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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EL ARTÍCULO 885, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER LA SANCIÓN DE SU DESISTIMIENTO TÁCITO ANTE LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA VISTA OTORGADA CON MOTIVO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE QUE YA NO QUEDAN PRUEBAS POR DESAHOGAR, NO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS AL DEBIDO PROCESO Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. · Registro digital (IUS): 29242
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-01-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo II, Pág. 1632.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ HUEZO, ANTONIO VALDIVIA HERNÁNDEZ, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ, ARMANDO ERNESTO PÉREZ HURTADO Y JULIO EDUARDO DÍAZ SÁNCHEZ. PONENTE: FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ HUEZO. SECRETARIA: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, correspondiente al veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

En la que se resuelve la contradicción de tesis 1/2019.

RESULTANDO

I. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.

Los Magistrados José de Jesús López Arias, Armando Ernesto Pérez Hurtado y Miguel Lobato Martínez, integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante oficio 169/2019, de quince de febrero de dos mil diecinueve, denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por ese Tribunal Colegiado de Circuito al fallar el amparo directo 374/2018, y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 256/2017.

II. TRÁMITE DE LA DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS.

El presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, y la registró como 1/2019; con el fin de integrar el expediente, solicitó al presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, copia certificada de la sentencia que motivó el criterio discrepante, y no solicitó copia certificada de la sentencia al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, porque fue remitida con el escrito de denuncia; asimismo, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes, informaran si el criterio contendiente continuaba vigente.(1)

III. TURNO DEL ASUNTO.

Por acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, se turnaron los autos a la ponencia del Magistrado Francisco Javier Rodríguez Huezo, para la formulación del proyecto de sentencia.(2)

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA.

Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, párrafo segundo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1, 3 y 9, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

II. LEGITIMACIÓN.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados José de Jesús López Arias, Armando Ernesto Pérez Hurtado y Miguel Lobato Martínez, integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)

III. CRITERIOS CONTENDIENTES.

Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos y las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 256/2017.

Antecedentes:

1. Una trabajadora por propio derecho, demandó a su fuente de trabajo, por la reinstalación, salarios vencidos, aguinaldo, diferencias salariales por concepto de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, Afore e Infonavit, pago de reparto de utilidades y el pago de horas extras trabajadas. Para el caso de que la demandada se negara a su reinstalación, reclamó el pago de indemnización constitucional, salarios vencidos, veinte días de salario por cada año de servicios y prima de antigüedad.

2. La Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, se avocó al conocimiento de la demanda y la radicó con el número de expediente 512/2015.

3. Seguido el juicio laboral por todas sus etapas legales, el trece de marzo de dos mil diecisiete, la Junta del conocimiento emitió laudo, en el cual se condenó a la demandada a reinstalar a la actora en el puesto que desempeñaba, al pago de salarios vencidos con sus correspondientes intereses, pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y tiempo extraordinario, así como la inscripción de la actora en el régimen obligatorio del seguro social en forma retroactiva y se le absolvió del pago de vacaciones por el tiempo que duró el juicio y de la nulidad de escritos de renuncia, finiquito y pagarés; asimismo, se dejaron a salvo sus derechos para reclamar reparto de utilidades.

4. Inconforme con el laudo, la parte actora por conducto de su apoderado especial promovió juicio de amparo directo en contra de esa determinación, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien lo registró con el número de expediente 256/2017 y lo admitió a trámite. El veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se turnó el asunto a la Magistrada Gabriela Guadalupe Huízar Flores, para la formulación del proyecto correspondiente.

5. El quince de marzo de dos mil dieciocho, se resolvió el amparo directo que motivó el criterio contendiente y en la parte que interesa, se consideró:

"Previo al análisis de la violación procesal de mérito, se precisa que no obstante que en actuación de siete de diciembre del año dos mil dieciséis, la secretaria de acuerdos de la Junta responsable hizo constar que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, y en dicho auto, con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral otorgó a las partes un término de tres días contados a partir de la notificación del aludido acuerdo para que expresaran su conformidad o no con la certificación realizada por la aludida secretaria de acuerdos, en el sentido de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna y hubiere pruebas por desahogar, se les tendría por desistidos de las mismas para todos los efectos legales, ordenando la notificación de dicho acuerdo en forma personal a las partes (folios 217 y vuelta), acuerdo que fue notificado a la actora aquí quejosa el nueve de diciembre siguiente por conducto de su apoderado especial ********** (folios 217 vuelta y 218 ídem), sin que realizara manifestación alguna, por lo que en proveído de diez de enero del año dos mil diecisiete, la Junta responsable hizo efectivo tal apercibimiento, en el sentido de que si hubiera pruebas por desahogar, se les tenía por desistidos de su desahogo para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 738 y 885 de la Ley Federal del Trabajo.

