón al recurrente cuando afirma que la persecución se interrumpió porque los perpetradores fueron perdidos de vista, pues lo cierto es que el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales no dispone que la persecución material ininterrumpida implique necesariamente que no sea perdido de vista el señalado, sino que, precisamente por precisar como parte del supuesto normativo la existencia de un señalamiento de víctima, ofendido, testigo o coimputado, se admite la posibilidad de que, por cortos periodos, haya una pérdida de vista, siempre que ello no implique la interrupción de la persecución con, por ejemplo, actos de investigación con o sin intervención ministerial, de tal forma que si en el caso las víctimas comenzaron la persecución, llaman al 911, dan datos suficientes sobre la identificación de quienes los desapoderaron de bienes muebles, se retransmite esa información a los oficiales, éstos inmediatamente se abocan a la persecución y dentro de un lapso corto (es decir, entre las trece horas con cuarenta y cinco minutos que se suscitaron los hechos y las dieciséis horas en que fueron asegurados, tal como se señaló en la audiencia inicial) encuentran y detienen, entre otros, al quejoso y hallan objetos e instrumento del delito señalado, entonces es patente que la detención fue precedida por una persecución material ininterrumpida.

Ahora bien, como se adelantó, este Tribunal Colegiado advierte que el Juez de Distrito se constriñó en analizar en general algunos de los argumentos planteados en los conceptos de violación, mas no todos; de ahí que sea fundado que se incumplieron los principios de congruencia y exhaustividad.

Así, toda vez que el Juez de Distrito no se ocupó de atender la totalidad de los argumentos que expresó el quejoso, en términos del artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30916-86a06bf5/prision-preventiva-oficiosa-por-delitos-cometidos-con-medios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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