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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA LA MULTA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, INCLUYENDO SU FASE IMPUGNATIVA. RECURSO DE REVOCACIÓN. ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONERLO ÚNICAMENTE QUIENES TENGAN LA CALIDAD DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL (ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 45/2024. · Registro digital (IUS): 32519
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-06-14
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo III, Pág.3171.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 45/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIA: LUCINA BRINGAS CALVARIO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 45/2024, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán.

El posible problema jurídico planteado para resolver se precisa en los párrafos 122 a 127 de la presente ejecutoria.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio **********, de doce de febrero de dos mil veinticuatro, la Magistrada Elizabeth Franco Cervantes, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre dicho órgano(1) y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito.(2)

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de catorce de febrero del año en curso, el Presidente de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, ordenó la formación y registro electrónico del expediente de la contradicción de criterios 45/2024;(3) admitió a trámite la denuncia, solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes la remisión de diversas constancias e informes sobre la vigencia de los criterios sustentados.

3. Turno. En la misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente(4) para su estudio a la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar.

4. Vigencia de criterios. Las presidencias de los tribunales contendientes remitieron las constancias solicitadas e informaron la vigencia de los criterios, lo cual se acordó en los proveídos de veintiuno y veintidós de febrero del año en curso.

5. Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. En proveído de veintiocho de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el comunicado signado por el encargado del despacho de la citada dirección, mediante el cual informó que no existe en el índice estadístico del Alto Tribunal, alguna contradicción de criterios que guarde relación con el tema a elucidar en este asunto.

6. Confirmación de turno. En el auto previamente indicado, también se tuvo por integrado este expediente y se confirmó el turno electrónico(5) para la elaboración del proyecto de sentencia.

7. Temporalidad en la elaboración del proyecto de resolución. El plazo genérico de treinta días hábiles para formular el proyecto de resolución,(6) transcurrió del veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro (día hábil siguiente a la fecha de turno) al diecisiete de abril del mismo año, descontándose como días inhábiles los siguientes: dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de marzo, seis, siete, trece y catorce de abril;(7) así como dieciocho,(8) veintiuno,(9) veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo,(10) todos del año en curso.

8. Luego, si el proyecto se listó el diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, es claro que se hizo dentro del tiempo que contempla tal obligación normativa.

II. AMICUS CURIAE

9. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del citado Acuerdo General 67/2022, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

10. Antes del día en que fue listado este asunto para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

III. COMPETENCIA

11. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como el diverso Acuerdo General 1/2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformados mediante Acuerdo General 38/2023 del propio Pleno, por el que se modifica la denominación de los plenos regionales de las regiones centro-norte y centro-sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia Penal y jurisdicción territorial de este Pleno Regional.

IV. LEGITIMACIÓN

12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(11) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III(12) y 227, fracción III(13) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por la Magistrada Elizabeth Franco Cervantes, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quien intervino en una de las quejas génesis del presente asunto.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.

A) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver la queja 298/2023.

14. Causa penal. El Tribunal de Enjuiciamiento Unitario en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, en una causa penal, dictó sentencia, en la que consideró penalmente responsable a una mujer en la comisión de un delito.

15. Toca penal. Inconforme con dicha resolución, la sentenciada interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, cuya presidencia la radicó y, mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, impuso multa a la sentenciada y a sus defensores particulares.(14)

16. Amparo indirecto **********. Inconforme con lo anterior, la sentenciada y sus defensores presentaron demanda de amparo, de la que conoció el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien lo registró bajo el número ********** de su índice, y por auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, previno a la parte quejosa para que precisara el acto reclamado y expresara de manera clara y cronológica los antecedentes del mismo.

17. Al desahogar la prevención, la peticionaria de amparo señaló que, dentro del procedimiento de apelación, la Sala responsable dictó un acuerdo el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el cual se impuso una multa a la citada impetrante y a su defensores, el cual les fue notificado el once de septiembre siguiente.

18. Así, mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito tuvo por cumplida dicha prevención y, desechó la demanda de amparo, al considerar que respecto al referido acto reclamado, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, pues a su juicio, previo a acudir al juicio constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario, que en el caso era el recurso de revocación, previsto en el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

19. Queja 298/2023. En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, cuya presidencia mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, la registró con el número 298/2023 y admitió ese medio de impugnación.

20. Seguido el trámite, el once de enero del año en curso, el Tribunal del conocimiento dictó sentencia, en la que declaró fundado el recurso de queja y, en consecuencia, que lo procedente era que el juzgador dejara sin efectos el auto recurrido y dictara otro en el que se pronunciara con relación a la admisión de la demanda de amparo indirecto, con independencia de, si posteriormente se acreditaba diversa causal de improcedencia, decidiera lo conducente.

