ACCIÓN DE NULIDAD DE UN CONVENIO SANCIONADO POR LA AUTORIDAD LABORAL. EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA EXAMINAR DE OFICIO, EN EL ACUERDO INICIAL, SU PROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 148/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 3 DE ENERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: MAGISTRADO JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ. SECRETARIO: JOSÉ LUIS RUIZ MUÑOZ.
II. COMPETENCIA
4. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el juez de Distrito adscrito al Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
6. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, al resolver el cuaderno auxiliar 178/2023 (derivado del juicio de amparo directo 877/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito), en sesión de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, determinó que el juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales está facultado legalmente para desechar la demanda cuando se reclame la nulidad de un convenio laboral sancionado por una Junta de Conciliación y Arbitraje si constituye cosa juzgada, conforme a lo siguiente:
"103. En el caso que nos ocupa, de las constancias que integran el sumario laboral de origen se advierte que el actor-quejoso demandó de la patronal Comisión Federal de Electricidad la nulidad del convenio de pensión por jubilación de seis de agosto de dos mil veintiuno, al considerar que la misma se había calculado incorrectamente al no haberse cuantifica (sic) con base al último salario diario integrado que percibía; tal pacto de voluntades se celebró en los siguientes términos:
"...
"104. Dicho convenio fue ratificado ante la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, de la siguiente manera:
"...
"105. De la lectura de las constancias antes digitalizadas –adverso a lo que manifestó el accionante–, se deduce que el convenio cuya nulidad demandó no fue celebrado de manera privada, sino que se presentó y ratificó por sus intervinientes ante la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, quien lo aprobó definitivamente el once de agosto de dos mil veintiuno, conforme a la voluntad de las partes –quienes expresamente sostuvieron que no contenía cláusula contraria a la moral o al derecho–, partiendo de la base de que dicha autoridad obrera previamente realizó una revisión en cuanto a que no contenía una renuncia de derechos en perjuicio del obrero, incluyendo la narrativa respectiva de hechos y derechos acorde al referido numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo.
"106. Al respecto, el juez federal laboral determinó desechar la demanda obrera por notoriamente improcedente de conformidad con lo establecido en los artículos 48, quinto párrafo, y 872 de la Ley Federal del Trabajo, al considerar que la acción intentada por el actor-disidente es improcedente, pues pretende la revocación de un acuerdo de voluntades que fue sancionado y aceptado por él y la parte patronal ante una autoridad laboral; dicha determinación la sustentó –en lo que interesa para el dictado de esta ejecutoria– en las siguientes consideraciones:
"...
"107. Dicha determinación –contrario a lo que sostiene el impetrante de amparo– resulta ajustada a derecho, puesto que si el convenio de mérito reúne los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, por así haberlo sancionarlo (sic) la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo; entonces, tanto los hechos ahí narrados como los montos liquidados y su clausulado deben surtir sus efectos y vincular a las partes intervinientes.
"108. Y es así, pues ciertamente este tribunal colegiado advierte que, en el caso, se colman los extremos exigidos en el artículo 33 en mención y en la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.) titulada: ‘CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).’ –previamente reproducida–, en razón de que el convenio tildado de nulo:
"1. Consta por escrito y fue celebrado el seis de agosto de dos mil veintiuno.
"2. Contiene una relación circunstanciada de los hechos que lo motivaron y de los derechos que sean su objeto, ya que de su contenido se advierte que existió una relación laboral entre el disidente y su empleadora, manifestando su categoría, salario y jornada laboral; asimismo, pactaron ambas partes que daban por terminada la relación laboral, debido a la solitud (sic) de jubilación del trabajador por años de servicio y edad, por lo que se pactó el monto por concepto de prima legal de antigüedad.
"3. Fue ratificado tanto por el trabajador ... como por la empresa empleadora.
"4. Fue aprobado por la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, el once de agosto de dos mil veintiuno.
"109. Por eso, al encontrase reunidos los requisitos antes indicados –como lo estimó el juez federal responsable– el convenio de seis de agosto de dos mil veintiuno, debe ser vinculante para las partes, y no puede ser materia de nulidad en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por la Junta de Conciliación y Arbitraje; lo que se traduce en que, la acción de nulidad en comento es improcedente, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones que fueron materia de dicho pronunciamiento; ello, en razón de que ya fueron admitidos por las partes al ratificarlo, cuya legalidad debe ser verificada por la Junta, al aprobar el convenio, de manera que ni dicho órgano jurisdiccional ni las partes pueden desconocer lo ya admitido y aprobado conforme al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.
