RECURSO DE APELACIÓN QUE NO ES ADMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 304/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE FEBRERO DE 2023. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. AUSENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 304/2022 denunciada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
El problema jurídico para resolver en este caso consiste en determinar si esta Primera Sala es legalmente competente para conocer y resolver este asunto respecto de algunos de los tribunales cuyos criterios contienden, así como dilucidar si es procedente el análisis de fondo de esta contradicción para establecer si conforme al artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal debe agotarse el recurso de revocación en contra de un acuerdo dictado por el tribunal de alzada que inadmite el recurso de apelación durante el procedimiento de ejecución de sanciones penales.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios existente entre el sustentado por ese tribunal al resolver el amparo en revisión 98/2022, el criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que emitió al resolver el amparo en revisión 36/2022, y el criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al conocer del diverso amparo en revisión 113/2022, en relación a la observancia al principio de definitividad, esto es, si previo a promover un juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consista en el auto que desecha un recurso de apelación dentro de un procedimiento tramitado con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe agotarse el recurso de revocación.(1)
2. Admisión y turno. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el entonces presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente 304/2022, precisó que este Alto Tribunal no es competente para resolver las contradicciones de Tribunales Colegiados de la misma especialidad y Circuito, como lo son el Séptimo y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que ordenó enviar copia de las constancias pertinentes para su trámite ante el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito.
3. No obstante, admitió a trámite la denuncia presentada respecto de todos los Tribunales Colegiados de Circuito para efectos de la contradicción de criterios en virtud de las particularidades que de su estudio pudieran derivar, y determinó que por razón de la materia, corresponde conocer del caso a esta Primera Sala, ordenó la integración del cuaderno auxiliar y turnó los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
4. Avocamiento y vigencia de los criterios. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la entonces Ministra presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento del asunto, asimismo, tuvo por recibido el informe del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito por el que precisó que su criterio sigue vigente.
5. Por otra parte, se solicitó al Pleno en Materia Penal del Primer Circuito para que informara el trámite que dio a la contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, así como de la notificación a dichos órganos del acuerdo de radicación.
6. Posteriormente, en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito informó que su criterio está vigente.
7. Por acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, la entonces presidenta de la Primera Sala advirtió que el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito omitió informar sobre el acuerdo de radicación de la posible contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, así como de su notificación a esos órganos jurisdiccionales.
8. Asimismo, adujo que aun ante la falta del informe pendiente es posible entender preliminarmente que subsiste un probable punto sobre la materia de contradicción que es competencia de este Alto Tribunal, lo cual fue destacado en el acuerdo de admisión del entonces presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
I. COMPETENCIA
9. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del País;(2) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(3) así como 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo Plenario Número 5/2013.(5)
10. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos en asuntos del orden penal, cuya materia corresponde con la especialidad de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que se adviertan motivos para la intervención del Tribunal Pleno.
11. Sin embargo, más adelante se precisan los motivos por los que este Alto Tribunal no es competente para conocer de los criterios sustentados por dos de los Tribunales Colegiados que formaron parte de la denuncia respectiva y que cuentan con la misma especialización dentro del mismo Circuito.
II. LEGITIMACIÓN
12. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(7) la contradicción fue denunciada por parte legitimada, pues se trata de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quienes emitieron la sentencia que dio origen al amparo en revisión 98/2022, cuyo criterio contiende en el presente asunto.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Para una mejor comprensión del asunto, se realiza una síntesis de los principales argumentos que sustentaron las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito que contienden en la presente contradicción de criterios.
A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 98/2022
14. Causa penal. El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México condenó al señor persona A, a cuarenta años de prisión, por los delitos de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, así como en la modalidad de secuestro en grado de tentativa, y lesiones.
15. Determinación administrativa. Durante el procedimiento de ejecución, el dos de octubre de dos mil veinte, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México calificó la legalidad de la determinación administrativa consistente en el traslado del señor persona A, del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", en El Salto, Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-Chiapas", en Villa Comaltitlán, Chiapas.