21. Lo anterior, al considerar que, no se actualizaba la causal de improcedencia relativa al agotamiento del principio de definitividad, pues el acto reclamado no constituía una determinación de mero trámite y que además sí se había emitido con sustanciación, por lo que consideró que en su contra no procedía el recurso de revocación.

22. El Tribunal Colegiado de Circuito, en principio, precisó que no se discutía que en la segunda instancia del proceso penal acusatorio (apelación), procedía el recurso de revocación previsto en el citado numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero, en ese caso, dicho órgano jurisdiccional estimó que el acto que se reclamó, consistente en la multa, no reunía los requisitos de procedencia para que dicho medio de impugnación pudiera hacerse valer.

23. Para sostener lo anterior, el cuerpo colegiado retomó las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 331/2019, que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.),(15) de rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘SIN SUSTANCIACIÓN’, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES".

24. El Tribunal Colegiado señaló que, en dicho asunto, la Sala constitucional estableció dos requisitos para la procedencia del mencionado recurso de revocación, a saber, 1) que ataña a cuestiones de mero trámite, esto es, que no resuelvan el fondo del asunto y; 2) que sea resueltas sin sustanciación.

25. Agregó que, a juicio de la Primera Sala del Alto Tribunal, las actuaciones de mero trámite son aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración, sino sólo aquellas que impulsan el proceso, pero sin trastocar la litis o fondo del asunto, ya que se refieren al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio.

26. Respecto al segundo requisito, el Tribunal del conocimiento indicó que la citada Sala había establecido que, desde la doctrina, debe entenderse por "resolución dictada sin sustanciación", aquella que no sigue un procedimiento en específico, es decir, que se resuelve sin estar precedida de etapas procesales, agregó que la sustanciación indica la forma en la que se resuelven las cuestiones, esto es, ya sea de plano, sin una tramitación especial y de inmediato, o bien, con una sustanciación en particular, poniendo como ejemplo los incidentes.

27. Sobre este punto, el órgano jurisdiccional indicó que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País expresó que, desde la apreciación del Código Nacional de Procedimientos Penales, las resoluciones sin sustanciación son aquellas que, se trata de determinaciones de mero trámite emitidas de plano, en razón de que la norma procesal que rige el actuar de quienes lo resuelvan, no establece un trámite específico a seguir, lo que se traduce en que no establece la exigencia de notificar a la parte contraria, ni otorgarle un plazo para contestar o contradecir la petición del solicitante y en consecuencia, la persona juzgadora debe resolver lo pedido de plano.

28. En ese tenor, el Tribunal Colegiado de Circuito relató que la citada Sala constitucional concluyó que la sustanciación a que se refiere el numeral 465 del Código Nacional del Procedimientos Penales, no podía limitarse sólo a la falta de debate entre las partes, sino que, implicaba que se tratara de resoluciones emitidas de plano, al no existir en la norma adjetiva una tramitación especial para su dictado.

29. Así, atendiendo lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano jurisdiccional determinó que, en el caso concreto, el acto reclamado, consistente en la multa a la quejosa y sus defensores durante el proceso de apelación, no era una determinación de mero trámite, ya que entraña un importante y trascendente juicio de valoración por parte de la autoridad judicial.

30. Lo anterior, pues a pesar de que el proceso penal en primera instancia ya se encuentra concluido, la Sala responsable determinó imponerle a la sentenciada y a sus defensores una medida de apremio que implica una carga económica para dichas personas, por lo que impacta directamente en su patrimonio, lo cual, a juicio de dicho Tribunal Colegiado de Circuito era indudable que no podía tratarse de una determinación simple y llana tendente al desenvolvimiento de segunda instancia.

31. Asimismo, dicho órgano jurisdiccional advirtió que el acto reclamado no se había emitido de plano, puesto que no fue de manera inmediata, sino que, al tratarse de una multa, desde su perspectiva, resultaba evidente que, previo a su imposición se tuvo que prevenir a las personas de que efectuaran o se abstuvieran de realizar determinada conducta procesal y apercibirlos de que, en caso de incumplimiento, se harían acreedores a la multa reclamada.

32. En ese orden de ideas, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que el acto reclamado en cuestión no podía considerarse como una determinación resuelta sin sustanciación, dado que, a su juicio sí se había emitido como consecuencia a un trámite, ya que debía haberse conminado y apercibido a la persona, para posteriormente poderle imponer la multa.

33. Así, el citado órgano jurisdiccional concluyó que, el recurso era fundado.

B) Criterio del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver las quejas 38/2019, 91/2021 y 17/2022, así como los recursos de revisión 141/2020 y 209/2023, los cuales serán relatados en orden cronológico.

B.1. Queja 38/2019.

