Corpus
Modo: Corpus Pro

ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO SE SEÑALAN TANTO LA INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE ADMITIÓ EL DE APELACIÓN, COMO LA DICTADA EN ÉSTE, NO DEBEN ANALIZARSE DE FORMA AUTÓNOMA O DESVINCULADA, SINO CONSIDERARSE A LA PRIMERA COMO UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS QUE RIGEN EL TRÁMITE DE LA APELACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 525/2021. · Registro digital (IUS): 31581
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-07-07
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo III, Pág.2366.

AMPARO EN REVISIÓN 525/2021. 13 DE OCTUBRE DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: JUAN GARCÍA OROZCO. SECRETARIO: JAIME RODRÍGUEZ CASTRO.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, debe puntualizarse que primero se abordará el análisis de los agravios que formula el tercero interesado **********, dado que éstos giran en torno a la pretensión de revocar la decisión del Juez constitucional que concedió la protección de la Justicia Federal solicitada por la persona moral **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, y ********** y **********; mientras que los de éstos van encaminados a que se amplíe la concesión del amparo, por lo que de resultar fundados aquéllos, sería innecesario el análisis de los formulados por los quejosos.

Tales motivos de disentimiento, mejorados en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo,(14) son esencialmente fundados y suficientes para revocar la concesión del amparo, como se explicará en párrafos subsecuentes.

La parte inconforme sostiene que no debió concederse la protección federal a los quejosos, por la simple circunstancia de que el recurso de apelación se haya interpuesto con fundamento en lo establecido por el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que al emitirse la resolución respectiva, se haya invocado como apoyo la fracción VI de dicho ordenamiento legal; pues desde su perspectiva, esa inconsistencia no constituye un acto de imposible reparación, ni puede catalogarse como un acto de naturaleza tal que violente los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que no ameritaba dicha concesión.

Como se precisó en líneas anteriores, el planteamiento que hace el tercero interesado, mejorado en su deficiencia, conduce a determinar que el Juez de Distrito se apartó de la técnica del juicio de amparo e incumplió con la obligación legal de no dividir la continencia de la causa(15) y analizar la demanda de amparo como un todo en su conjunto,(16) al señalar que se reclamaban dos actos destacados, autónomos e independientes y no sólo la resolución que decidió el recurso de apelación y como violación procesal el fallo dictado en el recurso de revocación.

En efecto, el Juez de Distrito al resolver dijo que los actos reclamados eran dos, a saber:

a) La interlocutoria de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal **********, por el Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con motivo del recurso de revocación que hicieran valer los quejosos-recurrentes, contra el auto de siete de junio del mencionado año, en el cual se admitió el recurso de apelación promovido por **********, contra el diverso proveído de veintiocho de abril del aludido año, emitido por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Bucerías, Nayarit, en el expediente **********, de su índice; y,

b) La sentencia dictada por el mencionado Magistrado responsable el catorce de junio de dos mil veintiuno, en dicho toca penal, con motivo del recurso de apelación que hiciera valer **********, contra la resolución dictada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el aludido Juez de Control, en la indicada causa penal.

Para demostrar la irregularidad en que incurrió el Juez de Distrito, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con los artículos 5o. y 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado consiste en todo hecho voluntario e intencional que tiende a la consecuencia de un fin determinado que crea, modifica o extingue alguna situación jurídica de forma unilateral y obligatoria u omite la actuación que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y, que lleva a cabo una autoridad estatal, federal, local o municipal, o bien, un particular cuando realiza actos equivalentes a los de aquéllas y que en la sentencia debe contener, entre otros requisitos, la precisión del acto reclamado.(17)

También debe considerarse, para demostrar que el acto reclamado por los quejosos consiste solamente en la resolución que decidió el recurso de apelación y que la diversa que se emitió con motivo de la revocación constituye únicamente una violación procesal, que en el título XII del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a los recursos, en lo que interesa para efectos de la presente resolución, el artículo 461 establece (18) que las resoluciones judiciales podrán ser recurridas a través de dos vías, como son el recurso de revocación y el diverso de apelación, según corresponda, para lo cual en los artículos 465 y 467, se detallan los supuestos de procedencia de uno y otro.

