SECRETARIO INSTRUCTOR. CARECE DE FACULTADES PARA DICTAR ACUERDOS, INCLUSO POR DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL JUEZ, UNA VEZ CONCLUIDA LA FASE ESCRITA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 54/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIO: LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al doce de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 54/2024, suscitada entre el Cuarto(1) y Sexto(2) Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, perteneciente al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. El Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al dictar sentencia en el juicio de amparo directo 575/2023, ordenó denunciar ante este Pleno Regional, la posible contradicción de criterios suscitada entre ese órgano jurisdiccional y el Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo directo 778/2023; lo que se materializó a través del oficio 5/2024 de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, signado por el Magistrado Presidente del órgano colegiado mencionado en primer término.
2. Trámite ante este Pleno Regional. Mediante acuerdo de seis de marzo del año en curso, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 54/2024.(3)
3. En esa misma determinación, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes remitieran la versión digitalizada de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa e informaran si se encontraban vigentes o, bien, superados o abandonados, y de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
4. Además, se hizo del conocimiento al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión del presente asunto y se le solicitó que comunicara si existía o no una diversa contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto que constituyera precedente obligatorio radicado en ese Alto Tribunal sobre el tema a dilucidar.
5. Turno. En la misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(4) para su estudio, a la ponencia de la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar.
6. Vigencia de criterios. Por autos de once, doce, trece y quince de marzo de este año, la Presidencia del Pleno Regional recibió los oficios de los órganos colegiados contendientes, mediante los cuales informaron de manera respectiva, que sus criterios se encuentran vigentes, que han causado ejecutoria, además de que habilitaron y pusieron a disposición los expedientes electrónicos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
7. Contradicción de criterios relacionada. Mediante comunicado DGCCST/X/286/03/2024 de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informó que en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está radicada la contradicción de criterios 58/2024, cuyo tema a dirimir guarda relación con el aquí denunciado, al tratarse de lo siguiente: "JUICIO LABORAL. DETERMINAR SI UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA ESCRITA EL SECRETARIO INSTRUCTOR SE ENCUENTRA FACULTADO, PREVIA DELEGACIÓN POR EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DICTAR ACUERDOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 871 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO"; por ese motivo, se reservó la confirmación del turno electrónico hasta en tanto se resolviera dicho asunto.
8. Confirmación de turno. En sesión de veinticuatro de abril del presente año, el Alto Tribunal declaró inexistente la referida contradicción de criterios, por lo que, en auto de once de junio siguiente, la Presidencia de este órgano jurisdiccional levantó la reserva decretada y, al encontrarse integrada la presente contradicción de criterios, se confirmó el turno electrónico,(5) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
9. Lista. El proyecto de trato se listó para su resolución el dos de agosto de dos mil veinticuatro.
I. Competencia
10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción I, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
11. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia de Trabajo suscitada entre Tribunales Colegiados del Tercer Circuito, sobre el que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
II. Legitimación
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero(6) de la Constitución Federal; y 227, fracción III,(7) de la Ley de Amparo, ya que la formuló el Magistrado Presidente de uno de los tribunales colegiados contendientes.
III. Amicus curiae
13. Conforme a los establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la sesión en que se programe la resolución del asunto.
14. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
IV. Criterios denunciados
15. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.
16 Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 575/2023.
16.1 Demanda. Una persona trabajadora demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, el reconocimiento de distintas enfermedades de trabajo, así como la revaloración de grado de incapacidad y el consecuente incremento de su pensión por incapacidad permanente parcial; de ese asunto conoció el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan.
16.2 Sentencia. La autoridad responsable absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social.
16.3 Amparo directo. Inconforme con esa determinación, la parte actora promovió demanda de amparo directo.
16.4 Postura adoptada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Negó la protección constitucional solicitada, al efecto, precisó que no pasaba desapercibido que con posterioridad a la celebración de la audiencia preliminar en el juicio de origen, la prosecución del expediente se llevó a cabo por la secretaria instructora adscrita al Tribunal Laboral responsable, ya que fue ésta quien designó perito oficial, requirió a la parte actora para que acudiera a la práctica de los estudios solicitados para demostrar sus acciones y la apercibió que en caso de no acudir, se declararía desierta dicha prueba, y por último, hizo efectivo el apercibimiento de mérito.