16. Recurso de apelación. Inconforme, el señor persona A interpuso recurso de apelación. El doce de agosto de dos mil veintiuno, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, al pronunciarse de plano sobre la admisión del recurso, determinó declarar sin materia la apelación porque mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la desincorporación del Sistema Penitenciario Federal del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente". Por ello, no existe materia de análisis para el recurso hecho valer.
17. Juicio de amparo indirecto. Inconforme con esa determinación, mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, el señor persona A promovió un juicio de amparo indirecto que correspondió conocer al Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo el expediente (número de expediente). Por resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, un tribunal auxiliar sobreseyó en el juicio de amparo, en esencia, por las siguientes razones:
a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el señor persona A no agotó el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo indirecto.(8)
b) El señor persona A tenía la obligación de agotar el recurso de revocación previsto por los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual era susceptible que el auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, fuera confirmado, revocado o modificado.(9)
c) Conforme a la contradicción de tesis 153/2019, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un medio de defensa amplio que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que resuelven sin sustanciación.(10)
d) El auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación emitida dentro del procedimiento penal y de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, ya que no resuelve el fondo de la causa penal o pone un término al procedimiento, ni involucra la respuesta de los agravios formulados por el recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos previstos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así como las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del citado ordenamiento legal.(11)
e) El artículo 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula que se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin que exista sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación.(12)
f) Así, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario agotar el recurso de revocación antes de acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad.(13)
g) Por tanto, si el acto reclamado se emitió con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales y dicho acto se considera de mero trámite para efectos de la procedencia del recurso de revocación, es inconcuso que el señor persona A no agotó el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
18. Recurso de revisión y sentencia objeto de contradicción. El señor persona A interpuso recurso de revisión el doce de febrero de dos mil veintidós. Del asunto conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que lo registró con el número de expediente 98/2022.
19. Por resolución de veintiocho de julio de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado resolvió confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo. Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
a) Es infundado el recurso de revisión interpuesto por el señor persona A, a pesar de suplir la deficiencia de la queja, pues consideró que el Tribunal Unitario, legalmente decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
b) Sin embargo, precisó que dada la naturaleza jurídica del acto reclamado la legislación aplicable es la Ley Nacional de Ejecución Penal y no el Código Nacional de Procedimientos Penales.
c) Lo anterior, pues en la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra previsto el recurso de revocación que a consideración del Tribunal Colegiado, debió ser agotado previamente por la parte quejosa.
d) Si bien en el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales para todo lo no previsto en aquella ley, lo cierto es que son inaplicables los artículos 465 y 466 del código adjetivo en cita, en lo relativo al recurso de revocación, pues el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula en plenitud ese medio de impugnación.(14)
e) Por esos motivos, la causa de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse en términos del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y no respecto de los artículos antes referidos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
f) Así, el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, que se interpone en contra de las resoluciones de mero trámite que emiten las autoridades judiciales (Juez y tribunal de alzada) con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo.
g) En atención a una interpretación del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que surge de una armonización de la naturaleza, principios y funcionalidad del juicio de amparo, se logra establecer que los tribunales de alzada, dentro de su ámbito de competencia, están legalmente facultados para resolver las cuestiones sometidas a su jurisdicción a través del recurso de revocación que es interpuesto en contra resoluciones de mero trámite durante la sustanciación de esa instancia.
h) Por ello, es válido concluir que el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal procede en contra del auto que no admite un recurso de apelación, al ser un medio de defensa amplio y debe agotarse de manera previa a promover el juicio de amparo.
i) La Primera Sala de la Suprema Corte, se pronunció en términos similares, al resolver la contradicción de tesis 153/2019, al analizar la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(15)
B. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 36/2022
20. Causa penal. El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México condenó a las señoras persona B y persona C a cuatro meses de prisión, por la comisión de un delito de despojo calificado.
21. Procedimiento de ejecución penal. Durante el procedimiento de ejecución, el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, negó a las señoras persona B y persona C el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, y les concedió el plazo de tres días para que restituyeran de manera voluntaria a la ofendida del delito.
22. El tres de noviembre de dos mil veinte las señoras persona B y persona C solicitaron al Juez de ejecución llevar a cabo un incidente para identificar el terreno materia del delito de despojo. El Juez de ejecución negó dicha petición porque el terreno se delimitó en la sentencia de primera instancia.
