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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE INADMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN, AL NO SER UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE QUE SE RESUELVA SIN SUSTANCIACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2019. · Registro digital (IUS): 29155
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-11-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, Pág. 1767.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS EMMA MEZA FONSECA (PRESIDENTA), FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO, ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA Y REYNALDO MANUEL REYES ROSAS. DISIDENTES: JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ, FERNANDO CÓRDOVA DEL VALLE Y CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA. PONENTE: ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ. SECRETARIO: FERNANDO EMANUELLE ORTIZ SÁNCHEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de trece de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 9/2019;

RESULTANDO:

I. Denuncia de la contradicción y trámite del asunto

1. Por oficio 04-2019 PC, recibido el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve en la Oficialía de Partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado de esta materia y sede, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese tribunal, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en el que resolvieron "que la inadmisibilidad del recurso de apelación contra la sentencia dictada por el tribunal de enjuiciamiento, es impugnable a través del de revocación, y sólo en caso de que se confirme la inadmisión del mismo, procede el juicio de amparo directo; en donde se analizará únicamente la procedencia del recurso de apelación, no así el fondo del asunto".

2. Esto, en contraposición con el criterio sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, en el recurso de queja **********, que dio lugar a la tesis aislada de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. AL NO PREVER EXPRESAMENTE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES FUNDAMENTO LEGAL SUFICIENTE, O SIN EFECTUAR INTERPRETACIÓN ADICIONAL, RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA SALA DE NO ADMITIR A TRÁMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ULTIMA PARTE, DE LA LEY DE LA MATERIA."(1)

3. Por acuerdo de veintidós de febrero del año en curso, la Magistrada presidenta de este Pleno de Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, la cual quedó registrada con el número **********. Solicitó a las Magistradas presidentas de los tribunales contendientes que informaran sobre la vigencia del criterio sustentado en su respectivo asunto o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado. Además, ordenó hacer del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la recepción del presente asunto y enviar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, a efecto de que informara si con relación al tema existía o no alguna contradicción radicada en dicho tribunal.

4. Por oficios 7/2019 y 24/ST/2019, las Magistradas presidentas de mérito informaron que los criterios sostenidos en las ejecutorias respectivas seguían vigentes; mediante la pieza 27/ST/2019, la Magistrada presidenta del Noveno Tribunal Colegiado de esta especialización hizo llegar copia certificada de la resolución dictada en la queja **********.

5. Por medio del oficio DGCCST/X/111/03/2019, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó que el secretario general de Acuerdos del Máximo Tribunal le informó que en los últimos seis meses no advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guarde relación con el mencionado en la presente contradicción.

6. Finalmente, tras advertir que el expediente se encontraba debidamente integrado, mediante proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, la presidenta dispuso que se turnara el asunto al Magistrado Alejandro Gómez Sánchez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado de la misma competencia, para que formulara el proyecto respectivo.

II. Competencia

7. Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como el diverso 52/2015, del citado Pleno, que lo reformó, adicionó y derogó en algunas de sus disposiciones; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal de este Primer Circuito.

III. Legitimación

8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes están facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, con relación al 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

IV. Criterios denunciados

9. En el presente apartado se dará cuenta de las consideraciones de los antecedentes procesales de los que derivaron los criterios contendientes de los Tribunales Colegiados que pudieran dar lugar a una contradicción de tesis.

A. Criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Sentencia dictada en el amparo en revisión **********.

Antecedentes procesales

10. **********, por conducto de su defensor particular, presentó demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el toca **********, que declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por el quejoso; así como su ejecución.

11. La demanda se remitió, por razón de turno, al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; previo requerimiento(2) y su desahogo, se admitió el tres de enero de dos mil dieciocho.

12. El uno de marzo siguiente, se inició la audiencia constitucional, la sentencia se engrosó el treinta y uno de mayo del citado año, en la que la Jueza de Distrito determinó carecer de competencia para conocer del juicio, pues consideró que los actos reclamados (auto que declara inadmisible el recurso de apelación, así como el diverso que aclara la fecha de ese acuerdo) constituyen una resolución que pone fin a juicio y, por tanto, procede el juicio de amparo directo, por lo que ordenó que se remitieran los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno.

13. Por auto de presidencia de ocho de junio de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado denunciante radicó el expediente con el número **********; sin embargo, no aceptó la competencia planteada, pues, contrario a lo resuelto por la a quo, consideró que los autos reclamados eran de mero trámite, por tanto, recurribles a través del medio de impugnación a que se refiere el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(3) por lo que devolvió los autos originales a dicha autoridad.

