RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS. 16 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTES: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal,(5) 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, parte final, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(6) en atención a que se trata de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos y derivados de asuntos en materia penal, sin que se advierta la necesidad de la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Legitimación. El Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, cuenta con legitimación para formular la denuncia de la posible contradicción de tesis, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II y 227, fracción II de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito.
1. Amparo en revisión 400/2018, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito.
a) Antecedentes del caso
El dos de abril de dos mil dieciocho, la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dictó sentencia condenatoria en el juicio oral ********** contra **********, por su responsabilidad en la comisión del delito asalto agravado. El dos de mayo siguiente, al no haberse interpuesto ningún recurso contra la sentencia condenatoria, la misma Juez emitió proveído mediante el cual la declaró firme.
En contra de tal proveído, el sentenciado interpuso recurso de apelación, que se registró como toca de apelación **********, en la Sala Colegiada del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, quien el uno de julio de dos mil dieciocho determinó no admitirla a trámite.
Inconforme, el sentenciado promovió demanda de amparo contra la resolución emitida por la Sala Colegiada antes referida. Del asunto toco conocer al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien lo registró como amparo indirecto **********.
Seguido el trámite respectivo, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Juez de amparo celebró audiencia constitucional en la que dictó resolución, determinando sobreseer en el juicio porque el quejoso no cumplió con el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo al no interponer en contra del acto reclamado el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado para su estudio al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y registrado como **********. Por oficio ********** del secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó remitir el asunto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región para que dictara sentencia en su apoyo. En consecuencia, una vez recibidos los autos, el Tribunal Colegiado Auxiliar registró el asunto bajo su índice como **********, y el veintidós de marzo de dos mil diecinueve pronunció sentencia en la que determinó, por mayoría de votos, confirmar la resolución recurrida.
b) Consideraciones del Tribunal Colegiado(7)
Para llegar a tal conclusión, el Tribunal Colegiado Auxiliar determinó que fue correcto el sobreseimiento decretado por el Juez de amparo, toda vez que el quejoso efectivamente faltó al principio de definitividad que rige el procedimiento de amparo, por las siguientes razones:
Indicó que contra el acuerdo de trámite en que la Sala Colegiada determinó no admitir la apelación, procedía el recurso ordinario de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que es procedente contra cualquier acuerdo de mero trámite y que el recurrente no interpuso en su momento.
En ese sentido, sustentó que el acuerdo referido efectivamente era de mero trámite, puesto que no resolvió el fondo de la causa penal o alguna otra cuestión relacionada con el mismo, tal y como lo establece el artículo 67, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que dicha decisión de ninguna forma constituye un análisis de fondo y sólo es atinente a un aspecto procedimental que se resuelve fuera de audiencia sin necesidad de escuchar a las partes, salvo que se trate de una cuestión compleja a criterio del órgano jurisdiccional, esto último de conformidad con lo dispuesto en el numeral 466, fracción II, del mismo código.
Determinó que lo así considerado, evidenciaba que las posibles violaciones que hubiese generado la emisión del acto reclamado eran de índole procesal que de ninguna manera se traducían en violaciones a derechos humanos o sustantivos previstos en la Constitución Federal que constituyeran una excepción para no agotar el principio de definitividad, y esa circunstancia, de ninguna forma violentaba el principio pro persona.
Fundamentó su consideración en la tesis de jurisprudencia de título y subtítulo: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.",(8) señalando a su vez que las tesis de títulos y subtítulos: "PRUEBAS EN LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL DE NEGAR LA PETICIÓN DE EXCLUIR ALGUNOS DATOS DE AQUÉLLAS, PLANTEADA COMO INCIDENCIA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO, NO ES UNA DETERMINACIÓN DE MERO TRÁMITE, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES."(9) y "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. COMO EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, ES INNECESARIO AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE."(10) no resultaban aplicables, como aducía el recurrente, por estar la primera tesis referida a incidencias surgidas en la audiencia de vinculación a proceso, cuando el acto reclamado aparece dictado fuera de audiencia y después de dictada la sentencia de primera instancia y, porque en el caso de la segunda tesis, se habían alegado en la demanda de amparo cuestiones de legalidad atinentes a violaciones procesales que se dicen ocurridas durante el procedimiento que culminó con el dictado de la sentencia de primera instancia y posterior auto que la declaró ejecutoriada, recurrido éste en apelación, por más que no fuera procedente como lo reconoce el propio quejoso recurrente.
