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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EL APERCIBIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, RELATIVO A NO CONTESTAR LA VISTA OTORGADA RESPECTO A LA CERTIFICACIÓN DE QUE NO EXISTEN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGO, NO ES VIOLATORIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2020. · Registro digital (IUS): 29485
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-09-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Pág. 526.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE ABRIL DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diferente Circuito.

Lo anterior encuentra apoyo, además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito."(1)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

Al respecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227 de la Ley de Amparo,(2) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito o por los Plenos de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados integrantes de un Pleno de Circuito, en el caso, la denuncia fue formulada por el Magistrado presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Luego, es claro que está legitimado para formular la denuncia correspondiente, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo; aunado a que la diferencia de criterios se da entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de distinto Circuito.

TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de las consideraciones expuestas en los asuntos sometidos al conocimiento del Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes.

I. En la contradicción de tesis **********, resuelta por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, se determinó lo siguiente:

• Se analizó la constitucionalidad del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de dos mil doce, que prevé que la Junta de Conciliación y Arbitraje debe dar vista a las partes para que expresen su conformidad con la certificación del secretario en la que hace constar que no existen pruebas pendientes de desahogar, con el apercibimiento que de no desahogarla, se les tendrá por desistidas de las mismas.

• En el estudio se citó el criterio emitido por la Primera Sala de esta Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión **********, el cual dio origen a la emisión de las tesis 1a. CCLXV/2016 (10a.), 1a. CCLXVIII/2016 (10a.), 1a. CCLXX/2016 (10a.) y 1a. CCLXXII/2016 (10a.), de títulos y subtítulos siguientes: "PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.", "SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA.", "TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA." y "CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA."

• Establecido lo antedicho, el Pleno de Circuito examinó si la medida legislativa limita el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, por lo que se refirió al artículo 17 de la Constitución Federal que protege el principio de justicia, entendido también como la variante de tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho que toda persona tiene para que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, pueda acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, con el fin de que a través de un proceso en el cual se respeten ciertas formalidades, se decida sobre sus pretensiones o defensas y, en su caso, se ejecute la decisión adoptada.

• Destacando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el referido derecho de acceso a la justicia no es absoluto ni irrestricto, sino que, por una cuestión de seguridad jurídica, debe ejercerse dentro de los cauces impuestos por el legislador, los cuales se traducen en el conjunto de requisitos y formalidades previstos por el orden legal para la admisibilidad y procedencia de los juicios y los recursos.

• En cuanto al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de su contenido se desprende que:

1) Concluido el desahogo de pruebas y formulados los alegatos de las partes el secretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje deberá certificar que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar.

2) Se ordenará dar vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación.

3) Si transcurrido el término las partes no hicieran manifestación alguna y hubiere pruebas pendientes por desahogar, se les tendrá por desistidas de las mismas para todos los efectos legales.

4) En caso de que sí se dé contestación a la vista y se demuestre que alguna prueba se encuentra pendiente de desahogar, la autoridad deberá señalar fecha para tal efecto dentro de los ocho días siguientes y, una vez hecho lo anterior, se formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes.

• En síntesis, dicho precepto impone la obligación a la autoridad laboral de cerciorarse de que no existen pruebas por desahogar, que se haga del conocimiento de las partes para que éstas expresen su conformidad con aquella determinación y, en caso de ser omisas, establece una consecuencia relativa a tener por desiertas las pruebas que hubiere pendientes.

• El Pleno de Circuito estimó que si bien dicha porción normativa incide en el derecho fundamental referido, toda vez que constituye un obstáculo jurídico que le impide al quejoso que se desahoguen la totalidad de las pruebas que le fueron admitidas, también lo es que existe una justificación desde el punto de vista constitucional para que la medida legislativa limite el contenido del derecho; es decir, en la exposición de motivos de la reforma publicada el treinta de noviembre de dos mil doce, el legislador estableció que era impostergable impulsar un cambio que, entre otras cosas, sirviera para mejorar la impartición de justicia laboral y la conciliación, a fin de mantener el adecuado equilibrio entre los factores de la producción, ya que las cargas de trabajo existentes en el ámbito de la administración e impartición de justicia laboral, representan un importante obstáculo que provoca rezagos en la atención y resolución de los conflictos.

• En otro aspecto, la idoneidad de la medida resulta de que la imposición establecida en la norma tiende al desarrollo del proceso, ya que da oportunidad a las partes de hacer del conocimiento de la autoridad laboral que faltan pruebas por desahogarse, con lo cual evita la consumación de una infracción a éste.

• En cuanto a la necesidad de la medida destacó que la única similar está en el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo que regula la figura de la caducidad, consistente en que se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en cuatro meses; sin que en el caso se advierta la existencia de una medida alternativa con la que legítimamente se pueda comparar la restricción adoptada por el legislador mexicano en relación con el apercibimiento combatido.