"110. Y es así, ya que el citado artículo 33 estableció el procedimiento idóneo para que la autoridad judicial laboral verifique que en los convenios celebrados en esta materia no existe renuncia de derechos, con el fin de tutelar a los trabajadores, pero también para dotar de certeza y estabilidad a lo pactado. Tal precepto, se insiste, es aplicable a todos los convenios en materia de trabajo, con independencia del momento procesal en que se celebren.
"111. Por consiguiente, una vez que hay pronunciamiento de la Junta en el sentido de que en el convenio no existe renuncia de derechos, después de haber verificado su contenido y lo expuesto en la audiencia de su ratificación, debe tenerse como una resolución firme, por lo que ya no es posible que sea revocada ni modificada en un juicio posterior, en el que se pretende cuestionar lo que fue materia de verificación por la Junta al aprobar el convenio, salvo la posibilidad que existe de su impugnación por medio del juicio de amparo, sea indirecto o directo. Al respecto, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que las Juntas no pueden revocar sus propias determinaciones.
"112. Dicho en otras palabras, si un convenio reúne los requisitos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, y así lo determina la junta laboral al aprobarlo, tanto los hechos ahí narrados, los montos liquidados y su clausulado deben surtir efectos y vinculan a las partes, por lo que es improcedente que ahora el disidente haga valer la nulidad del convenio aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por la junta laboral.
"113. Considerar lo contrario, implicaría admitir la posibilidad de que el trabajador pudiera en una vía distinta retractarse en cualquier momento, incluso muchos años después, de lo establecido en el convenio, en el cual expresó su voluntad, situación que, por una parte, afecta la seguridad jurídica de las partes y, por otra, desnaturaliza dichos convenios, los cuales se celebran en un procedimiento específico que permite su ratificación en audiencia ante la junta laboral, quien se encuentra obligada a verificar que no existe renuncia de derechos, y ello dota de certeza jurídica y estabilidad a lo pactado.
"114. Tal conclusión es idónea, además, para garantizar la eficacia de los medios alternativos de solución de controversias ordenados en el artículo 17 constitucional, sin que la estabilidad resultante de respetar lo pactado y determinado en el propio procedimiento establecido por el legislador en el citado artículo 33 sea lesiva de los derechos de los trabajadores, pues no debe olvidarse que tales convenios deben ser ratificados por el propio interesado, quien podrá exponer las aclaraciones y alegaciones que estime pertinentes en la audiencia de ratificación, y en términos del mencionado precepto la junta está obligada a verificar que no existe renuncia de derechos.
"115. Todo lo anterior, con base en el principio de irrenunciabilidad previsto en los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, constitucional y 33 de la Ley Federal del Trabajo, pues tal convenio además fue ratificado ante la junta laboral y sancionado por ella, mediante resolución firme, pues no es plausible que las partes en un juicio posterior se retracten de tales manifestaciones y aduzcan renuncia de derechos, desconociendo una resolución firme en perjuicio de la seguridad y certeza jurídicas.
"116. Luego, si el justiciable promovió el juicio laboral de mérito en el que adujo que dicho convenio era nulo porque la indemnización o liquidación ahí pactadas resultaban inferiores a las condenas laudadas, la acción debió considerarse improcedente, en virtud de que hay determinación firme de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de que no existe la renuncia de derechos aducida por el actor, sin que tal pronunciamiento pueda ser analizado nuevamente.
"117. De manera que, el referido convenio –al haber sido autorizado y sancionado por la autoridad obrera respectiva– adquiere el carácter de cosa juzgada y definitivo, elevándose así a la categoría de sentencia ejecutoriada, pudiéndose ejecutar en la vía judicial en caso de incumplimiento; por ende, no es factible que ahora y a través de un diverso litigio laboral pueda ser revocado, modificado o nulificado, ya que se contravendría el principio de certeza jurídica en detrimento de los intervinientes.
