ACTAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL PATRÓN PARA VERIFICAR SI UN TRABAJADOR INCURRIÓ EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE LA RESCISIÓN LABORAL. AL SER DOCUMENTOS PRIVADOS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE QUE LAS DECLARACIONES QUE CONSTEN EN AQUÉLLAS SE DESAHOGUEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 790, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS OSBALDO LÓPEZ GARCÍA, MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA, JESÚS GARZA VILLARREAL, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, RICARDO DELGADO QUIROZ Y MANUEL MUÑOZ BASTIDA. PONENTE: MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA. SECRETARIO: ARTURO ORTEGÓN GARZA.
Reynosa, Tamaulipas. Sentencia del Pleno del Décimo Noveno Circuito, correspondiente a la sesión de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.
Vistos los autos, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 5/2017; y,
RESULTANDO:
ÚNICO.—Presentación de la denuncia de la contradicción de tesis, admisión, trámite y turno del asunto.
Mediante escrito de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el apoderado de los trabajadores actores de diversos juicios laborales y que tienen el carácter de quejosos en juicios de amparo resueltos por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, denunciaron la posible contradicción entre los criterios emitidos por ambos tribunales, al resolver el primero, el amparo directo 447/2011 y el segundo, el amparo directo 197/2013, promovidos por ********** e **********, respectivamente.
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito otorgó el amparo solicitado, al considerar que la declaración que realiza el trabajador en la investigación administrativa que lleva a cabo el patrón para indagar la posible causa de rescisión de la relación laboral, debe ajustarse a las formalidades exigidas en el artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.
En tanto que el Segundo de los Tribunales Colegiados de Circuito de referencia, sostiene lo contrario, esto es, que no existe obligación alguna para el patrón, de sujetar su investigación a dicha formalidad establecida en la Ley Federal del Trabajo.
Mediante oficio SGA-IX-42717/2016, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el Máximo Tribunal del País carece de competencia para conocer de la contradicción de tesis 416/2016, ya que la competencia para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre dos Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, recae en el Pleno del Décimo Noveno Circuito.
Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, el entonces Magistrado presidente de este Pleno del Décimo Noveno Circuito, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 5/2017; admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis, y solicitó a los presidentes del Primer y del Segundo Tribunales Colegiados de este Circuito, informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denuncia la presente contradicción de tesis; se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
Mediante oficios 2811/2017 y ST018/2017, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informaron que el criterio sustentado en los amparos directos 197/2013 y 447/2011, se encuentra vigente, los que fueron acordados por el Magistrado presidente del Pleno, con fechas cuatro y diez de mayo de dos mil diecisiete, respectivamente.
Mediante proveído de diecisiete de mayo del presente año, el Magistrado presidente del Pleno de Circuito, tuvo por debidamente integrado el asunto.
Por acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, se returnó el expediente al Magistrado Mauricio Fernández de la Mora, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno del Décimo Noveno Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los numerales 2, fracción XVII y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción, fueron del conocimiento del Primer y del Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas.
SEGUNDO.—Legitimación.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) ya que la formularon quienes fueron apoderados de una de las partes (actores en los juicios laborales de origen), quejosos en los juicios de amparo directo que motivan la presente contienda.
TERCERO.—Posturas de los criterios contendientes.
Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, basaron sus determinaciones, respecto a si el desahogo de la prueba testimonial que rinde el trabajador en el acta de investigación administrativa que realiza el patrón, para la validez de la rescisión de un contrato de trabajo, debe o no efectuarse conforme a las formalidades establecidas en el artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.
• Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Al resolver el amparo directo 447/2011, en sesión de veinte de octubre de dos mil once, dicho tribunal consideró en lo conducente, que las preguntas que se le formulen al trabajador dentro del acta de investigación administrativa para efecto de determinar la existencia de una causa de rescisión, deben ceñirse a las formalidades que establece el artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.
• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Al resolver el amparo directo 197/2013, en sesión de veinte de junio de dos mil trece, dicho tribunal consideró en lo conducente, que la investigación administrativa que realiza el patrón para la validez de la rescisión, no debe efectuarse conforme a las formalidades establecidas en el artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, por no existir disposición legal alguna que así lo ordene.
CUARTO.—Análisis sobre la existencia de la contradicción de tesis.
Expuestos los criterios que se consideran contradictorios, es necesario determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, para lo cual es indispensable atender a las cuestiones jurídicas que fueron tratadas por los órganos jurisdiccionales contendientes; es decir, que se hubieran resuelto situaciones jurídicas esencialmente iguales y adoptado posiciones o criterios jurídicos discrepantes, ya sea en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas.
Lo anterior se desprende de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, que sirven como fundamento para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, bajo el registro digital: 164120, de rubro siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
Entonces, como puede advertirse, de los asuntos relacionados, se desprende que los citados Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito, se han pronunciado en torno a un mismo tema, consistente en que la investigación administrativa para la validez de la rescisión, debe determinar si se debe realizar conforme a las formalidades establecidas en el artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, llegaron a conclusiones opuestas sobre el tópico.
En las relatadas condiciones, es evidente que sí existe la contradicción de tesis.
QUINTO.—Estudio y determinación del criterio que debe prevalecer como jurisprudencia.
De manera previa a su estudio, resulta pertinente puntualizar, en primer término, que la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que las actas administrativas levantadas con motivo de faltas cometidas por los trabajadores, sólo alcanzan pleno valor probatorio cuando su contenido es ratificado en juicio por quienes las suscriben, dando con ello oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes del documento y la posibilidad de desvirtuar su contenido.
Dicho criterio se estableció en la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, enero-junio de 1984, página 67, bajo el registro digital: 815167, que es del siguiente contenido:
"ACTAS ADMINISTRATIVAS, EN INVESTIGACIÓN DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS.—Las actas administrativas levantadas en la investigación de las faltas cometidas por los trabajadores, para que no den lugar a que se invaliden, deben ser ratificadas por quienes las suscriben, para dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes del documento, con objeto de que no se presente la correspondiente indefensión. Por lo tanto, cuando existe la ratificación del acta por parte de las personas que intervinieron en su formación y se da oportunidad a la contraparte para repreguntar a los firmantes del documento y no se desvirtúan, con las preguntas que se formulen, los hechos que se imputan, la prueba alcanza su pleno valor probatorio."
Ahora, debe señalarse que para determinar cuál es la naturaleza –pública o privada– de la documental consistente en el acta administrativa, se requiere tomar en consideración lo establecido en la jurisprudencia 4a./J. 23/92, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 58, octubre de 1992, página 23, bajo el registro digital: 207821, que dice:
"ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SÓLO ALCANZAN PLENO VALOR PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES.—Tomando en consideración que en las relaciones laborales con sus servidores públicos, el Estado no actúa como autoridad, sino como sujeto patronal de un contrato de trabajo, según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Suprema Corte, y que cuando el titular de una dependencia burocrática (o la persona indicada para ello), ordena el levantamiento del acta administrativa que exige el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con miras a verificar si un servidor público incurrió en alguna de las causales rescisorias que especifica ese mismo ordenamiento, tampoco lo hace como autoridad, sino asimilado a un patrón, debe considerarse dicha acta como un documento privado. Por otra parte, de acuerdo con los artículos 46, fracción V y 127 Bis, de dicha ley, toca al titular de cada dependencia ejercitar la acción para demandar la terminación de los efectos del nombramiento del servidor público y, asimismo, le corresponde la carga de probar la existencia de la causal relativa. En ese contexto, si en el acta administrativa se contiene la razón por la cual se demanda la terminación de los efectos de un nombramiento, y siendo esa acta un documento privado que no conlleva intrínsecamente la prueba plena de su contenido, para alcanzar tal fuerza se requiere de su perfeccionamiento, lo que se logra a través de la comparecencia, ante el órgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando así oportunidad al trabajador de repreguntarles. Tal circunstancia opera independientemente de que el acta no haya sido objetada por el trabajador, pues de no ser así, y concluir que su ratificación sólo procede cuando se objeta, implicaría a su vez la grave consecuencia de otorgar a la parte patronal, aun en forma eventual, el poder de formular pruebas indubitables ante sí o por su orden, sin carga alguna de perfeccionamiento." (Lo resaltado no es de origen)
El contenido fundamental de esta jurisprudencia está referido a que en las relaciones laborales con sus servidores públicos, el Estado no actúa como autoridad, sino como si fuera el sujeto patronal de un contrato de trabajo.