En lo que atañe al recurso de apelación, los artículos 470, 474 y 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen que una vez que se remita el recurso al Tribunal de Alzada para su sustanciación, este órgano se pronunciará de plano sobre su admisión y que lo declarará inadmisible cuando haya sido interpuesto fuera del plazo legal; se interponga en contra de una resolución que no sea impugnable por medio de apelación; lo haga valer persona no legitimada para ello; o, el escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas.

Así pues, si luego de iniciado el trámite del recurso de apelación por parte del Juez, lo remite al Tribunal de Alzada, mismo que puede admitirlo o desecharlo, esta determinación es susceptible de recurrirse a través del recurso de revocación en términos del diverso 465 del aludido ordenamiento legal y de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Tomo I, diciembre de 2019, página 283, registro digital: 2021251, cuyo rubro es: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO."; es incuestionable que lo resuelto en dicha revocación constituye una resolución dictada dentro del trámite del recurso de apelación que, en todo caso, podría engendrar una violación de carácter procesal en términos del artículo 173, apartado B, fracción XVI, de la Ley de Amparo,(19) pues no afecta algún derecho sustantivo previsto en la Carta Magna o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea Parte; además, aun resultando procedente la apelación, puede declararse infundada y, por ende, no trascender al fondo de lo resuelto.

En dichas condiciones, aun cuando lo resuelto en el recurso de revocación pudiera constituir una violación procesal y lo fallado en el de apelación, en el caso, la resolución que revocó la decisión del Juez de Control que negó la solicitud de modificación de la suspensión condicional del proceso, no es impugnable en amparo directo sino en el indirecto; es incuestionable que las violaciones que pudieran haberse cometido durante el trámite de la apelación, por ejemplo, al resolver la revocación, no son impugnables en forma destacada sino, en todo caso, como violación intraprocesal conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo.

Ciertamente, conforme a dicho precepto y fracciones, el juicio constitucional biinstancial contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, sólo procede contra la última determinación dentro del procedimiento de ejecución; así como aquellos actos cuyos efectos sean de imposible reparación;(20) y, junto con ellos se deberán hacer valer las violaciones procesales, lo que significa que, por exclusión, no procede dicho juicio contra aquellas violaciones de carácter adjetivo que no tienen las características citadas, por lo que si se reclama como acto destacado en un juicio de amparo, el mismo será improcedente y tendría que sobreseerse.

No obstante, por disposición de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, ningún acto de autoridad debe quedar fuera del escrutinio judicial; la Ley de Amparo faculta a la parte quejosa, para que cuando durante el trámite de algún procedimiento se cometa una violación procesal que trascienda al resultado del fallo, al reclamarse éste la pueda hacer valer para que el Juez la analice junto con la resolución correspondiente.

Efectivamente, cuando en un juicio de amparo biinstancial se reclama alguna determinación que constituye la última dentro del procedimiento de ejecución o cuyos efectos sean de imposible reparación, junto con ella deben impugnarse todas las violaciones procesales que acontezcan durante el trámite de la secuela procesal que le dio origen, pero no de forma destacada, porque el juicio de amparo indirecto no procede de forma específica con estas violaciones acaecidas en la secuela de procedimiento que dio origen a aquéllos.(21)

En consecuencia, si el Juez de Distrito primero resolvió lo relativo al recurso de revocación como un acto autónomo y destacado, no como una violación procesal acaecida durante el trámite del recurso de apelación, es incuestionable que vulneró los preceptos legales citados, porque dividió la continencia de la causa y ello lo llevó a estudiar dichos actos en forma diversa a lo que prevé la ley cuando se reclaman ese tipo de violaciones.

Por lo anterior, procede revocar la sentencia recurrida y analizar el acto reclamado en los términos que se dejó establecido, esto es, como acto destacado la resolución dictada con motivo del recurso de apelación y como violación procesal la que se ocupó del diverso recurso de revocación; conforme a lo dispuesto por el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo.(22)

En esa tesitura, al haberse calificado como fundados los agravios expresados por el tercero interesado, atento a las consideraciones aquí expresadas, se hace innecesario ocuparse de los agravios que formula la parte quejosa, pues como se precisó en párrafos precedentes, éstos pretendían una concesión de amparo con mayor amplitud a la que le fue otorgada.