• En ese sentido, su necesidad se encuentra demostrada porque no existen medidas alternativas igualmente idóneas que la planteada por el legislador para resguardar la tutela judicial efectiva, ya que si bien, la restricción surge como consecuencia de la omisión de manifestar si existe una prueba pendiente de desahogo, resulta necesaria para procurar las prerrogativas tuteladas por el artículo 17 de la Constitución Federal.

• Finalmente, respecto de la proporcionalidad de la medida en sentido estricto, concluyó que no existe una afectación al derecho de tutela judicial efectiva, ya que no impone un obstáculo jurídico que impida a los gobernados desahogar las pruebas ofertadas en el juicio, pues previo a ello, el secretario de la Junta debe realizar la certificación de que no existen pruebas pendientes por desahogar y el apercibimiento debe notificarse de manera personal a las partes. Por tanto, la norma impugnada no impide la resolución de los asuntos sino que favorece la impartición de justicia pronta y expedita.

• Asimismo, consideró que el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo no constituye una medida regresiva o desigual que vulnere el contenido del artículo 1o. constitucional, ya que no se desconoce derecho humano alguno, pues la oportunidad de ofrecer pruebas y que se desahoguen en las acciones reguladas a través de la legislación laboral siguen siendo tuteladas, pero ahora con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna a la certificación expedida por el secretario de la Junta, una vez notificada personalmente, se tendrán por desiertas las pruebas que estuvieren pendientes, lo cual no contraviene el principio de igualdad, ya que no impone a los gobernados la prosecución del procedimiento y la verificación de la rectitud del mismo, porque ello corresponde a las Juntas, de conformidad con lo señalado por los artículos 685, 886 y 772 de la Ley Federal del Trabajo.

• Igualmente consideró que el precepto aludido no resulta violatorio del derecho fundamental del debido proceso o procedimiento adecuado, tutelado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al ser acorde con los principios procesales que rigen en el juicio laboral; y tampoco constituye un obstáculo para que el juicio laboral sea un recurso judicial efectivo, porque no desconoce el derecho a ofrecer pruebas y que se desahoguen, acorde con la garantía de audiencia y defensa adecuada, y es proporcional con la finalidad perseguida, como es el cumplimiento de los plazos legales, a fin de garantizar el derecho humano de tutela judicial efectiva.

De las consideraciones anteriores surgió la jurisprudencia PC.III.L. J/33 L (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EL ARTÍCULO 885, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER LA SANCIÓN DE SU DESISTIMIENTO TÁCITO ANTE LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA VISTA OTORGADA CON MOTIVO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE QUE YA NO QUEDAN PRUEBAS POR DESAHOGAR, NO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS AL DEBIDO PROCESO Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019). El precepto citado establece que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales. Ahora bien, dicho artículo no viola los derechos humanos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que es acorde con los principios procesales que rigen en el juicio laboral, a saber: inmediatez, oralidad, conciliación, celeridad, legalidad, seguridad jurídica y gratuidad, contenidos en los artículos 873, 875, 876, 878, 879, 880, 883, 885, 886, 888 y 891, de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, porque no se desconoce el derecho a ofrecer pruebas y a que se desahoguen, respetándose las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con el derecho de audiencia y defensa adecuada. Por tanto, la sanción establecida en el citado artículo 885, ante la falta de desahogo de la vista ordenada, es proporcional con la finalidad perseguida, que es el cumplimiento de los plazos legales, a fin de garantizar el derecho humano a una tutela judicial efectiva."(3)

II. De la sentencia dictada en el juicio de amparo directo **********, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se advierten las siguientes consideraciones:

• Se estimaron fundados los argumentos que controvierten la constitucionalidad del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo.

• Para sustentar lo anterior, señaló que la Suprema Corte respecto del artículo 17 constitucional sostuvo que el derecho de acceso a la justicia no es absoluto ni irrestricto, sino que, por una cuestión de seguridad jurídica, debe ejercerse dentro de los cauces impuestos por el legislador, los cuales se traducen en el conjunto de requisitos y formalidades previstos por el orden legal para la admisibilidad y procedencia de los juicios y los recursos. Empero, tales cauces deben ser necesarios, razonables y proporcionales en función de una eficiente administración de justicia, de tal manera que ésta se logre sin entorpecer ni obstruir ese derecho fundamental, y no obstante la atribución del legislador para establecer presupuestos procesales, tiene prohibida la arbitrariedad, irrazonabilidad y desproporcionalidad.

• Sobre el tema en comento, el principio de proporcionalidad en sentido amplio, implica que la medida legislativa mediante la cual se restrinja un derecho humano sea admisible a la luz de las previsiones constitucionales, necesaria para alcanzar los fines buscados y proporcional en estricto sentido, esto es, que guarde concordancia con dichos fines, sin que la afectación producida por la ley pueda resultar desmedida frente a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos.