Sin embargo, lo fundamental de dicho criterio, que se relaciona con el caso que nos ocupa, se basa en el hecho de que cuando el acta de investigación administrativa se realiza por el patrón, con miras a verificar si un trabajador incurrió en alguna de las causales de rescisión, evidentemente que tal acta de investigación tiene el carácter de documento privado, en términos de lo dispuesto en el artículo 796 de la Ley Federal del Trabajo.
Dentro de ese contexto, es decir, de las cargas que el titular tiene de demandar y de probar la causa de terminación de la relación laboral, es que debe examinarse la fuerza probatoria del mencionado documento privado, para dirimir la contradicción de mérito.
Pues bien, de acuerdo con el artículo 812 de la Ley Federal del Trabajo, cuando los documentos públicos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, sólo prueban que fueron hechas ante la autoridad que expidió el documento, de lo cual se infiere que dicho documento no prueba, necesariamente, la verdad de lo declarado o manifestado; y si esta regla opera tratándose de documentales públicas, con mayor razón debe aplicarse tratándose de la multimencionada acta administrativa, que es un documento privado, según ya se especificó, porque la realiza el patrón de iniciativa propia, con la finalidad de indagar en torno a los hechos por los que rescindió la relación laboral.
Así, es evidente que dicho documento es elaborado por orden de la parte patronal y contiene declaraciones de terceros que figuran como testigos, lo que amerita su presentación ante la autoridad jurisdiccional, tanto para que ratifiquen su dicho, como para que el trabajador afectado tenga oportunidad de ejercer su derecho de defensa, con la posibilidad, por ejemplo, de repreguntar ante la propia autoridad y no ante su contraparte.
Es aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151-156, julio-diciembre de 1981, página 121, bajo el registro digital: 242975, que son de los siguientes rubro y texto:
"DOCUMENTOS PRIVADOS, PROVENIENTES DE TERCERO.—Los documentos privados provenientes de tercero, cuando no son ratificados por quienes los suscriben, deben equipararse a una prueba testimonial rendida sin los requisitos de ley, por lo que carecen de valor probatorio."
Así como la jurisprudencia 4a./J. 23/92, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 58, octubre de 1992, página 23, bajo el registro digital: 207821, la cual se citó previamente, que es del rubro siguiente:
"ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SÓLO ALCANZAN PLENO VALOR PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES."
Entonces, lo anterior implica que como la verificación de dicho documento privado no está encomendada por la Ley Federal del Trabajo, a un funcionario investido de fe pública, ni fue emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, sino que se realizó por el patrón con la finalidad de indagar la existencia de hechos que a decir de él, constituyeron la existencia de una causa de rescisión de la relación laboral, es incuestionable que las declaraciones que en tal documento privado se asienten, no tienen por qué verificar con las formalidades previstas en el artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que estipula que en el desahogo de la prueba confesional las posiciones se formularan libremente pero deberán concretarse a los hechos controvertidos, y que no deberán ser insidiosas o inútiles, lo que constituye una situación distinta.
Esto es, que el patrón deba realizar una calificación de las preguntas que le formule al trabajador dentro de dicha investigación administrativa, pues no existe disposición alguna en dicho ordenamiento laboral, que así lo disponga y, sí en cambio, el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo dispone que son admisibles en el proceso laboral, todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho y, en especial, entre otras, la confesional, que en su desahogo la Junta debe observar las formalidades a que se refiere el artículo 790 del ordenamiento legal en cita.