16.5 Al efecto, el órgano colegiado interpretó los artículos 870, 871, 895 y 899-E de la Ley Federal del Trabajo (en adelante LFT) y, concluyó que en la fase escrita del procedimiento (sea ordinario o especial), el Tribunal laboral podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor.
16.6 De igual modo, expuso que en la ejecutoria de la contradicción de criterios 268/2022,(8) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que el secretario instructor cuenta con las facultades que de manera expresa le confiere el numeral 871 de la LFT, así como de aquellas que le sean delegadas por la persona juzgadora de conformidad con la inciso f) de dicho precepto, respecto a la etapa escrita del proceso.
16.7 El tribunal puntualizó que el Juez es el único facultado para realizar las actuaciones trascendentales en el juicio laboral.
16.8 Destacó que si la propia Segunda Sala del Alto Tribunal reconoció que el secretario instructor puede realizar las actuaciones que le son delegadas por el juez, acorde a lo dispuesto por el artículo 871, fracción f), de la LFT, siempre y cuando sean de mero trámite y encaminadas a impulsar el procedimiento, no podría llegarse al extremo de considerar que, concluida la audiencia preliminar, cesa también la intervención del secretario instructor como auxiliar del juzgador, pues precisamente al haber establecido el legislador de manera genérica que éste podría llevar a cabo aquellas actuaciones que le son delegadas por el juzgador y que no encuadran dentro de las anteriores fracciones, encuentra justificación en que se permita la prosecución del juicio en actuaciones de mero trámite y que no se queden paralizados los procedimientos, pues una de las finalidades precisamente de la reforma al nuevo modelo de sistema de justicia laboral, es que se agilicen los trámites, procesos y su resolución.
16.9 El tribunal agregó que de otro modo no sería factible que el juzgador esté presente, tanto en las diversas audiencias que debe presidir conforme lo que dispone la propia ley, así como de dictar los acuerdos de trámite posteriores a la audiencia preliminar en cada uno de los asuntos sometidos a su potestad.
16.10 Estimó que aun cuando existen actuaciones que fueron suscritas por la secretaria instructora adscrita al tribunal laboral de origen, con posterioridad a la audiencia preliminar, las mismas se efectuaron acorde a la facultad que le fue delegada conforme al numeral 871, fracción f), de la LFT, así como a la circular 5/2022 de ese Tribunal, emitida por el juez responsable, la cual, previa solicitud, fue recibida vía correo oficial en este Pleno Regional y de la que el secretario proyectista da fe,(9) que es del tenor siguiente:
"CIRCULAR 05/2022
Zapopan, Jalisco, a cinco de octubre de dos mil veintidós
AL PÚBLICO EN GENERAL, A LAS PERSONAS LITIGANTES, PARTES DE LOS PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Por este medio, se hace del conocimiento la delegación de facultades que realizo para efecto de que las y los Secretarios Instructores adscritos a este Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, dicten todas las actuaciones o determinaciones de trámite que, estimen correspondientes, de conformidad con el artículo 871, inciso f), de la Ley Federal del Trabajo, de forma enunciativa y no limitativa, se incluyen la de requerir, declararse incompetente y la no admisión a trámite de los asuntos.
Lo anterior, con la finalidad de que las y los Secretarios Instructores, auxilien en el desahogo de las cuestiones de trámite, en razón de los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal, que rigen al derecho procesal del trabajo, para que el juzgador se pueda enfocar a la resolución de los recursos, sentencias y el desahogo de audiencias.
No obstante, se precisa que las determinaciones dictadas por la o el Secretario Instructor respectivo, no son definitivas, toda vez que, en contra de sus actos u omisiones, procede el recurso de reconsideración, cuando así proceda, bajo los términos establecidos en el último párrafo del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo.
ATENTAMENTE.
[RÚBRICA]
(...)
JUEZ DE DISTRITO DEL PRIMER TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES, EN EL ESTADO DE JALISCO, CON SEDE EN ZAPOPAN."