"Pues bien, tal determinación no puede resultar un impedimento para analizar la violación procesal que líneas atrás se anunció, porque el aludido numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo, en el párrafo primero,(4) en cuanto a tener por desistidos de las pruebas por desahogar para todos los efectos legales, a consideración de este Tribunal Colegiado, es contraria a lo establecido en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) al ser violatorio del derecho fundamental del debido proceso o del procedimiento adecuado.

"En principio, debe precisarse que el análisis de la inconstitucionalidad del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, se realiza en ejercicio de un control concentrado a partir de la utilización de la institución de la suplencia de la queja en términos de lo que la Ley de Amparo prevé en el artículo 79.

"Apoyan lo anterior, las tesis P. X/2015 (10a.) y P. IX/2015 (10a.),(6) sustentadas por el Pleno del Alto Tribunal del País, que dicen:

"‘CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN. No corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito examinar, de oficio, la inconstitucionalidad de los preceptos que rigen en los procedimientos o juicios de los que deriva el acto reclamado, ya que tal asignación corresponde, en su caso, a las autoridades judiciales encargadas de su aplicación (autoridades administrativas, jueces, salas de instancia, etcétera), pues sostener lo contrario, es decir, que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden, mediante un control difuso de regularidad constitucional declarar, en amparo directo, la inconstitucionalidad de disposiciones contenidas en leyes que rigen el procedimiento o juicio de origen generaría inseguridad jurídica para las partes, quienes parten de la base de que en el juicio han operado instituciones como la de preclusión, por virtud de la cual han ejercido los derechos procesales que les corresponden en torno a las decisiones emitidas por el juzgador, sin que deba soslayarse que el cumplimiento al imperativo prescrito en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a toda autoridad, en el ámbito de su competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no implica que puedan dejar de observarse los mecanismos jurisdiccionales previstos en el orden interno de los Estados para impugnar los actos de autoridad que pudieran considerarse violatorios de derechos humanos. Ahora, esta manera de ordenar el sistema no significa que se impongan límites a los tribunales de la Federación que por disposición constitucional tienen a su cargo el conocimiento de los mecanismos para la protección de la Norma Fundamental, para cumplir con el imperativo que ésta ordena ni que se desconozcan las obligaciones adquiridas en diversos tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano en el sentido de proteger en todo momento los derechos humanos de los justiciables, pues los órganos federales encargados de ejercer el control de regularidad constitucional concentrado cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con ese mandato, en cuya labor deben observar las reglas que tradicionalmente han normado las instituciones que tienen a su cargo, de manera que, en ejercicio de este control concentrado, pueden emprender el análisis sobre la constitucionalidad de una norma a partir de lo siguiente: (i) en respuesta a la pretensión formulada por el quejoso; (ii) por virtud de la causa de pedir advertida en el planteamiento de los conceptos de violación o en agravios; o bien, (iii) con motivo de la utilización de la institución de la suplencia de la queja deficiente, en términos de la Ley de Amparo que, en ciertas materias, permite ese análisis aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios. En las circunstancias apuntadas, no es que los órganos de control concentrado estén exentos de ejercer un control difuso, sino que sólo pueden hacerlo en los términos que la propia Constitución les faculta.’

"(subrayas ajenas al texto).

"‘CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Por imperativo del artículo 1o., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. En estas circunstancias, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla.’

"(subrayas ajenas al texto).

"Una vez precisado lo anterior, se establece que el presupuesto de debido proceso o del procedimiento adecuado, y particularmente en la tutela judicial efectiva, representa una condición mínima tanto básica como esencial, mediante la cual se instaura la relación jurídico-procesal a grado tal, que su ausencia y la de cualquier otro presupuesto, conlleva a estimar que si se dictara sentencia ésta no resultará válidamente existente.

"Es decir, las formalidades del procedimiento tienen como finalidad dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, y de esa manera se justifica la decisión del órgano jurisdiccional para así poder ser legítima.