SÉPTIMO.—De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 17, párrafo tercero, de la Constitución General y 189 de la Ley de Amparo, los quejosos aducen en sus conceptos de violación tanto violaciones procesales como de fondo; y dado que no se advierte que el estudio de alguno de estos últimos pudieran generarles mayor beneficio, como se pondrá de manifiesto, los mismos se analizarán siguiendo su prelación lógica.

En relación con el primero de los motivos de disenso, en el que se duelen de que la determinación de la Sala responsable de confirmar el auto de siete de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por ********** (en contra de la negativa del Juez de Control a modificar una de las condiciones que fueron fijadas para que obtuviera la suspensión condicional del proceso), es violatoria de sus derechos fundamentales porque no procede dicho medio de impugnación, y porque la Sala responsable le cambió el supuesto de análisis que fue propuesto.

Este tribunal considera que aun cuando es cierto que en el escrito en el que se interpuso el recurso de apelación, el recurrente señaló como fundamento el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales(23) y ese mismo sustento lo invocó la autoridad de segunda instancia al dictar el auto de admisión respectivo; sin embargo, al resolver la revocación interpuesta contra dicha admisión citó la fracción VI del aludido ordenamiento,(24) esa inconsistencia en modo alguno infringe los derechos de la parte quejosa, de forma que pueda provocar una eventual concesión de amparo.

Esto es así, en primer lugar, porque de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es a las autoridades a quienes corresponde fundar y motivar sus decisiones y no a los promoventes, quienes sólo tienen la carga de expresar los hechos en que fundan sus pretensiones, por lo que el imputado no puede sufrir las consecuencias de dicho cambio de sustento jurídico; en segundo, porque de acuerdo con el artículo 464 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia o resolución impugnada que no hayan influido en la parte resolutiva, se pueden rectificar; lo que denota que el error en que pudo incurrir la autoridad en la cita de los preceptos legales, no constituye una violación de mayor relevancia(25) que amerite la concesión del amparo y, tercero, porque el recurso de apelación contra la negativa del Juez de Control de modificar una de las condiciones que fueron fijadas para obtener la suspensión condicional del proceso, sí es procedente de acuerdo con lo dispuesto por la fracción VIII del citado artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se explicará más adelante, por lo que ningún efecto práctico ni jurídico tendría conceder la protección federal a efecto de que la autoridad responsable cambie, modifique o ajuste el fundamento por el cual estableció que la decisión del Juez de Control, sí es recurrible en apelación.

Para justificarlo, es preciso establecer lo que doctrinalmente se entiende como medio de impugnación y recurso, para lo cual se tiene en cuenta que el vocablo latino impugnare proviene de in y pugnare, que significa luchar contra, combatir, atacar;(26) esto es, el concepto de medios de impugnación alude, precisamente, a la idea de luchar contra una resolución judicial, de combatir jurídicamente su validez o legalidad, pues la peculiaridad que singulariza a la instancia impugnativa, es la pretensión de resistir la existencia, producción o los efectos de cierta clase de actos jurídicos.(27)

Así pues, los medios de impugnación son actos procesales de las partes dirigidos a obtener un nuevo examen, total o limitado a determinados extremos, y un nuevo proveimiento acerca de una resolución judicial que quien impugna no estima apegada a derecho, ya sea en el fondo o en la forma, o que reputa errónea en cuanto a la fijación de los hechos, pudiéndose agregar a los mismos los terceros legitimados, ya que sólo aquéllos y éstos estarán en aptitud de combatir las resoluciones del juzgador de origen, dado que este último, o su superior jerárquico, no pueden combatir sus propias resoluciones, ni pueden hacer valer medios de impugnación en contra de sus propias decisiones o de las de sus inferiores jerárquicos.

De ahí que de los motivos que aduzca el impugnante puede ser que la resolución judicial combatida no esté ajustada a derecho en el fondo (errores in iudicando) o en la forma (errores in procedendo), o bien, que contenga una equivocada fijación de los hechos, por haber apreciado inadecuadamente los medios de prueba practicados en el proceso.

Para el análisis de los medios de impugnación, resulta útil recurrir a las ideas que sobre las condiciones del acto procesal expone Humberto Briseño Sierra, quien considera que la idea de condicionalidad en el derecho procesal comprende tres aspectos: los supuestos, los requisitos y los presupuestos.