14. En proveído de doce de junio de dos mil dieciocho, la Jueza de amparo, tuvo por recibidos dichos autos y se avocó al conocimiento del asunto. Por sentencia de diez de julio de dos mil dieciocho, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, negó la protección constitucional solicitada.

15. Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, que fue radicado y resuelto en sesión de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por el Octavo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, bajo el toca **********, en el que determinaron revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio, al advertir la actualización de una causa de inviabilidad de la acción de amparo, bajo los siguientes argumentos:

16. La hipótesis de improcedencia que analizó fue la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, bajo estos argumentos:

a) Los actos reclamados eran los autos de cinco de octubre y trece de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, dictados en el toca **********, por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El primer auto declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por la defensa particular del quejoso, contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio; en el segundo aclaró la fecha del citado en primer término.

b) Como premisa mayor, aludieron al contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de trámite (sic) que se resuelvan sin sustanciación.

c) Entonces, si el acto reclamado es la inadmisión del recurso de apelación, es evidente que constituye una resolución de trámite que se resuelve sin sustanciación, por lo que el recurso de revocación es el medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado.

d) Esto, pues el objeto de ese recurso es que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la que en derecho corresponda, con el objeto de corregir, reconsiderar o reevaluar las condiciones que dieron origen a la inadmisión de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal.

e) Así, arribaron al convencimiento de que el acto reclamado es una determinación de mero trámite que en sí no pone fin al juicio, en virtud de que la inadmisibilidad del recurso de apelación resulta impugnable a través del diverso de revocación, de manera que sólo en caso de que al resolver la revocación, se confirmare la inadmisión de la apelación, procedería el amparo directo, en donde se tendría que analizar únicamente la procedencia del recurso de apelación, no así el fondo del asunto.

f) Por esto, al no haberse agotado el recurso que la ley ordinaria establece, el juicio de amparo era improcedente en términos de la porción normativa enunciada.

g) Justificaron que en el caso no se actualizaba el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que requiere que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; esto, en razón de que la lectura del precepto legal que fundamenta la procedencia del recurso de revocación, permite establecer sin lugar a duda que contra las resoluciones de trámite que se resuelvan sin sustanciación, es procedente. Por ello no era necesario realizar una interpretación adicional del contenido del mismo.

h) Como punto final, explicaron por qué no compartían la tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, partícipe en esta contradicción:

i. El auto que desecha de plano el recurso de apelación, no requiere, per se, de sustanciación alguna, entendida ésta como la necesaria realización de actos procesales diversos que permitan esa conclusión; por tanto, evidente es que constituye un acuerdo de trámite, contra el cual procede un medio de impugnación de control horizontal, en el caso, el de revocación.

ii. Ese auto no termina la instancia, pues existe ese medio de control horizontal para reconsiderar sobre su legalidad, el cual es dictado durante la sustanciación de la segunda instancia.

iii. No obstante que la materia del recurso de revocación será analizar si el accionar de la Sala fue o no correcto, el estudio de fondo se circunscribe a tal cuestionamiento, lo que no resta el carácter de auto de trámite al que no admite el recurso de apelación. Mientras que en la apelación se analiza la legalidad de las diversas decisiones de primera instancia, previstas en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

iv. No es óbice que el artículo 465 del Código Nacional, no incluya expresamente el supuesto de procedencia del recurso de revocación contra el auto que no admita la apelación, pues por técnica legislativa, no sería posible predefinir legalmente todas las posibles decisiones de trámite que pueden ser recurridas mediante el recurso de revocación.

v. El Código establece dos medios de impugnación: apelación y revocación. En los artículos 467 y 468, se establecen los casos de procedencia del primero. Del segundo sólo menciona que se interpone contra resoluciones de mero trámite.

vi. Entonces, ha de considerarse que contra las determinaciones no sujetas a control vertical (apelación), corresponde el de revocación, para lo cual no se requiere interpretación adicional del numeral 465 de la codificación citada, pues es suficiente la que de forma sistemática permiten los numerales en comento.

vii. Como refuerzo invocaron la máxima de derecho procesal que prevé que lo que no es apelable, por estar determinado expresamente en la legislación correspondiente, es revocable, dado que, como sucede incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales, éstos son los medios de impugnación generalmente reconocidos y aceptados por la teoría general del proceso.

viii. Por último, no consideraron acorde a la naturaleza del juicio de amparo, relevar a las partes de la carga procesal de agotar el recurso de revocación cuando se declara la inadmisibilidad del de apelación, pues las causas que justifican tal decisión, previstas en el artículo 470 del mencionado código, ameritan ser primero revisadas en control horizontal, por el propio tribunal de segunda instancia, el cual, sin necesidad de un estudio desde el punto de vista de posibles violaciones a los derechos humanos, puede sencillamente rectificar una decisión equivocada en cuanto al plazo de la interposición del recurso, del tipo de resolución impugnada, de la legitimación del recurrente o de agravios en el recurso.