"118. Y es así, ya que la institución de la cosa juzgada se configura como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, esto es, se trata de una institución en la que descansan los principios de certeza y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuya procedencia se actualiza no en función de los argumentos que se hayan tomado en consideración al momento de analizar lo atinente a tal convenio, sino que propiamente en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por la Junta de Conciliación y Arbitraje; es decir, en el convenio cuya nulidad se reclama se presentó y ratificó por sus intervinientes ante la junta obrera en comento, quien lo aprobó definitivamente el once de agosto de dos mil veintiuno, conforme a la voluntad de las partes –quienes expresamente sostuvieron que no contenía cláusula contraria a la moral o al derecho–, partiendo de la base de que dicha autoridad obrera previamente realizó una revisión en cuanto a que no contenía una renuncia de derechos en perjuicio del obrero, incluyendo la narrativa respectiva de hechos y derechos acorde al referido numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que, ahora no puede tildarlo de nulo.
"119. Es aplicable, por las razones que la motivan y atendiendo a la existencia del convenio como sentencia ejecutoriada derivado de su aprobación por la autoridad laboral, la jurisprudencia 2a./J. 109/2019 (10a.) autorizada por la Segunda Sala del máximo tribunal constitucional del país, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 70, septiembre de 2019, Tomo I, materia laboral, página 292, con registro digital: 2020555, que dice:
"‘EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO EN UN LAUDO YA SE ANALIZÓ LO RELATIVO A LA DEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN JUBILATORIA, CON BASE EN DETERMINADAS PRESTACIONES.’ (se transcribe)
"120. Sin que sea óbice a la conclusión antes alcanzada, lo concerniente a que el justiciable aduzca vicios en el consentimiento a fin de evidenciar la nulidad del convenio de que se trata; puesto que, si de conformidad con la citada jurisprudencia titulada: ‘CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).’, resulta improcedente la acción principal de nulidad de convenio por renuncia de derechos, entonces, por mayoría de razón, también lo es en tratándose de los vicios formales; máxime, como ya se indicó, que el nuevo sistema de justicia laboral tiene como propósito garantizar con la creación de organismos descentralizados autónomos, con capacidad técnica y operativa, y personal especializado en la materia, para que las partes de manera libre y espontánea puedan llegar a un convenio con su plena satisfacción y sin ningún tipo de coerción, engaño o mala fe, ya que se le encomendó a un funcionario conciliador o la propia junta de cerciorarse de no se violen los derechos al trabajador y queden indefensos ante su patrón, redactando los hechos y las circunstancias que dieron lugar al convenio, pues el esquema del procedimiento de conciliación garantiza la voluntariedad en su suscripción, es decir, libre de vicios del consentimiento; pues, inclusive, puede rechazar la oferta y judicializar la controversia –al encontrarse previamente asesorado–.
"...
"122. De ahí que, el convenio reprochado de nulo al haber sido sancionado por la Junta de Conciliación en cita adquiere el carácter de cosa juzgada.
"123. En esa tesitura, cabe acotar que la posibilidad de desechar una demanda laboral se encuentra inmersa como una posible consecuencia del derecho de acción, incluso así lo enuncia el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, y es válido cuando no se surtan –de forma insuperable– los presupuestos de procedibilidad de la acción que permitan admitir una controversia, como acontece en la especie, al actualizarse la figura jurídico-procesal de la cosa juzgada respecto del convenio de cuya nulidad se demanda.
"124. Además, ello también puede deducirse del diverso numeral 873 en relación con el ya invocado 987, ambos de la citada legislación obrera, puesto que esos convenios adquieren la categoría de sentencia ejecutoriada y por su naturaleza ya no pueden ser revisados por la autoridad ordinaria.
"125. En esas condiciones, si el creador de la norma dispuso en el precepto legal 873 en mención que la demanda se admita cuando está ajustada a derecho, resulta válido inferir que si no lo está y no es posible subsanar tal cuestión, entonces, no se debe admitir; lo cual, precisamente acaeció en el acto reclamado, en el que se surte la característica analizada y que permite el desechamiento de la demanda.
"126. Máxime que –atendiendo al contenido del acuerdo de voluntades de mérito–, es patente el motivo que condujo al desechamiento analizado, partiendo de la base de que a ningún fin práctico llevaría que –como lo pretende el quejoso– se admitiera y tramitara una demanda cuya acción principal es jurídicamente improcedente, cuando esa característica es evidente desde ese estadio procesal.