Los supuestos (que son condiciones previas) se caracterizan por anteceder al acto de que se trate; son su antecedente necesario; en cambio, los requisitos (que son condiciones actuales) auxilian a la regular aparición del acto, le acompañan en el presente de su manifestación y, por último, los presupuestos (condiciones inminentes) son el cúmulo de datos que deben estar previstos, y consignarse normativamente de antemano para que el acto consiga su efectividad.(28)

Por otro lado, es importante mencionar además, que generalmente se identifican los conceptos de los medios de impugnación y recurso, como si estas expresiones fueran sinónimas; sin embargo, la doctrina considera que los recursos sólo son una especie de los medios de impugnación que vienen a ser el género.

Además, los recursos son la especie de medios de impugnación más importantes, existen algunas más (especies), tales como la promoción de un ulterior proceso, los incidentes impugnativos, entre otros;(29) y se caracterizan por ser medios de impugnación que se plantean y resuelven dentro del mismo proceso; combaten resoluciones dictadas en el curso de éste, o bien, impugnan la sentencia definitiva, cuando todavía no es firme, abriendo una segunda instancia dentro del mismo proceso, es decir, no inician un nuevo proceso, sino sólo continúan el que ya existe, llevándolo a una nueva instancia, a un nuevo grado de conocimiento; tampoco plantean un nuevo litigio ni establecen una nueva relación procesal, sólo implican la revisión, el nuevo examen, de la resolución recurrida, pues las partes, el conflicto y la relación procesal, siguen siendo los mismos.

De ahí que sea factible discurrir que los recursos son los medios que establece la ley procesal para combatir las resoluciones del órgano jurisdiccional, que el recurrente considera injustas o ilegales, ya que dictada la resolución, la parte que se siente agraviada por ella tiene, dentro de los límites que determine la propia ley aplicable al caso, poderes de impugnación que le permiten promover la revisión del acto y obtener, en su beneficio, una eventual modificación o revocación.

Eduardo J. Coutere, considera también que recurso significa literalmente: "regreso al punto de partida; es un re-correr, de nuevo, el camino ya hecho". Y la palabra recurso se emplea para designar tanto el recorrido que se hace mediante otra instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se re-corre el proceso.(30)

A su vez, Jaime Guasp define el recurso como: "una pretensión de reforma de una resolución judicial dentro del mismo proceso en que dicha resolución ha sido dictada".(31) Así pues, los recursos son los medios de impugnación que se plantean y resuelven dentro del mismo proceso.

Este autor basa la impugnación procesal en la idea de la depuración del resultado, pues sostiene que el proceso de impugnación, aun desenvolviéndose dentro de otro proceso, es autónomo, de tal forma que el proceso principal no es simplemente continuado, sino que desaparece para dejar a otro proceso distinto aunque ligado al anterior.

Con base en estas ideas, el supuesto de los medios de impugnación viene a ser la resolución u omisión combatida; los requisitos, las condiciones de tiempo, forma y contenido y, por último, los presupuestos, la competencia del órgano que resuelve la impugnación, el modo de sustanciar y la resolución buscada.

Además, también se debe establecer que no sólo las sentencias pueden ser objeto de impugnación sino, en general, todas las resoluciones judiciales que lesionan los derechos de una de las partes, a fin de enmendarse los errores en que se haya incurrido, a fin de colmar el postulado constitucional de que ningún acto debe quedar fuera del control de legalidad, y que se debe contar con un recurso judicial efectivo; sin que ello implique que los recursos puedan hacerse valer en forma indiscriminada, sino siempre y cuando la ley procesal los prevea y no disponga expresamente que las resoluciones son inimpugnables o irrecurribles.