B. Criterio del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito.

Sentencia dictada en la queja penal **********.

Antecedentes procesales

17. ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto consistente en el auto de nueve de enero de dos mil diecisiete, dictado en el toca **********, que determinó la no admisión del recurso de apelación interpuesto contra el auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis.

18. El asunto fue remitido, por razón de turno, al Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y desechó de plano la demanda presentada.

19. Inconforme, la amparista interpuso recurso de queja, que fue radicado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número **********, y resuelto fundado en sesión de treinta de marzo de dos mil diecisiete, bajo las siguientes consideraciones:

20. Estimaron fundados y suficientes los agravios del recurrente, suplidos en su deficiencia, con base en los razonamientos siguientes:

a) Precisaron que el acto reclamado era el auto de nueve de enero de dos mil diecisiete, emitido por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que determinó la no admisión del recurso de apelación interpuesto contra el proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis, emitido en la carpeta administrativa **********, por un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de esta ciudad, en el que no se acordó de conformidad la petición de la ofendida (quejosa) sobre verificar las condiciones que podrían derivar en la revocación de la suspensión condicional del proceso que se concedió a la imputada.

b) El Juez de Distrito desechó la demanda por considerar que se infringió el principio de definitividad, dado que no se agotó el medio de defensa ordinario procedente, por lo que tuvo por actualizada la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia.

c) Para explicar el sentido del fallo, luego de transcribir el contenido del libro segundo, título XII, capítulo I, del Código Nacional de Procedimientos Penales (artículos 465 a 484), advirtieron que dicho cuerpo legal prevé dos recursos en el proceso: revocación y apelación. Tratándose de la apelación, El Código establece con claridad cuáles determinaciones son apelables ante el Juez de Control y ante el tribunal de enjuiciamiento.

d) El tema de interés fue la procedencia del de revocación. De la literalidad del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que en forma general, el recurso de revocación es procedente contra las resoluciones de mero trámite que [se] resuelvan sin sustanciación.

e) Si el auto reclamado era la determinación de la autoridad de segundo grado en la que decidió terminar con la actividad jurisdiccional de aquella instancia, al no admitir el recurso de apelación, era inconcuso que no constituye una resolución dictada en la sustanciación, dado que si su finalidad es poner el asunto en estado de resolución, no cumple ese objeto el auto que no admitió el citado medio de defensa.

f) Por lo mismo, no podría ser recurrible a través del recurso de revocación, pues no se trata de una determinación de mero trámite, ya que lo que debe dilucidarse sería, si el accionar de la sala fue o no correcto en cuanto a la inadmisión de la apelación, pues para ello se requiere un estudio de fondo, por lo que no se traduce en una cuestión de mero trámite.

g) Estimar correcta la determinación de la autoridad recurrida (Juez de Distrito), traería como premisa que la autoridad de segunda instancia resuelve un recurso respecto a otro medio de defensa que no se trata de una determinación de mero trámite; ejemplificaron que se debería examinar si conforme a lo dispuesto en el artículo 160 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaba o no procedente la apelación, lo que deja en claro que se trata de un ejercicio sobre un estudio de fondo y no una cuestión diligente.

h) Por otro lado, se formularon la interrogante siguiente: ¿El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé fundamento legal suficiente o sin interpretación adicional respecto a la procedencia del recurso de revocación, cuando se inadmite el diverso medio ordinario de defensa, consistente en la apelación?

i) Planteamiento que respondieron en sentido negativo, partiendo de la base de que la recurrente lo que pretende combatir es la no admisión del recurso de apelación, pues al verificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto al recurso de revocación, no prevé fundamento legal suficiente, o bien, sin efectuar interpretación adicional para estimar que procede aquel recurso en contra del supuesto que interesa [no admisión de la apelación]. Precisamente, al no estipularse expresamente el supuesto que se pretendió combatir, ello atendiendo a la literalidad del precepto que prevé el recurso de revocación.

j) Por otro lado, consideraron que el proceder del Juez de Distrito vulneró el derecho humano a la tutela judicial efectiva, ya que, acorde al artículo 1o. de la Constitución Federal, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de manera que la falta de resolución pronta, completa e imparcial sería violación al artículo 17 de la propia Constitución.

k) Por ello, estimaron que sí se actualiza el caso de excepción al principio de definitividad, en razón de que el artículo 465 del Código Nacional referido, no prevé expresamente la procedencia del recurso de revocación, cuando lo que se combate es la inadmisión del recurso de apelación, lo que traería como consecuencia que el recurrente tendría que realizar una interpretación adicional y sistemática de diversos numerales, que no se obtiene de manera directa de la redacción de los preceptos que regulan la procedencia del mencionado recurso de revocación, contra el acto que pretende combatir.