"126. (sic) Resulta aplicable –por las razones que la motivan– la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala del máximo tribunal constitucional, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia constitucional, página 487, con registro digital 2005717, que dice:
"‘PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.’ (se transcribe)
"127. Y es así, pues al permitirse la substanciación de un asunto como el que se trata, se contraría la voluntad del legislador de otorgar fuerza definitiva a los convenios, procurar la conciliación, respetar los acuerdos tomados y mantener la efectividad de los tribunales laborales no activando el engranaje judicial sin justificación alguna, pasándose por alto también la intención de evitar a las partes un juicio costoso y desgastante.
"128. Ello, a virtud de que la institución de la cosa juzgada que se actualiza sobre el acuerdo al que llegaron las partes debe estudiarse y decretarse de oficio, ya que su origen deriva de la propia Ley Federal del Trabajo, según se vio, así como los principios del derecho y la jurisprudencia.
"129. En efecto, la fuerza de ley de esa figura jurídico-procesal obliga al juzgador a abstenerse de revisar lo ya decidido, por lo que aunque no haya sido planteada como excepción por la parte demandada –en el juicio o en su contrato colectivo– constituye un hecho notorio que no puede dejarse de atender, ya que es una obligación fundamental de los juzgadores aplicar el derecho, independientemente de que las partes lo hagan valer.
"130. De ahí que –contrario a lo que afirma el disidente–, ese proceder del juez federal laboral no resulta conculcatorio de derechos fundamentales.
"131. Lo anterior, así lo establece la jurisprudencia 2a./J. 75/2019 (10a.) autorizada por la Segunda Sala del supremo tribunal constitucional, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, junio de 2019, materia laboral, página 2072, con registro digital: 2019995, que enseguida se transcribe:
"‘COSA JUZGADA EN EL JUICIO LABORAL. TANTO LA AUTORIDAD LABORAL COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBEN ANALIZARLA DE OFICIO, AUN CUANDO EL DEMANDADO NO LA HAYA OPUESTO COMO EXCEPCIÓN.’ (se transcribe)
"132. Sin que sea dable considerar que con la determinación antes alcanzada, en cuanto a la actualización de la institución de cosa juzgada respecto del convenio, pudiera vulnerar la
garantía de defensa adecuada tutelada a favor del justiciable; ello, en razón de que ha quedado agotada la vía ordinaria establecida para la celebración y ratificación de dicho pacto de voluntades, al momento en que fue debidamente sustanciada ante una autoridad legal, reconocida y facultada constitucionalmente para ello, en el caso particular y en el proceso transicional la referida Junta de Conciliación y Arbitraje, y en el supuesto del nuevo sistema de justicia laboral la autoridad conciliadora –reconocida novedosamente como una nueva figura–; puesto que, por si fuera poco, existe una instancia extraordinaria como lo es el juicio de amparo indirecto, en la que –desde luego– podrá analizarse no únicamente lo concerniente a la viabilidad de cualquier circunstancia que vulnere los derechos fundamentales de la parte obrera, sino también cualquier tema relacionado con violaciones acaecidas dentro del convenio, o bien alguna situación de vicios del consentimiento del propio acuerdo de voluntades o de renuncia de derechos, es decir, todas aquellas circunstancias de forma o de fondo serán materia de estudio en dicha sede constitucional; es por eso que, no se conculca la prerrogativa fundaméntalo de defensa constitucionalmente reconocido y convencionalmente respaldado. "133. En adición a lo anterior, es dable destacar que dicho proceder –adverso a lo que conceptúa el disidente– no transgrede los tratados internacionales signados por nuestro país, como podría ser el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos del artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque esa obligación del Estado se satisface previendo un medio impugnativo a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese ‘recurso efectivo’ no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo, dado que su efectividad conlleva a observar y cumplir con las normas del caso. "134. Asimismo, el proceder del juez de Distrito laboral tampoco infringe su derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia, los principios pro persona, de irrenunciabilidad de derechos y de progresividad, pues se le respetó su prerrogativa de acceso a la jurisdicción que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte, con base en la norma legal aplicable y vigente que le otorgó seguridad jurídica; aunado a que, tampoco se le privó de ninguna ventaja concedida en el derecho laboral –irrenunciabilidad de derechos–, pues compareció a ratificar el convenio de mérito ante la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo.
