PRUEBA CONFESIONAL EN EL JUICIO LABORAL. EL TRIBUNAL ESTÁ IMPEDIDO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU DESAHOGO A CARGO DE LA PARTE TRABAJADORA, CUANDO LA PARTE PATRONAL OMITIÓ COMPARECER A JUICIO, CONTESTAR LA DEMANDA Y OFRECER PRUEBAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 96/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 12 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. SECRETARIO: LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al doce de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 96/2025, suscitada entre el Primer(1) y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito.(2)
El aparente problema jurídico planteado para resolver por este Pleno Regional se estableció de la siguiente manera: "PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE LA PARTE ACTORA. DETERMINAR SI EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR EL DESAHOGO DE ÉSTA, CUANDO LA PARTE DEMANDADA NO COMPARECIÓ A JUICIO."
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 174-A, de catorce de octubre de dos mil veinticinco, la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional al resolver los juicios de amparo directo 887/2024, 889/2024 y 891/2024, así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al dictar sentencia en los juicios uniinstanciales 528/2024 y 881/2024.
2. Trámite ante este Pleno Regional. Por acuerdo de dieciséis de octubre del año en curso, el Presidente de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 96/2025.(3)
3. En el mismo proveído, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieran las versiones digitalizadas de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa e informaran si se encontraban vigentes o bien, superados o abandonados y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio. De igual manera, se requirió que se pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos respectivos.
4. Turno. En esa misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(4) para su estudio, al Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, titular de la ponencia "B".
5. Vigencia de criterios. Por acuerdo de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo a los órganos contendientes informando que los criterios adoptados en sus respectivas resoluciones continuaban vigentes, así como la habilitación de las constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
6. Informe del Alto Tribunal. Por auto de veintisiete de octubre de este año, se recibió el proveído emitido por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los autos de la contradicción de criterios 231/2025, mediante el cual comunicó, entre otras cuestiones, que en el sistema de seguimiento de Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia durante los últimos seis meses, no se encuentra radicada contradicción de criterios alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que se denuncia en este asunto.
7. Confirmación de turno. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la misma fecha, se confirmó el turno electrónico,(5) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
8. Lista. El proyecto de trato se listó para su resolución el cuatro de noviembre de dos mil veinticinco.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
10. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y por territorio.
11. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(6) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
12. Además, en el particular, es conveniente precisar que la competencia de trato fue fincada a este Pleno Regional directamente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, se declaró legalmente incompetente para resolver la diversa contradicción criterios 231/2025 de su índice, que se originó exactamente con la misma denuncia de la cual deriva este asunto, al haberse presentado tanto en el Alto Tribunal, así como en este órgano jurisdiccional.
III. LEGITIMACIÓN
13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(7) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III(8) y 227, fracción III(9) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, órgano jurisdiccional que emitió diversos criterios que contienden en el presente asunto.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente traer a contexto los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas.
15. Como preámbulo, resulta necesario evidenciar la existencia de una importante similitud entre las cuestiones procesales suscitadas en cada uno de los asuntos que analizaron los Tribunales en aparente oposición (en las cinco ejecutorias), por lo cual, se precisarán de manera conjunta, con el fin de destacar los puntos de convergencia que permiten abordar de forma integral las situaciones jurídicas objeto del presente estudio y, los criterios adoptados por los referidos órganos colegiados, se hará en lo particular.
16. Demandas laborales. Diversas personas trabajadoras demandaron en la vía ordinaria a sus respectivas patronales, prestaciones relacionadas con el despido injustificado del que estimaron fueron objeto. De dichas demandas conoció el Segundo Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos.
17. Audiencia preliminar (rebeldía y prueba confesional de oficio). En las audiencias preliminares, se hizo constar que no compareció a juicio la parte patronal, ni contestó la demanda instaurada en su contra, por lo que la persona juzgadora declaró la presunción de tener por admitidas las peticiones de la demanda y por perdido su derecho a ofrecer pruebas, además, con fundamento en lo establecido en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo ordenó y, posteriormente desahogó, de oficio, la prueba confesional a cargo de la parte actora.
18. Sentencias. La autoridad responsable emitió las sentencias respectivas y, determinó absolver a las patronales.
19. Juicios de Amparo Directo. Inconformes con esas determinaciones, las partes actoras promovieron sendas demandas de amparo directo.
20. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 887/2024 y 889/2024.
20.1 Respecto al tema que nos ocupa, en los juicios de amparo directo 887/2024 y 889/2024, por mayoría de votos, el Tribunal sostuvo que la autoridad responsable sí se encuentra facultada para ordenar de oficio, el desahogo de una prueba confesional a cargo de la parte actora, aun cuando la demandada no haya comparecido a juicio, ni contestado el escrito inicial incoado en su contra, además, enfatizó en que dicho impartidor de justicia en materia de Trabajo puede interrogar libremente a las partes en el procedimiento laboral.