16.11 Finalmente, el tribunal estableció que las actuaciones firmadas por la secretaria instructora fueron determinaciones que encuadran en los supuestos de ser de mero trámite y que tenían como única finalidad, la debida integración del expediente para la citación a la correspondiente audiencia de juicio, lo que estimó válido.
17 Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 778/2023.
17.1 Demanda. Una persona trabajadora demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, el otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad; de ese asunto conoció el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan.
17.2 Sentencia. La autoridad responsable absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social de las prestaciones demandadas.
17.3 Amparo directo. En desacuerdo con lo anterior, la parte actora promovió demanda de amparo directo.
17.4 Postura adoptada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Otorgó el amparo solicitado.
17.5 De oficio, el tribunal advirtió la actualización de una violación procesal cometida en perjuicio de la parte quejosa que trascendió al sentido del fallo reclamado.
17.6 Consideró que dicha violación al procedimiento se verificó durante el desahogo de la prueba pericial médica que ofreció la quejosa, debido a que la forma en que habría de desahogarse ese medio de convicción no fue ordenada por autoridad competente.
17.7 Declaró que eran ilegales las diversas determinaciones realizadas por los secretarios instructores con posterioridad a que fue celebrada la audiencia preliminar ya que, en términos de lo dispuesto por los artículos 610 y 871, segundo párrafo, de la LFT, una vez celebrada la audiencia preliminar, la instrucción del juicio debía continuarse por el Juez de Distrito y no por la secretaria o secretario instructor.
17.8 Señaló que durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de su instrucción, el juez titular del tribunal laboral deberá estar presente en el desarrollo de las audiencias; no obstante, podrá auxiliarse de un secretario instructor para dictar los acuerdos relativos exclusivamente a la etapa escrita del procedimiento y hasta antes de la audiencia preliminar.
17.9 Sostuvo que el artículo 871, inciso f), segundo párrafo de la LFT, prevé que además de las actuaciones enunciadas en los restantes incisos, el juez podrá ordenar que el secretario instructor lleve a cabo otras actuaciones; sin embargo, ello no implicaba que puedan ser actuaciones posteriores a la audiencia preliminar, sino que conforme los numerales 610 y 871 de la ley de la materia, las actuaciones que el juez puede delegar a sus secretarios instructores, en adición a las previstas en la legislación, se limitan a aquéllas que tengan lugar antes de la celebración de la audiencia preliminar; por ende, era inconcuso que los secretarios instructores carecen de atribuciones para dictar acuerdos con posterioridad a la celebración de esa audiencia, pues una vez celebrada, corresponde de manera exclusiva al Juez de Distrito la continuación del trámite del juicio hasta su total conclusión.
17.10 Destacó que las actuaciones que fueron dictadas en la etapa de juicio y de forma autónoma por la secretaria y secretario instructores resultaban ilegales, toda vez que se realizaron sin la intervención del Juez de Distrito, y en la etapa de juicio, por lo que su actuación era contraria a lo dispuesto por los artículos 610 y 871 de la LFT.
17.11 Lo indicado, en tanto que fue la secretaria instructora y no el Juez quien decidió los términos en que debía prepararse y desahogarse la prueba pericial médica, inclusive, llevó a cabo requerimientos y apercibimientos a las partes en caso de incumplimiento, actuaciones que le corresponde en forma exclusiva al juez, pues constituyen determinaciones que se llevan a cabo en la etapa de juicio y con posterioridad a la celebración de la audiencia preliminar, de manera que en esa etapa es el juzgador quien debe instruir el juicio y recibir directamente las pruebas.
17.12 De igual manera, el tribunal contendiente evidenció que era ilegal el diverso acuerdo por el que el secretario instructor tuvo por recibido el informe de la perita oficial en el que hizo constar la imposibilidad para rendir la opinión técnica, derivado de que el actor no acudió a la diligencia de valoración física y con base en el cual, tácitamente, concluyó que no existían cuestiones por desahogar.
17.13 Reiteró que es el juez y no el secretario instructor quien debió proveer lo conducente en cuanto a allegarse del expediente clínico para ponerlo a la vista de la perito y que ésta se pronunciara respecto a la posibilidad o no de rendir su dictamen pericial, o bien, calificar de justificada la alegada imposibilidad y continuar con el juicio.