También, que no se cumplía la excepción prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el fundamento legal para el recurso ordinario de revocación era suficientemente claro y el recurrente no necesitaba interpretación adicional para saber que la revocación era procedente contra el acto reclamado.
Señaló que el legislador fue claro al estipular que el recurso de revocación procede en cualquier etapa del procedimiento penal en las que interviene autoridad judicial, en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación.
Lo anterior, a su consideración, muestra que el artículo 465 del código adjetivo nacional no da lugar a ambigüedades ni lecturas contradictorias, si no que su interpretación literal es suficientemente clara y concisa para saber en qué casos procede el recurso de revocación, sin necesidad de señalar un listado ostensivo de las resoluciones recurribles por ese medio.
Reforzó su conclusión aludiendo que también por deducción se podía llegar a la misma, pues el sistema penal sólo prevé dos recursos: la apelación y la revocación, y por tanto, se puede deducir que al no ser procedente el primero, es procedente el segundo.
Por las razones anteriores el Tribunal Colegiado Auxiliar determinó confirmar la sentencia del Juez de amparo, no sin antes señalar que no comparte las consideraciones sustentadas por el ahora tribunal contendiente al emitir la tesis aislada I.9o.P.150 P (10a.).
2. Recurso de queja 20/2017, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
a) Antecedentes del caso
Ante la Unidad de Gestión Judicial Número Uno del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, se siguió la carpeta administrativa **********, en la cual ********** figuraba como ofendida, y ********** como imputada, por la posible comisión de hechos constitutivos de delito.
Durante el trámite de la carpeta administrativa, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México concedió a la imputada la suspensión condicional del proceso; sin embargo, más adelante la ofendida solicitó al Juez de Control del proceso que convocara a las partes para que se debatiera la posible revocación de dicha suspensión, pues alegó que la imputada dejó de cumplir con las condiciones impuestas. En respuesta, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez de Control negó la solicitud de la imputada por considerar que no se encontraban reunidas las condiciones que pudieran derivar en la revocación de la suspensión condicional del proceso.
Inconforme, la ofendida interpuso recurso de apelación, que se registró como toca **********, en la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien por auto de nueve de enero de dos mil diecisiete determinó la no admisión del recurso.
Contra la negativa de admitir el recurso de apelación por parte de la Sala Penal, la ofendida promovió demanda de amparo. Del asunto toco conocer al Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, quien lo registró como amparo indirecto **********, y el diez de febrero de dos mil diecisiete desechó de plano el juicio de regularidad constitucional, por considerar que se actualizó una causal de improcedencia, consistente en que la quejosa no cumplió con el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues contra el acto que reclamaba procedía el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del código adjetivo nacional.
Para combatir el desechamiento del juicio de amparo, la quejosa interpuso recurso de queja, que se sometió al conocimiento del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo radicó como **********.
El referido órgano colegiado dictó sentencia el treinta de junio de dos mil diecisiete, en la que revocó la resolución impugnada y ordenó al Juez de Distrito que emitiera un nuevo auto en que admitiera la demanda de amparo, por las razones que se retomarán a continuación.
b) Consideraciones del Tribunal Colegiado(11)
En su sentencia, el órgano colegiado inició por definir la causal de improcedencia referente al principio de definitividad, que a su entender consiste en la obligación por parte del promovente de una demanda de amparo, de haber agotado cualquier medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, en virtud del cual puedan ser anuladas, revocadas o modificadas las determinaciones que estima transgreden su esfera jurídica.
Posteriormente, retomó el fundamento legal del principio de definitividad, es decir, el artículo 61, fracción XXVIII de la Ley de Amparo, así como todo lo dispuesto por el libro segundo, título XII, capítulo I del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a los recursos que pueden intentarse en el contexto del sistema penal acusatorio para controvertir una decisión judicial, entre los que se encuentran la revocación y la apelación.
Al respecto, señaló que la normativa es clara al señalar las determinaciones que son recurribles por medio de apelación, pero que respecto a la revocación únicamente señala que es procedente contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación.
En este sentido, el Tribunal Colegiado estimó que la no admisión del recurso de apelación que la recurrente señaló como acto reclamado en su demanda de amparo, si bien no constituye una resolución dictada en la sustanciación, tampoco puede considerarse una determinación de mero trámite, porque su finalidad es poner el asunto en estado de resolución, y porque para dilucidar si el accionar de la Sala fue o no correcto es necesario realizar un estudio de fondo.