20.2 Después de transcribir una parte de la exposición de motivos que dio lugar a la reforma a la Ley Federal del Trabajo vigente a partir del dos mil diecinueve, señaló que, dada la naturaleza del procedimiento laboral, el legislador consideró necesario dotar al Juzgador de mecanismos de control y rectoría que le permitieran llevar una mejor conducción del juicio.
20.3 Bajo esa línea, indicó que las previsiones legales de carácter técnico sobre las cuestiones de forma y las formalidades del procedimiento no deben constituirse en obstáculos para el Juzgador, quien debe desentrañar la verdad de los hechos ante él planteados y pronunciarse en consecuencia, así como que el impartidor de justicia laboral debe hacerlo a verdad sabida y buena fe guardada, sin tener que ajustarse en forma estricta a formalismos.
20.4 El Tribunal destacó que conforme a lo ordenado en el numeral 782 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral actuó dentro de sus atribuciones legales al ordenar el desahogo de la prueba confesional a cargo de la actora, a efecto de averiguar la verdad de los hechos sujetos a su jurisdicción, pues dicho artículo prevé que el o la Juez/a podrá interrogar libremente a las partes sobre los hechos y circunstancias que sean conducentes para indagar sobre la verdad, lo cual es susceptible de ser ejercido en cualquier fase del procedimiento, en tanto que en la legislación obrera no se advierte limitación expresa al respecto.
20.5 Por tanto, concluyó que el actuar de la persona juzgadora responsable, en el sentido de admitir la prueba confesional a cargo de la actora, ordenada de oficio, adquiere sustento en el numeral 782 de la Ley Federal del Trabajo, pues faculta a la autoridad a desahogar diligencias que considere necesarias para la búsqueda de la verdad dentro del juicio.
20.6 En apoyo a su decisión, citó la tesis II.1o.T.4 L (11a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro: "INTERROGATORIO LIBRE EN MATERIA LABORAL. LA FACULTAD DEL JUEZ PARA REALIZARLO, PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 782 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUEDE EJERCERLA EN CUALQUIER FASE DEL PROCEDIMIENTO."(10)
21. Amparo directo 891/2024.
21.1 Consideraciones adoptadas por el Tribunal Colegiado de Circuito. En este asunto, por mayoría de votos, estimó que la responsable sí analizó la omisión de la patronal de contestar la demanda, así como su confesión ficta, pues destacó que ante la incomparecencia de las empresas al juicio, así como su incomparecencia a la prueba confesional a su cargo, lo conducente era, por un lado, tener por admitidas las peticiones del accionante y, por otro, declararlas confesas fictamente de las posiciones calificadas de legales, en términos de lo establecido en el artículo 789 de la Ley Federal del Trabajo.
21.2 Destacó que con esa confesión ficta era presumible el despido; empero, que su eficacia dependía de que no existiera prueba en contrario.
21.3 Indicó que al estar desvirtuada esa presunción con la propia confesión del actor (hechos del despido incongruentes con los manifestados por su apoderado en la demanda laboral), el informe de una institución bancaria y el diverso rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, hacían inexistente el despido del cual se dijo fue objeto.
21.4 En su apoyo, citó la tesis aislada emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de epígrafe: "RELACIÓN LABORAL, NEGATIVA DE LA, DESVIRTUADA CON LA CONFESIONAL FÍCTA. CASO EN QUE RESULTA INEFICAZ ESTA PRUEBA PARA DEMOSTRAR UN DESPIDO INJUSTIFICADO."(11)
22. (Hasta aquí las consideraciones jurídicas que dan sustento a la ejecutoria denunciada como divergente).
23. Respecto a lo anterior, este Pleno Regional estima que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en el juicio de amparo que se analiza, implícitamente consideró legal el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora, la cual fue ordenada de oficio por la persona juzgadora responsable, en virtud de que declaró infundados los conceptos de violación dirigidos a combatir la falta de valoración de dicho medio de convicción.
24. No obstante, al analizar el fondo de la cuestión, el propio tribunal descalificó los efectos de la confesional porque los hechos pretendidos quedaron desvirtuados con los distintos elementos probatorios que obran en autos, lo que revela que explícitamente valoró la legalidad de la actuación jurisdiccional y solo restó eficacia probatoria a la confesional ante la contundencia de otros medios de prueba.
25. En ese sentido, aunque no exista un verdadero razonamiento jurídico por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, respecto al tema que nos ocupa, ha quedado en evidencia que su criterio fue implícito y que coincide con el resto de las ejecutorias –de su índice– que aquí contienden, por lo que es posible que se configure la contradicción de criterios.
26. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 93/2006(12) del Pleno de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."
27. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 528/2024 y 881/2024.