V. Existencia de la contradicción

21. Antes de corroborar la existencia de la contradicción, como cuestión previa, es importante señalar que conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si existe o no la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales.

22. El Alto Tribunal estima que por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(4) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

23. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.

24. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

25. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno de Circuito, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los recursos que les fueron presentados, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

26. Ello es así, porque en el amparo en revisión penal **********, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al advertir en forma oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, estimó que contra el acto que el quejoso reclamó procedía el medio ordinario de defensa previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de trámite que se resuelvan sin sustanciación.

27. De lo que siguieron que si el acto reclamado era la inadmisión del recurso de apelación y era "evidente" que constituye una resolución de trámite resuelta sin sustanciación, entonces el recurso de revocación era el medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado.

28. Además, estimaron que no se actualizaba el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, consistente en que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla.

29. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la queja penal **********, revocó el auto que había desechado una demanda de amparo, porque el quejoso no agotó la definitividad.

30. Eso se logró partiendo de que el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecía, de forma general, que el recurso de revocación es procedente contra las resoluciones de mero trámite que [se] resuelvan sin sustanciación; interpretó que si el acto reclamado era la determinación de la autoridad de segundo grado en la que se decidió terminar con la actividad jurisdiccional de aquella instancia, al no admitir el recurso de apelación, no era una resolución dictada en la sustanciación, pues si su finalidad es poner el asunto en estado de resolución, no cumple ese objeto el auto que no admitió el citado medio de defensa; además, no se trata de una determinación de mero trámite, ya que lo que debe dilucidarse en su caso, sería si el accionar de la Sala fue o no correcto, en cuanto a la inadmisión de la apelación, pues para ello se requiere un estudio de fondo, por lo que no se traduce en una cuestión de mero trámite.

31. Además, el caso se ubicaba en el supuesto de excepción al principio de definitividad que se prevé en el último párrafo del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que el artículo 465 del Código Nacional referido, no prevé expresamente la procedencia del recurso de revocación, cuando lo que se combate es la inadmisión del recurso de apelación.

32. Lo señalado demuestra que los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para decidir diversas cuestiones.

33. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno de Circuito estima que también está satisfecho, pues del estudio de las sentencias que se denunciaron como contradictorias, se advierte que sus resoluciones se basaron sobre el mismo tópico jurídico, pues ambos interpretaron la procedencia del recurso de revocación previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra autos emitidos por autoridades de segunda instancia que no admitieron un recurso de apelación.

34. Asimismo, ambos se refirieron a la excepción del principio de definitividad, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la ley de la materia.

35. No se desatienden las circunstancias fácticas que diferencian a ambos asuntos. Sin embargo, esto no es suficiente para desestimar la existencia de la contradicción, pues hay puntos convergentes de trascendencia para estimar la necesidad de unificar el criterio.

36. En efecto, de sus semejanzas se advierte que ambas ejecutorias giraron en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya que tuvieron como tronco común actos reclamados cuya génesis fue la interposición de recursos de apelación que no fueron admitidos por las Salas responsables; por tanto, la problemática versó en determinar si los autos de no admisión eran de mero trámite que se resuelven sin sustanciación.

37. Esto, en aras de observar el principio de definitividad, pues para un tribunal la revocación era el recurso procedente y necesitaba agotarse previo a acudir al juicio de amparo; mientras que para otro no, quien además consideró que se surtía una hipótesis de excepción al consabido principio, en virtud de que la procedencia de ese recurso estaba sujeta a interpretación adicional.

38. Entonces, la problemática a determinar es, en primer lugar, si es procedente o no, el recurso de revocación previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la resolución de un tribunal de alzada que no admitió el diverso de apelación; y en segundo, si se configura una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo.

39. En ese tenor, es notoria la discrepancia que ambos tribunales sostuvieron con relación a pun

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29155-61d0a1ec/recurso-de-revocacion-previsto-en-el-articulo-465 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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