"Es por dicha razón que la concurrencia de los presupuestos procesales ha sido normativamente reconocida, es decir, para que las autoridades jurisdiccionales, invariablemente controlen su concurrencia, en virtud de que su ausencia constituye un obstáculo procesal que impedirá toda posibilidad jurídica válida, y razonable para entrar al conocimiento del fondo del asunto para su resolución final.

"Así pues, como los presupuestos procesales son condiciones para que se pueda resolver la cuestión litigiosa es por lo que su ausencia debe ser invariablemente subsanada y mientras ello no ocurra, las actuaciones posteriores no serán jurídicamente válidas ni legítimas, asegurando con esta actuación que el cauce procedimental sea el legalmente establecido, atendido (sic) a las circunstancias tanto objetivas como subjetivas que la propia ley, de forma imperativa toma en consideración y pormenoriza.

"Al respecto, debe precisarse que la mención en el ámbito internacional a un recurso efectivo (después judicializado), como derecho humano, apareció en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos(7) cuyo contenido es:

"‘Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.’

"En cuanto al origen de tal disposición internacional, en la obra(8) editada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha sostenido que:

"‘... 1. Inclusión del Artículo Octavo en la Declaración Universal de la ONU

"‘En el discurso pronunciado al cierre de la Tercera Reunión, ********** expuso ante la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en el Palacio de Chaillot, Paris, a qué grado de las actividades de la delegación mexicana fueron primordiales para la redacción de la Declaración Universal.

"‘En su discurso, el delegado mexicano refería que la Declaración de los Derechos del Hombre era fundamental, pues aunque no pretendía generar una obligación jurídica para los Países, debía observarse «siempre la base, amplísima y firme, para la realización de los propósitos más altos de las Naciones Unidas; promover el respeto universal de los Derechos Humanos».

"‘El ideal del Estado mexicano ante los derechos humanos radicaba así en el convencimiento de que dentro de un orden internacional de paz era necesario un régimen de respeto a los derechos de la persona humana, siendo lo más importante que contemplaba dentro de la necesidad de un recurso judicial efectivo.

"‘Su argumento sirvió como base para plantear al recurso judicial como un derecho esencial del hombre, siendo éste simple y rápido, para ampararlo contra actos que violen, en su perjuicio, los derechos y libertados fundamentales que le reconocen la Constitución o la Ley. Dicha iniciativa llegó a consagrarse en el artículo 9 de la Declaración (actual artículo 8), con lo que parecía que México por medio de Campos Ortiz, había logrado instaurar en el ámbito internacional una institución jurídica de índole mexicana: el derecho de amparo.

"‘«Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.»

"‘La redacción del artículo octavo entró en debate en varias ocasiones, propiciándose su modificación ante objeciones de algunos países; no obstante, la delegación mexicana siempre buscó preservar la esencia del texto, para que se refiriera en específico a la interposición de un recurso. No fue sino hasta la aprobación de un tercer texto, en la sesión de 26 de octubre, cuando todos los Estados parte coincidieron en cerrar la publicación de la declaración Universal. El artículo octavo fue aprobado por 468 votos, solo con la abstención de Egipto, India y Australia.

"‘La aportación del Estado Mexicano en 1948 fue reconocida por los demás convocados a la Tercera Asamblea de la ONU. Una vez más, el delegado de Cuba, **********, consideró que el trabajo de Campos Ortiz fue un «tesonero esfuerzo y gran poder de convicción», para que la Tercera Comisión agregara al texto original «el importante artículo 8, inspirado en el derecho de amparo mexicano y que es el único texto de la Declaración que garantiza, en el campo nacional, el efectivo respeto de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley».

"‘De la misma manera, **********, antiguo presidente de la Corte de Casación de Francia, integrante del Comité de Redacción y encargado de la propuesta inicial sobre la base del proyecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señaló en el texto «El problema de la realización efectiva de los derechos humanos y sociedad universal», que, en su opinión, la delegación mexicana fue la autora de un texto muy importante, el artículo 8, siendo su principal promotor el señor Campos Ortiz. Calificada como «sumamente acertada», la propuesta encontró rápidamente un voto favorable de las otras organizaciones.