Para reforzar su consideración, respecto que el acto reclamado por la recurrente no es de mero trámite, señaló que sería necesario examinar si la apelación era o no procedente conforme al artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que deja claro que se trata de una cuestión de fondo y no de mero trámite.
Además, consideró que al principio de definitividad que el Juez de amparo hizo referencia para no admitir la demanda de amparo de la recurrente, le es aplicable una excepción, prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y que permite al quejoso decidir entre acudir al medio ordinario de defensa o directamente al amparo, cuando la procedencia del referido medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo.
Al respecto, el Tribunal Colegiado llegó a la conclusión que dicha excepción era aplicable, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé fundamento legal suficiente o bien sin efectuar interpretación adicional, para estimar que contra el acto reclamado por la quejosa procede el recurso de revocación, pues a su parecer, la literalidad del artículo que prevé la revocación no prevé expresamente que tal recurso sea aplicable contra la no admisión de un recurso de apelación; y porque de otra forma obligaría a la quejosa a realizar una interpretación adicional y sistemática de diversos numerales, lo que de ninguna manera le es exigible, en tanto no está obligada a conocer la ley para interpretarla y establecer técnicamente el medio de impugnación que debía interponer antes del amparo.
Por tanto, consideró que la decisión del Juez de Distrito de no admitir a trámite el juicio de amparo porque previamente se debía agotar el recurso de revocación, era contraria a lo dispuesto en la normatividad de amparo y al derecho a una tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior, dado que en atención a la interpretación progresiva de los derechos humanos determinó viable considerar que cuando se "reclama la inadmisión del recurso de apelación en el nuevo sistema de justicia penal mexicano, debe operar la excepción que prevé el actual texto del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo".
En suma, consideró que en aquellos casos en que no exista fundamento legal suficiente o se requiera interpretación adicional para interponer alguno de los medios de defensa, como en el caso, la parte afectada podía combatir la determinación que le causaba afectación directamente a través del juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente el principio de definitividad.
Posteriormente, con base en las consideraciones antes descritas, que sirvieron para resolver los autos del recurso de queja 20/2017, el Tribunal Colegiado de conocimiento emitió la siguiente tesis aislada:
"DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. AL NO PREVER EXPRESAMENTE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES FUNDAMENTO LEGAL SUFICIENTE, O SIN EFECTUAR INTERPRETACIÓN ADICIONAL, RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA SALA DE NO ADMITIR A TRÁMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén el derecho de acceso a la impartición de justicia –acceso a una tutela judicial efectiva–. Por ello, es correcto establecer que se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XVIII, última parte, de la Ley de Amparo, en razón de que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé expresamente la procedencia del recurso de revocación contra la determinación de la Sala de no admitir a trámite el diverso de apelación. Lo que se traduce en que no existe fundamento legal suficiente, o bien, sin efectuar interpretación adicional, para estimar que aquel recurso (revocación) procede contra el supuesto que interesa (no admisión de la apelación). Lo que traería como consecuencia que, en todo caso, el recurrente tendría que realizar una interpretación adicional y sistemática de diversos numerales, que no se obtiene directamente de la redacción de los preceptos que regulan la procedencia del recurso de revocación mencionado, contra el acto que pretende combatir. Ejercicio de interpretación que no es exigible a la parte recurrente, al no estar obligada a conocer la ley para interpretarla y establecer técnicamente el medio de impugnación que debe oponer antes de ejercer la acción de amparo, en términos de la excepción al principio de definitividad, contenida en el artículo 61, fracción XVIII, última parte, invocado."(12)
CUARTO.—Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(13) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está contenida en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente; de los cuales se desprende una facultad para unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados –o las Salas de la Corte, en su caso– llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto y, de esta forma, dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.(14)
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio"; sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.(15)
En ese sentido, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las condiciones(16) siguientes:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales;(17) y,
3. Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorias, lo que dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
A partir de lo expuesto, esta Primera Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de criterios denunciada, por las razones que se exponen a continuación:
1. Emisión de un criterio o tesis a partir de un ejercicio interpretativo.
En primer lugar, del análisis de los criterios contendientes es posible desprender que los Tribunales Colegiados involucrados en el presente asunto realizaron un ejercicio interpretativo para resolver los casos sujetos a su jurisdicción y emitieron respectivas sentencias en las que plasmaron los argumentos que consideraron pertinentes para sostener su decisión, sin que se advierta que alguno de ellos se hubiese limitado a aplicar jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Existencia de punto de toque o contacto.