34. Causa penal. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Apatzingán, Michoacán, durante la audiencia intermedia, en una causa penal, impuso al Fiscal en el proceso penal una multa como medida de apremio, con fundamento en numeral 104, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales.(16)

35. Amparo indirecto **********. Inconforme con dicha determinación, el Fiscal presentó demanda de amparo indirecto, de la cual conoció el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con el número **********; cuyo titular, por auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, previno al quejoso para que informara si había recurrido esa determinación.

36. Desahogada la prevención, mediante proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito la tuvo por cumplida y, en el mismo auto desechó la demanda de amparo al considerar que respecto del acto reclamado, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, pues debió haber interpuesto el recurso de revocación, establecido en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

37. Queja 38/2019. En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, la cual tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, cuya Presidencia, a través del acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve, la registró con el número 38/2019 y la admitió a trámite.

38. Posteriormente, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal del conocimiento, dictó resolución en la que declaró infundado el recurso.

39. Lo anterior, por un lado, al declarar inoperantes tanto los agravios en los que el revisionista adujo que el juzgador había transgredido sus derechos fundamentales,(17) así como en los que expuso razonamientos vinculados con el fondo del asunto.(18)

40. Por último, el Tribunal Colegiado de Circuito calificó como infundados los agravios en los cuales el recurrente se dolió de lo que estimó, como la transgresión a sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y patrimonio, al declarar actualizada la causa de improcedencia advertida por el Juez de Distrito.

41. Para sostener la calificativa anterior, el cuerpo colegiado retomó el contenido del derecho a una tutela judicial efectiva, previsto en el precepto 17 Constitucional y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), así como la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo del del citado derecho fundamental en el Caso Castañeda Gutman contra México; y, concluyó que si bien un recurso debe ser efectivo, dicha efectividad implica que una vez que se cumplan todos los requisitos, el órgano judicial debe estar en condiciones de estudiar y resolver el fondo del asunto.

42. Esto es, que el reconocimiento de una tutela judicial efectiva no implicaba la eliminación de los presupuestos y requisitos de procedencia, ni el desconocimiento de la normatividad interna que regula dichos requerimientos.

43. Al respecto, citó como aplicables los siguientes criterios:

• Tesis aislada 2a. LXXXI/2012 (10a.),(19) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL".

• Jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.),(20) emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA".

• Jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.),(21) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA".

44. Así, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó, que contrario a lo aducido por el recurrente, fue correcta la determinación del Juez Federal de no analizar las cuestiones de fondo argumentadas, al advertir la actualización de una causal de improcedencia, ya que, previo al análisis sobre el fondo del asunto, primero deben satisfacerse los requisitos de admisibilidad. 45. Asimismo, el citado órgano jurisdiccional determinó que concordaba con la conclusión del Juez Federal, respecto a que el entonces quejoso, debió agotar el principio de definitividad, puesto que, en contra de la multa (señalada como acto reclamado) procedía el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional del Procedimientos Penales, en razón de que dicha medida de apremio se trataba de una cuestión que no trastoca el proceso penal, es decir, es una resolución de mero trámite, que se resuelve sin sustanciación.

46. Máxime que no se encontraba en alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de Amparo, puesto que la citada multa no implicaba un acto que importara peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, orden de aprehensión o reaprehensión, auto que estableciera providencias precautorias ni impusiera medida cautelar restrictiva de la libertad.

47. Tampoco, se trataba de una resolución que negara la libertad bajo caución o que estableciera los requisitos para su disfrute; ni decidía sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afectara la libertad personal del quejoso (como un auto de vinculación a proceso), tampoco se estaba en el supuesto de que el quejoso no fuera una persona extraña al procedimiento.

48. Añadió el órgano jurisdiccional que la procedencia del recurso de revocación es clara y no está sujeta a ninguna interpretación adicional, ya que la imposición de la multa es de mero trámite y no requiere sustanciación, aunado a que, en contra de dicha determinación no procede el recurso de apelación, al no ubicarse en el catálogo previsto en el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

49. Añadió, que contrario a lo que había manifestado el quejoso, el derecho a la tutela judicial efectiva no tiene el alcance de permitir al órgano revisor, hacer alguna excepción de los presupuestos constitucionales y legales que deben observarse al determinar la procedencia de un recurso, ya que los mismos tienen su razón de ser para generar una certeza en los gobernados y no se pueden hacer excepciones para admitir un recurso, si no cumple con los requisitos de procedencia.

50. En ese orden de ideas, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que compartía la determinación del Juez de Distrito, en razón de que, en contra el acto reclamado procedía el recurso de revocación; por lo cual, se actualizaba la causal de improcedencia invocada por el Juez Federal, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad.

B.2. Amparo en revisión 141/2020.

51. Causa penal. El Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora, durante la audiencia de juicio oral, en una causa penal, impuso a los agentes del Ministerio Público en el proceso penal una multa.(22)

52. Amparo indirecto **********. Inconformes con dicha determinación, los agentes del Ministerio Público, presentaron demanda de amparo, la cual, correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, la registró con el número **********.