Por su parte, el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales(32) establece que el recurso de apelación procede contra las resoluciones emitidas por un Juez de Control, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso y no menciona de manera expresa que también procede contra las que modifican dicha medida; esto es, no menciona de forma expresa que dicho recurso también procede contra las resoluciones que modifican ese tipo de medidas; sin embargo, ello no significa que la apelación no proceda contra esa clase de resoluciones, porque de así haberlo querido el legislador, lo habría señalado expresamente y no lo hizo, ya que en dicha fracción ni en alguna otra parte del numeral en comento dispuso que el recurso de apelación "sólo" o "únicamente" era procedente contra las resoluciones que menciona literalmente o que no era procedente contra las que modifican o se niegan a modificar esas medidas; por lo que no puede declararse improcedente ese recurso mediante una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio de las partes en el juicio penal y limitar su derecho a un recurso no prohibido expresamente. Así las cosas, es incuestionable que si el legislador no señaló categóricamente que el recurso de apelación también procedía contra las resoluciones que modifican o niegan la modificación de la suspensión condicional del proceso, ello no significa que lo haya excluido, sino por el contrario, debe considerarse que su voluntad fue incluirlo implícitamente, al dejar abierta la norma y no limitar su procedencia.

Esto es así, pues de acuerdo con el argumento a maiori ad minus(33) (el que puede lo más puede lo menos), es claro en principio que sí procede la apelación contra las resoluciones que conceden, niegan o revocan la suspensión condicional del proceso; también procede contra la que modifica, que es de menor entidad que las que la conceden (para las víctimas o el ofendido), que la niegan o revocan (para el imputado), pero que de igual forma genera agravios para la parte a quien se niega la modificación o se concede ésta.

Lo mismo sucede con base en el argumento a fortiori,(34) el cual nos permite concluir que cuando el legislador enunció que el recurso de apelación procede contra las resoluciones que conceden, niegan o revocan la medida y no incluyó las que la modifican, no es que haya querido excluirla, ni tampoco se puede considerar que existe una laguna legal derivada de la imprecisión del legislador, sino que sólo quiso llamar la atención sobre algunos casos más frecuentes o tópicos más relevantes que son los que mencionó; y que implícitamente estaba teniendo en cuenta lo relativo a la modificación y también la procedencia en contra de éstas, misma que puede afectar no sólo a quien en un principio se le otorgó la medida, porque ahora pueden exigirse mayores requisitos para que subsista, sino también a las víctimas u ofendidos si se disminuyen las condiciones con las que se concedió; por lo que negar la posibilidad del recurso causa afectación a las partes en el juicio.

Por ello, es factible concluir que si el citado medio ordinario de defensa (apelación), procede contra una decisión que concede, niega o revoca la suspensión condicional del proceso, "con mayor razón" debe ser procedente respecto de aquellas que se emitan en torno a un planteamiento que entrañe su modificación, a fin de dotar a las partes de un recurso que les permita someter al escrutinio de dicho tribunal la resolución que les pudiera generar perjuicio.

De ahí que, tomando en cuenta las consideraciones jurídicas y doctrinarias antes expuestas, sea factible establecer que a fin de que el gobernado vea satisfecha su prerrogativa fundamental de acceso efectivo a la justicia y a la tutela judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(35) así como en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(36) a través del cual puedan cuestionar y controvertir jurídicamente una decisión judicial que estime no es apegada a la normativa legal, es que se considera que la decisión de un Juez de Control que se emite en torno a una solicitud de modificación de la suspensión condicional del proceso, sí es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, en términos de lo dispuesto por el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por consiguiente, se considera legal la determinación de la Sala responsable al resolver el recurso de revocación, en el sentido de que el recurso de apelación es procedente contra la resolución que se negó a modificar una condición impuesta para la suspensión condicional del proceso, en los autos de la causa penal **********, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Bucerías, Nayarit.

En consecuencia, los conceptos de violación expresados por la parte quejosa relacionados con la admisión a trámite del recurso de apelación por parte de la Sala responsable, aunque fundados respecto de la imprecisión en cuanto a la cita de la fracción VIII del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son inoperantes.

En otro aspecto, son también inoperantes los diversos motivos de disentimiento en los que la quejosa medularmente expresa que la resolución que se emitió en torno al recurso de apelación, al no ubicarse en alguno de los supuestos de apelación a que se refiere el artículo 471 (lo correcto es artículo 467) del Código Nacional de Procedimientos Penales, provocó que fuera emitido por una autoridad carente de competencia legal por lo que se violó en su perjuicio el debido proceso previsto en el artículo 14 de la Constitución General.