17.14 Insistió en que el Juez de Distrito es el único facultado para proveer lo conducente respecto al desahogo de la prueba pericial médica, por lo que si fue el secretario instructor quien calificó el alegado impedimento para rendir el dictamen, dicha determinación era ilegal, al ser emitida por quien carece de facultades para ello.
17.15 Hizo hincapié en que esa actuación constituye una violación a las leyes del procedimiento del juicio laboral, en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo, dado que la prueba pericial médica fue desahogada en forma contraria a la ley y se practicaron actuaciones en la etapa de juicio en contravención a lo dispuesto por los artículos 610 y 871 de la LFT; con lo cual se dejó sin defensa a la parte quejosa y trascendió al resultado del fallo.
V. Requisitos para la existencia de la contradicción
18. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, en el caso, la Región Centro-Sur, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.
19. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de "tesis", basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. 20. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P/J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(10)
21. Si la finalidad de estos asuntos es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
22. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
23. Por otra parte, no es necesario que los criterios divergentes constituyan jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten posturas distintas sobre un mismo punto de derecho.
24. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES",(11) así como la tesis aislada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(12)
25. En atención a lo expuesto, a continuación, se procederá a analizar si, en el caso, se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
VI. Existencia de la contradicción
26. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Cuarto y Sexto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver las ejecutorias denunciadas.
27. Ello es así, porque del análisis que se practica a las sentencias aquí involucradas, se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejan en los argumentos que soportaron sus correspondientes decisiones y se detallarán a continuación.
28. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado líneas atrás, se advierte con claridad que los tribunales colegiados contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, respecto a si en el nuevo sistema de justicia laboral, una vez concluida la audiencia preliminar y, por ende la fase escrita, el secretario instructor previa delegación del Juez de Distrito es competente o no para dictar acuerdos relativos a la preparación y desahogo de los medios de convicción admitidos a las partes.
29. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur determina que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos colegiados contendientes, existió un punto que detona un auténtico tema de contradicción, ya que los tribunales llegaron a conclusiones distintas sobre el mismo tema.
30. Así es, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al dictar la sentencia que aquí contiende, resolvió que conforme a lo establecido en el artículo 871, inciso f), de la LFT, una vez concluida la audiencia preliminar y, previa delegación del Juez de Distrito, el secretario instructor puede emitir los acuerdos encaminados a preparar y desahogar los medios de prueba, al tratarse de actuaciones de mero trámite (lo que incluye declarar desierta una prueba), ya que esa situación genera que los procedimientos no estén paralizados, sean más ágiles y, permite al juzgador estar presente en las audiencias que debe conducir.
31. Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, resolvió lo contrario, esto es, que dicho operador jurídico está legalmente impedido para hacerlo de forma autónoma, toda vez que el Juez/a de Distrito es el único facultado para depurar el procedimiento, admitir o desechar los medios de convicción ofrecidos por las partes y, decidir la forma en que deberán prepararse, asimismo, recibir las declaraciones y presidir todos los actos de prueba bajo su más estricta responsabilidad, ya que de no hacerlo, se afectarían derechos fundamentales y procesales, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM).
32. De lo expuesto, se advierte que los órganos jurisdiccionales no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos, sino que sus ejercicios interpretativos y resultados fueron opuestos; por tanto, se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de criterios.
33. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción de criterios. De lo hasta aquí expuesto, es válido concluir que los criterios de los órganos contendientes reflejan la siguiente discrepancia a dilucidar:
34. En el nuevo sistema de justicia laboral, finalizada la audiencia preliminar y, previa delegación de la persona juzgadora ¿es legalmente competente o no el secretario instructor, para actuar de forma autónoma emitiendo acuerdos sin la intervención del Juez/a en los que decida los términos y condiciones en que deben prepararse y desahogarse los medios de prueba admitidos a las partes?
35. No se soslaya que, en el auto de Presidencia de seis de marzo de dos mil veinticuatro, se fijó como punto de contradicción: "S
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32759-5ee4933a/secretario-instructor-carece-de-facultades-para-dictar-acuerdos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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