27.1 El referido Tribunal sostuvo que si bien de la exposición de motivos que dio lugar a la emisión de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve, el legislador consideró necesario dotar al juzgador de mecanismos de control y rectoría que le permitieran llevar una mejor conducción del juicio, por encima de las previsiones legales de carácter técnico o cuestiones de forma, por constituir obstáculos que impiden desentrañar la verdad de los hechos planteados en el juicio, facultándolo para pronunciarse en consecuencia, lo que evidencia su intención de ampliar los límites de los momentos procesales en que pudiera interrogar a las partes.
27.2 Explicó que ello no llega al extremo de ordenar de oficio el desahogo de pruebas cuando no existen hechos controvertidos.
27.3 Aclaró que el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, no comprende la facultad de ordenar el desahogo de la prueba confesional oficiosamente, sino sólo de interrogar a los absolventes cuando las partes ofrecen dicha prueba, máxime que, los artículos 873-F y 873-J de la referida legislación establecen que en la audiencia preliminar el Juez únicamente podrá admitir y desechar las pruebas ofrecidas por las partes y en la etapa de juicio realizará su desahogo.
27.4 En apoyo a lo anterior, invocó la tesis aislada emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro: "PRUEBA CONFESIONAL EN EL JUICIO LABORAL. CONFORME AL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD, EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA INTERROGAR AL ABSOLVENTE PARA DETERMINAR LA VEROSIMILITUD DE SU DICHO Y EMITIR UNA RESOLUCIÓN DE ACUERDO CON LOS HECHOS Y NO CON BASE EN FORMALISMOS PROCEDIMENTALES."(13)
27.5 Además, iteró que si en la especie se tuvo a la parte demandada contestando la demanda en sentido afirmativo, en términos del artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo, lo que provoca la admisión de las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a la ley; y si bien, dichas presunciones aceptan prueba en contrario, éstas deben ofrecerse por la parte demandada antes de la audiencia preliminar, sin que se advierta que esa deficiencia pueda ser subsanada por la autoridad laboral, pues tal proceder no justifica el numeral 782 de la Ley Federal del Trabajo, ni lo dispuesto por el artículo 873-F del propio ordenamiento jurídico, que prevé cómo debe desahogase la audiencia preliminar, el cual, incluso repite que sólo se admitirán aquellas pruebas que tengan relación con la litis, de lo que se sigue que la autoridad no puede ordenar el desahogo de pruebas de manera oficiosa, cuando no exista duda que le impida resolver.
27.6 Precisó que no pasaba inadvertido que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece el principio de realidad, el cual destaca debe ser atendido sobre los elementos formales que lo contradigan; sin embargo, estimó que dicho numeral contempla que la resolución no debe afectar el debido proceso; como en su caso sería la admisión de pruebas de oficio, cuando no exista controversia entre las partes, pues tal proceder no está previsto en los numerales 777, 779 y 873 de la Legislación en consulta. 27.7 Concluyó que es desacertado que la autoridad hubiera ordenado el desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora, puesto que la demandada no compareció a juicio y, por ende, no se opuso defensa y excepción respecto del despido alegado: por tanto, debió resolver conforme a los hechos expuestos en la demanda y, en todo caso, considerar inverosímiles los hechos planteados en aquélla.
V. PRECISIÓN DE LA MATERIA DE CONTRADICCIÓN
28. Como se relató previamente, en el auto de Presidencia de dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, se fijó como aparente punto de contradicción: "PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE LA PARTE ACTORA. DETERMINAR SI EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR EL DESAHOGO DE ÉSTA, CUANDO LA PARTE DEMANDADA NO COMPARECIÓ A JUICIO."; sin embargo, ese acuerdo se sustenta en una vista preliminar del asunto, que no vincula al Pleno, pues a éste corresponde la fijación definitiva del punto de contradicción y el tema jurídico correspondiente, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo.(14)
29. En sustento a lo anterior, se cita la tesis 2a. V/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."(15)
30. En ese sentido, al analizar minuciosamente las características del asunto, así como los criterios adoptados en las sentencias en aparente oposición, este Pleno Regional estima que el punto de contradicción se debe delimitar de la siguiente manera: Prueba confesional a cargo de la parte actora. Determinar si conforme a lo establecido en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, la persona juzgadora está facultada para ordenar de oficio su desahogo, aun cuando la patronal no haya comparecido a juicio y, por ende, no haya contestado la demanda en su contra, ni tampoco ofrecido pruebas.
VI. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
31. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, en el caso, la Región Centro-Sur, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.
32. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de "tesis", basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
33. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia P/J. 72/2010, del anterior Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(16)
34. Si la finalidad de estos asuntos es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
35. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas genuinas y específicas.
36. Por otra parte, no es necesario que los criterios divergentes constituyan jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten posturas distintas sobre un mismo punto de derecho.
37. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia que lleva por rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(17) así como la tesis aislada titulada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(18)
38. En atención a lo expuesto, a continuación, se procederá a analizar si, en el caso, se acreditan los requisitos para determinar la exi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33776-d53be886/prueba-confesional-en-el-juicio-laboral-el-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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