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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DICTADAS EN CONFLICTOS INDIVIDUALES EN MATERIA LABORAL. PARA SU VALIDEZ BASTA QUE LAS FIRME LA PERSONA JUZGADORA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 68/2025. · Registro digital (IUS): 33407
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-07-11
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.500.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 68/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. SECRETARIO: VÍCTOR RAÚL CAMACHO SEGURA.

El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 68/2025, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito,(1) al resolver los juicios de amparo directo 624/2023 y 715/2023, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito,(2) al resolver los juicios de amparo directo, 756/2022, 1298/2022, 20/2023, 198/2023 y 322/2023.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de contradicción de criterios. Mediante oficio de quince de abril de dos mil veinticinco, signado por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el referido Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo directo 624/2023 y 715/2023, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo, 756/2022, 1298/2022, 20/2023, 198/2023 y 322/2023, de los cuales derivó la jurisprudencia X.2o. T. J/2 L(11a.), con registro digital 2029285, de título y subtítulo: “SENTENCIAS EN EL JUICIO LABORAL. PARA SU VALIDEZ DEBEN FIRMARSE TANTO POR LA PERSONA JUZGADORA COMO POR EL SECRETARIO INSTRUCTOR.”.

2. Dicho oficio fue recibido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el veintiuno de abril del presente año.

3. Trámite ante este Pleno Regional. El veintidós de abril de dos mil veinticinco, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional, María Enriqueta Fernández Haggar, radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo y Décimo Circuito, para que remitieran la versión electrónica, con firmas, del proveído en el que informen si el criterio sustentado de su índice seguía vigente; asimismo, remitieran su determinación y pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico de tales asuntos, a través del Sistema Electrónico del Consejo.

4. De igual forma, ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que se delimitó preliminarmente por presidencia de la siguiente manera: SENTENCIAS EN EL JUICIO LABORAL. DETERMINAR SI PARA SU VALIDEZ ES NECESARIO QUE TAMBIÉN LA FIRME EL SECRETARIO INSTRUCTOR O BASTA CON QUE LO HAGA LA PERSONA JUZGADORA.

5. Por último, se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.

6. Por acuerdo de veinticinco de abril siguiente, se tuvieron por recibidos los informes de los Tribunales Colegiados contendientes, en los que señalaron se encuentra vigente el criterio sustentado en los juicios de amparo directo 756/2022, 1298/2022, 20/2023, 198/2023, 322/2023, así como 624/2023 y 715/2023, respectivamente; habilitaron la consulta de dichos expedientes electrónicos; y, remitieron las resoluciones respectivas.

7. Mediante proveído de doce de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos seis meses no había sido radicada en ese máximo tribunal contradicción de criterios alguna en la que el tema fuera el ya precisado en acápites precedentes.

8. Asimismo, se confirmó el turno electrónico al Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.

9. El presente asunto se incluyó en la lista de veinte de mayo de dos mil veinticinco para su discusión en sesión de veintiocho de mayo siguiente.

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

11. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo y Décimo Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.

III. LEGITIMACIÓN

12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.

14. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver los amparos directos 624/2023 y 715/2023.

15. Precisión inicial. Es menester destacar que, en ambos asuntos, el tribunal contendiente arribó a la misma conclusión, pues de un examen comparativo efectuado a esas resoluciones, se advierten los mismos razonamientos y argumentos para resolver en el sentido en que lo hizo en torno a la materia de contradicción que nos ocupa. De manera que, a fin de evitar repeticiones innecesarias, únicamente se hará alusión al primero de ellos (624/2023).

16. Marco referencial. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados en Materia Laboral del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, una persona promovió juicio laboral contra diversos demandados, de quienes reclamó, entre otras prestaciones, la indemnización constitucional con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto.

17. Así, por auto de once de febrero siguiente, el secretario instructor adscrito al Juzgado Especializado en Materia Laboral del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Poza Rica, Veracruz, órgano jurisdiccional a quien correspondió conocer de la demanda, la admitió bajo el número **********.

18. De ese modo, una vez emplazadas las partes, formulada la contestación, réplica y contrarréplica, se citó a la celebración de la audiencia preliminar, la que se llevó a cabo el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en la que se estableció que no había recursos de reconsideración por resolver; se fijaron los hechos no controvertidos y se realizó el pronunciamiento respectivo de las pruebas ofrecidas por las partes.

19. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de juicio, en la que el Juez tuvo por formulados los alegatos de las partes.

20. Finalmente, el uno de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Local dictó sentencia en la cual consideró procedente la vía ordinaria laboral intentada, además estimó que la parte actora probó su acción de manera parcial, en consecuencia, condenó al pago de la indemnización constitucional y de algunas prestaciones derivadas de aquélla, y absolvió de otras, firmando la sentencia únicamente el juzgador.

21. En contra de dicha determinación, la patronal demandada promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, cuya presidencia, en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la admitió bajo el expediente 624/2023, y mediante proveído de veintinueve de junio del citado año, turnó el asunto para la elaboración del proyecto correspondiente.

22. En sesión ordinaria de trece de marzo de dos mil veinticinco, el tribunal colegiado negó la protección constitucional solicitada, y en lo que es materia de la presente contradicción, determinó que para que la sentencia sea válida, basta que el juez que la emitió la haya firmado, sin necesidad de que la signe el secretario instructor o algún otro funcionario.

23. Consideraciones que sustentan el criterio sostenido en el aludido juicio de amparo directo 624/2023 (y diverso 715/2023). Previamente a emprender el estudio de los conceptos de violación, el tribunal contendiente destacó que la sentencia recurrida sólo fue firmada por el juez responsable, sin asistencia del secretario instructor, circunstancia que estimó, no la invalida.

24. Al respecto, citó el contenido de los artículos 3 Ter, fracción VI, 610, 720, fracción IV, 721, primer párrafo, 837, 839, 840, 857, 871, 873-J y 894 de la Ley Federal del Trabajo,(3) de cuya interpretación dedujo las siguientes premisas:

25. *Cuando la normatividad se refiere al “Tribunal”, debe entenderse que lo hace al juez o jueza titular.

26. *Por regla general, corresponde al juez el trámite del juicio ordinario, quien puede auxiliarse en la etapa escrita del secretario instructor para la emisión de determinados acuerdos y providencias.

27. *El titular del órgano es el único facultado para depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes; los incidentes; establecer los hechos no controvertidos; admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso, y decidir la forma en que deberán prepararse; recibir por sí mismo las declaraciones, y presidir todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad; citar para audiencia de juicio; resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor; y para emitir la sentencia que ponga fin al procedimiento.

28. *Existen resoluciones que pueden ser autorizadas y firmadas por el juez, o bien, por el secretario instructor, cuando el juez así lo haya delegado, como sucede en los ejemplos nominados en los artículos 857 y 871 de la Ley Federal del Trabajo.

29. *Si bien el secretario instructor puede autorizar y firmar resoluciones, éstas se encuentran acotadas a actos de carácter procesal que tengan por efecto el impulso del procedimiento única y exclusivamente en la etapa escrita, considerando que de esa naturaleza son los acuerdos o providencias que, expresamente, la Ley le permite dictar a dicho funcionario en apoyo del juzgador; después de esa fase, el secretario instructor carece de facultades legales para dictar acuerdos, sin la intervención del juez, incluso aunque se lo delegare.

30. *Las audiencias deberán ser precedidas por el juez con asistencia del secretario instructor; asimismo, a cada audiencia recaerá un acta que deberá ser firmada por el juez y el secretario instructor.

31. *En la audiencia de juicio podrá dictarse la sentencia, en cuyo caso se pondrá a disposición de las partes el texto de la misma, o bien, atendiendo a la complejidad del asunto, podrá ser emitida dentro de los cinco días siguientes.

32. En el contexto jurídico descrito, el tribunal contendiente estimó que, tratándose de la sentencia, únicamente tendrá como requisito de validez que sea firmada por el único funcionario facultado para emitirla, esto es, por el juez; lo anterior, sin que la Ley Federal del Trabajo exija que deba ser asistido por el secretario instructor o por algún otro funcionario.