Efectivamente, los artículos 786 al 794 de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente:
"Artículo 786. Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones.
"Tratándose de personas morales la confesional se desahogará por conducto de su representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente artículo."
"Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos."
"Artículo 788. La Junta ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen."
"Artículo 789. Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora señalada, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales."
"Artículo 790. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas siguientes:
"I. Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito, que exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia;
"II. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos controvertidos; no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas las posiciones que tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, para obtener una confesión contraria a la verdad; son inútiles aquellas que versan sobre hechos que hayan sido previamente confesados o que no están en contradicción con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia;
"III. El absolvente bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo, de palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna. No podrá valerse de borrador de respuestas pero se le permitirá que consulte simples notas o apuntes, si la Junta, después de tomar conocimiento de ellos, resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria;
"IV. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará agregar a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente;
"V. Las posiciones serán calificadas previamente, y cuando no reúnan los requisitos a que se refiere la fracción II, la Junta las desechará asentando en autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución;
"VI. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando; pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta; las respuestas también se harán constar textualmente en el acta respectiva; y
"VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta, de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello."
"Artículo 791. Si la persona que deba absolver posiciones tiene su residencia fuera del lugar donde se encuentre la Junta, ésta librará exhorto, acompañando, en sobre cerrado y sellado, el pliego de posiciones previamente calificado; del que deberá sacarse una copia que se guardará en el secreto de la Junta.
"La Junta exhortada recibirá la confesional en los términos en que se lo solicite la Junta exhortante."
"Artículo 792. Se tendrán por confesión expresa y espontánea, las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el articulante."
"Artículo 793. Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre hechos propios, ya no labore para la empresa o establecimiento, previa comprobación del hecho, el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento de la Junta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, y la Junta podrá solicitar a la empresa que proporcione el último domicilio que tenga registrado de dicha persona.
"Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, la Junta lo hará presentar por la policía."
"Artículo 794. Se tendrán por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio."
De los artículos 786, 787, 788 y 793 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que las partes están autorizadas a solicitar se cite a la contraria a absolver posiciones, tratándose de personas morales, por conducto del represente legal y, como salvedad, cuando el oferente sea el trabajador, a cargo de los directores, administradores, gerentes y, en general, de las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que por razón de sus funciones les deban ser conocidos.
Del artículo 789 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que si la persona que debe ser citada para absolver posiciones, no concurre, en la hora y fecha señaladas, se le declarará confesa de las posiciones que se articulen.
El artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, prevé la posibilidad de formular libremente las posiciones a condición de que se refieran a los hechos controvertidos, lo único es que prohíbe que sean insidiosas o inútiles.
El propio precepto precisa lo que debe entenderse por una posición insidiosa, señalando que es aquella que tiende a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, para obtener una confesión contraria a la verdad.
El artículo 791 de la Ley Federal del Trabajo, establece que en el caso de que la persona que deba absolver posiciones resida fuera del lugar de residencia de la Junta, se librará exhorto.
Los artículos 792 y 794 de la Ley Federal del Trabajo, se refiere el primero a la confesión expresa y espontánea, que consiste en las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el articulante y el segundo a la confesión expresa y espontanea de las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio, sin necesidad de ser ofrecida como prueba.
Con lo anterior se evidencia que en los preceptos mencionados de la Ley Federal del Trabajo, se refleja que la confesión puede ser de dos formas, la confesión por posiciones y la confesión expresa; la primera es la que se conoce como provocada por interrogatorio de la parte contraria, en tanto que la segunda que es la judicial espontánea, es la confesión que se deriva de las afirmaciones que se contienen en las posiciones que se formulen al articulante y las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio.