• Asimismo, para analizar si las limitaciones son legítimas, el Tribunal Colegiado empleó un test de proporcionalidad, con apoyo en las tesis aisladas de la Primera Sala de títulos y subtítulos: "PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.", "SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA.", "TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA." y "CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA."

• Establecido lo anterior, consideró que el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo no se apega al principio de proporcionalidad, dado que la consecuencia derivada de la omisión de una de las partes de no hacer manifestación alguna respecto de las pruebas pendientes por desahogar, constituye una medida legislativa admisible, en tanto que no está implícita o expresamente vedada en el ámbito constitucional y que, por el contrario, tiende al desarrollo del proceso, empero, se trata de una medida innecesaria, dado que el fin pretendido no es indispensable para la sustanciación del procedimiento, por el contrario, infringe el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, porque no se está ante una formalidad imprescindible para que la autoridad cumpla con la obligación de desahogar un elemento de convicción que fue previamente admitido y con ello garantizar la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal.

• Por tanto, al imponer la obligación a las partes de hacer manifestaciones respecto de si existen pruebas pendientes de desahogarse, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo transgrede el diverso 17 de la Constitución Federal, pues con ello disminuye o anula las posibilidades de defensa y de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, sin que al respecto pueda considerarse como una oportunidad procesal que beneficie al principio de concentración y celeridad, como tampoco podría invocarse el derecho fundamental de pronta administración de justicia, en tanto que la intención del legislador de evitar futuras regularizaciones procesales que atentan contra la pronta administración de justicia es desproporcional, en los términos ya analizados.

CUARTO.—Existencia de la contradicción. Una vez sintetizadas las sentencias denunciadas como contradictorias, lo que procede es verificar si existe o no la divergencia de criterios denunciada.

Al respecto, es necesario indicar que conforme a la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Tribunal Pleno, para que se produzca una contradicción de tesis se requiere que los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

La jurisprudencia referida se transcribe a continuación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)

Ahora bien, de acuerdo con lo sintetizado debe decirse que existe la contradicción de tesis denunciada, ya que el Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado analizaron si el precepto 885 de la Ley Federal del Trabajo contraviene el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, al establecer que cuando las partes no den contestación a la vista otorgada respecto de la certificación de que no existen pruebas pendientes por desahogar, se les tendrá por desistidas de éstas.

En este sentido, el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito decidió que el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo no es contrario al derecho fundamental aludido, dado que la medida prevista tiene una justificación constitucionalmente válida, es idónea, necesaria y proporcional, en virtud de que la reforma atiende a la necesidad de mejorar la justicia laboral, procura el desarrollo del proceso y no implica un obstáculo para que las partes puedan ofrecer pruebas, sino que favorece a la impartición de justicia pronta y expedita.

A diferencia de lo razonado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que decidió que la disposición en cuestión transgrede el derecho de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, al imponer la obligación a las partes de hacer manifestaciones respecto de si existen pruebas pendientes de desahogarse, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán por desistidas de las mismas, lo cual consideró una medida innecesaria para que la Junta cumpla con su obligación de verificar que no existen pruebas pendientes de desahogo.

En consecuencia, existe la contradicción de criterios denunciada; por ende, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo transgrede el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el diverso 17 de la Constitución Federal, al establecer que si las partes no contestan la vista otorgada respecto a la certificación de que no quedan pruebas pendientes de desahogo, se les tendrá por desistidas de éstas.

QUINTO.—Estudio. Precisada así la existencia de la contradicción de tesis y el punto a dilucidar, esta Segunda Sala determina que el párrafo primero del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo,(5) reformado a través del decreto publicado el treinta de noviembre de dos mil doce, no es contrario al derecho de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque la medida prevista en él, resulta un presupuesto que beneficia a la celeridad del procedimiento y permite a las partes la posibilidad de que manifiesten su inconformidad con la certificación de que ya no hay pruebas pendientes de desahogo.

Respecto del derecho de acceso a la justicia esta Suprema Corte ha establecido que consiste en la obligación de las autoridades de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes, de manera expedita, completa, imparcial y gratuita, y que si bien ese derecho puede verse obstaculizado con requisitos innecesarios, excesivos y carentes de razonabilidad o proporcionalidad, lo cierto es que no todas las formalidades exigidas para acceder a éste tienen esas características, ya que pueden fijarse en concordancia con el texto constitucional, a fin de proteger otros derechos o intereses constitucionalmente protegidos, siendo proporcionales con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios, entre otros.

Lo antedicho tiene apoyo en las jurisprudencias 2a./J. 192/2007, P./J. 113/2001 y 1a./J. 42/2007, de rubros y textos siguientes:

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.—La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29485-e592dc11/pruebas-en-el-juicio-laboral-el-apercibimiento-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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