Por otra parte, de las constancias que obran en el expediente también se advierte que ambos Tribunales Colegiados resolvieron respectivos casos en los que se vieron obligados a abordar mismos puntos de estudio, en específico: i) determinar si en contra de la determinación de no admitir el recurso de apelación debe agotarse el recurso ordinario de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de acudir al juicio de amparo, y en su caso; ii) establecer si es aplicable la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, que permite al quejoso decidir entre acudir al medio ordinario de defensa o directamente al amparo, cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo.
Sin que se considere una diferencia importante en el asunto, que en el caso del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, el acto reclamado por el quejoso fue la determinación de la Sala Colegiada mediante la cual tuvo por no admitido el recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva dictada en juicio oral; en tanto que en el asunto abordado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el acto reclamado consistió en la determinación de la Sala Penal de no admitir el recurso de apelación de la quejosa, contra un diverso proveído del Juez de Control en el proceso, que consideró como no ha lugar a estudiar la posible revocación de la suspensión condicional del proceso, concedida previamente a la imputada en la carpeta administrativa.
Es así, pues si bien como puede observarse los momentos procesales en que se suscitaron las problemáticas resueltas por los Tribunales Colegiados son distintas, en el fondo resolvieron sobre un mismo problema jurídico en torno a la procedencia del recurso de revocación previsto en el código adjetivo nacional en contra de la inadmisión del recurso de apelación, para efectos del juicio de amparo; razón por la cual se considera que existe punto de toque al respecto entre los criterios sustentados, aunque las determinaciones judiciales en que consisten los actos reclamados sucedieron en distintas etapas del proceso penal.
3. Contradicción entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados.
Por último, esta Primera Sala advierte que las consideraciones expresadas por los Tribunales Colegiados involucrados para resolver el problema jurídico precisado en el apartado anterior, resultan contradictorias.
Es así, porque mientras el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región consideró afectado el principio de definitividad, porque el quejoso no agotó el recurso de revocación contra el acuerdo de inadmisión del diverso recurso de apelación, ya que el mencionado acuerdo efectivamente era de mero trámite, puesto que no resolvía el fondo de la causa penal o alguna otra cuestión relacionada con el mismo y sólo era atinente a un aspecto procedimental, que se resolvía fuera de audiencia sin necesidad de escuchar a las partes, salvo que fuera una cuestión compleja a criterio del órgano jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 466, fracción II, del mismo código.
También, indicó que no se cumplía la excepción prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo de la Ley de Amparo, pues el fundamento legal para el recurso ordinario de revocación era suficientemente claro, al estipular que el recurso de revocación era procedente en cualquier etapa del procedimiento penal en las que interviene autoridad judicial, en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación, y el recurrente no necesitaba interpretación adicional para saber que la revocación era procedente contra el acto reclamado, sin necesidad de señalar un listado ostensivo de las resoluciones recurribles por ese medio.
Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo que la determinación de no admitir el recurso de apelación, exige un estudio de fondo por lo que no es una resolución de mero trámite, como exige el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la procedencia del recurso de revocación. Además, tal artículo no señala expresamente contra qué determinaciones procede, por lo que si bien en el contexto del juicio de amparo debe respetarse el principio de definitividad, en el caso concreto se actualizaba la excepción prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo de la Ley de Amparo, que permite al quejoso decidir entre el medio de defensa ordinario o el amparo, para combatir la determinación que estima le causa perjuicio, "cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla".
Así las cosas, resulta evidente que en el caso los Tribunales Colegiados involucrados emitieron criterios sobre un mismo punto de derecho y arribaron a conclusiones distintas.
En efecto, se considera que en el asunto existen dos puntos de toque a resolver por parte de esta Primera Sala, por lo cual será necesario: i) determinar si en contra de la no admisión del recurso de apelación en materia penal acusatoria es procedente el recurso ordinario de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en su caso, ii) establecer si antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse dicho medio de impugnación, o bien, se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, que permite al quejoso decidir entre acudir al medio ordinario de defensa o directamente al am
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29330-218ebcc7/recurso-de-revocacion-en-observancia-al-principio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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