Pero se insiste, no existe disposición alguna que ordene que esa misma formalidad en el desahogo de una declaración, deba ser observada por el patrón cuando realiza en documento privado, el acta de investigación tendiente a comprobar hechos relacionados con una causa de rescisión de la relación laboral.
Pues el desahogo de la prueba confesional a que alude el artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, está dirigida exclusivamente a las formalidades que debe observar la autoridad laboral, cuando en el juicio laboral se ofrezca dicho medio de prueba.
Por tanto, como el acta de investigación administrativa de que se viene tratando, no conlleva intrínsecamente la prueba plena de su contenido, tal fuerza debe alcanzarse mediante su perfeccionamiento, cuando se utiliza en el procedimiento laboral, el cual se logra mediante la ratificación de su contenido por quienes en dicha acta de investigación intervinieron, lo que les permitirá reconocer el documento mismo, su contenido y la autenticidad de sus firmas, y a su vez permitirá a la parte, cuyo interés es opuesto al del oferente de la prueba, repreguntar sobre los hechos que constan en el acta y, en su caso, desvirtuar su contenido.
Por consiguiente, al quedar evidenciado que las actas de investigación administrativas que realiza el patrón, constituyen documentos privados y, por ende, que no existe obligación legal de que las preguntas que se formulen a las personas que en ellas declaran se hagan conforme a las formalidades establecidas en el artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo, es incuestionable que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es el establecido por este Pleno de Circuito, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, quedará con el título, subtítulo y texto siguientes:
De los artículos 786 al 794 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el legislador contempló dos tipos de confesionales en materia laboral, a saber, la confesión por posiciones y la expresa; la primera es la que se conoce como provocada por interrogatorio de la parte contraria, mientras que la segunda es la confesión derivada de las afirmaciones contenidas en las posiciones formuladas al articulante y las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio. Así, cuando el patrón levanta el acta administrativa para verificar si un trabajador incurrió en alguna de las causales de rescisión de la relación laboral que especifica el artículo 47 de la ley citada, el acta mencionada constituye un documento privado; por tanto, como no la elabora un funcionario investido de fe pública, ni la emite una autoridad en ejercicio de sus funciones, sino que la realiza el patrón con la finalidad de indagar la existencia de hechos que a decir de él constituyeron la existencia de una causa de rescisión de la relación laboral, es incuestionable que las declaraciones que en tal documento privado se asienten, no tienen que desahogarse con las formalidades previstas en el artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, pues no existe disposición alguna en ésta que así lo ordene, ya que las formalidades a que alude dicho precepto legal, son las que debe observar la autoridad laboral, cuando en el juicio se ofrezca la prueba confesional por posiciones, lo cual constituye una situación distinta.
• Así, en atención a las consideraciones expuestas, se desprenden los siguientes:
RESOLUTIVOS:
PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada.
SEGUNDO.—Debe prevalecer, esencialmente y con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito.
Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; envíense la indicada jurisprudencia y la parte considerativa de este fallo a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta conforme al artículo 219 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad archívese el expediente.
Así lo resolvió el Pleno del Décimo Noveno Circuito, por unanimidad de seis votos de los Magistrados Osbaldo López García, Mauricio Fernández de la Mora, Jesús Garza Villarreal, Juan Manuel Díaz Núñez, Ricardo Delgado Quiroz y Manuel Muñoz Bastida; siendo presidente el primero, y ponente el segundo de los nombrados.
"El suscrito licenciado Edgar Filemón Luna Cruz, secretario de Acuerdos del Pleno del Decimonoveno Circuito, certifico y hago contar que el presente documento consta de doce fojas útiles, son fieles y exactas de la versión pública que corresponde al engrose relativo a la contradicción de tesis 5/2017 del índice de este Pleno, una vez aplicadas las modificaciones sugeridas por la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales han sido aprobadas por los Magistrados integrantes de este Pleno."
_______________
1. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28118-d20e5791/actas-de-investigacion-administrativa-realizadas-por-el-patron · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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