33. Lo anterior lo consideró así, pues una vez concluida la fase escrita, el resto de decisiones son responsabilidad única y exclusiva del juez, ya que agotada dicha fase, el secretario instructor no puede dictar acuerdos, pues sustituiría al juzgador en una etapa en la que la ley no lo autoriza, pues de conformidad con el principio de legalidad imperante en nuestro sistema jurídico, las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que expresamente las faculta la ley; por ende, al no encontrase expresamente facultado para emitir esa determinación, es evidente que el secretario instructor no puede autorizar o firmar otras actuaciones, con la salvedad de signar las audiencia que se celebren.

34. Por lo tanto, el tribunal contendiente concluyó que para que la sentencia sea válida, basta que el juez que la emitió la haya firmado, sin necesidad de que la signe el secretario instructor o algún otro funcionario.

35. Destacó que la anterior conclusión no significa que, si una sentencia es firmada por el juez y el secretario instructor, la torne inválida, pues si es signada por el juez que la emitió, ello basta para considerarla válida, más allá de que contenga otras firmas que jurídicamente resulten innecesarias.

36. Hecho lo cual, el tribunal contendiente precisó que el estudio de los conceptos de violación debía efectuarse bajo la figura de estricto derecho, toda vez que la parte quejosa era la patronal; de modo que consideró inoperantes los motivos de disenso y, en consecuencia, negó la protección constitucional solicitada.

37. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver los juicios de amparo directo 756/2022, 1298/2022, 20/2023, 198/2023 y 322/2023.

38. Precisión inicial. Es menester destacar que, en los cinco asuntos, el tribunal contendiente arribó a la misma conclusión, en cuanto que, de un examen comparativo efectuado a esas resoluciones, se advierten iguales razonamientos y argumentos para resolver en el sentido en que lo hizo respecto a la materia de contradicción que nos ocupa. De manera que, a fin de evitar repeticiones innecesarias, únicamente se hará alusión al primero de ellos (756/2022).

39. Marco referencial. Mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, una persona demandó de otra, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el pago de su indemnización constitucional y otras prestaciones, con motivo del despido injustificado del que afirmó fue objeto.

40. Por auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria instructora adscrita al Cuarto Tribunal Laboral de la Región Uno, con sede en Villahermosa, Tabasco, radicó la demanda y previno al accionante a fin de que precisara diversas circunstancias.

41. Mediante proveído de veintisiete de mayo siguiente, la secretaria instructora tuvo al actor desahogando la prevención, en consecuencia, acordó que no se tendría como demandados al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, porque las prestaciones que reclamaba el actor serían tomadas en cuenta al momento de dictar la sentencia correspondiente.

42. Asimismo, requirió al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, para que informara sobre el resultado de la conciliación prejudicial o no conciliación respecto de la demandada indicada como “quien resulte ser responsable y propietario del taxi, número económico **********, con placas de circulación **********, y quien resulte responsable de la relación laboral.”

43. Posteriormente, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, la secretaria instructora tuvo al actor exhibiendo las constancias de no conciliación de los demandados “quien resulte responsable y propietario del taxi económico **********, con placas de circulación **********, y quien resulte responsable de la relación laboral”, así como de la demandada física **********; en consecuencia, admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria laboral, únicamente por éstas, y ordenó su emplazamiento.

44. De ese modo, una vez emplazadas las partes, formulada la contestación, réplica y contrarréplica, se citó a la celebración de la audiencia preliminar, la que se llevó a cabo el veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

45. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de juicio en el procedimiento ordinario laboral, en la que el juez laboral señaló que la sentencia correspondiente se emitiría en el término de cinco días hábiles siguientes, lo cual ocurrió el veintinueve de abril siguiente, y fue signada únicamente por el juzgador.

46. En contra de dicha determinación, el trabajador-actor promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, cuya presidencia, en acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, la admitió bajo el expediente 756/2022, y mediante proveído de veinte de octubre del citado año, turnó el asunto para la elaboración del proyecto correspondiente.

47. En sesión ordinaria de cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, el tribunal colegiado otorgó la protección constitucional solicitada, al estimar de oficio, que se violaron las normas que rigen el procedimiento laboral, en cuanto que la sentencia dictada por el tribunal laboral responsable, no estaba firmada por el secretario instructor, sino únicamente por el juez que la emitió.

48. Consideraciones que sustentan el criterio sostenido en el aludido juicio de amparo directo 756/2022 (y en los diversos 1298/2022, 20/2023, 198/2023 y 322/2023). El tribunal contendiente procedió al análisis de infracción al procedimiento que, como advirtió en suplencia de queja deficiente, ameritó fuera reparada en esa vía y de estudio preponderante.

49. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2014 (10a.),(4) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ANALIZAR TODAS LAS QUE LE PROPONGAN LAS PARTES O QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL LAUDO CAREZCA DE LA FIRMA O DE LA IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO O DEL SECRETARIO QUE LO AUTORIZA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).”

50. En ese sentido, el tribunal contendiente estimó que en los juicios laborales se consideran violadas las normas que rigen el procedimiento y que afecta las defensas del quejoso, entre otros, en los supuestos establecidos en las fracciones XI y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo.(5)

51. De dicho numeral el tribunal de mérito obtuvo que el legislador considera que se violan las normas que rigen el procedimiento, cuando las diligencias judiciales se practiquen de forma distinta a la prevenida por la ley o bien, se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. 52. En este tenor, precisó lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 196/2020, cuyos razonamientos transcribió,(6) y de la cual surgió la jurisprudencia 2a./J. 68/2020 (10a.), de rubro: “REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. ANTE LA FALTA DE FIRMA DEL PRESIDENTE O DEL AUXILIAR DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE INTERVINIERON EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO Y ORDENAR AQUÉLLA PARA SUBSANAR ESA IRREGULARIDAD, INCLUYENDO LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES.”(7)

53. Misma razón por la cual consideró irrelevante la calidad del quejoso en el juicio laboral, pues la violación procesal destacada constituía un aspecto de magnitud mayor que debía repararse por el órgano de amparo, de lo contrario, se estaría subsanando el vicio de origen.

54. También el tribunal contendiente estimó necesario definir que el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional constituye un instrumento de primer orden que el Estado está obligado a establecer a favor de toda persona, con el fin de que tenga acceso a tribunales independientes e imparciales.

55. Al respecto, destacó que la Primera Sala del Alto Tribunal del país en la tesis 1a. LXXIV/2013 (10a.),(8) establece que el derecho de acceso efectivo a la justicia se compone de diversas etapas: (I) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (II) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso (donde están comprendidas las medidas precautorias y el cumplimiento a las sentencias); y, (III) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas.

56. Tanto el artículo 17 de la Constitución General de la República como los diversos preceptos 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son categóricos al establecer que el derecho a la tutela jurisdiccional se traduce en la obligación del Estado Mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos a los tribunales en condiciones de equidad y que las respuestas que obtengan de estos últimos resuelvan los conflictos en forma efectiva tanto para los individuos involucrados como para la sociedad en general.

57. El órgano colegiado señaló que la fuerza vinculante del derecho de acceso a la tutela jurisdiccional es directa e irradia en un campo amplio que, por un lado, dota de seguridad y protección a los individuos y, por otro, garantiza que el Estado continúe ejerciendo el monopolio legítimo de la fuerza pública, a efecto de mantener el orden y la paz social.

58. El tribunal contendiente destacó además que, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete fueron modificados y adicionados algunos de los artículos de la Constitución Federal, aunado a que el uno de mayo de dos mil diecinueve entró en vigor la reciente Ley Federal del Trabajo, con lo que se dio origen al nuevo sistema de justicia laboral. El fin primordial del legislador, radicó en actualizar las leyes laborales a las circunstancias actuales que padece y vive el Estado Mexicano, debido a que las instancias impartidoras de justicia quedaron desfasadas entre las medidas y expectativas de la sociedad, derivado de las descomunales cargas de trabajo por el incremento de sumarios, para lo cual propuso: a) que la justicia laboral se imparta por órganos del Poder Judicial Federal o de los Poderes Judiciales Locales, según corresponda; b) la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir; y, c) revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales, a fin de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación; así como crear un organismo descentralizado de la administración pública federal, que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias.

59. Asimismo, reiteró que las reformas propuestas “buscan consolidar la autonomía y eficacia de la impartición de justicia...”. Señaló además que la exposición referida asevera que se pretende una “reforma de fondo al derecho procesal del trabajo”.