"135. Aplica la tesis 1a. LXXIV/2013 (10a.) que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, materia constitucional, página 882, con registro digital 2003018, que dice:
"‘DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.’ (se transcribe)
"136. También aplica la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) de la Segunda Sala del máximo tribunal constitucional del país, visible en las citadas Gaceta, Época y materia, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772, con registro digital: 2006485, del tenor siguiente:
"‘PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.’ (se transcribe)
"137. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenta que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban serles resueltas a su favor, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.
"138. Lo anterior se plasmó en la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, materias constitucional, común, página 906, con registro digital: 2004748, de rubro y texto siguientes:
"‘PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.’ (se transcribe)."
7. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 105/2023, en sesión de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, determinó que el juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales carece de facultades para desechar la demanda cuando se reclame la nulidad de un convenio laboral sancionado por una Junta de Conciliación y Arbitraje, además que el análisis de la cosa juzgada es materia de fondo del conflicto, de acuerdo con las consideraciones siguientes:
"Decisión
"Quienes resuelven no comparten las consideraciones anteriores ni la decisión adoptada por el juez de Distrito titular del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco.
"Primeramente, porque acorde con una interpretación sistemática de los artículos 685, 686, 870, 871, párrafo primero, 872, 873, 892 y 893 de la Ley Federal del Trabajo, se colige que el tribunal laboral no está facultado para desechar una demanda con base en un pronunciamiento de fondo del conflicto, ya que esas disposiciones sólo admiten esa decisión por el incumplimiento a requerimientos relativos a cuestiones propias a la inobservancia de los requisitos formales y los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia previstos en ley, para cada uno de los procedimientos que regula.
"En ese sentido, cabe precisar que las disposiciones de los ordinales 685 párrafo tercero y 873 párrafos tercero y cuarto, de la Ley Federal del Trabajo, establecen que en caso de que el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, el tribunal laboral cuenta con las facultades y obligaciones respectivas para:
"1. Subsanar la demanda al admitirla cuando sea incompleta en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador.
"En este supuesto, la actuación del tribunal laboral no tiene por objeto cambiar la acción o intentar una nueva, sino que ateniendo a la ejercitada y a los hechos expuestos, subsane las prestaciones a que el trabajador tiene derecho y cuya petición fue omitida, debiendo resaltarse que este tipo de suplencia de la demanda la hace el tribunal por sí, aun sin la intervención del actor.
"2) Prevenir al operario accionante para que subsane su demanda dentro de un término de 3 días, en caso de que notare alguna irregularidad; o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción. Señalándole en todo caso, los defectos u omisiones en que haya incurrido.
"En ese segundo supuesto, la actuación del tribunal laboral necesita la intervención del trabajador para que exprese, conforme a su libre voluntad, lo que en cada caso corresponda, ya que en acatamiento a la regla del inicio del proceso a instancia de parte, sólo él está en aptitud de proporcionar los datos que aclaren, regularicen o concreten los términos de la demanda y, sobre todo, porque sólo él puede optar por una de las acciones cuando las que proponga sean contradictorias.
"En el entendido de que si la demanda se encuentra ajustada a derecho, el tribunal debe dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los 3 días siguientes a que le sea turnada o de que se haya subsanado ésta en los términos del tercer párrafo del artículo 873 en estudio.
"En ese orden de ideas, si en la especie el tribunal laboral desechó de plano la demanda por motivos que no están previstos en las normas en estudio, como lo son la interpretación y aplicación de los artículos 33 y 158 de la Ley Federal del Trabajo, y de los criterios jurisprudenciales correlativos para decidir sobre la improcedencia de las acciones de reconocimiento de antigüedad y nulidad de convenios.
"En esas condiciones, su proceder es contrario a los principios de continuidad y economía que rigen el proceso del derecho del trabajo, establecidos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, en la medida en que no contribuyó a su desarrollo objetivo y oportuno, sino que ha incrementado el tiempo y esfuerzos que deben dedicarse para conseguir que se desenvuelva en los plazos establecidos en la norma. Resultado, por ende, violatorio de los derechos humanos de debido proceso y tutela judicial efectiva, pronta y expedita, reconocidos en los artículos 14 y 17 constitucionales.
"Orienta las consideraciones anteriores el criterio de la tesis aislada 1a. CCXCI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO.’ (se transcribe)
"No se ignora la existencia de la jurisprudencia: 2a./J. 75/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por el tribunal responsable
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32174-5a4fcc23/accion-de-nulidad-de-un-convenio-sancionado-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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