53. Seguido el trámite correspondiente, el Juez dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio, al no agotarse el principio de definitividad; estimó que previo a la presentación del juicio de amparo, los impetrantes debieron promover el recurso de revocación, previsto en el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

54. Recurso de revisión 141/2020. En contra de esa resolución, los quejosos interpusieron recurso de revisión, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, cuyo presidente mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, la registró con el número 141/2020 y, desechó por extemporánea la interposición del recurso respecto de un quejoso, pero admitió a trámite el medio de impugnación por cuanto hace al otro recurrente.

55. Posteriormente, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, el Tribunal del conocimiento, dictó sentencia en la que confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio, al estimar inoperantes, en una parte, e infundados, en otra los agravios de los recurrentes.

56. Para sustentar lo anterior, el cuerpo colegiado retomó la determinación del juzgador de estimar actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad.

57. Asimismo, señaló que dicha causal tiene como sustento el evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y con ello, impedir que solo se use el medio de control constitucional para retardar la impartición de justicia y que, en términos de lo expresado en el propio numeral, basta con que en la ley ordinaria se prevea algún medio de impugnación o defensa que haga posible la modificación, revocación o nulidad del acto en cuestión.

58. En ese tenor, el Tribunal Colegiado de Circuito señaló que, en el asunto estudiado, en efecto se había impuesto una multa a los agentes del Ministerio Público quejosos (siendo uno de ellos, recurrente en dicho recurso), al no presentar un testigo en el juicio oral, y si bien en contra de dicha determinación había presentado juicio de amparo indirecto, éste resultaba improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que previamente a la tramitación del juicio biinstancial, el recurrente debió agotar el principio de definitividad, debiendo interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

59. Ello porque la multa reclamada constituía la sanción que le impuso el tribunal de enjuiciamiento a los quejosos, al hacer efectiva la medida de apremio de la que, previamente habían sido apercibidos, lo que, a juicio del citado órgano jurisdiccional se traducía en:

a) Que la multa era una resolución de mero trámite, ya que no tuvo trascendencia alguna dentro del proceso, ni con ella se formularon consideraciones en las que se analizaran cuestiones relativas al fondo del asunto; y,

b) La medida de apremio fue resuelta sin mayor sustanciación, ya que se adoptó sin debate previo de las partes intervinientes.

60. En ese orden de ideas, el Tribunal Colegiado de Circuito declaró infundados los agravios en los cuales los recurrentes adujeron que el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales no establece con precisión los supuestos de procedencia del recurso de revocación, ello al señalar que bastaba con revisar el contenido de los artículos 465 y 466 para advertir que en ellos se establece con claridad que el recurso de revocación procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, tal como aconteció en la multa que se señaló como acto reclamado.

61. Así, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa, pues desde su perspectiva, se encuentra establecido de manera clara y contundente en el precepto en cita.

62. Al respecto, el órgano jurisdiccional señaló que era aplicable el criterio emitido por el mismo Tribunal Colegiado de Circuito, la entonces tesis aislada XI.P.29 P (10a.),(23) de rubro: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO".

63. Por su parte, el órgano jurisdiccional declaró inoperante el agravio en el cual, el recurrente combatió argumentos relacionados con el fondo, relativos a una supuesta falta de motivación en la multa(24) y, agregó que, si en todo caso, el argumento del revisionista se encontraba encaminado a tratar de sustentar que se actualizaba una excepción al principio de definitividad, ante la supuesta falta de motivación del acto reclamado, tampoco le asistía la razón, en virtud de que dicha excepción sólo es aplicable cuando se reclaman actos de autoridades distintas a las judiciales y en el caso, la multa la había impuesto una autoridad de dicha índole.

64. Por último, también declaró infundados los agravios en los cuales el revisionista adujo sostuvo que el Juez de Distrito había realizado una interpretación restrictiva de las normas de procedencia del juicio de amparo, lo cual, desde su perspectiva transgrede el principio pro persona,(25) y añadió que ni bajo el citado principio, así como los derechos fundamentales al patrimonio y tutela judicial, los gobernados pueden ser eximidos del cumplimiento de los citados requisitos de procedencia.(26)

65. Así, ante lo infundado en una parte, e inoperante en otra de los argumentos del revisionista, el órgano jurisdiccional declaró infundado el amparo en revisión.

B.3. Queja 91/2021.

66. Carpeta de investigación, derivada de un cuaderno de antecedentes. La Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, durante la audiencia de tutela de derechos (inicial) impuso al agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, una multa de conformidad con lo establecido en el artículo 104 fracción II, de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32519-3c216360/recurso-de-revocacion-procede-contra-la-multa-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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