60. De ese modo, el tribunal contendiente indicó que, por regla general, corresponde al Juez el trámite del juicio ordinario, y es él el único facultado para depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes; establecer los hechos no controvertidos; admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso, y decidir la forma en que deberán prepararse; recibir por sí mismo las declaraciones, y presidir todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad; citar para audiencia de juicio; resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor; y para emitir la sentencia que ponga fin al procedimiento.

61. Por tanto, dada la naturaleza trascendental de dicha resolución, consideró que esa potestad debe estar expresamente contemplada en la ley, lo cual como se vio no acontece.

62. En consecuencia, consideró que, como puede observarse, de la exposición de motivos del decreto en que se reformó la Ley Federal del Trabajo el legislador destacó que la finalidad de dicha reforma fue consolidar la eficacia de la justicia laboral, y si bien la Ley Federal del Trabajo, en su redacción actual, no prevé en forma expresa que las sentencias deben firmarse tanto por el juez como por el secretario, lo cierto es que tampoco se establece lo contrario, en tanto que de una interpretación sistemática de los artículos 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo(9) es dable concluir que tanto las actuaciones como todas las resoluciones deben firmarse por el juez y el secretario que corresponda, ya que la firma que plasma la autoridad en dichos documentos, es el signo manifiesto con el que validan su contenido, cumpliendo con la obligación que le imponen los mencionados preceptos legales.

63. Lo anterior lo consideró así el Tribunal contendiente, pues tales vicios (que el Juez y/o secretario no firmen la sentencia) son de tal magnitud que las partes quedan en estado de indefensión por afectar alguno de sus derechos sustantivos o que en todos los casos la sentencia resulte nula de pleno derecho, pues tiene que ver con la carencia de una formalidad que constituye un elemento esencial a discernir y que por su naturaleza práctica y casuística genera incertidumbre, dado que no puede surtir plenos efectos.

64. Además, indicó que, en cuanto a formalidades, es posible aplicar la teoría general del acto jurídico, dado que la sentencia tiene formalidades que podríamos llamar exteriores y formalidades internas o de contenido; es decir, toda sentencia debe tener una fecha, las firmas respectivamente del juez y secretario o del magistrado o magistrados. Faltando algún elemento formal de esta naturaleza, la sentencia padece de un vicio formal.

65. En suma, insistió, una cuestión tan relevante y trascendente como emitir la sentencia que ponga fin al procedimiento, no podría ser solamente firmada por uno de los funcionarios públicos mencionados, cuenta habida que ello constituye un elemento esencial a discernir y que por su naturaleza práctica y casuística genera incertidumbre, dado que no puede surtir plenos efectos.

66. Lo anterior lo robusteció con el hecho de que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la Ley Federal del Trabajo abrogada, que existen resoluciones laborales que, por su naturaleza, importancia y trascendencia, deben ser emitidas por las autoridades laborales de mayor rango, como son el juez y el secretario. Tal como lo informa la jurisprudencia de rubro: “DEMANDA LABORAL. EL AUTO DESECHATORIO DE UNA DEMANDA DEBE SER COLEGIADO, POR REGLA GENERAL”.(10)

67. Ello, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la supra citada jurisprudencia 2a./J. 68/2020 (10a.), trae como consecuencia su nulidad y de las subsecuentes actuaciones, pues al no poder constatarse en términos precisos la litis sometida a consideración de la responsable, ni las pruebas que se desahogaron como producto de tal ilicitud, tampoco es factible pronunciarse sobre posibles vulneraciones a derechos, que deriva de omisiones o ilegalidades en la apreciación de los escritos y posturas asumidas por las partes; pues de otra forma se convalidaría un acto viciado de origen.

68. En ese contexto, el tribunal contendiente advirtió que, de las actuaciones obrantes en el juicio laboral, se apreciaba que se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de juicio, en la cual una vez que se declaró desahogada, el juez acordó que la sentencia respectiva se emitiría de manera excepcional en el término de cinco días hábiles, firmando dicha audiencia el Juez laboral y la secretaria instructora.

69. Posteriormente, el Juez del Tribunal Laboral dictó la sentencia correspondiente, de la que se desprendía que únicamente estaba firmada por dicho juez, no así por la secretaria instructora.

70. Lo cual llevó al tribunal contendiente al convencimiento de que no se respeta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33407-14675ed7/sentencias-dictadas-en-conflictos-individuales-en-materia-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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