Lo anterior se considera de esa forma, porque dicho argumento lo sustenta en la improcedencia del recurso de apelación en contra de la resolución que negó la modificación de una condición impuesta para la suspensión condicional del proceso, misma que ya fue desestimada.(37)

Finalmente, son infundados los diversos señalamientos contenidos en el tercero de los conceptos de violación, relativos a que la autoridad responsable, al revocar lo resuelto por el Juez de Control y declarar procedente la solicitud de modificación de la condición atinente a la prohibición al imputado **********, de acercarse por un periodo de dos años al fraccionamiento **********, condominio maestro ubicado en **********, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para reducirlo ahora a seis meses, y considerar que éstos ya habían transcurrido y, por tanto, autorizar el ingreso del imputado al referido inmueble, viola sus derechos fundamentales en su calidad de víctimas de un delito, habida cuenta que, desde su apreciación, no se ponderó la penalidad a que el imputado se pudo hacer acreedor con motivo de los delitos que se le imputan, ni tampoco se tuvo en cuenta la multiplicidad de consecuencias que se les generaron a raíz de los delitos de que fueron objeto, tanto en el aspecto emocional, de sufrimiento, desasosiego, impotencia, así como de inseguridad.

Como se desprende de las actuaciones que fueron remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, ********** tiene el carácter de imputado en una causa penal que se le instruye por su probable responsabilidad en los hechos que la ley señala como delito de daño en las cosas, tentativa de lesiones y lesiones calificadas.

En dicha causa penal, el catorce de octubre de dos mil veinte(38) se autorizó la suspensión condicional del proceso por el lapso de dos años y se le impusieron como obligaciones, dejar de frecuentar el lugar de los hechos, esto es, el condominio **********, compuesto por el condominio maestro, sus subcondominios, el fraccionamiento **********, sus áreas comunes, someterse a tratamiento psicológico y ofrecer una disculpa pública.

A raíz de la solicitud presentada por la defensa del imputado para que se modificara la primera de las medidas impuestas (restricción de frecuentar el lugar de los hechos por el lapso de dos años), el Juez de Control en audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, resolvió que no procedía la pretensión del imputado, debido a que la suspensión condicional había tenido su origen en un acuerdo entre las partes involucradas en los hechos delictivos y las víctimas se habían opuesto a la modificación de la medida.

Inconforme con dicha decisión ********** interpuso recurso de apelación, en cuya resolución la Sala responsable revocó la resolución y modificó la medida suspensional del proceso, con base en que este tipo de determinaciones deben respetar el principio básico de proporcionalidad y que, en el caso, la restricción impuesta al imputado, por más que hubiera tenido su origen en un acuerdo entre las partes, al impedirle ingresar a su domicilio por un periodo de dos años, atentaba contra ese principio y su derecho de propiedad y libre tránsito, por lo siguiente:

"... se le está prohibiendo ir a su propiedad, a su domicilio, condición o medida extrema que sólo puede justificarse en los casos de violencia familiar, en los cuales se puede condicionar o imponer la medida al imputado de no acudir a su domicilio porque en el mismo se encuentran su esposa, hijos o familiares violentados; mas no en el caso de que el imputado tenga problemas con vecinos o trabajadores del fraccionamiento donde se ubica su propiedad, en cuyo caso, como el que nos ocupa, una efectiva tutela de los derechos de la víctima respetando, a su vez, los derechos del imputado; corresponde, en este caso, evitar cualquier tipo de acercamiento entre el imputado y los ofendidos, en la inteligencia de que dicho objetivo se cumplimenta a cabalidad con la prohibición de que el imputado se acerque al área directa de trabajo de los ofendidos (no a su propio domicilio).

"Luego entonces, se advierte que con la sola prohibición al imputado de acercarse al área directa de trabajo de los ofendidos, se cumple con el objetivo de tutelar los derechos de éstos, sin que sea necesario prohibirle al imputado tener acceso a su propio domicilio pues, se insiste, ello ya es excesivo, en la inteligencia de que el hecho de que el imputado tenga acceso a su domicilio no implica per se, que esté cerca de los ofendidos, pues éstos no viven ahí, sino que se encuentran, como ya se asentó, en su área de trabajo."

Conclusión que se considera apegada a derecho, si toma en cuenta que al imputado se le concedió la suspensión de proceso a que se refiere el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(39) por los delitos de daño en las cosas, tentativa de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31581-12129d31/actos-reclamados-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.