"‘En el mismo contexto ********** señalaría que México propuso ese texto porque existía detrás de él la declaración aprobada en Bogotá en febrero de 1948. Previo al último periodo de sesiones de la Comisión de Redacción de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre exponía una cantidad de elementos comunes a la declaración Universal, si bien este artículo no figuraba en el proyecto primitivo de la DUDH. ********** «rinde por ello homenaje no solamente al hombre que hizo la proposición, sino al país que posee una institución llamada amparo, en la cual pensaba el autor»

"‘Es de suma relevancia aludir a la percepción que se guardaba en el país ante la inclusión del ideal del amparo. El presidente Miguel Alemán, en su informe presidencial de 1949, puso de manifiesto el trabajo de los delegados mexicanos, quienes expusieron como uno de los derechos esenciales del hombre «el recurso ante los tribunales nacionales» tendiente a la protección y el respeto de las garantías individuales; situación que dio lugar al reconocimiento de los países integrantes de la Asamblea por la atinada redacción del artículo. Además, el licenciado Manuel Tello, subsecretario de Relaciones Exteriores, comentó que este recurso internacional guardaba el mismo objeto que nuestro juicio constitucional de amparo: hacer respetar las garantías individuales. Pero el trabajo de los diplomáticos mexicanos no podía detenerse en ese momento: continuaría la redacción de otros instrumentos internacionales ...’.

"Como se observa, el recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de una óptica de optimización para ‘hacer respetar las garantías individuales’.

"Con posterioridad a ello, en el ámbito interamericano también se instituyó como derecho humano tal recurso efectivo. Al respecto el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo que sigue la Convención) dispone lo siguiente:

"‘Artículo 25. Protección judicial

"‘1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales’.

"La disposición internacional transcrita sólo recoge la naturaleza del juicio de amparo regulado en el Estado Mexicano, tan así que en el texto bibliográfico editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya identificado a píe de página doce (12), se sostiene:

"‘... c. El sistema Interamericano

"‘La Corte IDH ha construido una vasta doctrina jurisprudencial sobre el derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana, así como respecto de su vinculación con otros derechos y deberes, tales como las garantías del debido proceso (art. 8) y los deberes generales de respeto y garantía y de adecuación del orden interno al internacional (art. 1 y 2), considerando los deberes específicos establecidos en la Convención en el sentido que los Estados deben desarrollar las posibilidades reales del recurso judicial y garantizar el cumplimiento de las decisiones en que se haya estimado procedente el recuso.

"‘Como lo ha reiterado la propia Corte, el artículo 25.1 de la Convención «es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales». La disposición convencional establece, en términos amplios, «la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales», debiéndose aplicar «no solo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley», siendo aplicable, a fortiori, a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia. Ello «no se reduce a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aun a la posibilidad de recurrir a los tribunales», el Estado «tiene el deber de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos que proporciona a través del sistema judicial sean verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y para proporcionar una reparación», de ahí que «no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla», la efectividad del recurso implica que reúna las características de sencillez y brevedad –propias del recurso de amparo–, no siendo efectivos «aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios». De este modo, el Tribunal ha declarado que «la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar ...»’.(9)

"A partir de una doctrina de jurisprudencia local,(10) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recogido, también, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo que sigue ‘la Corte Interamericana’) sostuvo en el sentido de que el artículo 25 de la Convención reconocen el derecho humano a un recurso judicial efectivo, que ampare a los individuos contra las violaciones a sus derechos fundamentales.

"Pues reiteró, la Segunda Sala, que esa disposición internacional compromete a los Estados a garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos del promovente, así como a asegurar la eficacia y cumplimiento de esas decisiones. Al respecto la Segunda Sala enfatizó que la Corte Interamericana fijó posición en torno a ello de la siguiente manera:

"‘... A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. ... Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación ...’.

"A partir de ese contexto normativo internacional, la Segunda Sala consideró que el derecho humano a un recurso judicial efectivo supone dos tipos de deberes a cargo del legislador Estatal: por una parte, el de establecer en las leyes mecanismos de defensa contra violaciones a los derechos fundamentales de los individuos; y, por otro lado, el de establecer una estructura legislativa que garantice la idoneidad de los medios de defensa conforme al fin para el que fueron creados.

"Es decir, explicó, para la satisfacción del derecho a un recurso judicial efectivo no basta la existencia formal en las leyes de un mecanismo de defensa, sino que además, éste debe ser apto para que el órgano jurisdiccional analice si existen o no violaciones a los derechos fundamentales de los individuos.

"También la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en ese sentido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) del contenido que sigue:

"‘DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29242-02daa2c4/pruebas-en-el-juicio-laboral-el-articulo-885 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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