23. Recurso de apelación. Inconformes, las señoras persona B y persona C interpusieron recurso de apelación. El nueve de julio de dos mil veintiuno, la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, declaró inadmisible el recurso de apelación.
24. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, las señoras persona B y persona C, promovieron un juicio de amparo indirecto en el que reclamaron la citada determinación, pues consideraron que vulneró sus derechos humanos de acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva.
25. Juicio de amparo indirecto. Correspondió conocer del juicio de amparo al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y registró el asunto con el número de expediente (segundo número de expediente). Por resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dicho Juez sobreseyó en el juicio de amparo, en esencia, por las siguientes razones:
a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues destacó que los actos reclamados no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución de una sentencia penal.
b) El juicio de amparo es improcedente en contra de los actos de tribunales judiciales que no constituyan la última resolución dictada en un procedimiento de ejecución.
c) Conforme al artículo 156, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tratándose del delito de despojo, el Juez de ejecución ordenará la entrega física del inmueble, en caso de desacato, será la posesión en favor de la ofendida por medio del uso de la fuerza pública la que constituya el cumplimiento de la sentencia, pero no implica la última resolución del procedimiento de ejecución de la sanción penal.(16)
d) Por lo que hasta que el Juez de ejecución emita una resolución en la que reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es que el juicio de amparo será procedente, lo que no sucedió en ese caso.
26. Primer recurso de revisión. Las señoras persona B y persona C interpusieron recurso de revisión. Del asunto conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que lo registró con el número de expediente tercer número de expediente.
27. Por resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento para que se diera vista a las señoras persona B y persona C con el informe justificado rendido por el Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México.
28. En cumplimiento a la determinación anterior, el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el Juzgado de Distrito se dejó sin efecto la audiencia constitucional de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y se dio vista a las partes con el informe referido.
29. El treinta de diciembre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia constitucional, en la que se reiteraron las razones para sobreseer en el juicio de amparo (cuarto número de expediente).
30. Recurso de revisión y sentencia objeto de contradicción. Las señoras persona B y persona C interpusieron recurso de revisión. Del asunto conoció nuevamente el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que lo registró con el número de expediente 36/2022.
31. Por resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado resolvió confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo. Entre los motivos que aquí interesan y que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes: a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues las señoras persona B y persona C debieron interponer el recurso de revocación previo a acudir al juicio de amparo indirecto.
b) El artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal hace referencia al "Juez de ejecución", sin embargo, no ha lugar a una interpretación restringida en cuanto a limitarlo a dicho órgano jurisdiccional, pues también debe incluirse en ese concepto a la Sala que conoce del recurso de apelación en el procedimiento de ejecución.
c) Lo anterior, por existir identidad jurídica con el contenido de la jurisprudencia 85/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(17)
C) Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 113/2022
32. Resoluciones de primera y segunda instancias. El nueve de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el fuero común de la Ciudad de México al señor persona D, en donde fue condenado por la comisión del delito de robo agravado a cinco años, ocho meses de prisión, entre otras sanciones, lo que fue confirmado en segunda instancia.
33. Procedimiento de ejecución penal. Durante el procedimiento de ejecución, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el señor persona D solicitó al Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, que le concediera el beneficio de la libertad condicionada.
34. Por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de ejecución ordenó dar vista a la defensoría pública con la petición del sentenciado, asimismo, precisó que el señor persona D, ya no tenía la calidad de procesado, sino de sentenciado, por lo que ordenó su reubicación al Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.
35. Recurso de apelación. Inconforme, el señor persona D interpuso recurso de apelación con fundamento en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El doce de enero de dos mil veintidós, la Primera Sala Penal Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, inadmitió el recurso de apelación porque señaló que el auto recurrido no encuadra en las hipótesis contempladas en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.(18)
36. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el señor persona D promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó la resolución anterior.
37. Juicio de amparo indirecto. Correspondió conocer del juicio de amparo al Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual registró el asunto con el número de expediente (quinto número de expediente). Por resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dicho Juez, sobreseyó en el juicio de amparo, en esencia, por las siguientes razones:
a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
b) El señor persona D tenía la obligación de agotar, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a través de ese recurso podría modificar, revocar o confirmar el acto reclamado, por lo que no observó el principio de definitividad de manera previa a promover la acción de amparo.
38. Recurso de revisión y sentencia objeto de contradicción. El señor persona D interpuso recurso de revisión. Del asunto conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que lo registró con el número de expediente 113/2022.
39. Por resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo el señor persona D. Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
a) No se comparten las consideraciones del Juez de Distrito por dos razones:
1) La ley aplicable al acto reclamado es la Ley Nacional de Ejecución Penal y no el Código Nacional de Procedimientos Penales.
2) La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé de manera limitativa la procedencia del recurso de revocación únicamente para determinaciones emitidas por el Juez de ejecución.
b) Si bien el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el Código Nacional de Procedimientos Penales será aplicable para aquello no previsto en la primera ley, ello no implica que se deba recurrir a dicha legislación para determinar los recursos que se deben interponer en la etapa de ejecución de sentencia.
c) Lo anterior, en razón que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla de manera expresa los recursos que proceden en la etapa de ejecución (revocación y apelación). De manera que el Código Nacional de Procedimientos Penales sólo es aplicable en aquellas cuestiones no establecidas en dicha normatividad.
d) De ahí que la obligación de agotar el recurso de revocación en contra del acto reclamado debía ser analizada conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
e) El artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de ejecución y procede en contra resoluciones de mero trámite, asimismo, dicho recurso tiene el objeto que el mismo Juez de ejecución que dictó la resolución la analice y dicte la resolución respectiva.
f) Así, se considera que el fundamento del artículo antes referido es insuficiente para determinar que el recurso de revocación procede en contra del auto dictado por el tribunal de alzada que inadmite un recurso de apelación, por lo que no existe obligación de que el señor persona D interpusiera el recurso de revocación previo a acudir al juicio de amparo.
g) La jurisprudencia 85/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte no es aplicable, dado que en la contradicción de tesis 153/2019 se analizó el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no lo establecido en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.(19)
h) En la ejecutoria que dio origen al criterio obligatorio de la Primera Sala se excluyó del análisis a la fase de ejecución, por lo que no se puede considerar que el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede en contra de las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de las sentencias penales.
i) Además, la resolución en la que se determina el lugar en el que habrá de compurgarse la pena, corresponde a un aspecto relativo a la modificación de la pena y de la fracción II del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se aprecia que el recurso de apelación procede en contra de las resoluciones que se pronuncien entre otras, respecto a la modificación de las penas, por lo que se trata de una determinación apelable, relacionada con el procedimiento de ejecución.
IV. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES
40. En este punto conviene insertar el siguiente cuadro del cual es posible advertir, de manera sintética, las decisiones centrales adoptadas por los Tribunales Colegiados cuyas resoluciones integran el análisis de este asunto:
Ver cuadro
V. INCOMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER Y RESOLVER EN PARTE LA DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
41. Como fue adelantado en el apartado II de esta ejecutoria, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es competente para resolver la denuncia de contradicción entre los criterios del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ya que provienen de órganos jurisdiccionales del mismo Circuito, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, y primero, fracción II, este último del régimen transitorio de la Ley de Amparo, así como 3, 4 y 25 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(20) el órgano competente para conocer y resolver la contradicción que hubiere entre ellos es el Pleno del Primer Circuito.
42. Establecida la imposibilidad de resolver sobre la contradicción de criterios respecto de la postura de Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, queda por resolver sobre la contradicción de criterios denunciada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y con el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de forma indistinta.
VI. NO EXISTE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS EN LOS POSICIONAMIENTOS DE DOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
43. Para determinar si existe la contradicción de criterios planteada y, en su caso, resolver el criterio jurídico que debe prevalecer en aras de salvaguardar la seguridad jurídica que debe permear en este tipo de asunto, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales.
44. En efecto, por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en las posturas adoptadas por órganos jurisdiccionales terminales que mediante sus argumentaciones lógico-jurídicas justifiquen sus decisiones en una controversia, independientemente de que hubieran emitido tesis o no.(21)
45. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de posturas contrarias y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún cano
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31930-9968c968/recurso-de-apelacion-que-no-es-admitido-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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